¡Valoremos el poder del ciudadano común!

Para Rafael Quiñones.

Si aceptamos que la principal tarea del Socialismo del Siglo XXI (SSXXI) fue arremeter y destruir las instituciones en pie, paridas por los años de democracia, la pregunta siguiente es tratar de responder ¿por qué son o han sido tan débiles nuestras instituciones? Cuál es la causa que les ha impedido defender su arquitectura, misión, objetivos y programas. Bastó la aparición de un líder que moviera sentimentalismos para que las instituciones de las cuales estábamos tan orgullosos fuesen, una a una, vencidas, dobladas y enajenadas.

¿Qué pasó con las instituciones económicas cuyas reglas creíamos tan fuertes e inclusivas?, ¿qué pasó con los responsables de la economía, la industria, la agricultura, el comercio, la gallina de los huevos de oro: PDVSA?, ¿y Sidor? Las empresas básicas del Estado, la Corporación Nacional de Hoteles y Turismo C.A. (Conahotu) muchos con 4 y 5 estrellas. Organizaciones cuya imagen nos hacían creer que éramos un país rico y pujante, el precio del petróleo subía y nosotros “a gastar”. La frase de moda “Está barato, dame dos”.

Y, nuestras Fuerzas Armadas estandarte de una de las democracias más importantes de Latinoamérica, militares de un país democrático, casi ausentes los golpes de Estado, con apresto actualizado y un bastión de generales formados, muchos profesionales universitarios, ingenieros, médicos, abogados, economistas en sus filas.

“¿Acaso lo que ocurrió el 22 de octubre y el 3 de diciembre fue algo trivial o una muestra de un país que ha decidido comprometerse y desplegar una acción humana que signifique luchar por su libertad?”

El sistema de justicia, con su flamante Corte Suprema de Justicia y sus largos escuadrones de jueces, responsables de impartir justicia a lo largo y ancho de nuestro territorio. El sistema de salud con su magnífica red de hospitales públicos y ambulatorios, que atendían a la población donde quiera que estuviese.

Ni hablar de la educación, 28.000 escuelas que educaban a las nuevas huestes de venezolanos con aspiraciones de ingresar posteriormente a alguna de las grandes universidades autónomas, que les otorgarían títulos para luego entrar en la vida económica activa.

La verdad es que todo lo que hemos mencionado desapareció o se corrompió, se perdió el norte, los objetivo, los recursos, la gente. Comenzó el más atroz naufragio que haya vivido esta Tierra de Gracia durante casi medio siglo.

Creo que es tiempo para interrogarnos, además de denunciar que el actual régimen en el poder destruyó sin piedad todas estas entidades, sin que ninguna de ellas pudiera presentar una oposición o resistencia que le garantizara su vigencia y permanencia.

Hoy casi todas son polvo, de nuevo la pregunta: ¿Por qué? Era evidente que cualquier intento por instalar las bases del SSXXI significaba cambiar, destruir, suplantar lo que existía e instalar entidades nuevas y distintas con otras reglas de juego.

Hoy sabemos que el estruendoso fracaso universal del intento comunista en el mundo se debía fundamentalmente a dos razones: Primera, la imperiosa necesidad de destruir las instituciones que existían en las democracias, en las sociedades liberales. Y, segunda, aunque no posterior, el socialismo exige la instalación de un Estado totalizador, fuerte, que sustituya lo existente y logre dominar a las sociedades en cuestión.

La destrucción institucional era una necesidad de primer orden, había que cambiar las reglas de juego, el “supuesto” extractivismo institucional había que eliminarlo, transmutarlo en inclusión socialista. Una cuestión imprescindible desde la visión comunista: sustituir el equilibrio de poderes por la concentración de poder en el comando revolucionario, alimentar la lucha de clases y el exterminio de los que “generan riquezas, productores y propietarios”.

Acabar con el comercio y el mercado era una gran meta, cambiar hacia modelos de planificación centralizada cuya doctrina impone qué hacer, qué consumir, comer, cómo vestirse. Cómo debían ser las viviendas, los vehículos y todos aquellos implementos necesarios para vivir. La supuesta tarea de los comunistas era crear instituciones inclusivas, para el pueblo, y con el pueblo. Algo imposible, nunca logrado en ninguna parte del mundo.

En realidad, el actual fracaso de Venezuela en todos los órdenes, económico y político, está asociado al modelo de crecimiento por el cual optó nuestra dirigencia. En el campo económico se decidió crear un modelo de masificación de empresas del Estado, responsables del desarrollo minero exportador del país. Empresas del Estado manejadas por funcionarios públicos designados desde la presidencia de la República, cuyas consignas básicas no eran asegurar la productividad, rentabilidad y competitividad de estas sino fundamentalmente asegurar la fidelidad política al bando o sector que respaldaban su selección.

