La deuda externa de Venezuela: ¿Quién paga la quiebra y cómo afecta nuestra calidad de vida?

El Ejecutivo busca renegociar la deuda externa bajo un absoluto hermetismo. Frente al discurso de un «proceso ordenado», expertos analizan el impacto de compromisos financieros que se estima que rondan los 170 mil millones de dólares

A mediados de mayo de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez informó que estaba llevando a cabo «un proceso integral y ordenado» de la reestructuración de la deuda pública externa y de Pdvsa. Semanas después de aquel anuncio, las autoridades todavía no dan detalles sobre montos, plazos o condiciones específicas de la negociación.

Ante la falta de respuestas oficiales, economistas y organizaciones independientes han tenido que armar el rompecabezas de una deuda con esteroides. Se trata de una factura histórica que se termina pagando en la calle con el colapso de la calidad de vida.

¿Por qué Venezuela está tan endeudada?

Para entender la dimensión del problema, hay que rebobinar la película. En 1998, la deuda externa de Venezuela rondaba los 25.000 millones de dólares. Al cierre de 2024, la cifra escaló hasta un estimado de 164.432 millones de dólares, según refleja el informe «Saldar la deuda. Salvar Venezuela», publicado por la ONG Transparencia Venezuela en 2024, lo que representa un crecimiento de casi siete veces su tamaño original.

«Existía ya el precedente del primer boom petrolero de los 70, cuando con la pretensión de construir la ‘gran Venezuela’ y la idea de que con muchos ingresos petroleros es posible conseguir préstamos porque se supone que se van a poder pagar en el futuro, se incurrió en un endeudamiento masivo y desordenado. Lo que ocurrió del año 2002 a 2012 fue un boom petrolero extraordinario, pero esa abundancia de recursos no fue suficiente para el gobierno de Hugo Chávez, que procedió no solo a endeudar a la República, sino también a Pdvsa», explica el economista Ronald Balza.

El experto considera que la bonanza petrolera hacía que los prestamistas internacionales aprobaran créditos a ojos cerrados, sin revisar si el país podría pagar. Y en vez de financiar la capacidad productiva de la estatal, lo que habría permitido pagar la deuda con sus propios resultados, el dinero financió gastos ocultos. Esto llevó a liquidar los fondos de ahorro y las reservas internacionales, provocando que el país «pasara de tener ahorros a tener deudas que nunca estuvieron bien justificada», señala. De acuerdo con el documento de Transparencia Venezuela, el Fondo de Estabilización Macroeconómica pasó de tener 2.857 millones de dólares en 2002 a solo tres millones en 2011.

A este desajuste se sumó una clara intención política. Según analiza la economista e investigadora Christi Rangel, los gobiernos de Chávez y Maduro usaron el endeudamiento para atrincherarse en el poder y beneficiar a sus aliados. Con planes sociales sin control y la expropiación de cientos de empresas que terminaron quebradas por manejarse con criterios de partido, se creó una carga demasiado pesada. Además, los recursos se derrocharon en interminables campañas electorales y en propaganda internacional. Y todo esto pasó sin que las instituciones encargadas de auditar, como la Contraloría de la República, hicieran algo al respecto debido al control del Ejecutivo.

Toda esta falta de controles institucionales abrió paso a lo que el economista Manuel Sutherland califica como una «tríada sumamente destructiva» en materia económica: la asignación discrecional de divisas a través del control de cambio, una severa sobrevaluación de la moneda mientras se imprimían bolívares sin respaldo, y el mantenimiento de tasas de interés negativa. Esta distorsión alimentó un enorme mercado paralelo y un esquema de arbitraje cambiario que enriqueció a funcionarios gubernamentales, derivando en un masivo fraude de importaciones y en la mayor fuga de capitales de la historia del país.

La anatomía de la deuda

La deuda externa venezolana no es un bloque homogéneo, sino una red de compromisos dispersos difícil de rastrear debido a la opacidad del Estado. Según los datos recopilados por Transparencia Venezuela y la información que manejan los expertos, esta se divide formalmente en dos grandes vertientes:

Deuda Financiera (58% del total): Asciende a por lo menos 95.300 millones de dólares. Está conformada por los bonos emitidos por la República, por Pdvsa y por la Electricidad de Caracas (Elecar). Estos títulos están dispersos en manos de miles de acreedores particulares, fondos de pensiones, compañías de seguros y los denominados «fondos buitre».

Deuda No Financiera (42% del total): Ronda los 69.131 millones de dólares. Incluye los préstamos bilaterales, siendo el principal China con unos 16.916 millones de dólares pendientes, seguido por Rusia e Irán. También engloba las deudas con organismos multilaterales (como el Banco de Desarrollo de América Latina), deudas no liquidadas con contratistas de servicios petroleros y dividendos no pagados a socios de empresas mixtas (como Chevron). Igualmente, destacan las demandas y laudos arbitrales perdidos en cortes extranjeras debido a las políticas de expropiación y rupturas unilaterales de contratos llevados a cabo por el chavismo, que le han costado a la nación entre 20.000 y 30.000 millones de dólares.

Una deuda que se paga con calidad de vida

El informe de Transparencia Venezuela estima que cada venezolano debe aproximadamente 5.788 dólares. Pero más allá de los números, la deuda externa tiene un impacto directo y nocivo sobre la vida diaria de los ciudadanos.

