Un complot ‘fake’ en Venezuela: El show de los explosivos de Diosdado Cabello y las dudas sobre su veracidad

Luces, cámara y acción. Aparece el protagonista y pronuncia su línea con voz y gesto graves: “Si aquí alguien pusiera un dispositivo para explotar, no quedaría nada”. Es Diosdado Cabello Rondón, Ministro de Relaciones Interiores, quien actúa en un galpón industrial de El Tigre, estado Anzoátegui, acondicionado para la ocasión como un set de televisión.

Allí se escenificaba un allanamiento el pasado 14 de agosto. “Si todo esto explotara al mismo tiempo tendría una onda letal de 911 metros, casi un kilómetro, no quedaría nada, ni nadie”, insistía Cabello quien, para aumentar tanto la verosimilitud como el efecto dramático de la puesta en escena, pasó a describir con lujo de detalle el tipo de explosivos encontrado en el lugar. Las cámaras lo seguían en una especie de travelling mientras recorría el lugar, junto a un séquito de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) y del denominado Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES). También lo acompañaba el gobernador local, José Luis Marcano, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Apegándose al libreto, lleno de conjeturas y suposiciones, el número dos del chavismo apuró las conclusiones de la investigación para apuntar directamente a la oposición venezolana como instigadora del acopio de explosivos, destinados a una presunta campaña terrorista. Para Cabello se trataba de los rastros de un plan conspirativo contra el régimen de Nicolás Maduro, que vinculó con un complot para llevar a cabo un supuesto atentado que tendría lugar en la Plaza Venezuela de Caracas, pero que los cuerpos de seguridad malograron a tiempo. “Uno revisa los vínculos y se da cuenta de que dos más dos son cuatro, y los vínculos no son buenos”, dijo como para alimentar las sospechas sobre una conspiración más amplia.

Cabello relató que el allanamiento era la culminación de una serie de diligencias detectivescas que había comenzado días antes, el 9 de agosto, en el vecino estado Monagas, y que “parte de esa investigación nos trae hasta el estado Anzoátegui”.

Los registros se practicaron en sedes de dos compañías vinculadas a la explotación de la cuenca petrolera del oriente de Venezuela, cuyos nombres Cabello no reveló, pero que fuentes confiables identificaron para Armando.info como Servicios Integrales Leimar C.A. (Silca), con oficinas en Anzoátegui y Monagas, y Técnica Petrolera WLP, con presencia solo en Monagas, cuyo propietario es un empresario italiano de 77 años de edad que ahora se encuentra bajo arresto.

Ambas empresas tienen un largo historial de negocios con la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), algo que ya de por sí refuta algunas aseveraciones de Cabello al respecto. Además, se sabe bien que los explosivos son suministros indispensables para diversas etapas de la prospección y producción petrolera. Así que, anticipándose a la obvia coartada que se desprende de ambas consideraciones, el ministro del Interior se apresuró a precisar que “no hay explosivos sólo para la industria petrolera, si es explosivo, es explosivo, y le hace daño a cualquiera donde explote”.

Pero la salvedad que por adelantado Cabello Rondón extendía a su pretendida investigación no alcanzó a cubrir otras inconsistencias que saltan a la vista al examinar las imágenes del operativo policial que, en su momento, transmitió la estatal Venezolana de Televisión (VTV), así como las que contienen las fotografías difundidas por el propio Ministerio de Relaciones Interiores. Por ejemplo, buena parte de los explosivos fueron fabricados en alianza con la empresa argentina Explosivos Tecnológicos Argentinos S.A (Etasa) por la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que el Ministerio de Defensa controla; otra parte de lo incautado corresponde a productos de empresas trasnacionales cuya importación depende de permisos que solo otorgan la propia Cavim y la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex). Por si fuera poco, en los galpones se encontraron muchos explosivos vencidos.

Estos son solo algunos de los pormenores que, sumados, no solo permiten tener dudas sobre la versión oficial. También ofrecen fundamentos para afirmar que la presunta conjura para cometer atentados explosivos es una trama prendida con alfileres, a punto de volar en pedazos.

Dudas explosivas

Una de las afirmaciones que sostuvo Cabello durante el allanamiento del 14 de agosto era que la compañía del galpón tenía ocho años sin contratar con Pdvsa, una circunstancia que condimentaba sus sospechas. “Si no tienes trabajo con Pdvsa, ¿por qué tienes esta cantidad de explosivos aquí? ¿Por qué tienen esa cantidad de explosivos en Maturín, que son las mismas empresas? ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Generar el caos en este país? ¿Cuántas muertes iban a causar?”, cuestionó.

Tanto ese almacén, como otro donde el Ministro de Relaciones Interiores y su elenco habían incursionado días antes en Monagas, pertenecen a Servicios Integrales Leimar, o Silca. Según el RNC, esta compañía acumuló 39 contratos con Pdvsa y otras filiales de la estatal petrolera, como Pdvsa Gas, o con empresas mixtas como Petromonagas o Petropiar, de 2013 a 2020, un historial que desmiente la versión de Cabello.

