Comandante en Jefe: La Necesidad de Legitimidad Popular en la Fuerza Armada Venezolana

La figura del Comandante en Jefe no existe de adorno en el organigrama republicano. Existe para resolver un problema de fondo, uno de los más antiguos de cualquier república moderna: evitar que las armas terminen imponiéndose sobre los votos.

Eso lo entendieron los constituyentes de Filadelfia en 1787, cuando redactaron la Constitución de Estados Unidos. El Presidente es el Comandante en Jefe del ejército y la marina. No el Congreso. No los jueces. No una autoridad de hecho. El Presidente. Y lo es porque fue elegido por el pueblo.

Ese principio pasó después a las constituciones republicanas de América Latina y, con mejor o peor suerte, llegó hasta nuestros días. En Venezuela quedó recogido de forma expresa en el Artículo 236, numeral 5, de la Constitución de 1999.

Lo que dice la Constitución

El Artículo 236.5 no deja mucho margen a interpretaciones. Corresponde al Presidente “dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente”. El texto es muy claro: el Comandante en Jefe es el Presidente. Y el Presidente es quien ha sido elegido por el pueblo. Esa secuencia, pueblo, voto, Presidencia y mando militar, es la barrera constitucional que en teoría impide que la República quede en manos de los fusiles.

El Artículo 233 regula la falta absoluta del Presidente y prevé que el Vicepresidente asuma de manera interina para convocar elecciones. Nada más. No le concede poderes extraordinarios. Tampoco lo convierte, por ese solo hecho, en titular pleno del mando político y militar de la República. Mucho menos le abre la puerta para reorganizar componentes, ascender generales o rehacer el Alto Mando como si detrás existiera un mandato popular.

Lo que la Constitución permite en ese escenario es una administración transitoria del Estado mientras la soberanía popular vuelve a expresarse. Y entre administrar provisionalmente y mandar de manera plena sobre la Fuerza Armada hay una diferencia sustancial y de peso.

Delcy Rodríguez no fue elegida Presidente. Fue colocada donde está por un Tribunal Supremo de Justicia cuya composición y lealtades al proyecto que colapsó el 3 de enero son conocidas y están ampliamente documentadas. Quien la designó Vicepresidente está preso en Nueva York enfrentando cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaina. Washington, por su parte, la tolera y la utiliza como interlocutora funcional de una transición que todavía no tiene un destino electoral claro.

Pero una cosa es ser útil en una coyuntura y otra muy distinta tener legitimidad de origen. No son lo mismo. Administrar el Estado en una situación excepcional puede ser una necesidad práctica. Pretender desde ahí reorganizar el Alto Mando, ascender generales y modificar la estructura de la Fuerza Armada como si se contara con respaldo popular ya entra en otro terreno. Eso no sería continuidad constitucional sino una usurpación disfrazada de legalidad.

Por qué aquí el origen importa

Samuel Huntington, en El soldado y el Estado, distingue entre control civil objetivo y control civil subjetivo. El primero, que es el que produce obediencia real y estabilidad institucional, exige que el poder civil tenga legitimidad democrática de origen. No basta con ocupar una oficina ni con sentarse en el despacho presidensial. Para que exista autoridad de verdad, tiene que existir una fuente legítima de autoridad.

En Venezuela esa fuente es una sola. La voluntad popular expresada en elecciones libres.

Cuando esa base no existe, lo que queda es obediencia formal, burocrática, provisional. El oficial firma, recibe, archiva y espera. No porque sea desleal a la institución, sino porque sabe, con la misma claridad con la que conoce el reglamento, que las órdenes que vienen de un mando sin legitimidad de origen nacen débiles. Pueden ser impugnadas, pueden ser revertidas y pueden perder sustento político desde el instante mismo en que son dictadas.

Samuel Finer, en El hombre a caballo, plantea el problema desde otro ángulo. Los militares tienden a actuar con más autonomía cuando perciben un vacío de poder legítimo. Eso es precisamente lo que hoy existe en Venezuela. No porque no haya nadie ocupando Miraflores, sino porque quien está allí no puede probar que fue puesta en ese lugar por la voluntad del pueblo.

