La labor del Ministerio Público, al mando de Tarek William Saab en estos últimos siete años, ha sido denostada por las víctimas, sus familiares y organizaciones nacionales e internacionales debido a la impunidad reinante, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos
La Asamblea Nacional 2020, de mayoría oficialista, ratificó el jueves 31 de octubre a Tarek William Saab como Fiscal General de la República por los próximos siete años. Su gestión, que inició gracias a un cuestionado poder constituyente en agosto de 2017, ha estado marcada por la impunidad en materia de derechos humanos, la deficiente colaboración con instancias internacionales como la Corte Penal Internacional y su actuación como parte de una estructura para la represión, según denuncia la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
La labor de Saab, siempre polémico en declaraciones que le han obligado en algunas ocasiones a desdecirse, también ha estado caracterizada por la «viralidad» en redes sociales con campañas en contra del maltrato animal, la pedofilia y reivindicaciones a los adultos mayores.
Recientemente, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser agente de la CIA y fingir un accidente para vetar el ingreso de Venezuela a los Brics. El propio canciller Yván Gil salió al paso y señaló que «corresponden a opiniones de carácter personalísimo y en ningún momento reflejan la posición del Ejecutivo Nacional, responsable de la política exterior de Venezuela».
Para Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad jurídica de Provea, la gestión del ratificado fiscal general tiene una calificación «muy negativa» para la situación de derechos humanos en el país.
«En primer lugar porque el Ministerio Público ha sido convertido en un instrumento para la persecución por motivos políticos y esa persecución ha generado crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, porque ha sido una institución a favor de la impunidad», señala Alvarado.
Recuerda que eso incluye delitos cometidos en el pasado, pues considera que «no se ha investigado prácticamente nada» sobre las masacres de Cantaura (1982), El Amparo (1988) o El Caracazo (1989), o los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido a partir de 2014, actualmente bajo investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y documentados por la Misión de Determinación de Hechos.
«Únicamente ha habido algún avance en la masacre de Yumare, y esto último de Yumare es una gestión compartida entre la fiscal Luisa Ortega y el actual fiscal general», comenta el coordinador de Provea.
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A juicio de Alvarado, la continuación de Saab como cabeza del Ministerio Público «significará la continuidad de grave violación de derechos humanos, posiblemente de nuevos crímenes de lesa humanidad, de impunidad y, por lo tanto, de vulnerabilidad para la población venezolana y desamparo porque una institución que debería estar al servicio del ciudadano lamentablemente está al servicio de la perpetración de violaciones de derechos humanos a distintos niveles e instancias del Estado».
En su último informe, presentado en septiembre, la Misión de Determinación de Hechos aseguró que «el Fiscal General, Tarek William Saab, que dirige el Ministerio Público, continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos»; especialmente luego de las elecciones del 28 de julio, pues «lideró la acción del Estado» que condujo a diversas violaciones, entre ellas detenciones en masa, «al amparo de la narrativa del Ejecutivo de la lucha contra un ‘golpe de Estado’ y el ‘fascismo’».
El coordinador de Provea también considera que, desde el punto de vista político, está ratificación es «un autogol» para la administración de Nicolás Maduro, «porque para las instancias internacionales de protección de derechos humanos, para la Corte Penal Internacional, es saber que en Venezuela no habrá cambio en la institución para revertir las deficiencias, las fallas y esta política favorable a la impunidad».
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, destaca que hay varias debilidades sobre la ratificación de Tarek William Saab como Fiscal General. Entre ellas la propia conformación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano que lo presentó como uno de los elegibles al cargo, pues no se respetó la presencia de la sociedad civil que debería haber existido.
«Hay una irregularidad en cuanto a los tiempos de convocatoria, lo que niega una mayor participación (…) Por eso este nombramiento salió tan rápido, sin ninguna discusión o duda. Hay toda una línea muy clara en todo eso», afirma.
Tampoco hay claridad, menciona Louza, sobre la cantidad de períodos que puede cumplir una persona como fiscal debido a que no hay claridad en la normativa, pero existe el precedente de Luisa Ortega Díaz, que cumplió nueve años al frente de la Fiscalía antes de ser destituida vía sentencia.
Además, destaca que el artículo 256 de la Constitución establece la independencia del fiscal y del sistema de justicia en general. «Él ha cumplido funciones dentro del Ejecutivo, fue gobernador por el partido oficialista. Obviamente es una persona afecta al gobierno y eso quita su independencia. No debería ni siquiera ser elegido».
Esa falta de independencia del funcionario fue duramente cuestionada por uno de los representantes del Comité de Derechos Humanos de la ONU en octubre del año pasado, tras la presentación de un informe sobre la situación de justicia en el país.
