Con la posible venta de la filial de Pequiven en Colombia, Monómeros, se podría utilizar el refrán de «qué es una raya más para un tigre», dada la actuación del chavismo-madurismo en las últimas dos décadas en las que optaron por desprenderse de activos importantes del Estado venezolano en el exterior y de cuyos recursos generados por esas privatizaciones no se rindió cuentas
La posible venta de Monómeros, la empresa venezolana con sede en Colombia, encendió las alarmas en el país al ser develada por el presidente colombiano Gustavo Petro el pasado sábado 9 de noviembre. En la carta que envío al gobernante venezolano Nicolás Maduro y que hizo publica en sus redes sociales se opone a la venta de la filial de Pequiven, la cual hasta ahora no ha sido confirmada ni negada por Venezuela.
De concretarse esta operación, Monómeros se suma a la larga lista de importantes activos venezolanos en el extranjero que en más de una década se ha desprendido la administración chavista-madurista. Estas ventas, además, han sido cuestionadas por expertos legales y parlamentarios de la oposición venezolana que señalaron la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los recursos obtenidos. Igualmente, advirtieron que estas transacciones son un contrato de interés nacional y por lo tanto debieron ser autorizados por la Asamblea Nacional.
Desde que el presidente Petro dio a conocer la información hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de Pequiven, la principal accionaria y dueña de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., ni por parte del ministro de Industria, Alex Saab, nombrado por el mandatario colombiano de ser el impulsor de esta venta. Esto se enmarca en la opacidad de la información oficial que ha caracterizado a la administración de Maduro.
Monómeros es una sociedad de carácter privado, que goza de autonomía para el desarrollo de sus actividades y manejo de sus recursos, conforme al artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, controlada por su matriz extranjera, Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), cuyo objeto social es la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios principalmente, desde su muelle en la Zona Portuaria de Barranquilla.
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) en el país andino ejerce vigilancia permanente sobre Monómeros, para velar por que en su funcionamiento se ajuste a la ley y a los estatutos en asuntos societarios y contables, recuerda el organismo. Por lo que cualquier operación de la filial venezolana en ese país deberá contar con el visto bueno del ente. Por otra parte, Monómeros está sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos desde 2017, y entre 2019 hasta 2021 estuvo bajo el gobierno interino de Juan Guaidó, hasta que volvió a las manos de la administración de Maduro al ser devuelta por Petro.
El abogado José Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino, afirmó recientemente en entrevista al programa Noche D de TalCual que para Venezuela será muy cuesta arriba la venta de la empresa. «Maduro ignora dos cosas básicas: la importancia estratégica de Monómeros en la agroindustria de Colombia y; en segundo lugar, que es un activo sancionado por Estados Unidos con una licencia muy limitada que vence el año que viene. Por lo tanto, hay que ser muy osado para vender un activo que está sujeto a un régimen de sanciones».
Según las últimas cifras que Monómeros entregó a Supersociedades, al 31 de diciembre de 2023, manejada hoy por ejecutivos venezolanos designados por Maduro, tenía las siguientes cifras: un activo de 1,4 billones de pesos (312,4 millones de dólares), un pasivo de $903.900 millones de pesos ($201,7 millones), un patrimonio de 853,9 millones ($19 millones), ingresos de actividades ordinarias por 853.993 millones de pesos ($109 millones) y una utilidad neta de 1.085 millones de pesos ($242.114). De acuerdo a la información suministrada por especialistas en el área y por los propios representantes de la Superintendencia, la compañía de fertilizantes goza de buena salud financiera.
Actualmente, la empresa representa casi 30% de la producción de fertilizantes en el mercado colombiano y abastece al 80% de los productores y campesinos de ese país.
*Lea también: Noche D | José Ignacio Hernández: Venta de Monómeros puede incomodar al gobierno de Petro
La posible venta de Monómeros otorgaría a la administración de Nicolás Maduro dinero fresco en momentos de caída de los ingresos del Fisco, el cual aún depende de los recursos por exportación petrolera y cuya producción se mantiene en volúmenes bajos. De acuerdo a informaciones suministradas por el medio El Colombiano, se propuso un monto de 300 millones de dólares por la empresa de fertilizantes ubicada en Colombia, pero no hay claridad sobre quién sería el comprador. Sin embargo, la venta de activos venezolanos en el exterior ha sido una constante en los últimos 20 años, incluso cuando las divisas por crudo entraron al país en grandes proporciones. En un período de 10 años, Venezuela recibió más de 1 billón de dólares por concepto de renta petrolera, el monto más alto de su historia.
A juicio del abogado José Ignacio Hernández, el Ejecutivo está en la tarea de vender activos en el exterior para evitar el pago a los acreedores de la deuda y obtener dinero. Dijo que Monómeros, al igual que la refinería Citgo en EEUU, fue utilizada como un «vehículo financiero» para darle recursos a Pequiven y saltarse las sanciones.
