El abogado constitucionalista José Silva explica que en la Carta Magna se establece que la justicia no puede puede imponer sanciones si no hay un procedimiento administrativo previo, por lo que rechaza los cierres del Seniat a locales que han atendido al candidato presidencial Edmundo González y a la dirigente María Corina Machado. Leonardo Vera, economista, advierte que un sistema tributario «represivo y castigador» no genera los mejores incentivos en los contribuyentes para impulsar el ejercicio pleno de sus deberes
10 comercios, entre restaurantes y hoteles, han sido cerrados en lo que va de año por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Todos los casos tienen una coincidencia: la sanción por parte del ente ha sido impuesta inmediatamente después de que estos han sido visitados por Edmundo González Urrutia, candidato por la Plataforma Unitaria, y la líder de la oposición, María Corina Machado.
El modus operandi del Seniat ha sido similar en la mayoría de los casos y deja ver que el ente se ha convertido en un brazo político en favor del mandatario Nicolás Maduro, quien aspira a la segunda reelección.
La actuación del organismo hace grave daño a la imagen de la Administración Tributaria y, por ende, a la propia economía, debido a que lejos de motivar al contribuyente lo aleja por ser una figura que no lo representa, según expertos consultados por TalCual.
El economista Leonardo Vera dice que los procedimientos llevados a cabo por el Seniat contra comercios que atienden a clientes en específico, que en este caso son los que impulsan la candidatura de Edmundo González Urrutia, no pueden verse como casos aislados e individuales, sino como un daño masivo a la economía y a la imagen de la administración tributaria. Destaca que las razones políticas no son una justificación legal.
Los casos de clausura han sido rechazados no solo por la dirigencia de oposición, sino también por la ciudadanía. Uno de los más sonados fue el cierre del restaurante Pancho Grill en Corozopando, estado Guárico, perteneciente a las hermanas Elis, Mileidis, Pastora y Corina Hernández. Su clausura se consumó el 22 de mayo, un día después de que María Corina Machado comprara unos 14 desayunos.
El argumento presentado por el Seniat fue que no había máquinas registradoras. «A veces aquí no se vende ni una sola arepa ¿Me vas a venir a reclamar de que no tengo máquina fiscal? Pregunta si en otros negocios hay», dijo una de las encargadas a los trabajadores del ente en ese momento.
La historia de las Hernández se ha repetido en hoteles de Falcón (1), Zulia (1), Aragua (1), y Miranda (1); y en otros negocios dedicados a la venta de comida de Bolívar (1), Aragua (1), Cojedes (2), y Miranda (1). Los funcionarios aparecen el mismo día o un día después en locales donde se dieron servicios a los opositores, les piden diferentes documentos y sin mediar palabra consuman el cierre del negocio por «incumplir los deberes formales».
Esto es infame. Es fascismo puro! El Seniat cerrando un local en Corozo Pando porque en la mañana pasó @MariaCorinaYA en su camino hacia Apure y les compró unos desayunos. Están destruyendo la vida de una familia que se quedó a trabajar en Venezuela. pic.twitter.com/Y9h8ioSyI9
— Luis Trincado (@LuisTrincado) May 22, 2024
La dirigencia opositora considera que la actuación del gobierno de Nicolás Maduro, a través del Seniat, busca sembrar miedo en la ciudadanía como forma de frenar los votos en su contra. María Corina Machado, líder nacional de Vente Venezuela, ha afirmado que lejos de doblegar el deseo de cambio de la gente, el ejecutivo con su actuación ratifica la necesidad de que en el país se materialice la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro.
Sobre estos hechos, el economista Leonardo Vera explica a TalCual que un sistema tributario «represivo y castigador» no genera los mejores incentivos en los contribuyentes para impulsar el ejercicio pleno de sus deberes. Afirma que esto aumenta el riesgo de que las figuras disminuyan sus intenciones de contribuir porque no se sienten representados e identificados con el sistema.
Para Vera, el carácter «represivo» con el que ha procedido el Seniat puede estimular la evasión del pago de los impuestos y tributos. Alerta que tras estas actuaciones mucha gente puede decidir no pagar.
Argumenta que cuando se tiene un contribuyente abocado a prestar servicios a la ciudadanía, el país está más propenso a colaborar con la recaudación fiscal, gravámenes, tributos y aranceles.
«La imagen de la administración tributaria es muy importante a la hora de sacar las cuentas sobre el aporte de los contribuyentes», dice.
El pasado 16 de mayo, el Seniat clausuró un hotel en La Victoria antes de la llegada de Machado y Edmundo González
El exdiputado de la Asamblea Nacional (2015-2020) y dirigente de Primero Justicia (PJ) Juan Gablo Guanipa ha manifestado su rechazo a la postura del Seniat de servir al Partido Socialista Unido de Venezuela, en lugar de a la ciudadanía.
«El Seniat castiga a los venezolanos que apoyan el cambio. Hospedas a Edmundo, te cierran la posada; le vendes una empanada a María Corina, te cierran el negocio», señaló Guanipa en un video publicado en sus redes sociales.
Guanipa aseveró que ahora los comerciantes no deben preocuparse por los impuestos altos, sino que también deben cuidar a qué clientes atienden, para no enfadar al Ejecutivo.
