Este reportaje del The New York Times, publicado el martes, señala, citando documentos internos de la industria petrolera venezolana y estadísticas oficiales, que por cada dos dólares que Venezuela obtuvo por la venta de petróleo a inicios de esta década, uno fue desviado o robado.
La corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no es un fenómeno nuevo; desde hace más de una década, diversas organizaciones han denunciado que las irregularidades en la estatal petrolera han alcanzado un nivel sin precedentes, tanto por la cantidad de recursos que “desaparecieron” de las arcas públicas como por la sofisticación de los mecanismos usados para hacer de la compañía su caja chica, incluso en momentos en que el país sufría una de las peores crisis económicas de su historia.
Organizaciones como Transparencia Venezuela documentan un patrón sistemático de irregularidades que va desde sobreprecios en contrataciones públicas hasta complejas redes de sobornos, empresas de maletín y operaciones financieras opacas. Se estima que estas prácticas han causado pérdidas que ascienden a decenas de miles de millones de dólares, erosionando el patrimonio público de un país que dependía casi exclusivamente de la venta de petróleo.
Un artículo publicado por The New York Times cita documentos internos de la industria petrolera venezolana y estadísticas oficiales, indicando que por cada dos dólares obtenidos de la venta de petróleo a principios de esta década, uno fue desviado o robado.
El medio neoyorquino afirma que los intentos de implementar mecanismos de control y rendición de cuentas han fracasado en proporcionar claridad sobre el destino de los ingresos petroleros. Además, señala que ni las promesas de auditorías internacionales ni la creación de plataformas digitales han revertido la falta de transparencia en esta industria.
La investigación también resalta que durante los 13 años de gobierno de Maduro, Pdvsa ha operado como un patrimonio controlado por su círculo más cercano. Este esquema permitió a familiares y aliados acceder a condiciones privilegiadas para la comercialización de petróleo y consolidar redes de clientelismo que garantizaban lealtades políticas en medio de la crisis.
Entre los casos mencionados destaca el de Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien es mencionado como figura central en la gestión y desvío de recursos. Según documentos, empresas vinculadas a su entorno habrían exportado petróleo por alrededor de 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 sin efectuar pagos a la estatal.
Esta cifra representaba aproximadamente la mitad de los ingresos petroleros en ese período.
Además, registros internos indican que entre 2019 y 2022 al menos 240 cargamentos de crudo salieron del país sin ser pagados, generando pérdidas estimadas en 13.000 millones de dólares. En lugar de recuperar estos fondos, la junta directiva de Pdvsa habría optado por condonar las deudas, profundizando el daño patrimonial.
La investigación también detalla el uso de empresas fantasma como intermediarias en operaciones petroleras, que recibían condiciones contractuales altamente favorables.
Informes de Transparencia Venezuela documentan un patrón persistente de opacidad, discrecionalidad y ausencia de controles que, durante al menos dos décadas, facilitó la apropiación indebida de recursos públicos a gran escala.
De acuerdo con sus investigaciones, se han identificado al menos 127 casos de presunta corrupción vinculados directa o indirectamente con Pdvsa, que comprometen más de 42.000 millones de dólares del patrimonio público venezolano.
Estos expedientes han sido investigados por autoridades en al menos 16 países, lo que evidencia la existencia de redes internacionales de intermediarios, empresas y operadores financieros.
En contraste, en Venezuela, las acciones judiciales han sido escasas, tardías o selectivas.
Transparencia Venezuela también revela que más de la mitad de esos casos comparten mecanismos similares, como la evasión de procesos de licitación, la adjudicación directa de contratos a empresas sin capacidad técnica o financiera, muchas de ellas compañías de fachada. También se incluyen el pago sistemático de sobornos y la firma de acuerdos con sobreprecios que multiplicaban artificialmente los costos de proyectos y servicios.
A esto se añaden contratos sin respaldo documental, compromisos adquiridos sin disponibilidad presupuestaria, incumplimientos sin sanción y falta de garantías financieras. En conjunto, estas prácticas configuraron un entorno en el que la corrupción era la norma operativa en la industria petrolera.
Otro punto señalado por la organización es la progresiva transformación de Pdvsa en el principal soporte financiero de lo que denomina la “Gran Corrupción” en Venezuela. Indicó que la estatal dejó de ser una empresa energética y se convirtió en el eje de un sistema donde convergían intereses políticos, económicos y personales, articulados a través de redes de poder que operaban dentro y fuera del país.
Ese modelo se consolidó especialmente en los años de mayores ingresos petroleros. Sin embargo, mientras el país recibía cifras históricas por la exportación de crudo, la empresa experimentaba una caída sostenida en su capacidad productiva, acumulaba deudas y perdía activos estratégicos. Esto se debía a que los dólares que entraban por la venta de crudo se diluían entre esquemas de malversación, corrupción y decisiones financieras opacas.
La organización destaca que la magnitud de los delitos, la cantidad de funcionarios implicados y el volumen de recursos comprometidos configuran uno de los mayores desfalcos documentados en la historia contemporánea de América Latina.
Las decisiones que llevaron a esta situación se remontan al gobierno de Hugo Chávez.
