La última vez que la autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004, para realizar una revisión anual o análisis de gestión del país. Acudir a este organismo multilateral significaba mostrar todas las estadísticas, lo que dejaría ver la realidad de la economía, algo a lo que el gobierno no estaba dispuesto
La reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) se llevó a cabo entre el pasado 21 y 26 de octubre en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Y es propicia la ocasión para recordar que Venezuela lleva 20 años sin una reunión formal con el organismo multilateral.
La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004, para realizar una revisión anual o análisis de gestión del país. Los estatutos del Fondo y específicamente el artículo IV señala que los países miembros deben tener reuniones cada año a manera de consulta.
Venezuela canceló todos sus compromisos con el multilateral tiempo después que Hugo Chávez asumiera la presidencia en 1999, y luego de una serie de cuestionamientos al Fondo al calificarlo de «instrumento del colonialismo» de EEUU. El gobierno también expresó su descontento con las proyecciones que el FMI daba sobre el país y que a su juicio «eran pesimistas». El organismo se vio forzado a cerrar sus oficinas en el territorio nacional a finales de 2006, y Chávez también cerró la puerta a las misiones de asesoría y colaboración.
«Vamos a retirarnos. Quiero firmar la cuenta (de formalización de salida) y solicitar que nos devuelvan lo que nos corresponde. No nos hace falta estar viajando a Washington, ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni nada (…) yo quiero formalizar la salida de Venezuela del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de todo eso», anunció Chávez en 2007 durante una cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un cártel de países amigos que fundó su gobierno como contrapeso a los multilaterales.
Hasta la fecha, aunque las relaciones están congeladas, Venezuela sigue siendo miembro del Fondo.
Varios de los voceros del gobierno de Chávez como de la administración de Nicolás Maduro afirmaron que el FMI otorga financiamiento a los países miembros a cambio de cumplir con medidas económicas consideradas «leoninas». Expertos recuerdan que los gobiernos en problemas deben seguir las recomendaciones del Fondo para la recuperación y/o saneamiento fiscal y financiero, pero que en muchas ocasiones son criticadas debido a la exigencia del correcto desembolso del gasto público que deben tener las autoridades.
Con el congelamiento de las relaciones con el Fondo, Venezuela se abalanzó para contratar financiamiento con otros gobiernos como China y Rusia, y colocó bonos de deuda externa en gran cantidad. De acuerdo a cálculos de economistas, la deuda pública externa asciende a 161 mil millones de dólares, una cifra que excede significativamente la capacidad económica y financiera del país.
El economista Gustavo García recordó sobre el retraso de las reuniones formales entre Venezuela y el FMI que los altos niveles de deuda, limita a los gobiernos también acudir a los organismos multilaterales y al crédito internacional. Pero que en caso de que el país quiera reestructurar su deuda tendrá que mostrar cifras y ser evaluadas por auditores externos como los multilaterales.
«Hay que poner en orden las cuentas fiscales del sector público, saber cual es la situación fiscal, financiera y real. Al igual que la balanza de pagos para conocer cuál es la sostenibilidad externa del país y por supuesto esto implica cifras reales de la economía y su impacto en la población. Tiene que haber un organismo con la credibilidad del Fondo Monetario que actúe como una especie de auditor de las cifras», indicó García este martes 5 de noviembre en un foro organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Al chavismo liberarse de la exigencia de informar al Fondo sobre cómo se encontraban las finanzas públicas, punto crucial para llegar a un acuerdo con el multilateral, desde esa época, hace 20 años, los ministerios de Finanzas, de Planificación, de Petróleo y el Banco Central de Venezuela (BCV) comenzaron a publicar data incompleta sobre la actividad económica del país y hasta hoy, aún se desconocen muchas de ellas.
Por años, expertos en materia económica han señalado que contar con poca información pública dificulta la capacidad de hacer análisis sobre la economía, tales como el déficit fiscal, los ingresos y egresos detallados de la Nación, las exportaciones e importaciones, la ejecución presupuestaria, entre otros. Por lo que acudir al Fondo significaba entregar todas las estadísticas y dejaría ver la realidad de la economía, algo que el gobierno parecía no estar dispuesto.
