un acto arbitrario y represivo

La suspensión de pasaportes a ciudadanos de diferentes sectores forma parte del menú de la represión en Venezuela. El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sostiene que se busca sembrar miedo. Por su parte, el abogado Luis Guillermo Palacios señala que la medida injustificada va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes venezolanas. ONG recuerdan el guion de persecución en Nicaragua

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la anulación injustificada de pasaportes se ha convertido en una de las caras de la represión en Venezuela. La medida alcanza a ciudadanos dentro y fuera del país y no discrimina roles: dirigentes políticos, activistas, académicos, defensores de derechos humanos, migrantes y periodistas.

El 14 de agosto, en un comunicado, más de 25 ONG solicitaron a los Gobiernos de Latinoamérica asumir “acciones concretas” para frenar la crisis de derechos humanos en el país. Dentro de sus señalamientos, las organizaciones denunciaron la invalidación de pasaportes, “en un momento en el que la escalada de amenazas y amedrentamientos (…) ha obligado a decenas de personas a resguardarse o a pensar en el exilio forzado para preservar su vida y libertad”.

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sostiene que una de las razones de la anulación del pasaporte es la intimidación y el miedo que se ha querido sembrar en la ciudadanía con este tipo de medidas.

“En Venezuela se despliega un menú del terror, donde hay muchos elementos involucrados: Está el tema de las redes sociales, la revisión ilegal del teléfono y varias situaciones en las que se ve que la represión va en aumento y la gente está con miedo, además están los videos que han circulado de organismos de seguridad del Estado con música del terror; el marcaje de casas», asevera.

Califica la suspensión de documentos como un instrumento más de la intimidación. «No es algo aleatorio ni aislado, es una política pública de sembrar el miedo en la población”, sostiene.

El abogado Luis Guillermo Palacios, profesor de la Universidad San Sebastián de Chile, expresa que la Constitución Bolivariana en su artículo 56 establece el derecho a la identidad, y añade que eso comprende la identificación.

El segundo apartado del artículo 56 de la Constitución Bolivariana de 1999 indica: “Toda persona tiene derecho (…) a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley”.

Palacios refiere que  la Ley Orgánica de Identificación establece el derecho de los venezolanos a poseer medios de identificación otorgados por el Estado: la partida de nacimiento, la cédula de identidad y el pasaporte.

La ley dice que el pasaporte es el medio de identificación de los venezolanos en el extranjero, por lo tanto, la suspensión de un pasaporte implica una afectación de este derecho. El abogado destaca que la anulación de los pasaportes a migrantes aumenta su vulnerabilidad que se traduce en aspectos como la renovación de sus visados y el acceso a permisos de trabajo.

«En el caso de los venezolanos que están en Venezuela, hay otras restricciones como la del derecho a la libre movilidad de las personas que ha sido una práctica frecuente desde que nos volvimos un país migrante. Es un obstáculo a la libertad ambulatoria, en el derecho a ingresar y en el derecho a salir del país», puntualiza Luis Guillermo Palacios.

Asimismo, el abogado señala que la medida asumida por el Saime va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla del reconocimiento de la pers0nalidad jurídica.

La anulación arbitraria de pasaportes luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio afecta a venezolanos que están en el país y también a los migrantes

«En derecho, alguno de los atributos de la personalidad están directamente asociados a la identificación. Estas suspensiones, sin duda evidencian un actuar arbitrario y es una forma de represión. Se está castigando a los sectores que expresaron disenso con el gobierno», puntualiza.

Luis Guillermo Palacios explica que la suspensión del pasaporte puede darse, por ejemplo, durante un proceso penal en el que se toman medidas provisorias, cautelares, para impedir que la persona abandone el país, o en los cuales se produjera un procedimiento administrativo.

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«Pero, en los casos que hemos visto en las redes sociales, ninguna de las personas a las que se le ha anulado el pasaporte, al menos tiene conocimiento de estar siendo sometida a un proceso judicial o administrativo que conlleve una medida de este tipo», subraya el profesor.

La actuación del Saime

El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia,  enfatiza que pareciera que la anulación de los pasaportes está dentro de las competencias del Saime y que es algo que puede realizarse de manera discrecional, pero no es cierto.