Los contratos correspondieron a la prestación de servicios como “perfilaje para pozos en hoyo abierto”, “servicio integral de guaya eléctrica” o “servicio integral de guaya eléctrica para cañoneo convencional de pozos”, entre otros que requieren del manejo experto de explosivos, como los mostrados por Cabello en televisión.

Pero la relación entre la empresa y Pdvsa se mantuvo hasta fechas aún más recientes, a juzgar por informaciones publicadas en redes sociales. En su perfil en Instagram, Servicios Integrales Leimar reseñó algunas reuniones que celebró con trabajadores de Pdvsa entre agosto y septiembre de 2023. En la misma cuenta de esa red social se ve al gobernador de Anzoátegui, José Luis Marcano, funcionario que más tarde acompañaría a Cabello en los allanamientos, mientras saludaba al personal de Silca en la Expo Industria Anzoátegui 2023, realizada en septiembre de ese año en Lechería, una ciudad turístico-comercial aledaña a Barcelona, capital del estado.

Fuentes de la industria petrolera aseguraron que hasta 2024, al menos, conocieron de servicios prestados por la compañía a Pdvsa en el norte de Monagas. “Ellos son expertos en explosivos, siempre se ha pensado que tienen buenas relaciones con el gobierno por la cantidad de contratos y el stock de explosivos que manejan”, destacó una fuente que pidió reservar su identidad.

Los dueños de Servicios Integrales Leimar son Óscar José Leiva Castillo y sus hijos, Jimmy José Leiva Martínez y José Ángel Leiva Martínez. Los tres son también socios de una sociedad homónima registrada en Florida, Estados Unidos, en 2018. Fuentes conocedoras de la empresa aseguraron que los tres fueron detenidos tras los allanamientos. La compañía no contestó ninguna de las peticiones de entrevistas que el autor de esta historia envió por correo electrónico.

¿Por qué Diosdado Cabello aseguró que tenían ocho años sin contratar con Pdvsa? La respuesta a esa interrogante podría encontrarse en una confusión que tiene origen en la historia misma del emprendimiento, que cambió de nombre sobre la marcha. Servicios Integrales Leimar se creó en 2007, pero Leiva Caatillo había fundado antes la Cooperativa Cable Petroalca 12 R.L. “Servicios Integrales Leimar C.A nació en el año 1999 en la ciudad de El Tigre, Anzoátegui, como Cooperativa Cable Petroalca 12 R.L. (…) Tenemos una larga lista de clientes satisfechos en Pdvsa y en las diferentes empresas asociadas a ella”, cuenta la empresa en su sitio web.

Según el RNC, la pionera Cooperativa Cable Petroalca 12 R.L también tuvo un largo recorrido como contratista de Pdvsa. Entre 2006 y 2017 acumuló hasta 24 contratos con la estatal petrolera y varias de sus filiales en el oriente del país. El último contrato adjudicado a su nombre data de 2017, hace justamente ocho años, el período sin contratar al que Cabello hizo referencia.

Cabello también insinuó que los dueños mantenían relaciones cercanas con con dirigentes de la oposición. “Cuando tú revisas quiénes son los dueños, quién es la consultora jurídica de la empresa, los vínculos que tienen con los sectores extremistas de La sayona [apodo con el que alude comúnmente a María Corina Machado, la líder de oposición que hoy se encuentra en la clandestinidad], entonces ya todo queda muy claro y es parte de esta investigación”, soltó como una conjetura pre-probada el 14 de agosto, durante el allanamiento al hangar industrial de El Tigre.

Sin embargo, lo verificable en documentos es que dos de los socios de Servicios Integrales Leimar, Óscar Leiva Castillo y José Leiva Martínez, aparecen inscritos en el PSUV.

Cabello abundó en otras conexiones de la presunta conspiración, entre ellas, los vínculos “de la consultoría jurídica”. Entre el primer allanamiento, del 9 de agosto en Monagas, y el del 14 de agosto en Anzoátegui, el ministro hizo una presentación ante la Asamblea Nacional, en la que informó sobre la detención de la jueza Lisbeth Del Valle Rondón y de su esposo, que sirve como abogado a Servicios Integrales Leimar. “Inmediatamente una juez llamó y dijo: ‘tengan cuidado porque ahí hay gente importante’, bueno, esa juez va a tener que rendir cuentas a la justicia porque alguien la llamó a ella y que aclare la duda”, dijo Cabello.

El diario oficialista Últimas Noticias informó luego que la jueza Rondón fue imputada por “retraso u omisión intencional de funciones (agravado), persuasión e inducción a delinquir, uso indebido de información o datos reservados y agavillamiento”, y que el presidente del Circuito Penal de Monagas, José Luis Arzolay, también fue citado a declarar ante agentes de la Policía Nacional luego de la detención de la jueza.

Técnica Petrolera WLP fue la otra empresa que habían allanado el 9 de agosto en Monagas. También cuenta con un historial nutrido como contratista de Pdvsa. Fundada en 1997, entre los años 2000 y 2024 captó 60 contratos de la estatal petrolera y varias de sus filiales, especialmente en el oriente del país, en trabajos como el de cañoneo de pozos con explosivos. El dueño de la compañía es el empresario italiano Luigi Gasperin, quien fue detenido tras el allanamiento de la oficina principal de la compañía en la avenida Ugarte Pelayo de Maturín, capital del estado Monagas. Fuentes confirmaron que autoridades diplomáticas italianas ya tienen conocimiento del caso.

