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Un informe de Runrunes expuso cómo el sistema judicial de Venezuela ha retrasado la justicia en al menos 27 de las 104 muertes causadas por fuerzas de seguridad durante las protestas en contra del gobierno entre 2014 y 2019. Estos casos—que representan el 30% del total de víctimas—revelan un patrón institucional destinado a garantizar la impunidad: el 70% permanece sin resolver.
El equipo de Runrunes entregó cuestionarios a los familiares y abogados de 27 víctimas. Sus respuestas revelaron cómo el Ministerio Público, liderado por Saab, y los tribunales adoptan prácticas que revictimizan a las familias y protegen a los perpetradores. Los jueces habitualmente suavizan cargos o posponen audiencias. La mayoría de las investigaciones se centran en oficiales de bajo rango, y las cadenas de mando nunca se han investigado.
En 12 de los 27 casos analizados en El patrón del olvido, hubo múltiples fiscales en una única fase del juicio penal. En seis de ellos, al menos cinco fiscales diferentes fueron designados. Esta rotación constante parece diseñada para desgastar a las familias de las víctimas. El informe también documentó la obstrucción al acceso a pruebas e información, así como la intimidación y el maltrato frecuente hacia los familiares. En ocho casos revisados que fueron cerrados por el estado, siete incluyeron evidencia en video que identificaba al perpetrador.
Por qué es importante: Dado lo difícil que es alcanzar justicia en Venezuela, el informe reconoce que las víctimas han depositado sus esperanzas en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la CPI no está actualmente investigando ejecuciones extrajudiciales contra disidentes (o ciudadanos comunes durante operaciones de FAES y OLP). El informe se pregunta si la prolongada duración de estos procedimientos eventualmente desgastará la esperanza de justicia.
Fadi El Abdallah, portavoz de la CPI, dijo a Runrunes que la Corte no es una solución mágica—no puede investigar cada crimen, y las absoluciones pueden ocurrir si hay dudas razonables o si falta evidencia. Para que la sociedad venezolana se recupere de este daño, dijo El Abdallah, la justicia es solo una pieza del rompecabezas.
Otro funcionario de la CPI comentó que las víctimas deben seguir presionando por justicia al compartir información con la Corte. “Tienes que seguir creyendo que pasará de alguna manera, en algún momento, y mantenerte comprometido, incluso si pasa mucho tiempo y el sufrimiento continúa,” dijo Paulina Massida, Jefa de la Oficina de Abogacía Pública para Víctimas.
Más información: Edmundo González y María Corina Machado han prometido que si llegan al poder, ofrecerán un paquete de reparaciones a las víctimas de la violencia estatal: apoyo legal y social, atención médica y psicológica, compensación económica, reconocimiento oficial de las injusticias y la anulación de condenas erróneas.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha lanzado una operación a nivel nacional para asegurar que las empresas usen la tasa de cambio oficial del banco central—Bs. 70.24 hasta el jueves—para la fijación de precios y facturación en bolívares. El despliegue incluye “puntos de precios justos” establecidos cerca de las tiendas para recibir quejas ciudadanas e inspeccionar precios en el lugar. El gobierno dice que el objetivo es “proteger el poder adquisitivo del pueblo” y combatir el uso del dólar paralelo, que se comercializa alrededor de Bs. 100 y refleja una brecha cambiaria del 30%. El régimen había suspendido recientemente los impuestos municipales para el sector de producción primaria.
Por qué es importante: Maduro culpa al dólar del mercado negro por ser un “viejo enemigo” de la economía venezolana y atribuye su aumento a una “sobre-demanda” de divisas. La operación llega en medio de una creciente presión cambiaria, con la brecha complicando la planificación de precios y amenazando la sostenibilidad de los negocios, ya que las empresas se ven obligadas a reducir márgenes de beneficio para cumplir con la tasa oficial.
Más información: Ecoanalítica recomienda que las empresas evalúen sus estructuras de costos en dólares basadas en las entradas de divisas reales, reduzcan las obligaciones en moneda extranjera, monitoreen la tasa de cambio diariamente y fortalezcan sus procesos de cobranza. Puedes leer más consejos en su boletín, Typing Business.
El Pitazo: El régimen arrestó al alcalde chavista de Sinamaica, el noveno municipio en Zulia intervenido por chavismo desde 2021.
Efecto Cocuyo: Trump impone un arancel del 15% a las importaciones desde Venezuela, una tasa justo por debajo del promedio mundial (16.5%) de aranceles aplicados a otros países.
Crónica Uno: Los cortes de electricidad y el racionamiento eléctrico le cuestan a los venezolanos entre $20 y $30 al mes, según Cedice Libertad.
Tal Cual: Rafael Uzcátegui, excoordinador de Provea, advierte que la inminente reforma constitucional es una amenaza existencial para los venezolanos y que el chavismo está construyendo una estrategia narrativa para hacer su propuesta más aceptable.
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