“La Ley Orgánica de Identificación habla solo de la anulación de cédulas en supuestos muy concretos, por ejemplo, cuando hay un forjamiento, cuando hay datos falsos. Pero, no dice nada de los pasaportes”, explica el director de Acceso a la Justicia.

Señala que el Reglamento Parcial de la Ley de Identificación (2021) contiene una norma según la cual el pasaporte puede ser invalidado ante varios supuestos: Robo, hurto, extravío, deterioro considerable; alteración o enmendadura de los datos y por orden administrativa y judicial.

“Sin embargo, los reglamentos no pueden afectar derechos humanos y menos el derecho a la identidad, los derechos humanos solo pueden ser alterados, regulados por vía legal», acota.

Daniels explica que, si existe una orden administrativa, debe regirse por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que dice, en sus artículos 82 y 83, que la administración puede declarar la nulidad de un acto, pero esto tiene que ser bajo los supuestos del artículo 19 de la misma ley y esto implica que el acto contenga un vicio de nulidad.

El director de la ONG subraya que en el caso de las personas a las que le expidieron un documento con todos sus requisitos, no existe ningún vicio en los actos ni un procedimiento previo.

«Las irregularidades con los pasaportes se hacen en un momento donde hay una suspensión de garantías de facto», destaca Alí Daniels.

Todo esto con el agravante de que “nadie va ir a un tribunal a que declare un amparo contra el Saime porque sabemos que los tribunales no están para proteger a los ciudadanos, sino para proteger al poder Ejecutivo».

También advierte: «Estamos en una situación de indefensión absoluta y el terror ha llegado a tal punto que hay gente que se ha inhibido de consultar su pasaporte por el miedo a que si ven que entró al sistema, le anulan el pasaporte”.

Son medidas ejemplarizantes e incluso alcanzan a gente que no tiene perfil público ni actividad política, en algunos es caótico y en otros hay un patrón como ocurre con los defensores de DDHH y periodistas.

Asimismo, el abogado sostiene que la medida implantada desde el gobierno también atenta contra el derecho a defender derechos. En este punto se refiere al caso del activista Yendri Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, quien el 3 de agosto se le anuló el pasaporte luego de ser detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y desaparecido por unas horas cuando se disponía a viajar a la sesión del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas.

Pasaportes y detenciones

El jueves 15 de agosto, la ONG Laboratorio de Paz informó en sus redes sociales que ha recibido denuncias de personas que «se han acercado al Saime a preguntar sobre inconvenientes con sus pasaportes y han sido retenidas por varias horas».

Estamos recibiendo preocupantes denuncias sobre personas que se han acercado al Saime a verificar la condición de sus pasaportes pic.twitter.com/PjMRnOaBwy

— LabPazVe (@LabPazVe) August 15, 2024

Además, de esa situación, la suspensión de pasaportes ha sido denunciada publicamente por dirigentes, políticos, activistas y algunos periodistas. Otros han optado por guardar cautela ante la medida.

El domingo 11 de agosto, Andrés Caleca, excandidato a las primarias opositoras y quien fue presidente del CNE, denunció que el Saime le anuló su pasaporte.

A través de la red social X, Caleca dijo que el gobierno de Nicolás Maduro invalidó el documento sin justificación alguna.

«Así, sin aviso y sin protesto, porque les da la gana, porque les sale del forro: por joder, pues», señaló Caleca en una publicación en la que se aprecia que la fecha de vencimiento de su pasaporte era el 10 de octubre del 2032.

Ese mismo día, la periodista Dayana Krays, quien fue detenida por unas horas el 3 de agosto, también denunció la anulación de su pasaporte.

«No puedo sacar mi cédula, (salgo extranjera), no puedo renovar mi pasaporte (sale anulado). Adjunto pruebas para que no digan que es show», dijo Krays en la red social X.

En una nota de prensa, la ONG Aula Abierta comparó la suspensión arbitraria de pasaportes con medidas similares en Nicaragua.

«La retención arbitraria de pasaportes es parte de medidas de represión y hostigamiento por parte del gobierno en el contexto de las elecciones», advirtió la organización el 7 de agosto.

“Nos recuerda las tácticas represivas observadas en otros regímenes autoritarios particularmente en Nicaragua, representando una grave violación de los derechos humanos y de las normas internacionales que garantizan la libertad de movimiento, el derecho a la identificación, inclusive el derecho a la nacionalidad”, puntualizaron.

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