«Esto nos da una clara imagen de que el régimen de Maduro maneja todos los activos externos con total opacidad y es parte de lo que yo he llamado la privatización de facto del Estado venezolano que ha adoptado Nicolás Maduro», dijo Hernández.
La venta de los activos en el exterior no solo comenzó por la industria petrolera, sino que fue la punta de lanza del proceso privatizador de las empresas del Estado venezolano.
La primera refinería con que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) comenzó su proceso de liquidación de su infraestructura fuera del país fue Antwerp, ubicada en Bélgica, al desprenderse en 2004 de 50% de la participación accionaria que tenía en la empresa, con una capacidad de 14.000 barriles diarios (b/d). Durante la gestión de Hugo Chávez se argumentó que la medida de vender las refinerías (además de grandes plantas de asfalto), formaba parte de un plan para salir de «activos no estratégicos y no alineados con las políticas de alianzas comerciales que requerían Pdvsa y el país».
Desde entonces, la petrolera siguió con su política de venta de activos y pasó de tener la propiedad o el acceso a 27 refinerías dentro y fuera de Venezuela en 1999, a contar con solo nueve en 2020, y ahora en 2024 de las tres que quedan en el exterior corren riesgo de perderse al haber sido demandada la República y Pdvsa por cientos de acreedores: el complejo refinador Citgo Petroleum.
En todas estas operaciones imperó la opacidad. Se desconoce cuánto fue el monto obtenido por las ventas, si hubo un avalúo, si se llevó a cabo un proceso de licitación y si los recursos se invirtieron en la propia industria.
En Europa hubo nueve refinerías en las cuales Pdvsa tenía una importante participación accionaria con capacidad para refinar 968.000 b/d. Cuatro de estas refinerías que conformaban el circuito de Ruhr Oil en Alemania se vendieron a Rusia en 2010. Antwerp en Bélgica fue vendida en 2003 y otras cuatro más en Inglaterra, Suecia y Escocia en 2020. Cuatro refinerías que pertenecían a Citgo fueron vendidas entre 2006 y 2015 (Lyondell, Chalmette, Paulsboro y Savannah), quedando solo tres (Lake Charles, Lemont y Corpus Christi).
Pdvsa contaba con la refinería Isla en Curazao, Petrojam en Jamaica y Refidomsa en República Dominicana con capacidad para procesar 404.000 b/d entre las tres. Cabe acotar que, en el gobierno de Maduro, Pdvsa no renovó el arrendamiento de la refinería Isla y se perdió el contrato, las acciones de Petrojam fueron expropiadas por el gobierno jamaiquino y Refidomsa fue canjeada para pagar unos bonos de deuda en 2021. Esta última operación, ejecutada en la gestión del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami (hoy detenido por corrupción y lavado de dinero), es considerado uno de los peores negocios de Venezuela.
*Lea también: Petro se opone a la privatización de Monómeros en carta dirigida a Maduro
El proceso de activos de Venezuela no se suscribió solo a la industria petrolera, también se desprendió del oro monetario de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV).
Venezuela fue uno de los países con mayores reservas de oro monetario en el mundo, cuando en 2011 se situaban en 365,82 toneladas. Con esta cifra se llegó a posicionar en el puesto 16 en el ranking mundial. En ese momento, 42% (154,47 t) de las reservas de oro se encontraban bajo custodia en las bóvedas del BCV, mientras que el restante 58% (211,35 t) se hallaba depositado en bancos en Inglaterra (46,44%), EEUU (5,85%), Suiza (3,24%) y Canadá (2,25%).
Hugo Chávez ordenó en 2011 la repatriación del oro monetario al afirmar que era necesario asumir el control físico de estos activos en el país, es decir, en las bóvedas del BCV, lo cual se hizo efectivo en 2012. En ese entonces, analistas, advirtieron que las verdaderas razones eran que el gobierno «quería el manejo directo y discrecional de las barras de oro», a lo que sumó el temor de Chávez de que sobre esos activos pudieran recaer sanciones internacionales.
Con esta repatriación, 315 toneladas quedaron en el ente emisor venezolano, mientras que un remanente de 31 t se mantuvieron en el Banco Central de Inglaterra y a las cuales el país no tiene acceso tras un litigio.
Desde 2014, Maduro comenzó a hacer un uso intensivo de las reservas de oro. En cinco años, estas reservas mostraron una caída de 66% al pasar de 360 toneladas en 2013 a 161 toneladas en 2018. De acuerdo a las últimas cifras suministradas por el BCV al Consejo Mundial del Oro, Venezuela contaba con 79 t en 2021. No obstante, de acuerdo a los estados financieros del Banco Central al cierre de 2023 quedaban apenas 61 toneladas. El uso de los recursos obtenidos por estas operaciones tampoco fueron dadas a conocer por las autoridades monetarias y financieras.
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