Desafíos de la Regularización Migratoria en Colombia: Burocracia y Costos para Venezolanos

Pese al anuncio de la «Ruta de Regularización» por parte de Migración de Colombia, la burocracia, las elevadas tasas consulares y la falta de políticas de permanencia atrapan a miles de migrantes venezolanos en la irregularidad, el retorno forzado y la falta de estabilidad a largo plazo.

Regularizarse en Colombia como venezolano no es fácil. El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de activar a la policía contra la migración irregular, una narrativa punitiva que mete en un mismo saco las faltas administrativas con la comisión de delitos, provocó un pico en la demanda de ayuda para permanecer en el país vecino, de acuerdo con Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, la cual presta apoyo a la comunidad migrante.

Ante la alarma, Migración Colombia presentó la «Ruta de Regularización» para la migración venezolana, que plantea tres alternativas: el Permiso por Protección Temporal (PPT), el Permiso Especial de Permanencia Tutor (PEP Tutor) y la Visa V de Visitante Especial. Sin embargo, al leer la letra pequeña de estos mecanismos, las opciones reales para establecerse legalmente son escasas.

En 2021, la administración del expresidente Iván Duque implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) para regularizar la situación de la migración venezolana en Colombia a través del PPT, cuya vigencia es por 10 años y permite trabajar, estudiar, hacer vida crediticia y acceder a servicios de salud y seguridad social.

Al corte de julio de este año, de los 2,8 millones de venezolanos que residen en Colombia —5.5% de la población total—, 1.969.524 están regularizados bajo el estatuto y cuentan con su PPT. En cambio, 319.695 migrantes continúan en proceso de regularización; es decir, el trámite está en curso pero aún no reciben el documento en físico, mientras que 528.339 están irregulares. 

Pero optar por el PPT ya no es una opción para los que quedaron por fuera del estatuto o los que quieran irse a Colombia pronto. El prerregistro en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) para adultos finalizó oficialmente en 2023, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

*El proceso de registro y obtención del PPT está abierto de forma exclusiva para niños, niñas y adolescentes que estén vinculados al sistema educativo colombiano o programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, el PEP Tutor solo puede ser tramitado por padres, madres o custodios venezolanos de niños, niñas y adolescentes que ya contaban con un PPT aprobado o expedido antes del 31 de diciembre de 2023.

«Si un niño puede tener documento, pero si sus padres no tienen documento, ¿cómo mantienes la calidad de vida de ese niño? ¿Cómo representas a ese niño en un sistema de salud? ¿Cómo ese niño tiene las condiciones económicas para no desertar del sistema educativo? ¿Cómo ese niño tiene protección de que sus padres no van a ser deportados y él va a quedar solo en este país?», cuestiona la directora de la Fundación Juntos Se Puede.

A Luis Frómeta el cierre del registro le llegó justo cuando decidió migrar a Colombia en diciembre de 2023, motivado por la cercanía geográfica y el apoyo de su familia en el país. Al ver que el PPT ya no era posible, intentó tramitar la visa de nómada digital. Una alternativa fallida, pues este visado exige contrato laboral de una empresa extranjera, demostrar ingresos mensuales de al menos tres salarios mínimos —lo que equivale a más de 5,2 millones de pesos, alrededor de $1.350 mensuales—, y no permite trabajar formalmente dentro del territorio colombiano.

Luego probó con una visa de profesional independiente, pero apostillar y preparar la documentación en Venezuela requería un desembolso económico alto y meses de espera, un ritmo incompatible con los plazos que Colombia le exigía para completar su solicitud. Al final, Luis tuvo que abandonar el país vecino a finales de 2025, no sin antes pagar una multa de $1.500 para evitar ser deportado y quedar sancionado.

El PPT tampoco es una solución definitiva. Los casi dos millones que lograron obtenerlo tienen que cambiarse hacia una visa de residente (tipo R) bajo el amparo del ETPV para no quedar en la irregularidad cuando el estatuto venza el 30 de mayo de 2031. La solicitud puede hacerse al acumular cinco años continuos con PPT, Permiso Especial de Permanencia (PEP) o con ambos mecanismos.

El detalle está en que el costo del visado es de $500. «Tenemos una población en vulnerabilidad extrema, que es una población en pobreza, que en Colombia se llama estratos 1, 2 y 3, que hoy lamentablemente no están quedando regularizados por imposibilidades económicas», advierte García.

A las tasas consulares se suma el costo del pasaporte venezolano, que va entre los $200 y $350 —sin contar traslados ni gestiones adicionales—, un documento indispensable para tramitar cualquier visado y con el que la mayoría de los migrantes en situación de vulnerabilidad no cuenta.

Los obstáculos de la Visa V

En 2024, la Cancillería creó una categoría tipo V de «visitante especial», que otorgaba una estancia legal de dos años. Sin embargo, solo aplicaba para los migrantes venezolanos que ingresaron al país sin sellar pasaporte antes del 4 de diciembre de ese año.