Este criterio estatizador no se restringió al campo económico, en general toda la red institucional estaba sometida al mismo designio de fidelidad política en desmedro de logros atinentes a la naturaleza de cada entidad. El sistema judicial, la red de servicios públicos, son terrenos dominados por el clientelismo político, en todos ellos la participación ciudadana es prácticamente inexistente. La separación y autonomía de poderes y la rendición de cuentas al ciudadano no fueron nunca principios obligantes del sistema político venezolano.

Hoy lo que está en ruinas en Venezuela no es solo el petróleo, las empresas mineras de Guayana, el Tribunal Supremo de Justicia, la salud, la educación; lo que está en quiebra es el modelo estatizador extendido hasta sus confines, económicos, culturales, éticos. Una muestra de que una institucionalidad democrática sin ciudadanos es imposible de existir.

El gran problema lo constituye un hecho que siempre afloraba y se vuelve imposible de ocultar, todas las instituciones socialistas significan, acarrean, directamente pérdidas; la aparente calidad de vida desapareció, hasta alimentarse es difícil, la vida cotidiana se trastorna por organizaciones estatizadas que martirizan al ciudadano en su cotidianidad.

En la Rusia soviética las bodegas del pueblo eran del Estado y el bodeguero un empleado del Estado comunista que trataba a los habitantes del pueblo según las instrucciones del partido único. En Venezuela los presidentes de las empresas básicas son todos fieles al partido.

Una conclusión simple es que la economía estatizada basada en planificación central definitivamente nunca ha servido, es un fracaso imposible de ocultar al igual que en la URSS, la justicia, la salud, la educación, los alimentos, las viviendas y todo aquello necesario para vivir amablemente. Esa fue la gran enseñanza histórica, el estatismo- comunismo donde se implantó el atraso, social, cultural, económico, político y la injusticia. El pueblo no era incluido y los únicos beneficiarios eran las elites revolucionarias. Ninguna de las instituciones creadas por el socialismo podía ser inclusiva, porque en realidad representaban el fin de la libertad individual como fuerza creadora. Era ignorar la propuesta de la escuela austriaca centrada en la “acción Humana, precisamente lo que se necesitaba, elaborada partiendo de sólidos axiomas praxeológicos, centrada en el análisis del hombre que actúa, en el estudio del individuo que persigue objetivos dentro de este nuestro mundo real”. Allí esta Cuba como un escenario miserable de la destrucción humana e institucional de esa isla.

“Hoy nos toca construir nuevas instituciones basadas en el respeto a las personas y a sus proyectos de vida”

Volviendo a la pregunta inicial: ¿Por qué nuestras instituciones han sido tan débiles ante la arremetida comunistoide de Chávez y Maduro? La respuesta no está solo en los errores de la oposición, en sus equivocaciones tácticas para responder la arremetida de la banda chavista. En una Latinoamérica plagada de fantasmas como el Che Guevara, leyendo “Las venas abiertas de América Latina”, era casi imposible creer que la prédica marxista era el principio de la destrucción.

Ante ese panorama, la respuesta que encontramos -hasta hoy- era que nuestras instituciones eran débiles desde su nacimiento porque, paradójicamente, aunque se anunciaban como democráticas obedecían a una visión concentrada, estatista, con manejo discrecional del poder, cuya tarea era repartir de acuerdo con sus inclinaciones y preferencia los recursos que entraban torrencialmente en el país. En el periodo democrático nos dedicamos a construir un gran Estado, rico, poderoso, los ciudadanos éramos un poco más que espectadores.

Las posibilidades de existencia de instituciones sólidas e independientes, que garantizaran un equilibrio del poder estaban oscurecidas porque la riqueza nacional derivada del auge petrolero y del poder que significaba su distribución, dependieron de una decisión concentrada, un solo poder público centralizado que dominaba al resto del país; además con el control de la riqueza como lo establecen los Artículos 302 y 303 de la Constitución. En síntesis, sin querer queriendo creamos un Estado con poder sin límites que sobrepasaba el espíritu democrático. A diferencia de nosotros, en el reino de Noruega el gobierno no interviene en el manejo de la industria petrolera, ella está en manos expertas, el gobierno solo define la visión estratégica. ¿A quién beneficia esta riqueza?

Sin embargo es menester reconocer que el país funcionaba mejor cuando el presidente de la República y sus partidarios eran gente decente, respetuosos de la sociedad y de sus representantes. Por el contrario, si el que comandaba el Estado era una persona con debilidades, sin una estructura de valores que privilegiara la libertad y la condición ciudadana, al país podía irle muy mal, pues dependía de alguien que tenía un poder sin límites, los ciudadanos estaban sometidos a lo que fuese esta autoridad como político y ser humano.

