Tras casi cinco años de una intervención que debía ser transitoria, la crisis en la Universidad Simón Bolívar se agravó. Lejos de frenar el declive, las autoridades interinas aceleraron la crisis mediante una política de opacidad financiera, asfixia gremial y un hermetismo que ha terminado por desolar el campus de Sartenejas
Fotos: María de los Ángeles Graterol
La Universidad Simón Bolívar (USB) recibe a sus alumnos en un campus entregado al abandono. La maleza y los escombros se comieron los jardines de Sartenejas y la corrosión se adueñó de sus esculturas. El patrimonio arquitectónico es un inventario de daños: paredes desconchadas, filtraciones cronicas, techos caídos y ventanas rotas. Algunos edificios tienen candados en sus puertas porque la desidia fue más rápida que el mantenimiento.
Incluso el Laberinto Cromovegetal, emblema uesebista, ha quedado reducido a un terreno baldío que conserva, como una cicatriz, la sombra de la obra paisajística del maestro Carlos Cruz-Diez.
La ruina física de la USB está acompañada de mucho silencio. Hoy parece haber demasiado espacio para los pocos estudiantes que quedan. Según estimaciones de la Federación de Centros de Estudiantes (Fceusb), la matrícula apenas llega a los 3.000 alumnos, una cifra mínima frente a los más de 10.000 que hacían vida en la casa de estudios hace una década.
A los que están se les exige una presencialidad que ni la misma universidad puede garantizar, ya que su comedor y cafetines están cerrados indefinidamente y tampoco cuenta con un sistema de transporte funcional. “Antes la universidad contaba con hasta 40 unidades de transporte. Ahorita contamos con solo tres, que normalmente casi nunca tienen gasoil. Nada más van a sitios cercanos: Baruta, Hoyo de la Puerta, El Encanto, La Rinconada”, explica Wilmary Venal, presidenta de la Fceusb.
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Fotografía del Carlos Martínez, integrante del núcleo de la USB en Vargas, 2004.
Laberinto cromo vegetal, 2026.
La fuente hidrocinética fue inaugurada en 1991 y está frente al rectorado. Foto cortesía.
En 2018 cumplió cinco años sin haberse encendido por falta de dinero para repararla.
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Apenas tres unidades de trasnporte tiene hoy la universidad.
Ya no se cubren rutas hacia Caracas ni otras ciudades satélite cercanas.
Pese a que existe un convenio con el Metrobús, este solo cubre la ruta de Coche. Un vestigio de la movilidad que tuvo la USB, que en su mejor momento contó con 15 rutas que conectaban el campus con puntos clave como Bellas Artes, Plaza Venezuela o Chacaíto, e incluso con destinos lejanos como Guarenas, La Guaira, Los Teques o los Valles del Tuy.
El vacío en las aulas también es consecuencia de la fuga de docentes. La Asociación de Profesores (Apusb) calcula menos de 600 educadores activos, muchos de los cuales son jubilados que sostienen las cátedras por puro compromiso. Con salarios que promedian los $4 al mes, incluso para profesores titulares, y sin beneficios que alguna vez ofreció la USB, como la Caja de Ahorros o el seguro Médico, la vocación pierde la batalla frente a la supervivencia.
Esa realidad fue la que empujó a José Goncalves a retirarse de la carrera de Ingeniería en Producción. Para él, la USB representaba una ideología de excelencia y un reto intelectual, pero con la deserción docente, los constantes paros y las fallas en los servicios básicos, sentía que perdía el tiempo.
El vacío no ha podido llenarse con la misma rigurosidad de antes. Omar Avendaño, presidente de la Apusb, explica que para cubrir el déficit de profesores han tenido que recurrir a “contrataciones de emergencia»: profesionales recién graduados y bajo la modalidad de medio tiempo.
“Cuando entré en el año 94, para dar clases en esta universidad tenías que tener un doctorado. Eso era una condición que se solicitaba, porque eso garantizaba el nivel de educación que ibas a impartir. Hoy en día tenemos que recurrir a gente muy nueva, porque no hay quien de clase”, subraya Avendaño.
De igual modo, la falta de laboratorios pone en jaque la excelencia académica. Alejandro Vivas, estudiante de Ingeniería Electrónica, cuenta que la escasez de equipos no le permite cumplir con el componente práctico de su carrera. “Uno hace simulaciones con programas, pero al final la experiencia no es la misma. Siento que uno no termina preparándose de la manera más correcta”, lamenta.
Si bien la Simón Bolívar goza de autonomía universitaria desde 1995, mediante el Decreto N° 755 de la Presidencia de Rafael Caldera, la administración chavista ha hecho todo en su poder para transgredirla e imponer su voluntad.
Benjamín Scharifker, exrector de la USB durante el período 2005-2009, explica que el primer golpe fue la asfixia económica, que inició en 2008. “El Ejecutivo iba mes a mes entregando recursos, porque no había presupuesto. No había plata para mantenimiento, para comedores estudiantiles, para transporte, entre otros servicios. Ese fue el acabose para la universidad, porque ya no tenía capacidad de gestión”. De acuerdo con la investigación Universidades en rojo, publicada por Connectas, para el año 2021, a la Universidad Simón Bolívar apenas se le aprobó solo el 0,4% de lo pedido.
