EEUU fue mediador en la liberación de 135 presos políticos nicaragüenses

El gobierno de Estados Unidos facilitó con éxito la liberación de 135 presos políticos nicaragüenses este viernes.

Estos ciudadanos, inicialmente detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos, desembarcaron en Guatemala y buscarán ingresar a Estados Unidos o a otros países.

El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, confirmó que su liberación se basaba en motivos humanitarios, haciendo hincapié en que nadie debe ser encarcelado por practicar su libertad de expresión, asociación o religión.

Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del hemisferio occidental, aclaró que el gobierno nicaragüense no recibió ninguna concesión a cambio de la liberación de estos presos políticos. Subrayó que la política de Estados Unidos hacia el régimen del presidente Daniel Ortega no ha cambiado.

También destacó la presión constante y la rápida planificación y ejecución para garantizar la seguridad de los prisioneros. El gobierno estadounidense sigue condenando a Nicaragua por detener injustamente a personas.

Liberación de presos políticos nicaragüenses

Tras reunirse con los presos liberados en Guatemala, Jacobstein expresó su alivio al comprobar que muchos de ellos gozaban de buena salud y buen ánimo, a pesar de sus difíciles circunstancias.

Entre estos detenidos había víctimas de torturas y otras personas que habían soportado penurias considerables.

Uno de los presos liberados, Francisco Arteaga, compartió que fue detenido por compartir información en las redes sociales sobre las acciones del gobierno contra la Iglesia católica.

El grupo de presos liberados incluía a 13 miembros de una organización religiosa benéfica con sede en Texas, laicos católicos, estudiantes y otros detenidos.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo aceptó acoger temporalmente a los solicitantes de asilo nicaragüenses.

Las imágenes captaron el momento en que los nicaragüenses saludaban desde los autobuses tras ser liberados de la cárcel en Nicaragua y aterrizaban en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala.

El gobierno nicaragüense no hizo comentarios inmediatos sobre la liberación.

Haydeé Castillo, defensora nicaragüense de los derechos humanos, saludó la liberación como un «triunfo de la resistencia del pueblo nicaragüense», reconociendo el desplazamiento forzado al que se enfrentaron los presos.

Castillo subrayó que nadie debería ser encarcelado por sus creencias. Los grupos de derechos humanos están evaluando actualmente cuántos presos políticos permanecen detenidos.

Presos por pensar distinto

Ivannia Alvarez, nicaragüense exiliada y miembro del Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos, estimó que 151 detenidos políticos languidecen aún en prisión.

Mountain Gateway, una organización religiosa con sede en Texas, confirmó la liberación de 13 de sus miembros que llevaban nueve meses encarcelados. Este es el día por el que hemos rezado», declaró Jon Britton Hancock, fundador de la organización.

Amaru Ruiz, ecologista, reveló en las redes sociales que el grupo liberado incluía a ocho guardabosques indígenas.

Sullivan reiteró la exigencia del gobierno estadounidense de que Nicaragua ponga fin a la detención arbitraria de ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales.

Esta liberación coincide con recientes enmiendas al código penal de Nicaragua, que permiten al gobierno juzgar a individuos en ausencia. Los individuos exiliados se enfrentan ahora a posibles multas, largas penas de prisión y confiscaciones de bienes.

El año pasado, Nicaragua exilió a más de 300 figuras de la oposición, despojándolas de su nacionalidad en medio de una represión tras las protestas de 2018, que el presidente Ortega tachó de intento de golpe de Estado con apoyo internacional.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, elogió la llegada segura y voluntaria de estas personas a Guatemala. Expresó su gratitud al presidente Bernardo Arévalo y a su administración por su apoyo.

Blinken condenó a Nicaragua por su continua detención injusta de ciudadanos que ejercen sus libertades de expresión, asociación, reunión y religión. Desde 2018, el gobierno nicaragüense ha clausurado más de 5.000 organizaciones, muchas de ellas religiosas.

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