La Fundación Apolo, representada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, y por el responsable de su área de investigaciones, Nicolás Silvera; todos ellos patrocinados por el letrado Ignacio Falcón, presentó una denuncia penal ante la Justicia argentina para que se investigue la presencia en el país de una presunta organización criminal transnacional vinculada al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Según el escrito, esta célula estaría implicada en actividades de persecución, hostigamiento, seguimiento e intimidación contra disidentes venezolanos que residen en Argentina, como parte de una red de alcance latinoamericano. La denuncia detalla el caso de José Zambrano Erazo, ciudadano venezolano perseguido por motivos políticos, quien fue hostigado y amenazado durante años en distintos países, incluyendo Argentina, donde vivió desde 2018 hasta 2024.
«Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanes, por una estructura que opera con métodos de inteligencia, acoso sistematico y amenazas contra exfuncionarios o críticos del chavismo», afirmó Yamil Santoro, quien además es legislador porteño y busca renovar su banca en las próximas elecciones.
La presentación incluye pruebas de amenazas anónimas, seguimientos, mensajes intimidatorios y referencias al ingreso de Zambrano en listas negras elaboradas por el régimen chavista, como parte de la denominada «Operación Tun Tun». Asimismo, sostiene que existen fuertes indicios de que esta estructura cuenta con acceso a información migratoria y de inteligencia que debería estar protegida por el Estado argentino, lo que sugiere la posible complicidad de funcionarios o filtraciones dentro de organismos oficiales.
El texto solicita que se investigue la comisión de delitos contemplados en los artículos 210 ter, 277, 149 bis y 149 ter del Código Penal argentino, por organización criminal, encubrimiento y amenazas agravadas. También se menciona que los hechos podrían encuadrar como delitos de lesa humanidad, dada su sistematicidad, motivación política y conexión con un régimen autoritario procesado por violaciones a los derechos humanos a nivel internacional.
«La impunidad de estos grupos representa un riesgo concreto para la seguridad democrática de Argentina. No se trata solo de proteger a un individuo, sino de evitar que nuestro territorio sea usado como plataforma de operaciones para un régimen que persigue y eliminar a sus opositores», concluyó Santoro.
Desde la Fundación Apolo se exigió que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de prevención e investigación de este tipo de crímenes, y se comprometieron a hacer un seguimiento exhaustivo de la causa.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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