Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción – Cuentas Claras Digital

El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza y en los medios que cubren la fuente. El Tribunal Penal Federal (TPF) ha rechazado no menos de diez apelaciones presentadas por Dáger y sus compañías de maletín. Desde 2017 se le investigaba por haber recibido 233 millones de dólares, dinero transferido a sus cuentas en bancos suizos por entidades vinculadas a la trama de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.

Tres años después, en diciembre de 2019, la Fiscalía de la Confederación (MPC) cerró los procedimientos contra Dáger y le devolvió 73 millones de dólares congelados durante la investigación. Dáger había tratado de liberar los fondos interponiendo solicitudes ante el TPF sin éxito hasta ese momento.

Finalmente, y a pesar de la opinión expresada con anterioridad por el tribunal de que “las cuentas atribuibles a Héctor Dáger fueron utilizadas para actividades de lavado de dinero en territorio suizo”, la fiscal federal Annina Scherrer tuvo que ordenar el levantamiento del bloqueo de los fondos el 6 de diciembre de 2019, cerrando la investigación oficialmente por considerar que hasta ese momento el procedimiento no había logrado encontrar evidencias de actos ilícitos y que las autoridades de Brasil y EEUU estaban llevando a cabo investigaciones por los mismos hechos analizados en Suiza.

Las investigaciones de Suiza, Brasil y EEUU abarcan las operaciones financieras realizadas por Héctor Dáger entre 2008 y 2016 en cuentas abiertas en Suiza las cuales recibieron transferencias por 233 millones de dólares y 3.2 millones de euros de compañías offshore del entramado de Odebrecht, así como del consorcio venezolano OIV-Tocoma, en el que el grupo brasileño posee el 50% de las acciones.

La fiscalía federal suiza no pudo identificar evidencias que justificaran una acusación debido, en gran medida, a la falta de colaboración de Venezuela, que nunca respondió a la carta de solicitud de información enviada a Caracas en febrero de 2017.

Por su parte, Dáger a través de sus abogados y mediante sus compañías de maletín, ha interpuesto acciones legales para tratar de evitar que Suiza comparta con Brasil y EEUU la documentación que han solicitado como parte de las investigaciones que adelantan sobre el caso Odebrecht. Aduce el investigado que las autoridades de esos países no son competentes para procesar los hechos que son objeto de la solicitud de asistencia. También ha sostenido que la resolución de Suiza equivale a una absolución por lo que no podría ser juzgado de nuevo por el mismo asunto.

Sobre este punto, la justicia suiza ha sido clara al señalar a Dáger que el abandono del procedimiento por falta de evidencia “no equivale a una absolución o disolución que excluya asistencia internacional“ y ha puesto todos los documentos bancarios en disputa a disposición de las autoridades solicitantes.

Refiere la prensa local que toda su defensa legal en Suiza le costó a Dáger alrededor de 40.000 francos suizos (43.000 US$), monto que pagó a su abogado Pierluigi Pasi, ex fiscal federal suizo. La cantidad representa el 0,02% de los depósitos en las cuentas de Dáger en ocho bancos: EFG Bank, Julius Bär, UBS, HSBC Suiza, J Safra Sarasin, Credit Suisse, JP Morgan Suiza, en Ginebra, Zurich y Lugano.

Se trata de “migajas” comparadas con lo que habría recibido Dáger en su función de comisionista de Odebrecht. Según confesó el propio gerente general de la empresa en Venezuela, Euzenando Azevedo -condenado a 19 años de prisión en Brasil – el abogado venezolano cobraba el 2% del monto de las facturas pagadas a la trasnacional brasileña por la administración de chavista. La Fiscalía suiza calcula la cifra en 49 millones de dólares ubicados en diversas cuentas.