En Venezuela nunca existieron instituciones fuertes, solidas, como quizás han existido en Colombia, condición que le ha permitido al fiscal general de ese país enfrentar al presidente de la República y negarle que este sea su jefe, tal como acaba de ocurrir con el fiscal Francisco Barbosa. ¿Podría usted imaginar una escena parecida en Venezuela antes o después del SSXXI?

Tiene razón Rafael Quiñones cuando habla de la declinación de los decentes, derivada de la debilidad de nuestras instituciones: “Esa debilidad institucional, tanto en lo económico como en lo político, obviamente estancó los avances sociales alcanzados en los primeros lustros de la democracia y paralizó el vertiginoso proceso de reducción de pobreza que el país experimentaba desde 1958”.

No podemos seguir equivocándonos, tenemos que enfrentar la causa generadora de la debilidad institucional, que no son fallas personalistas, ni simple afán de poder y corrupción. No es aventurado pensar que desde un principio Venezuela construyó el camino que permitía que en cualquier giro de la historia surgiera una banda ambiciosa, descontrolada e ignorante que tomará el poder y doblegara sus instituciones, pues nuestras principales instituciones ya habían nacido y crecido torcidas. No estaba claro, ni era evidente que existieran los anticuerpos contra el abuso del poder.

Fue necesario que tomara el poder la dupla Chávez- Maduro para que la verdad reluciera. A pesar de que durante las décadas democráticas el batallón de decentes creció, no así prosperó la necesidad de crear unas bases institucionales sólidas. La independencia de los poderes no fue nunca el gran destino ni objetivo del liderazgo político, dependimos siempre de las cualidades personales de cada responsable de decisiones, si era buena persona, algo que ocurría con frecuencia, la gestión institucional podía ser buena; en el caso contrario, la destrucción, la corrupción arrasaba como río en conuco. 

El caso más patético quizás era la inexistencia del Estado de Derecho como fortaleza institucional. ¿Acaso, siempre existieron las bandas judiciales? En cuál situación estaban aquellos elementos que traslucían que el Estado de Derecho estaba plenamente vigente, eran claros los límites al poder del gobierno, el castigo a la corrupción, el respeto a los Derechos Humanos, la seguridad, la justicia, civil y penal, cuáles anticuerpos existían frente a la corrupción con dineros públicos. Era incuestionable la elección de una Corte Suprema de Justicia acorde con los preceptos legales establecidos y de forma transparente para los ciudadanos. Existían los procesos necesarios para designar jueces por concurso libres de presión ideológica. Estaban restringidos los poderes gubernamentales. Era clara la separación y autonomía de poderes, se le rendían cuentas al ciudadano. ¿El ciudadano existía o era una ficción?

Nuestras instituciones nacieron débiles cuando se decidió que el Estado controlaría la economía, es decir, el petróleo; convertido en distribuidor de la riqueza sin supervisión real. Bajo estos preceptos se construyó un Estado enquistado como el gran propietario de una riqueza manejada y distribuida directamente desde el Poder Ejecutivo. Es cierto que la riqueza petrolera en manos de personas decentes alcanzó grandes éxitos en los principios de la democracia, pero la ausencia de un tejido institucional que pusiera límites al poder era el agujero negro por el cual se esfumarían los logros democráticos.

Hoy quizás hemos tenido por primera vez una percepción de que algo ha cambiado, aunque el pesimismo y la creencia de que el cambio político es imposible, que no queda más que convivir con lo peor de las últimas dos décadas. Valoremos frente a la capitulación pesimista de los decentes, el poder del ciudadano común que desobedeció a quién lo esclaviza. ¿Acaso lo que ocurrió el 22 de octubre y el 3 de diciembre fue algo trivial o una muestra de un país que ha decidido comprometerse y desplegar una acción humana que signifique luchar por su libertad?

Es urgente en los nuevos tiempos superar el pesimismo que parece dominarnos, y reconstruir entre nosotros el concepto de democracia. Las políticas macroeconómicas pueden ser muy acertadas e ilusionarnos con ciertas ideas de bienestar al costo muy alto de nuestra libertad, tal como exhibe hoy el gobierno de China. La posibilidad de cambio depende de algo que no se puede obviar: la obligación de tomar conciencia sobre nuestra responsabilidad ciudadana, y lograr que prevalezca la acción  humana como conductora de una sociedad libre y responsable.

En realidad dependíamos de la decencia de las personas más que del poder de las instituciones, que no eran parte de una red al servicio del ciudadano. Hoy nos toca construir nuevas instituciones basadas en el respeto a las personas y a sus proyectos de vida, y no en el afán de dominación y control.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.