Antonio Ecarri, candidato presidencial por Lápiz, se refirió a la actuación del Seniat y propuso clausurar el ente. Calificó a la institución como “la casa de la sobrecarga fiscal y burocrática” que impide que los venezolanos puedan desarrollar su propio negocio.
“Viene la nueva Agencia Nacional Tributaria donde se promoverá el desarrollo económico y la progresividad atendiendo a la capacidad contributiva de los venezolanos. Ellos, no tendrán que marchar ni gritar consignas a favor de mi coalición de gobierno, por el contrario, en estricto acatamiento de la ley, serán una institución ajena a cualquier interés electoral o partidista”, escribió en sus redes sociales.
Cuatro funcionarios del Seniat clausuraron el 14 de julio el «Restaurante La Encrucijada», en el estado Aragua, luego de que el candidato Edmundo González, y la líder de la oposición, María Corina Machado, compraran sándwiches para almorzar
«El problema es cuando microscópicamente tomas a una persona que le dio alojo, comida o servicios a María Corina Machado, por ejemplo, para clausurarle el local el mismo día o al siguiente», dice el abogado constitucionalista José Silva.
A su juicio, lo anterior desnuda una persecución política. Afirma que de esta forma se pierde el Estado de derecho y se violan normas constitucionales, tratados internacionales y hasta la ley electoral, que, en estos momentos de campaña a las presidenciales, exige transparencia.
Silva explica que en la Constitución se establece que la justicia venezolana no puede puede imponer sanciones si no hay un procedimiento administrativo previo.
No obstante, comenta, el Seniat cuando actúa de esta forma invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre violaciones a los derechos formales que los faculta para ejecutar medidas sin el procedimiento previo.
Considera que al no permitirse la defensa de los ciudadano, dueños de los locales comerciales en este caso, se quebrantan leyes como la de Procedimientos Políticos. El abogado subraya que estas faltas las comete desde los funcionarios del Seniat hasta «el Poder Legislativo, Judicial, y hasta Electoral, porque no se toman medidas para que los procesos se lleven en igualdad».
Destaca que «si estuviéramos en un país con Estado de derecho, las personas podrían acudir a tribunales y pedir amparos constitucionales o medidas cautelares». Recuerda que no es la primera vez que el Seniat opera en favor del Gobierno.
Apunta que el ente tradicionalmente ha actuado, de la misma manera, de fiscalizar y clausurar de locales. A su juicio, esto es evidente en operativos en centros comerciales o en casos particulares como Globovisión, por ejemplo, en años como el 2013 o 2014, cuando no era «afín» al oficialismo y lo intervenían frecuentemente.
En noviembre del 2019 el Seniat canceló el Coroto Fest 4×4 que iba a celebrarse a finales de ese mes en el municipio San Diego, Valencia, estado Carabobo. La figura estelar del evento era Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, y quien es abiertamente opositor.
«Si el Contribuyente no presenta la Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por sus actividades comerciales, será sancionado», publicó la cuenta de la Aduana de La Guaira en Twitter acompañado de una foto con las etiquetas de «clausurado» en la entrada del espacio donde se realizaría el concierto, publicación que fue retuiteada por el Seniat.
Meses antes, en marzo de ese mismo año, el Gobierno ordenó el cierre del hotel Paseo Las Mercedes, donde el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario encargado, Juan Guaidó, llegó a hospedarse. Personal del Seniat visitó el hotel e impuso una sanción de 27 días.
Funcionarios del Seniat cerraron el pasado 8 de julio el restaurante «Asados Taguanes» en el estado Cojedes, luego de que Edmundo González Urrutia, candidato para las elecciones presidenciales por la Plataforma Unitaria, comiera en el lugar en compañía de su familia.
«El problema que se presenta con todo lo que viene sucediendo es que no hay vocación de reforma de la administración tributaria», dice a TalCual un abogado tributario que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias del gobierno de Nicolás Maduro.
Expone que cuando la administración tributaria en lugar de cumplir a cabalidad con el proceso de gestión del tributo, se utiliza como herramienta de «vindicta política» y de persecución en favor de intereses de funcionarios particulares o para evitar la permanencia de entidades económicas «se va en contra de las disposiciones de la Constitución y entran todos los supuestos previstos en la ley anticorrupción».
Lo anterior, afirma, “se llama ‘acto administrativo nulo por desviación de poder’ que ocurre cuando el Estado, actuando en el ejercicio de la competencia, busca en un acto administrativo objetivos distintos al interés público. Es decir, que con el pretexto busca “fregar” a quienes “considera” que van en contra de mi proyecto».
El artículo 61 de la Ley Anticorrupción expresa que el funcionario público que, «indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penada o penado con prisión de seis meses a cuatro años. Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia de la funcionaria pública o funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos».
El artículo 64 de la Ley Anticorrupción establece que el funcionario público «que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penada o penado con prisión de seis meses a cuatro años».
Los expertos consultados por TalCual coinciden en que los cierres inducidos y con tinte político están presentes en el país desde hace tiempo, «incluso de la época de José Gregorio Vielma Mora», cuando estaba frente al Seniat en el 2003, y cuando comenzó la politización de las instituciones públicas.
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