El caso El Troudi

Como han confesado los propios ejecutivos y empleados ante las autoridades de EEUU y Brasil, el modus operandi de corrupción que mantuvo Odebrecht durante varias décadas consistía en pagar sobornos a altos funcionarios y políticos a través de intermediarios que abrían cuentas a su nombre y tiempo después traspasaban las mismas a los sobornados. Estos operadores financieros trabajaban o estaban relacionados con la constructora brasileña o directamente con los políticos y altos funcionarios involucrados. Se calcula que Odebrecht sobornó a más de 1.000 personas en todo el mundo.

Dáger no era el único operador financiero al servicio de Odebrecht. El venezolano Leopoldo José Briceño Punceles ha sido relacionado, por testimonios de banqueros de Antigua, con empresas de maletín creadas por Odebrecht en Panamá para canalizar pagos irregulares. Por su parte, el nombre de Luis Enrique Delgado Contreras aparece como dueño beneficiario de cuentas bancarias relacionadas con varios ministros venezolanos, entre ellos, Haiman El Troudi.

El 14 de julio de 2017 en Cuentas Claras Digital develamos que la fiscalía suiza había congelado varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas y ex presidente de El Metro Haiman El Troudi. La medida recayó sobre cuentas a su nombre en el banco Credit Suisse por 28 millones, habiéndose detectado otras más en Banque Heritage por 4 millones y BNP Paribas por 10 millones de dólares. Las cuentas habrían sido abiertas en un principio por Luis Enrique Delgado Contreras, en las que también aparecen como titulares Alejandra Urdaneta Tovar y Jorge Henrique Lander Siblisz, para luego pasar a nombre de Zacarías Díaz.

El Ministerio Público a cargo de Luisa Ortega Díaz citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías, suegra y esposa respectivamente del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas y ex presidente del Metro de Caracas, Haiman El Troudi. De acuerdo a la documentación que envió la fiscal general de la Confederación suiza, Francesca Ghilardi, a la Fiscalía de Venezuela, “millones de francos suizos que salieron de Cresswell Overseas Ltd. – una de las probadas fachadas de Odebrecht – fueron transferidos hasta la cuenta bancaria de Alfa International S.A., dinero que terminó en las cuentas de Elita del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza y en el extranjero”. Suma que, a la larga, habría superado los 100 millones de dólares, y relacionada con la Línea 5 del Metro de Caracas, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletren de Petare, todas obras sin culminar de la administración de El Troudi.

A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la fiscalía suiza a Venezuela, el juez Luis Argenis Marcano Sarabia -a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Control de Caracas- eximió de toda responsabilidad a la esposa y la suegra de El Troudi en 2018.

Sin embargo, nueva documentación a la que ha tenido acceso Cuentas Claras Digital, ratifica los pagos realizados por Odebrecht a la empresa Alfa International S.A. cuya beneficiaria final sería la suegra de Haiman El Troudi, según las autoridades suizas.

Un extracto de la cuenta n.244035 del Meinl Bank de Antigua, refleja una transferencia por 500.000 dólares de Magna International Corp., una de las empresas instrumentales de Odebrecht, realizada el 17 de noviembre de 2011.

Igualmente, a través de la cuenta n. 244006 del mismo banco, otra empresa de maletín de Odebrecht, Innovation Research Engineering and Development LTD, realizó tres pagos a la empresa de la suegra de El Troudi, uno por 420.000 dólares, otro por 525.000 dólares y un tercer abono por 475.000 dólares, entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Los documentos bancarios reflejan operaciones con otras compañías que se encuentran bajo investigación en EEUU y Brasil.

Bancos y sobornos

El Meinl Bank Antigua Limited fue comprado por Odebrecht a finales de 2010, cuando era una pequeña sucursal de un banco de Austria en la isla caribeña. Apenas se hicieron de la mayoría accionaria, la convirtieron en el centro de su entramado de corrupción: el banco de los sobornos.