Lo que significan los cambios en el Alto Mando

La cuestión de fondo es bastante simple. ¿Puede Delcy Rodríguez hacer cambios estructurales en la institución militar? ¿Puede ascender generales, reorganizar componentes y alterar la cadena de mando con efectos duraderos?

La doctrina constitucional responde que no, o en el mejor de los casos, que solo lo puede hacer de manera muy limitada. Puede atender los actos administrativos urgentes que exija una función interina. Lo que no puede hacer, sin agravar todavía más su falta de legitimidad, es emprender una reestructuración profunda del aparato militar con vocación de permanencia.

Los ascensos que firme, los nombramientos que dicte y las reorganizaciones que ordene quedarían sostenidos sobre una base que el próximo gobierno constitucional no tendría obligación de reconocer. Y los oficiales lo saben. Cada oficial que reciba un nombramiento bajo ese mando sabe que su posición puede durar poco, que depende de una circunstancia precaria y que mañana puede ser revocada. Esa incertidumbre no fortalece la profesionalización del Alto Mando. La erosiona. Y en su lugar empuja una lógica clientelar en la que importa menos el mérito que la conveniencia política del momento.

Ese patrón ha sido descrito por Alfred Stepan en Rethinking Military Politics y por buena parte de la literatura sobre transiciones latinoamericanas posteriores a las dictaduras. Cuando la autoridad civil no tiene legitimidad de origen, las Fuerzas Armadas no se subordinan de verdad al Estado. Se acomodan al poder que les ofrece protección, continuidad o simple supervivencia dentro del sistema. Esa fue una de las lógicas que destruyó la profesionalización militar durante veintiséis años de chavismo. Repetirla ahora, aunque con otro nombre y bajo otro contexto, llevaría al mismo resultado.

Lo que de verdad está en juego

El problema no es solo jurídico. Es institucional y además urgente. Un alto mando reorganizado por un poder sin legitimidad democrática vive en una especie de limbo. Sus decisiones pueden ser acatadas mientras no exijan grandes costos. Pero el día en que ese mando pida obediencia bajo riesgo real, la pregunta de fondo va a volver. ¿De dónde sale su autoridad? ¿Quién la puso ahí? Y la respuesta seguirá siendo la misma.

La doctrina del control civil objetivo lleva décadas insistiendo en una idea básica. El control civil solo se consolida cuando quien manda desde el poder civil tiene legitimidad democrática. Sin ella, todo se vuelve más frágil, más inestable y más dependiente de incentivos que pueden cambiar de un momento a otro. Venezuela ya conoce las consecuencias de ese esquema. Las ha vivido durante más de dos décadas. La diferencia es que ahora el deterioro ocurre en medio de una transición, cuando todavía existe una posibilidad de reconstrucción, pero solo si quien ejerce mando sobre las armas puede demostrar que fue puesto allí por el pueblo.

Delcy Rodríguez no puede demostrarlo. Ese es el centro del problema.

La Fuerza Armada Nacional tiene hoy frente a sí una decisión que ningún decreto va a resolver. No se trata de enfrentar a quien administra el Estado. Se trata de algo más importante. Garantizar que la transición llegue hasta donde tiene que llegar. Hasta las elecciones. Hasta el momento en que Venezuela elija a un Presidente con respaldo popular real y, con él, al único Comandante en Jefe que la Constitución reconoce y al único que la institución militar puede obedecer con convicción y no por simple cálculo.

Lo que está en juego es más simple y más urgente que cualquier confrontación. El chavismo, del que también proviene quien hoy administra el Ejecutivo, destruyó a la FANB durante veintiséis años. La convirtió en un aparato clientelar, en sostén de una tiranía y en objeto de una humillación republicana sin precedentes en la historia de la institución armada venezolana.

Eso no se corrige con otro decreto. Tampoco con un ascenso firmado por alguien a quien nadie eligió. La reconstrucción solo puede empezar cuando el pueblo venezolano coloque en Miraflores, mediante elecciones libres, verificables y reconocidas, a un Comandante en Jefe legítimo.

Ese día, y solo ese día, la Fuerza Armada podrá empezar a reconstruirse como institución. Mientras eso no ocurra, la gloria que alguna vez tuvo seguirá quedando atrás, y el mando que hoy recibe seguirá siendo, en el sentido más duro y más exacto de la frase, el mando de nadie.