«El gobierno se empeñó en no hacer accesible las finanzas públicas venezolanas. Hay que recordar que una misión del Fondo presta dinero si se está dispuesto a permitir una revisión de la economía para realizar un diagnóstico y así evaluar el tamaño del préstamo; y segundo, se tendría que dar garantías, pero no del tipo financiero, sino sobre medidas que tendría que tomar el gobierno», explicó un analista que pidió mantener su anonimato.
Reiteró la fuente consultada que el FMI presta a los países en la medida en que éstos estén dispuestos a ejecutar un plan de ajuste o de estabilización macroeconómica que permita que la economía se recupere.
En el año 2018, el Directorio del organismo determinó que Venezuela no había implementado medidas correctivas ni suministrado información sobre una serie de datos adicionales requeridos. En ese entonces, el Fondo emitió «una declaración de censura en contra de Venezuela por no haber implementado las medidas correctivas ni haber cumplido con su obligación en virtud del Artículo VIII, Sección 5. El Directorio Ejecutivo instó a Venezuela a adoptar medidas correctivas concretas y volverá a reunirse dentro de un plazo de seis meses para evaluar el progreso de Venezuela en su implementación». Hoy en 2024, este sigue siendo el mismo panorama.
«El Fondo está dispuesto a trabajar de manera constructiva con Venezuela para resolver su crisis económica cuando Venezuela esté preparada para reanudar su compromiso con el Fondo, incluyendo mediante la provisión de datos en forma regular y a tiempo y la reanudación de las consultas del Artículo IV», señaló en su comunicado.
En diciembre de 2023, el directorio del FMI publicó otro comunicado en el cual reseñaba las reuniones informativas informales con Venezuela. «Siguiendo los procedimientos de rutina aplicados a miembros cuyas consultas conforme al Artículo IV con el FMI se encuentran sumamente demoradas, el 1° de diciembre de 2023, el personal técnico informó al Directorio Ejecutivo sobre los recientes desarrollos económicos en Venezuela. Las reuniones informales en relación a los miembros cuyas consultas bajo el artículo IV se retrasaron más de 18 meses se celebran de manera rutinaria aproximadamente cada 12 meses para informar al Directorio Ejecutivo y están basadas en información pública disponible. La consulta del Artículo IV con Venezuela se encuentra demorada 203 meses».
Venezuela cuenta en el Fondo con un monto de 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.000 millones de dólares, aproximadamente. Estos instrumentos fueron creados en 1969 por el FMI para dotar de liquidez a las economías y poder brindar reservas adicionales a los países miembros en caso de dificultad.
Desde el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó por parte del multilateral se bloqueó el acceso a la administración de Maduro a estos recursos. Sin embargo, terminado el interinato, el Fondo aún no reconoce al directorio del BCV mientras «no haya un reconocimiento de la comunidad internacional en la administración de Maduro», según explicó el Fondo en 2021.
Durante los encuentros con representantes de la oposición venezolana y del gobierno de Maduro en la mesa de negociaciones con Noruega, se debatió el tema de los DEG, no obstante, la interrupción de esas conversaciones tras el retiro de los funcionarios, tiró por la borda la posibilidad de que el país pudiera tener acceso a estos recursos financieros.
Economistas que trabajaron en la elaboración del programa económico del candidato de la oposición a la presidencia, Edmundo González Urrutia, señalaron en su oportunidad la necesidad de restablecer las relaciones con los organismos multilaterales para recuperar la economía venezolana. Según sus estimaciones, el país requiere una inversión equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura y servicios públicos.
Recientemente, el Directorio del FMI en su último informe «Perspectivas Económicas Globales para el 2024» indicó que Venezuela se encuentra en el top 5 de las economías que prometen mayor crecimiento para finales de este año en América Latina y Sudamérica.
En la misma publicación también se señaló que el PBI venezolano se incrementaría 4,2% y el consumo privado 2,5%. Mientras que la inflación del 2024 estaría en torno al 50%, «de mantenerse la tendencia de los últimos meses».
«Venezuela precede con 4% este top 5 de países a la vanguardia de la economía para este 2024. Le seguirían Paraguay con 3,8%, Uruguay con 3,7% y Perú con 2,5% y México con 2,4%».
La proyección de crecimiento para la economía venezolana por parte del FMI es similar a las estimaciones de consultoras privadas que prevén una tasa de entre 4% a 6%.
*Lea también: ¿Cómo fue el crecimiento de cada uno de los sectores de la economía, según el BCV?
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