Venezuela y El Niño: Estrategias de Respuesta Coordinada ante la Crisis Climática

El Niño podría empujar en esta temporada a casi cinco millones de personas a la pobreza por su efecto devastador en las economías latinoamericanas. Por eso, prepararse para enfrentar este fenómeno climático no debería ser tarea de un solo organismo ni reducirse a medidas de ahorro cuando sus efectos comienzan a sentirse, como lo han hecho en Venezuela. La respuesta debe construirse de manera transversal y con participación de distintos sectores, pues puede causar afecciones simultáneas sobre actividades que dependen unas de otras.

La disminución de las precipitaciones y el aumento extremo de las temperaturas implica presiones sobre la agricultura, el abastecimiento de agua y la generación eléctrica; anomalías en cualquiera de estos sistemas conlleva a repercusiones en las actividades económicas y también en la calidad de vida.

Por eso, una de las primeras tareas para mitigar sus efectos y tomar previsiones pasa por determinar qué y quiénes pueden resultar más expuestos. Así lo considera Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Pero para que esas previsiones puedan convertirse en acciones, el país necesita información y coordinación estatal. Debe haber planes desde los organismos de gestión de riesgos, el sistema energético, las instituciones encargadas de infraestructura y comunicaciones y el sector agropecuario.

«Todo esos son elementos que deberían estar sentados en conjunto, además con los actores de la sociedad civil fundamentales y las organizaciones de la función civil fundamentales agrupados en torno a un sitio de encuentro, una institución de encuentro que ayude a gestionar esto», plantea el especialista en gestión de acción climática.

Una articulación de este tipo, señala, permitiría que las decisiones no se tomen de manera aislada y sugirió convocar tanto a los organismos del Estado como a los distintos sectores económicos y sociales para constituir comités de emergencia o comités de apoyo, con el fin de gestionar la crisis y los efectos de un evento como este de manera coordinada.

Menciona al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) como una de las estructuras que debería tener un papel fundamental, pues aunque la información meteorológica sea apenas una parte de la respuesta, tener una red robusta permitiría «estar al día con los modelos climáticos que puedan dar data confiable sobre lo que está pasando y lo que ha pasado. Eso es fundamental para la gestión», dice.

La dificultad está en que Venezuela tendría que organizar esa respuesta mientras enfrenta otras vulnerabilidades. El país viene de una crisis humanitaria compleja y ha acumulado problemas en servicios e infraestructura, que aún resiente los daños de los terremotos del 24 de junio.

«Tenemos debilidades desde el punto de vista institucional, pero además venimos de varios años de una crisis humanitaria compleja», apunta Benítez, para quien el primer paso es reconocer institucionalmente esa situación para después reunir a quienes pueden intervenir en cada área.

El dinero, parte de la prevención

Coordinar una respuesta requiere algo más que organismos sentados en una misma mesa. También hacen falta datos, transparencia, presupuestos y fondos.

Entre los mecanismos que pueden utilizarse para enfrentar los daños provocados por eventos climáticos están los bonos catastróficos y los seguros climáticos. Sin embargo, Benítez advierte que estos instrumentos requieren instituciones capaces de verificar y controlar técnicamente cómo se utilizan los recursos.

En Venezuela, esa capacidad es limitada. Incluso acceder a mecanismos financieros asociados al cambio climático que no están diseñados específicamente para una contingencia tiene obstáculos. «Entonces, pensar que en el marco de una contingencia pudiera generarse una institucionalidad capaz de generar esos bonos, pues, honestamente lo veo un poco complicado».

A esto se suma el alcance de los fondos internacionales.

En junio, desde las Naciones Unidas anunciaron el desembolsillamiento de 100 millones de dólares para acciones ante El Niño, que, como dijo Tom Fletcher, secretario general del organismo para Asuntos Humanitarios, en el pasado ha dejado a personas en necesidad de alimento, agua y atención sanitaria.

Para una contingencia de escala continental, los recursos no serían suficientes. «100 millones de dólares para manejar los problemas de financiamiento que requiere el manejo de la contingencia en las Américas, a todas luces es un fondo insuficiente».

En el ámbito agrícola existen además seguros que permiten cubrir pérdidas por eventos como inundaciones, plagas o fenómenos climáticos extremos. Pero su funcionamiento depende de que exista un entorno en el que las aseguradoras consideren viable asumir esos riesgos. En Venezuela, eso es decadente y de allí que los productores venezolanos ya enfrentan buena parte de ellos por cuenta propia.

«La producción que se da hoy en día, el riesgo lo asumen los productores, el financiamiento es problem también de los productores, la gestión para los agroinsumos también es asumida por los productores porque la red de suministro de agroinsumos está bastante bastante afectada, deteriorada», dice Joaquín Benítez.

En ese escenario, un fenómeno que incrementa el riesgo climático puede terminar presionando todavía más una actividad que ya funciona con poco margen.

La empresa privada no puede reemplazar al Estado

El sector privado también tiene un papel en la preparación. Joaquín Benítez lo ubica dentro de una responsabilidad compartida entre dos actores: «la acción climática, en lo que se reconoce como mitigación y adaptación al cambio climático, es responsabilidad de actores públicos y privados».

El Estado debe orientar, establecer objetivos y generar políticas que permitan que las actividades económicas y sociales continúen funcionando. Las empresas, por su parte, deben incorporar los riesgos climáticos a sus propias operaciones. El planteamiento lo respalda también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual otorga al sector privado un rol prioritario en la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son planes de acción climática que cada país debería elaborar en cumplimiento del Acuerdo de París, al cual Venezuela está suscrito desde diciembre de 2015.

«Al alinearse con los objetivos nacionales de adaptación y mitigación establecidos en las NDC de un país, las empresas (…) pueden desarrollar productos y servicios, tales como insumos y tecnologías de riego resilientes al clima», se lee en El enfoque del trabajo del PNUD con el sector privado.

Tal mirada se refleja en la estrategia del PNUD para el sector privado, la cual se centra en apoyar a los gobiernos para establecer entornos normativos y regulatorios propicios, al tiempo que facilita alianzas entre múltiples partes interesadas.

En Venezuela, sin embargo, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y el «carácter incipiente de la institucionalidad climática», aseguró el experto en cambio climático, han hecho que una parte importante de la acción recaiga sobre empresas y organizaciones de la sociedad civil, «porque es donde se verifican los mayores aportes».

Pero que las empresas puedan responder no significa que todas las comunidades tengan las mismas posibilidades. Una organización privada con recursos puede invertir en medidas de adaptación que una familia o una comunidad empobrecida difícilmente puede costear.

«Los más vulnerables siempre son los menos favorecidos, las comunidades más vulnerables, las comunidades empobrecidas, los sectores económicos más frágiles son siempre los que están más expuestos pues a todas estas cosas. Pero no hay duda de que para disminuir la vulnerabilidad, para ser más resilientes y para poder tener una trayectoria más sostenible y de mayor progreso, el Estado tiene que asumir un papel importante y proactivo para impulsar estas cosas y no generar esta vulnerabilidad tan importante que tienen algunos sectores en el país», afirma.

De allí que la participación privada deba formar parte de una respuesta pública más amplia y no convertirse en un sustituto en sí de lo que ya es.

Para Benítez, reducir esa vulnerabilidad exige que el Estado tenga una intervención activa, pues al final, la preparación no empieza cuando llega el calor, baja el nivel de los embalses o se pierde una cosecha. Empieza antes, con la capacidad de anticiparse y tomar decisiones a partir de información disponible. Y la clave es, sobre todo, tener la posibilidad de actuar antes de que una amenaza se convierta en una nueva emergencia.