Los extractos bancarios de Meinl Bank evidencian otro de los modus operandi comunes en estos casos, utilizado también en el escándalo de Banca Privada de Andorra: las numerosas operaciones bajo el nombre de book transfer realizadas entre las cuentas de diversas compañías que no son otra cosa que movimientos de fondos de una cuenta de depósito a otra en el mismo banco, mecanismo utilizado también para evadir las normas de prevención de lavado de dinero al tratarse de una operación interna del banco. Empleados de Odebrecht han reconocido en sus declaraciones ante la justicia de Brasil que se abrían cuentas a empresas cuyos titulares en un principio eran los intermediarios o testaferros de los sobornados para luego, al tiempo, transferir las mismas a los beneficiarios finales.

Los secretos de Bambi

Cuentas Claras Digital también tuvo acceso a documentos del sistema de pagos de Odebrecht denominado Bambi que controlaba directamente Marcelo Odebrecht y el Sector de Operaciones Estructuradas, eufemismo para la caja B utilizada en la trama de corrupción. Contiene información de las coimas pagadas en Perú, Argentina, Ecuador, México, República Dominicana y Brasil pero también en Venezuela.

En la copia visualizada por Cuentas Claras Digital, se relacionan pagos por concepto de las obras de la central hidroeléctrica Tocoma por mas de 3 millones de dólares en 2007.

En otra de las planillas del registro denominado Bambi, se detallan retiros y comisiones por concepto de las obras Puente del Orinoco, Metro de Caracas (Líneas 3, 4 y 5), Metro de Los Teques y Metro Guarenas-Guatire por un monto total de más de un millón de dólares.

También se evidencian los saque o retiros por concepto de coimas sobre obras en República Dominicana (Acueducto Samana), Panamá (Sistema de riego Remigio Rojas) y Ecuador (Proyecto Baba), obras que, o no han sido concluidas o presentan problemas de construcción.

Recuperar el dinero de los venezolanos

Odebrecht habría pagado 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 millones como se señaló en un principio, según confirmamos en Cuentas Claras Digital en septiembre de 2017.

Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos había difundido en diciembre de 2016 que el Grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno en Venezuela entre 2006 y 2015.  Sería el país que recibió los montos más altos en coimas, después de Brasil.

Nueve meses después del anuncio, las investigaciones internacionales develadas por Cuentas Claras Digital arrojaron que la cifra alcanza los 350 millones de dólares, cantidad transferida por Odebrecht a lo largo de nueve años a cuentas de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Las autoridades financieras internacionales involucradas en la investigación, del que es considerado en su conjunto como el mayor caso de corrupción de la historia, han ubicado parte de los sobornos de Odebrecht a funcionarios venezolanos en bancos de Antigua (60 millones de dólares), Curacao (10), EEUU (15), Luxemburgo (25), Panamá (24), Portugal (8), Suiza (150), Hong Kong y otros países (61 millones de dólares).

Seguir el rastro del dinero vinculado a esta trama de corrupción en el caso de Venezuela sigue siendo una asignatura pendiente.

Odebrecht, corrupción y derechos humanos

Los sobornos de Odebrecht han llevado a la cárcel o ante la justicia, y hasta al suicidio como en el caso del ex presidente de Perú Alan García, a varios presidentes de Latinoamérica.

En Brasil, origen de todo este escándalo internacional, Odebrecht es parte de un entramado de corrupción en el que están implicadas las principales empresas del país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que sacó de la Presidencia a Dilma Rousseff y llevó a la cárcel a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

En Venezuela, debido a la impunidad reinante, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, luego de recibir la acusación de la fiscalía general contra Nicolás Maduro y del correspondiente juicio, lo sentenció a 18 años de prisión.

El binomio corrupción política y económica constituye la llave que abre la puerta a la mayoría de las violaciones a los derechos humanos y de las actividades criminales que azotan a los países. Un claro ejemplo de ello es el caso Odebrecht y el impacto que ha tenido, y tiene, en la estabilidad democrática del nuestra región.