Ante los rumores de este nuevo visado, Gabriela Escalante y su esposo emigraron a Bogotá en octubre de 2024 confiando en sus días permitidos como turistas para empalmar con la nueva norma. Buscaron asesoría con abogados, reunieron antecedentes, certificaciones de ingresos y hasta tramitaron una prórroga de permanencia para mantener su estatus en regla mientras llegaba la cita.

El 1° de abril de 2025, Migración Colombia rechazó su solicitud, argumentando que estaban «regulares» para el 4 de diciembre por haber entrado como turistas. Un estatus que, irónicamente, no les permitía trabajar, abrir cuentas bancarias ni hacer vida formal en el país.

«En ninguna parte del decreto se establecía eso tal cual. No hubo orientación clara y demasiados criterios contradictorios. De todas formas, a nosotros nos interesaba mucho no caer en ningún tipo de penalización o castigo. Nos dijeron que nos correspondía una multa por nuestro tiempo irregular, que sería a juicio del funcionario. Luego, otro funcionario nos presentó la opción de la salida voluntaria que fue la que finalmente escogimos y cuya decisión tuvimos que tomar en menos de 30 minutos», cuenta Gabriela.

La percepción de Gabriela coincide con los hallazgos del sector académico y de la sociedad civil. Un análisis de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, publicada en mayo de 2025, advierte que la Resolución 12509 del 4 de diciembre de 2024 —que dio origen a este visado— «es confusa en varios aspectos y presenta vacíos de información».

El documento señala que la norma remite la mayoría de sus decisiones procedimentales a resoluciones previas del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que la convierte en un texto de difícil comprensión para la población migrante que desconoce el funcionamiento de la función pública colombiana, constituyendo una clara barrera de acceso a la regularización.

Sin la posibilidad de aplicar a ninguna de las otras visas ordinarias disponibles, Gabriela prefirió desarmar su proyecto de vida en el país vecino. «Sentí que fallé como migrante. Analicé mucho si pude haberlo hecho distinto o si pudimos buscar otra opción. Regresar a Venezuela fue muy duro, pero con el tiempo entendí que no tuvo que ver con nosotros. Simplemente no fue el momento ni el país ni la herramienta regulatoria para nosotros», reflexiona.

De la temporalidad a la permanencia definitiva en Colombia

Las trabas de la «Ruta de Regularización» responden también a las tensiones de un sistema que aún no termina de consolidarse. Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, recuerda que Migración Colombia es una institución joven —creada en 2011— que pasó de ocuparse del control fronterizo a gestionar la mayor ola migratoria en la historia reciente de la región, en un país que no estaba acostumbrado a recibir población extranjera.

«Nuestro régimen ordinario no estaba pensado para la diáspora venezolana ni para ninguna otra. Estaba pensado incluso en función de los colombianos que se encontraban en diáspora, que de hecho continúan saliendo del país. Colombia adquiere su ley migratoria en 2021. Se tiene la ley migratoria y la ley de fronteras, que son las que dan el marco jurídico para la atención. Todavía hay varias herramientas e instrumentos que no se han podido desarrollar», explica.

A su juicio, este estancamiento se acentuó durante la administración de Gustavo Petro, un período en el que la retórica oficial no se tradujo en la formulación de políticas públicas concretas. Y las consecuencias de esta inacción pueden impactar directamente en el mapa electoral colombiano.

*Los migrantes no tienen derecho a participación política salvo que tengan visa de residente. En ese caso, solo pueden votar en elecciones locales, distritales y de concejos municipales; no en las nacionales, legislativas ni en las departamentales para gobernación. Tiene un efecto directo porque hay poblaciones, por ejemplo, la ciudad de Arauca, donde la población venezolana ya hoy representa más del 51% de la población», señala Rodríguez

Pero más allá del capital electoral, Rodríguez sostiene que el Estado colombiano debe diseñar mecanismos excepcionales que brinden estabilidad definitiva a una población que ya está integrada al tejido social, contemplando incluso la opción de la nacionalización.

Esto ya ocurrió de forma extraordinaria con 139.000 hijos de venezolanos nacidos en el país, a pesar de que Colombia no reconoce el derecho de suelo de manera ordinaria. No obstante, se trata de una medida temporal que estará vigente hasta 2027 si no se le da otra prórroga.

«Hoy tenemos padres de niños colombianos de origen venezolano que están irregulares y ahí hay un reto bastante grande. Es la estabilidad de una familia, de una persona que puede construir un proyecto de largo plazo de vida en territorio colombiano, sobre todo los muchachos que están estudiando. Tenemos que dejar de ver la relación entre Colombia y Venezuela como si fuéramos dos extraños. Somos dos países que convergen. Entonces es seguir trabajando para que ese proceso de integración se dé», puntualiza el especialista.