CIDH en la OEA: Denuncia de la Represión Política en Venezuela como Política de Estado

Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA
Washington D.C. — 6 de mayo de 2026

Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana
Presidente de la CIDH
Relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad

Excelentísima Embajadora Alejandra Solano, Presidenta del Consejo Permanente;
Secretario General de la OEA, Embajador Albert R. Ramdin;
Secretaria General Adjunta, Embajadora Laura Gil;
Jefes y jefas de delegación, representantes permanentes y alternos de los Estados miembros y observadores ante la OEA;
Señoras y señores:

En mi calidad de presidente de la CIDH y relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, agradesco a la Misión Permanente de Argentina por solicitar esta intervención. Y dirijo, ante todo, una palabra de solidaridad al pueblo venezolano: la CIDH reitera su compromiso firme e indeclinble con la defensa de sus derechos humanos.

Sin democracia no hay derechos humanos

Permítanme partir de una premisa que orienta lo que diré: no hay derechos humanos plenos sin democracia. La democracia no es un adorno del sistema interamericano: es su condición de posibilidad. Y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho. En Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada.

El monitoreo reforzado de la CIDH

La Comisión no llega tarde a este debate. Documentamos a los presos políticos de la región desde los años sesenta —Cuba, las dictaduras militares del Cono Sur— y hoy lo hacemos con el mismo rigor.

Sobre Venezuela: solo en 2025 otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de libertad por motivos políticos —defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y, en varios casos, núcleos familiares completos—. Nuestro Mecanismo Especial de Seguimiento (MESEVE) ha recogido más de 300 testimonios de víctimas. Venezuela figura en el Capítulo IV.B de nuestro informe anual de manera ininterrumpida desde hace más de una década y, entre 2018 y 2025, hemos celebrado cerca de 30 audiencias temáticas. La evidencia es abrumadora.

Las cifras que el Estado debe responder

Entre julio y diciembre de 2024, la sociedad civil documentó 2.062 detenciones por motivos políticos. Al cierre de 2025, 1.794 personas seguían privadas de libertad, incluidos tres menores de edad. A abril de 2026, 454 personas continuarían detenidas por razones políticas: 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares.

Y persisten —hay que decirlo con todas las letras— la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica. Al menos 18 personas habrían fallecido bajo custodia del Estado; entre ellas, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz. Detrás de cada cifra hay un nombe y una familia.

La Ley de Amnistía: lo que dice y lo que oculta

La cláusula residual del artículo 9 —al excluir “acciones vinculadas a actores extranjeros”— introduce un tipo abierto aplicable contra opositores. La eliminación de antecedentes, sin salvaguardas archivísticas, compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas. Y los tribunales y la fiscalía llamados a aplicarla son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en instrumento de reparación.

Las cifras lo confirman: el Estado afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas; la sociedad civil registra apenas 186 con libertad plena, mientras 554 permanecen bajo medidas cautelares —prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestar o de hablar con la prensa—. Eso no es libertad: es libertad vigilada.

Lo que la CIDH exige hoy

Permítanme ser claro y directo, porque el momento lo exige.

Primero: toda detención arbitraria debe cesar de inmediato y exigimos la libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia. Las liberaciones parciales no agotan las obligaciones del Estado.

Segundo: exigimos acceso pleno y verificable a la información pública; listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal. La opacidad es una forma adicional de violación.

Tercero: protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia.

Y cuarto: reiteramos con la mayor firmeza la urgencia de una visita in loco a Venezuela, con acceso irrestricto a los centros de privación de libertad. La pregunta ya no es si la CIDH está dispuesta —lo está—; la pregunta es si el Estado venezolano lo está.

La CIDH no normalizará lo que no debe normalizarse, no aceptará como avance lo que es apenas un gesto y no dejará de nombrar lo que ocurre por su nombre: una política de Estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar. Reafirmamos nuestro compromiso íntegro con el pueblo venezolano y con la restauración del Estado de Derecho.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.