Entre ellas, la concentración de poder en la gestión petrolera bajo una misma figura, Rafael Ramírez, quien simultáneamente dirigió Pdvsa y el Ministerio de Petróleo, y la eliminación progresiva de mecanismos de rendición de cuentas internacionales.
Bajo el argumento de la soberanía, la estatal dejó de someterse a estándares de transparencia globales.
A partir de entonces comenzaron a acumularse irregularidades que derivaron en investigaciones en múltiples jurisdicciones. Uno de los primeros grandes escándalos estalló en 2011 en Estados Unidos, cuando se detectó el uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa mediante un esquema fraudulento.
Este caso, vinculado al financista Francisco Illarramendi, dejó pérdidas millonarias para inversionistas y evidenció cómo fondos públicos podían ser canalizados a través de estructuras financieras complejas para beneficio privado.
En 2015, la detención de contratistas vinculados a la estatal reveló el funcionamiento de redes de sobornos que operaban aprovechando distorsiones económicas internas, como los controles cambiarios.
Estas estructuras permitían la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales, consolidando un sistema en el que la corrupción se volvió un mecanismo de acceso a negocios con el Estado.
Durante los primeros años del chavismo, Venezuela recibió más de un billón de dólares por exportaciones de crudo, impulsadas por altos precios internacionales y producción que superaba los 2 millones de barriles diarios.
Especialistas sostienen que Pdvsa no solo fue objeto de corrupción, sino también un instrumento para operaciones de legitimación de capitales. A través de mecanismos como la sobrefacturación, el uso de intermediarios, contratos ficticios y triangulación de pagos, la industria petrolera facilitó el movimiento de fondos ilícitos a escala internacional.
En ese proceso, la reputación internacional de Pdvsa se deterioró. Analistas citados coinciden en que hoy la estatal enfrenta no solo una crisis operativa, sino también un serio problema de credibilidad, que dificulta la atracción de inversiones y limita sus posibilidades de recuperación.
Además, las investigaciones internas, cuando han ocurrido, han estado marcadas por lo que se conoce como “justicia selectiva”. Casos que permanecieron años sin avances comenzaron a moverse solo cuando ciertos actores rompieron con el poder político.
El caso de Tareck el Aissami, quien ocupó posiciones clave en el aparato de poder, representa uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente de la corrupción en Pdvsa. Su caída dejó al descubierto un sistema que operó con total impunidad durante años.
El Aissami, exministro de Petróleo, fue durante años una de las figuras más influyentes del régimen de Nicolás Maduro. Desde allí ejerció control sobre la industria petrolera en uno de sus momentos más críticos, cuando se registró una dramática caída de la producción, se aplicaron sanciones internacionales y la creciente dependencia de esquemas paralelos de comercialización de crudo.
Implementó durante su gestión mecanismos opacos para evadir restricciones financieras, incluyendo el uso de intermediarios, acuerdos no convencionales de intercambio y redes de comercialización poco transparentes.
El escándalo estalló en 2023, cuando el mismo régimen anunció una serie de investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la estatal petrolera, en un caso conocido como Pdvsa-Cripto.
Las acusaciones apuntaban a la desaparición de miles de millones de dólares provenientes de la venta de crudo, especialmente en operaciones realizadas sin controles administrativos claros. La cantidad total no está clara oficialmente, pero estimaciones sugieren que podría superar los 20.000 millones de dólares.
Según las investigaciones, parte de los ingresos de exportaciones petroleras no ingresaban a las cuentas del Estado, sino que quedaban retenidos en estructuras paralelas controladas por intermediarios o actores internos. Este esquema permitió la acumulación de deudas impagas por cargamentos de petróleo, replicando patrones documentados en años anteriores.
La organización alegó que la reacción del gobierno fue selectiva, ya que decenas de funcionarios, empresarios y operadores vinculados al sector petrolero fueron detenidos o investigados, en lo que se presentó como una ofensiva anticorrupción. Sin embargo, la salida de El Aissami, quien renunció en medio del escándalo, estuvo rodeada de opacidad.
El Departamento de Estado de EE. UU., al anunciar sanciones a Pdvsa en 2015, afirmó que la empresa había sido utilizada como un vehículo para la corrupción y subrayó que desde el poder se diseñó una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares en beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos.
Indicaron que en 2014 se creó una trama de cambio de divisas que malversó y lavó alrededor de 600 millones de dólares de la empresa, que supuestamente fueron obtenidos a través de sobornos y fraudes. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado a 1.200 millones de dólares, según las autoridades estadounidenses.
“Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que era director ejecutivo de Planificación Financiera de Pdvsa, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el plan internacional de miles de millones de dólares para lavar fondos malversados de Pdvsa”, añadieron.
El organismo también puntualizó que en otro caso, fiscales de EE. UU. alegaron que de 2011 a 2013, funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela y de Pdvsa, incluidos Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; Rafael Reiter, que trabajó como jefe de seguridad, y Luis Carlos de León, exfuncionario de electricidad, buscaron sobornos y bonificaciones de proveedores.
A cambio, les ayudarían a asegurarse contratos de Pdvsa y a obtener prioridad sobre los demás proveedores en cuanto a las facturas pendientes de pago durante su crisis de liquidez.
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