«Jamás he visto a un Fiscal General aquí en este Comité, defender de tal forma al gobierno de su país…»
¿Entienden? pic.twitter.com/Z0sKCD4v4x
— Joel García (@joelgarcia69) October 25, 2023
«Esta persona (Tarek William Saab) fue la que puso en una situación de menor institucionalidad y mayor peligro justamente a la institución con esa decisión de eliminar la carrera fiscal, aunque luego se trataron de hacer concursos, esto a la luz del proceso ante la Corte Penal Internacional, pero han sido para otorgar titularidades, no concursos de oposición. La gestión, tanto para el ciudadano como para el Estado de derecho, la institucionalidad, no ha sido la mejor, ha sido más un instrumento para la represión y acompañamiento al poder para lo que se le pida», afirma Louza.
Tarek William Saab, como reemplazo de la defenestrada -vía sentencia- Luisa Ortega Díaz, llegó en un momento de convulsión política y social. Las protestas de 2017, en rechazo a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en connivencia con el Tribunal Supremo de Justicia para despojar de sus competencias a la Asamblea Nacional, además de una emergencia humanitaria agudizada, marcaron ese año.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta el 13 de agosto de 2017, contabilizó 163 muertes durante las manifestaciones en 14 estados del país. Pero el Ministerio Público apenas reconoció 129 fallecidos para ese momento.
La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic-Vzla), en abril del año pasado, reiteró su solicitud de que se adelanten investigaciones «de manera genuina» sobre los autores materiales y las cadenas de mando involucradas en las muertes de Yoinier Peña Hernández, Miguel Castillo Bracho, Diego Arellano Figueredo,Yorman Bercevia Cabeza, Adrián Duque Bravo, Luis Espinoza Castillo, Nelson Arévalo Avendaño, Roberto Durán Ramírez y Eduardo Orozco Porras.
Además, solicitaron la revisión e investigación de las acusaciones de las más de 8.900 víctimas de torturas, ejecuciones, tratos degradantes y violencia sexual recogidos en el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la Corte Penal Internacional, publicado el 20 de abril de 2023.
«La muerte de nuestros hijos y familiares no son hechos aislados, obedecen a patrones represivos que deben cesar y por lo cual se debe establecer las responsabilidades penales del más alto nivel y las rectificaciones correspondientes», insistieron desde Alfavic. Nunca obtuvieron respuesta.
Sobre las muertes en contexto de manifestaciones en el año 2019, desatadas por una crisis de legitimidad tras una cuestionada elección presidencial donde Maduro se reeligió, tampoco hay mayor información sobre los avances en investigaciones, condenas o reparaciones a las víctimas y sus familiares.
Tampoco ha habido una respuesta genuina por parte de la Fiscalía General sobre las muertes ocurridas bajo custodia del Estado. Desde 2015 se han registrado 14 decesos de personas bajo arresto por motivos políticos o hechos de corrupción. Solo en los casos del concejal Fernando Albán (agosto de 2018) y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (junio de 2019) se enjuició y condenó a funcionarios de servicios de inteligencia, pero no hubo un reconocimiento explícito sobre la responsabilidad del Estado y, por tanto, un seguimiento o sanción a las cadenas de mando involucradas.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, renovada en septiembre por otros dos años, ha señalado que el hecho de que Tarek William Saab no presente información detallada sobre sus actuaciones «continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones (a los derechos humanos)».
Las investigaciones que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde 2014, también ha sido uno de los puntos de inflexión durante el primer periodo de la gestión de Tarek William Saab.
«En materia de derechos humanos no hemos necesitado que venga un experto, un comisario de una transnacional de justicia para nosotros actuar en el sistema interno (…) En Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, persiguen y juzgan, sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico (…) Sinceramente no hace falta que la CPI investigue y en la práctica lo vamos a demostrar», ha insistido el renovado fiscal.
Pero varias instancias de la CPI, entre ellas la Fiscalía a manos de Karim Khan o la Sala de Cuestiones Preliminares, han afirmado que «Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad».
En el informe entregado por el Ministerio Público a la Sala de Cuestiones Preliminares se afirmó que hay 893 averiguaciones abiertas por abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 2017. Pero la SCP indicó que «el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos (o funcionarios) de bajo nivel», son limitadas y han pasado por periodos de inactividad inexplicables.
Marino Alvarado asegura que «no ha existido ninguna voluntad desde el Ministerio Público de cumplir con el compromiso de complementariedad establecido con la Corte Penal Internacional que obliga a la Fiscalía a investigar los crímenes apuntando a los más altos responsables, es decir, a quienes han planificado y dado las órdenes para que los crímenes se realicen».
En esto coincide Acceso a la Justicia: «El hecho de que las autoridades se limiten a sancionar a los perpetradores de los crímenes, pero no a los posibles instigadores o planificadores no se puede considerar justicia plena ni una reparación adecuada para las víctimas y sus sobrevivientes».
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