Una imagen vale más que un cuento

Las fotografías difundidas por el Ministerio de Relaciones Interiores arrojan más dudas sobre el supuesto complot que Cabello Rondón proclamó haber destapado.

En varias de las cajas contentivas de cargas huecas, un tipo de explosivo que se usa para los trabajos de cañoneo en los pozos petroleros, se leen rótulos que confirman que fueron producidas con Cavimeta, esto es, la alianza entre la empresa de la Fuerza Armada, Cavim, y la compañía argentina Explosivos Tecnológicos Argentinos S.A (Etasa).

“Cavim es el único ente que puede vender y la Daex [la Dirección General de Armas y Explosivos] da los permisos”, explicó una fuente que pidió reservar su nombre por lo “delicado” del caso.

Pero durante los allanamientos en los galpones de Anzoátegui y Monagas, Cabello insistía en su tesis de que “no hay explosivos solo para petróleo”, como remachó el 14 de agosto en las instalaciones de Servicios Integrales Leimar.

Medios de comunicación adscritos al oficialismo, como La Tabla, a la postre replicados ante audiencias internacionales por la cadena TeleSur, fueron aún más lejos al comparar el hallazgo en los depósitos industriales al oriente del país con un caso reportado por la prensa internacional, en el que explosivos de la argentina Etasa terminaron en manos del grupo terrorista ISIS en Siria. “Lo que inicialmente parecía un alijo de material para la industria petrolera rápidamente adquirió tintes de amenaza terrorista: las cargas, según evidencia técnica y documental recopilada por la plataforma investigativa La Tabla, son idénticas a las utilizadas por el Estado Islámico (ISIS) en Siria entre 2014 y 2017”, reseñó la cadena TeleSur el 10 de agosto, tras el primer allanamiento en Monagas.

Tanto esa presunta revelación investigativa como el propio Cabello Rondón pasaban por alto que Etasa es socia de la Fuerza Armada venezolana a través de Cavim. y que fueron ellos quienes fabricaron las cargas huecas, precisamente, para proveer a compañías del ramo petrolero como Servicios Integrales Leimar o Técnica Petrolera WLP.

La alianza entre los argentinos y Cavim, que no es nueva sino que se remonta al año 2000, se formalizó bajo el paraguas de una persona jurídica registrada en Venezuela, Explosivos Tecnológicos Venezolanos C.A. La planta conjunta, ubicada en instalaciones militares a las afueras de Maracay, capital del estado Aragua, fue inaugurada tres años después. “Desde este momento [año 2003] hemos estado produciendo cargas huecas para satisfacción del mercado nacional”, se lee aún hoy en una página web que, en cualquier caso, luce desactualizada.

La información corporativa de Etasa, la empresa argentina aliada con Cavim, también menciona la planta de Venezuela como uno de los lugares donde fabrica explosivos para la industria petrolera y pone los datos de la fábrica en su información de contacto.

Pero nada de eso fue tomado en cuenta por Cabello Rondón a la hora de construir su relato. Por el contrario, insistió en la peligrosidad de las denominadas cargas huecas si se le da un uso distinto al de la industria petrolera: “Esto que tenemos aquí para un terrorista es oro puro (…) Esto explota y se parte en mil pedazos, son esquirlas, como una granada”, explicó en el allanamiento del 9 de agosto con uno de esos explosivos en la mano.

Para agregar dramatismo, el ministro de Interior no excluyó la posibilidad de que en esa nave industrial pudiera encontrarse C4, un explosivo plástico usado con frecuencia en atentados con bombas por su potencia, maleabilidad y facilidad de transporte: “No descartamos que en esas cajas haya C4, que en esas cajas haya dinamita, que en esas cajas haya otros elementos explosivos”, se aventuró a decir.

Una providencia administrativa de la Daex establece que ninguna compañía petrolera puede tener más de 50 kilogramos de explosivos almacenados en sus dependencias pero, según Cabello, solo en el depósito de Servicios Integrales Leimar en El Tigre había un total de 1.500 kilogramos de explosivos.

En el resto de fotografías difundidas por las autoridades se ven productos fabricados por empresas trasnacionales dedicadas a la producción de explosivos de uso industrial, como Dyno Nobel, Core Laboratories o Jet Research Center, entre otras.

Las imágenes también revelan la presencia de explosivos vencidos en los galpones de Servicios Integrales Leimar, tanto en Anzoátegui como en Monagas. En algunos casos, los productos fueron fabricados hasta hace más de diez años, según se desprende de las etiquetas y los empaques.

Tras los allanamientos televisados y comandados por Cabello Rondón la suerte de ambas contratistas de Pdvsa es incierta. En el caso de Servicios Integrales Leimar, los trabajadores ni siquiera cobraron el pago quincenal que debieron recibir a finales de agosto, según confirmaron fuentes a Armando.Info.