Otra de las formas de control ha sido mediante la asignación de cupos. Hasta el año 2015, la USB elegía el 70% de sus nuevos estudiantes tomando en consideración las notas del bachillerato y el resultado de su prueba de conocimientos, mientras que el otro 30% lo seleccionaba la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), por presión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Actualmente, esta instancia controla el 100% de las asignaciones.
La estocada final fue la imposición de las autoridades. Luego de la muerte del rector Enrique Planchart en 2021, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) designó a dedo a los actuales rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario. La Ley de Universidades plantea que, ante la falta absoluta del rector, el CNU tiene competencia para designar solamente a un rector interino por un período de 180 días. Los designados han permanecido en sus cargos por casi cinco años.
Fotografías del comedor de la USB. Fotografías del Centro de Documentación y Archivo de la USB, circa 1976.
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Visual hacia el comedor desde la Casa del Estudiante
En los comedores de la USB, los estudiantes deben pagar dos dólares por comida.
Casa del Estudiante. Fotografía del Centro de Documentación y Archivo de la USB, circa 1976.
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Los pisos en el edificio están agrietados y las paredes escarapeladas.
Los frutos secos caídos son un peligro para los estudiantes que van a pie, pues pueden resbalarse.
Los pasillos hacia la Casa del Estudiante están muy oscuros y solitarios.
El modelo de gestión que llevó a la USB a la vanguardia académica se basaba en una premisa hoy extinta: la excelencia se persigue en conjunto. Las normas, procedimientos y políticas de la casa de estudios se definían por consenso. Ahora, la imposición es la norma.
Scharifker describe la gestión actual como “personalista” y “autoritaria”, en la que ya no existe lugar para la discusión plural. “Estas autoridades interinas han manejado la universidad solo con criterio propio. Las decisiones no las tomaba uno, sino todo un conjunto. Así mejórabamos los estándares de eficiencia. Esos criterios compartidos ya no los tenemos”, sentencia.
Tampoco hay espacio para quejas. La administración vigente hace oídos sordos ante los reclamos estudiantiles, ignorando incluso las peticiones formales de la Fceusb para resolver problemas críticos como el proceso de inscripciones. Wilmary Venal relata que el único acercamiento con las autoridades ocurrió cuando fueron citados a la Casa Rectoral tras publicar un comunicado crítico junto a los profesores. Lejos de ser un diálogo abierto, el encuentro se limitó a una interpelación sobre el texto publicado.
Wilmary Venal es la presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB. Estudia contaduría.
La relación con el gremio docente es incluso más crítica. William Anseume, secretario de Asuntos Laborales de la Apusb, denuncia que a la asociación se le ha negado sistemáticamente el derecho a intervenir en el Consejo Directivo. El punto máximo de tensión ocurrió tras la expulsión de un trabajador de dicho consejo. “Fuimos solidariamente a preguntar qué pasaba y uno de los vicerrectores le tiró la puerta en la cara al presidente de la Asociación de Profesores. Esto es un irrespeto a todo el profesorado y a la universidad”, comenta.
Durante la realización de este reportaje, el personal de seguridad intentó desalojar al equipo de TalCual del campus, alegando que está prohibido grabar en los espacios universitarios. Pese a las solicitudes, los funcionarios nunca mostraron el documento o la norma que sustenta esta supuesta restricción.
Con ese mismo hermetismo se manejan los fondos. Marcos Lerones, quien egresó en 2023, asegura que el cambio de autoridades no se tradujo en mejoras para la comunidad estudiantil. “Definitivamente no atacaron ningún problema importante. Ahora sí aprobaban los presupuestos, pero los comedores y la biblioteca siguieron cerrados, los jardines estaban descuidados, Mis compañeros que tenían laboratorios todavía tenían que ver algunos sin agua o comprar los materiales ellos”, relata.
La Apusb también comparte esta inquietud. “La asociación sigue funcionando hasta donde puede, con escasos recursos, porque hace cinco años que nos retienen los fondos que aportan los mismos profesores. Ese dinero no llega ni a la Caja de Ahorros, ni al Instituto de Previsión (IPP), ni a los sindicatos. No sabemos quién se queda con esos recursos, por no decir quién se los roba”, denuncia Anseume.
Para el exrector Scharifker, más allá de restaurar la infraestructura, es necesario rescatar la institucionalidad si se quiere recuperar la Simón Bolívar. Y para ello hacen falta autoridades que sean legítimas desde lo jurídico, que gocen del respeto de la comunidad universitaria y “se deban a la universidad de alguna manera” y no a los intereses del Ejecutivo.
Los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) exigieron a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el fin del silencio administrativo y la atención urgente a la crisis presupuestaria que atraviesa la institución. La Fceusb confirmó la realización de una reunión oficial el jueves 23 de abril a las 11:00 a.m.
Antes de concretar dicho encuentro, la federación ya había entregado solicitudes de audiencia formal en cuatro oportunidades distintas, sin recibir respuesta: el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026, el 13 de abril de 2026 y la más reciente el 21 de abril del mismo año.
De acuerdo con William Anseume y Wilmary Venal, en esta oportunidad el Ministerio estuvo abierto a escuchar sus propuestas. Por ahora, los acuerdos no estuvieron sobre la mesa. Para la próxima reunión, pautada para el lunes 4 de mayo, esperan que haya respuestas concretas respecto a la elección de las autoridades universitarias, entre otras peticiones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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