«Cada dólar que se pide y no se paga, termina en paraísos fiscales de multimillonarios del gobierno y deriva en la imposibilidad de comprar insumos para hospitales, para apoyar a la producción industrial, empobrece directamente a las personas con menos salarios y la eliminación de las prestaciones sociales. Es una espiral nociva», detalla Sutherland.

Al respecto, el economista Ronald Balza advierte que el colapso en la calidad de vida es el resultado de una cadena de políticas fiscales desastrosas que resultaron en escasez de bienes y servicios, control de precios y una gran hiperinflación.

«En lugar de tener una política fiscal ordenada, el gobierno trató de financiar su déficit con la emisión monetaria, por un mecanismo que nunca quedó claro pero que implicaba que el Banco Central de Venezuela (BCV) transfería bolívares de Pdvsa y al mismo tiempo que le quitaba las reservas internacionales para meterlas en el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) y no las pagaba en bolívares», detalla.

Las secuelas de este proceso se traducen hoy en severas limitaciones presupuestarias. Cada recurso que el Estado debe destinar a pagar deudas del pasado es menos gasto en inversión pública y bienestar social. La investigadora Rangel coincide en que el costo final del default recae enteramente sobre los hombros de la ciudadanía, advirtiendo el panorama a futuro: «Los venezolanos tendremos que pagar esa deuda con impuestos y con malos servicios, porque buena parte del dinero que entre deberá ir a los acreedores».

¿Se puede o no se puede reestructurar?

Una reestructuración de la deuda externa implica sentarse con los acreedores para negociación de ajustes en el cobro, en vista de que el país deudor no puede honrar sus compromisos tal como se había acordado. Según explica Manuel Sutherland, en los acuerdos más equilibrados se suelen otorgar prórrogas en el vencimiento de los bonos y años de gracia para dar un respiro a la economía mientras recupera su capacidad de pago. Asimismo, se contemplan reducciones en las tasas de interés mediante ajustes diseñados para que los inversionistas no sufran pérdidas totales, pero tampoco obtengan ganancias desproporcionadas a costa del país.

Si bien esta operación serviría para que el país deje de ser un «paria financiero» en el mercado internacional, atraer inversiones y estabilizar el mercado cambiario, bajo el panorama actual, los expertos coinciden en que enfrenta severas trabas de viabilidad.

En primer lugar, hacen falta datos oficiales actualizados y accesibles sobre el tamaño y características de nuestra deuda externa. En comunicados oficiales, el gobierno venezolano asegura que sigue los principios de transparencia, integralidad, sostenibilidad y celeridad en esta reestructuración. No obstante, Balza resalta que la última referencia que hizo el Banco Central de Venezuela (BCV) al respecto es del primer trimestre de 2019. «Mientras no se publiquen las cifras, no se puede llevar a cabo una operación transparente. El BCV y el Ministerio de Finanzas deben hacer la publicación, de modo que cualquier acreedor que no sea incluido en esto pueda advertirlo y, si fuese el caso, verificar si esa es una deuda admisible o no y por qué», señala.

La legitimidad es otro obstáculo. A juicio de la economista Rangel, el actual Ejecutivo no es capaz de ejecutar esta tarea de forma viable porque ha demostrado en el pasado que no tiene mínimos principios morales, lo cual «llevó a Venezuela a ser considerada uno de los países más corruptos del mundo y a tener cero en transparencia presupuestaria». Venezuela ocupó el tercer lugar entre los países percibidos como más corruptos del mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, ubicándose en la posición 180 de 182 naciones evaluadas.

Sutherland coincide en este punto. «Yo considero que políticamente el personal actual de Miraflores no es el adecuado, ni moral ni técnicamente hablando, para llevar a cabo la reestructuración. Lo ideal es que un gobierno lleve a cabo la reestructuración bajo un consenso muy grande. Que lo haga un gobierno legítimamente electo. Y que lo haga bajo la ayuda y revisión de organismos multilaterales, que tengan información plena del proceso y que esa información pueda ser pública y auditada».

En paralelo, el mercado internacional se mantiene a la expectativa. Ronald Balza advierte que existe una diferencia entre el monto nominal de la deuda y su valor real de mercado, el cual cayó drásticamente cuando la posibilidad de pago parecía lejana. Sin embargo, el escenario está cambiando: ante el anuncio de nuevos ingresos petroleros, considera el economista, es muy probable que el precio de los bonos y la percepción de los acreedores sobre la factibilidad de cobrar aumenten, elevando el valor y alterando las condiciones de una futura negociación.

Por otro lado, existen complicaciones técnicas. El gobierno no está en condiciones de entablar negociaciones directas con los acreedores, pues la Licencia General n° 58 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no las autoriza. Solo permite la contratación de asesores financieros, jurídicos y de consultoría para diseñar propuestas y escenarios de reestructuración, pero no intercambiar bonos, cerrar acuerdos ni ejecutar operaciones sin autorización explícita de Washington.

Para una reestructuración de la deuda externa es fundamental la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para auditar el proceso, otorgar garantías mínimas y evitar que se favorezca a «bonistas amigos» mediante sobornos. El 15 de mayo, las autoridades del BCV anunciaron que una delegación viajará a Washington para retomar el diálogo técnico, avanzar en la transparencia de las estadísticas económicas, mejorar la gobernanza y apoyar el plan de reestructuración de la deuda soberana y de Pdvsa.