El derrumbe financiero de EPS Sanitas: La crisis tras la intervención del gobierno Petro y su impacto en el sistema de salud colombiano

Año y medio estuvo manejada por el gobierno y hoy esta en el top 5 de las EPS con mayores pérdidas en un ranking que lidera la Nueva EPS que perdió casi 12 billones

El déficit acumulado de las siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) que han sido intervenidas por el Gobierno de Gustavo Petro a través de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) alcanza una cifra cercana a los $25 billones de pesos. El deterioro patrimonial conjunto de estas empresas ha dificultado drásticamente sus operaciones financieras diarias, trasladando una severa presión sobre la red de clínicas, hospitales, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores del sistema de salud en todo el país.

Dentro de este grupo de aseguradoras de salud bajo control estatal, solo dos EPS Sanitas han retornado a las manos de sus propietarios originales, la EPS Sanitas y Savia Salud EPS.

Joseba Grajales se vinculó al Grupo Keralty (antes Organización Sanitas Internacional) en 1995 y asumió la presidencia de su junta directiva en 2016.

La EPS Sanitas de propiedad del español José Grajales es la segunda más grande del territorio nacional con cerca de 6 millones de afiliados entre sus regímenes contributivo (aprox. 4,5 millones de afiliados) y subsidiado (aprox. 1,5 millones de afiliados). La actuación administrativa de la Supersalud, ocurrida el 2 de abril de 2024, fue declarada ilegal por parte de la Corte Constitucional. La entidad regresó al control del Grupo Keralty (propiedad mayoritaria del español Joseba Grajales) el 8 de septiembre de 2025, tras aproximadamente 17 meses de intervención. El deterioro en sus números fue notable, pues de registrar un patrimonio negativo de $68.880 millones a cierre de 2023, la cifra se hundió hasta los -$2,6 billones de pesos al cierre del balance de 2025.

La aseguradora con el indicador financiero más crítico es la Nueva EPS, cuyo patrimonio registra un saldo negativo de -$11,9 billones de pesos, a pesar de figurar paradójicamente como la entidad con mayores ingresos del sistema al percibir $22,2 billones. Al momento de su intervención, concretada el 3 de abril de 2024, la entidad reportaba formalmente un patrimonio positivo de $300.000 millones. Sin embargo, la posterior reconstrucción contable y la revelación de pasivos ocultos acumulados evidenciaron la cifra negativa real de -$11,9 billones.

La Nueva EPS representa la mayor concentración de usuarios en el país con 11.548.495 afiliados a diciembre de 2024 repartidos entre el régimen contributivo (4.983.288) y el subsidiado (6.565.207). Su acelerado crecimiento poblacional desde 4 millones en 2016 ha sido impulsado por la recepción continua de usuarios de entidades liquidadas, convirtiéndose en el único asegurador disponible en el 45% de los municipios colombianos. Por eso, en caso de realizarse la reorganización territorial del sistema que plantea el actual gobierno se estima que sería la única EPS disponible para recibir cerca de 2,4 millones de personas.

Jorge Iván Ospina, exalcade de Cali y exembajador de Colombia en el Estado de Palestina, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como agente interventor de la Nueva EPS en abril de 2026.

Actualmente dirigida por Jorge Iván Ospina como agente interventor, la Nueva EPS atraviesa una compleja situación financiera debido a embargos que ascienden a cerca de 2,5 billones de pesos.

El 13 de septiembre de 2023, la Supersalud intervino a Famisanar EPS, intervención que fue prorrogada en septiembre de 2025 por un año más. Famisanar. La entidad fue fundada en julio de 1995 por las cajas de compensación Cafam y Colsubsidio (cada una con el 50 %). Sus números pasaron de un déficit patrimonial de $429.000 millones en 2022 a un hueco de -$2,8 billones de pesos para finales de 2025.

Coosalud EPS, organización perteneciente a más de 18.000 asociados entre trabajadores y profesionales de la salud, fue intervenida en noviembre de 2024 y vio cómo su patrimonio negativo se profundizaba desde los $859.167 millones hasta alcanzar los -$3,6 billones de pesos para diciembre de 2025. Aunque un tribunal suspendió cautelarmente la medida en abril de 2026, la decisión posterior revocó dicha suspensión.

En contraste, Savia Salud EPS, que atiende a 1,5 millones de afiliados y fue intervenida el 16 de junio de 2023, logró la devolución del control administrativo a sus socios locales (la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Caja de Compensación Familiar) a finales de junio de 2026 tras un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Ante el retorno del control, las autoridades departamentales y locales anunciaron la ejecución de una auditoría forense para esclarecer los estados financieros dejados tras tres años de gestión estatal.

Asmet Salud, con 1,8 millones de afiliados, la gran mayoría pertenecientes al régimen subsidiado, fue sometida a intervención en mayo de 2023 y ha acumulado diversas prórrogas consecutivas hasta extender la medida de control estatal a cuatro años. La última extensión por un año, se realizó el pasado 12 de junio bajo el recién posesionado Superintendente de Daniel Quintero, quien nombró agente interventor a Mario Fernando Córdoba, ex gerente del Hospital General de Medellín durante su administración en la ciudad. El funcionario salió de ese cargo arrastrando con múltiples denuncias por su gestión y hasta procesos disciplinarios asumidos por la Procuraduría General de la Nación. La entidad cuenta con 1,8 millones de afiliados. Su balance financiero arroja un patrimonio negativo de -$1,5 billones de pesos frente a ingresos anuales de $2,5 billones.

Por último, el Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), cuya propiedad radica en más del 90% en la caja de compensación Comfandi junto a otros socios regionales (Comfamiliar Risaralda, Comfamiliares Caldas y Comfenalco Quindío), permanece intervenida desde el 10 de abril de 2024 con una prórroga fijada hasta abril de 2027. Esta entidad, que cobija a más de 756.000 afiliados, presenta un patrimonio negativo de -$1,09 billones de pesos que complica drásticamente la sostenibilidad en la prestación de sus servicios médicos.