Crisis de Poder en el Liceo Francés de Bogotá: La Amenaza a la Financiación del Gobierno Francés

Allí estudian la hija de Petro, los hijos del alcalde, y aunque el impase con los financiadores se superó, la tensión con el Consejo de Administración sigue en rojo

El Liceo Francés Louis Pasteur, fundado en 1934, es uno de aquellos pocos colegios bogotanos donde conviven mundos que normalmente no se cruzan. En sus salones estudia Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro y también los hijos del alcalde Carlos Fernando Galán. Junto a ellos, hijos de congresistas y magistrados.

Y también, junto a todos ellos, gracias a la política educativa del gobierno francés, estudian allí los hijos de la enfermera del colegio, de los vigilantes, de la recepcionista. A ojos de los franceses no hay distinción que les impida a todos ellos educarse en los mismos salones, compartir la misma alimentación y recibir el mismo trato: esa es la apuesta del modelo financiado por Francia. O era, porque ahora esa financiación está en riesgo.

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La crisis que sacude al Liceo tiene varias capas. La más visible es la suspensión temporal del rector Maxime Prieto, anunciada por la Agencia Francesa para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (Aefe) como una medida necesaria para revisar la situación y preservar el funcionamiento de la institución. La decisión fue el resultado de meses de tensión acumulada entre la rectoría y el Consejo de Administración, el órgano que en teoría gobierna la institución y que en la práctica lleva años funcionando como un club cerrado.

Un proyecto inmobiliario y el metro cuadrado más caro de Colombia

Todo empezó en septiembre de 2022, cuando Prieto apenas comenzaba su periodo de cuatro años en la rectoría del colegio. El Consejo de Administración impulsaba entonces un proyecto inmobiliario en los terrenos del Liceo: dos torres de apartamentos que, según sus promotores, incluirían una piscina olímpica, una galería de arte y salones múltiples para los estudiantes.

El rector frenó el proyecto. Lo canceló antes de que comenzaran las obras, que el Consejo quería arrancar incluso sin licencia de construcción. Lo que nadie terminaba de explicar con claridad era que, además de las instalaciones para estudiantes, el plan incluía apartamentos para vender y locales para arrendar, todo construido en terrenos de una organización sin ánimo de lucro, localizada en la zona que tiene el metro cuadrado más caro del país.

Por esa decisión, Prieto se ganó enemigos poderosos. A partir de ahí, desde el Consejo comenzaron a circular rumores sobre supuestos actos de corrupción del rector. Los miembros del Consejo hablaban de irregularidades graves a quienes quisieran escucharlos, pero no presentaban pruebas. En diciembre de 2025 propusieron hacer una auditoría forense de la mano de la embajada francesa para examinar las finanzas. Eso no ocurrió: la hicieron solos. Prometieron entregar los resultados en febrero de 2026. Tampoco cumplieron. Los resultados llegaron hace apenas dos semanas y señalan procesos administrativos que deben mejorar, pero no contienen ningún hallazgo concluyente sobre corrupción. A pesar de todo, algunos consejeros siguen afirmando, sin sustento, que el rector quizas robó dinero.

El Consejo de la discordia

Lo que al parecer sí tiene sustento son las irregularidades dentro del propio Consejo. Cecilia Urrutia lleva tres años en ese cuerpo colegiado pese a que el reglamento fija un máximo de dos. Se sostiene en el cargo gracias a un tecnicismo: ya no es representante electa por los padres, sino representante de la Asociación de Padres de Alumnos. El problema adicional es que esa asociación tiene suspendida su personería jurídica desde diciembre de 2025 por no presentar estados financieros ante la Secretaría de Educación de Bogotá.

El Consejo, además, está copado por un grupo de amigas que comparten historia desde sus propios años de estudio en el mismo colegio. Entre ellas, dicen otras voces, vetan a cualquier candidato que no pertenezca a su círculo. Al vicerrector de la Universidad de los Andes que buscaba hacer parte de este consejo académico donde estudian sus hijos ni siquiera lo dejaron postularse.

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Hay más. Un miembro del Consejo enfrenta una denuncia en la Fiscalía por supuestamente haber llamado a una madre para amenazarla, a ella y a la empresa donde trabajaba, si no retiraba su candidatura al Consejo. Y la mayoría de los consejeros enfrenta cargos por fraude procesal tras haber mentido ante un juez en una tutela: negaron haber ordenado cancelar la matrícula de un estudiante cuyo padre no se llevaba bien con Urrutia, pero las pruebas demostraron lo contrario.

Más preguntas que respuestas

Ese mismo Consejo ignoró durante seis meses los llamados del gobierno francés para reformar los estatutos y democratizar la elección de sus integrantes. Francia transfiere anualmente cerca de 10 millones de euros para financiar el funcionamiento ordinario del Liceo, y parte de esos recursos son los que permiten que los hijos de los empleados más humildes estudien allí. La posibilidad de que esos fondos desaparecieran era real. También se llegó a hablar de desconvencionalizar el colegio, es decir, cortar los vínculos con Francia.

Finalmente, este lunes 25 de mayo la Aefe y el Consejo emitieron un comunicado conjunto confirmando que el convenio con Francia sigue vigente y que acordaron una reforma estatutaria antes de finalizar el año escolar. El colegio no se vende, sus terrenos tampoco, y el proyecto educativo franco-colombiano continúa. Pero quedan sin respuesta preguntas que los padres llevan semanas haciendo: por qué tardaron seis meses en aceptar condiciones que ahora dicen aceptar, y por qué siguen sin convocar una asamblea general de la comunidad educativa.

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