Transparencia Soberana: Falta de Detalles en la Distribución de $300 Millones y el Estancamiento del Salario Mínimo en Venezuela

Expertos advierten que los datos del portal carecen de transparencia y no permiten verificar cómo se distribuyeron los recursos extraordinarios por la venta de fuel oil. Mientras el salario mínimo sigue estancado en 130 bolívares —unos 0,28 dólares—, trabajadores mantienen sus reclamos en la calle exigiendo un aumento real del sueldo y no bonos discrecional.

El gobierno venezolano anunció la entrada al país de $300 millones a través del recién creado portal Transparencia Soberana, una plataforma que se presenta como herramienta para mostrar el uso de los recursos públicos. El pasado 13 de marzo, el sitio web reportó el ingreso de ese dinero y ese mismo día hubo un egreso por la misma cantidad e indica que la salida de fondos fue para el «aumento del ingreso mínimo integral».

Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, detalló que los recursos provenían de una venta extraordinaria de fuel oil y que serían utilizados para fortalecer la protección social y el ingreso de los trabajadores. Este discurso coincidió con el incremento en $30 del llamado Bono contra la Guerra Económica, que no es el mismo monto para todos los beneficiarios, mientras el salario mínimo sigue congelado, desde marzo de 2022, en Bs 130, un monto que apenas representa $0,28.

Más allá del anuncio, los datos disponibles no permiten verificar con claridad qué ocurrió con ese dinero. Al revisar el portal para sacar las cuentas, se encuentra que faltan nombres, cantidades, criterios y se impide seguir la trazabilidad del ingreso.

La distribución de esa cantidad ha sido cuestionada por los representantes gremiales. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Venezuela y quien se ha mantenido enfrente de los reclamos salariales, resume: «El pago de ese bono de $30 no es aumento salarial» y advierte que el portal Transparencia Soberana «es una media verdad», que considera no cumple «ningún criterio de transparencia».

Para el profesor universitario, si la web quisiera ser consistente con su nombre, debe al menos informar cuántos trabajadores reciben esos pagos y cómo se distribuyen, algo que en la actualidad no está disponible.

La ausencia de esa información abre una de las principales dudas: si los $300 millones se destinaron exclusivamente a financiar un incremento uniforme de $30 por persona, el monto alcanzaría para 10 millones de beneficiarios; pero este sencillo cálculo, no se sabe si fue exactamente así ni distingue entre trabajadores activos, jubilados o pensionados. La cifra global está, pero la distribución no.

El economista Leonardo Vera señala que la creación de la página «es una buena idea» para que se conozca cómo se usan los recursos públicos para la protección social, pero considera que «está mal diseñada».

Con respecto a los ingresos, explica que los $300 se corresponden a un ingreso extraordinario, lo que implica que no necesariamente se mantendra en el tiempo: «Si voy a financiar un gasto con un ingreso extraordinario, estoy cometiendo un grave error», advierte. El especialista condena que no exista información pública sobre qué ingresos alimentarán ese fondo en el futuro, ni bajo qué criterios se decide su uso, ni cómo se distribuyen los recursos. «Transparencia total no hay. Hay muy poca información sobre cómo funcionan esos fondos», agrega.

Vera interpreta los datos disponibles y razona que los $300 millones fueron desembolsados en su totalidad; es decir, que esos recursos por la venta de fuel oil solo alcanzaron para pagar el incremento de $30 por un único mes; lo que plantea una interrogante que el portal no responde: ¿De dónde saldrán los fondos para sostener el mismo nivel de bonos en los próximos meses? o ¿el pago es extraordinario solo para el mes de marzo?

Lo que Transparencia Soberana no dice

El portal de Transparencia Soberana ofrece mucho menos de lo que promete. Su metodología dice que solo cubre dos fondos, el de Protección Social, al que ingresaron los $300 millones, y el de Infraestructura Nacional, al que aún no han llegado ingresos. Agrega que los datos allí publicados provienen de las siguientes fuentes oficiales: Oficina Nacional del Tesoro, Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y entes ejecutores de proyectos de la inversión pública.

«La Oficina Transparencia consolida y publica esta información en el portal», afirman.

Sin embargo, los especialistas insisten en que a esa página web le falta información para realmente ser transparente:

Elemento clave
Qué debería mostrar

Número de beneficiarios:
Cantidad exacta de personas que recibieron el dinero, desagregada por trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Distribución del dinero:
Monto asignado a cada grupo y no solo una cifra global.

Concepto del gasto:
Especificar si el desembolso corresponde a salario, bono, complemento o una combinación.

Regla de acumulación:
Bajo qué criterios se decide cuánto dinero se asigna y a quién.

Horizonte temporal:
Si el incremento de 30 dólares es puntual, temporal o permanente.

Soporte institucional:
Documentos oficiales como presupuesto, memoria y cuenta, proyecciones y metas públicas.

Historial de cambios:
Registro verificable de actualizaciones o correcciones en los datos publicados.

Para Afonso, la información de este portal sobre ingresos extraordinarios, ejecución del gasto y metas económicas debe presentarse por medio de los mecanismos formales del Estado como lo son el presupuesto de la nación, la planificación y memoria y cuenta. «Aquí no hay indicadores, la información es de dudosa calidad; no estoy diciendo de dudosas intenciones para no juzgar a nadie, pero la calidad es muy precaria», señala el profesor de la UCV.

Por su parte, el economista Leonardo Vera enfatiza que falta claridad en la estructura del mecanismo. A su juicio, el diseño actual deja dudas sobre el financiamiento de ese bono de $30 en el futuro.

Salario sigue congelado y sin margen para aumento

La brecha entre el monto del salario mínimo en el país ($0,28) y el costo de la canasta básica, que el pasado mes de febrero alcanzó los $645,67 mensuales para una familia de cinco personas, según datos del Cendas-FVM, sigue siendo el principal motor de las protestas que en los últimos días han tomado las calles del país.

Representantes gremiales y los trabajadores insisten en que las autoridades deben ajustar el monto del salario y no de los bonos, para cumplir con lo establecido en la Constitución, que indica que el monto del salario debe cubrir las necesidades básicas.

José Gregorio Afonso recuerda que este esquema profundiza la precarización: los bonos «no están estipulados en contratos ni en leyes» y pueden modificarse o desaparecer sin garantías, lo que deja al trabajador en una situación de vulnerabilidad frente al Estado como empleador.

No obstante, desde el análisis económico, el panorama no es alentador. El economista Vera advierte que en la actualidad no existen condiciones fiscales para aumentar significativamente el salario mínimo. Expone que tras cuatro años sin incremento, se necesita un salto considerable en el gasto público, que dice es difícil de sostener en un contexto de déficit y limitaciones de ingresos: «Yo no creo que el sector público pueda tener a la mano 14.000 millones de dólares (…) solamente destinado para el incremento de salario», afirma.

Según su análisis, llevar el salario a niveles que realmente tengan impacto requeriría un volumen de recursos que el Estado hoy no está en capacidad de financiar.

Mientras tanto, la realidad laboral sigue sin cambios: el salario mínimo congelado en Bs 130, trabajadores dependiendo de bonificaciones y protestas que reclaman «salario digno».