Represión Económica en Venezuela: El Silencio Forzado a Economistas y el Miedo al Diálogo

“No le recomiendo a nadie que estudie la economía venezolana con los libros tradicionales, porque no la van a entender”, dijo entre risas la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, el pasado 29 de mayo en una reunión con Fedeindustrias. Los empresarios también rieron la broma de Rodríguez, como si el estado de la economía venezolana fuera un chiste y como si no estuviéramos entrenando de nuevo en un escenario de distorsión cambiaria y hasta posible hiperinflación en los próximos meses.

A juzgar por lo sucedido recientemente, aquellas palabras de Rodríguez eran, más bien, una amenaza. La semana pasada al menos ocho economistas fueron detenidos por los cuerpos policiales del régimen. Entre ellos había dos miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y un decano de una facultad de economía de una universidad de la capital. También fueron detenidos dos integrantes del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una organización dirigida por el exdiputado José Guerra.

Ante lo ocurrido, sólo el OFV emitió un comunicado rechazando la criminalización contra los profesionales de la economía que suelen emitir opiniones sobre la realidad económica del país. “Medir precios no es delito, es una necesidad”, decía el texto del OFV, a propósito de las mediciones independientes que hacen sobre el comportamiento de la inflación ante la opacidad y muchas veces censura total de la información financiera por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).

El temor ante esta ola de detenciones arbitrarias e injustificadas es tan grande que aún hoy no se ha confirmado cuántos de los economistas detenidos fueron liberados. En un verdadero acto de desmesura e intento de criminalizar a estos expertos, a algunos de ellos se les interrogó si hacían parte de un plan para “derrocar” al gobierno, según pudimos confirmar para esta nota.

Ni Fedeindustrias, gremio afín al régimen de Maduro donde rieron la broma de Delcy Rodríguez, ni desde Fedecámaras, ni, por supuesto, Conindustria se han pronunciado sobre este peligroso precedente, confirmando así el estado de terror generalizado que se ha instaurado en el país.

Algunos defensores de derechos humanos, como el exdirector de Provea, Rafael Uzcátegui, sí han alertado la gravedad de lo sucedido, tanto las detenciones contra los economistas, como el posterior silencio. “Nos encontramos en el peor momento de la autocensura. Muchas detenciones arbitrarias no son denunciadas por temor, pero también por presiones de tirios y troyanos. La información no está llegando a los organismos internacionales. Falsa sensación de calma”, alertó Uzcátegui mediante una publicación en la red social X, antes Twitter.

Está creándose la sociedad del silencio, no sólo hay temor a opinar; sino también a denunciar atropellos tan graves como una detención arbitraria. Además de los economistas, hoy son unos pocos dirigentes políticos, técnicos y asesores que están retenidos de forma ilegal, pero sus familias y entorno no lo denuncian por temor a mayores represalias.

¿Qué busca el régimen apresando a los economistas? Es evidente, que quieren responsabilizar a otros por las graves distorsiones económicas que reaparecen, como ya se ha hecho en el pasado. Fue Maduro quien a finales de 2013 promovió el “Dakazo” para responsabilizar a los comerciantes sobre la escalada de precios que había en el mercado en ese momento, pero también han culpado a las “iguanas” de los apagones y hasta de un “sabotaje electromagnético”, cuando ocurrió el apagón nacional en 2019, o la tan repetida “guerra económica” para justificar la larga contracción que vivió la economía venezolana entre 2012 y 2020.

Esta nueva ola represiva confirma la deriva autoritaria en la que está instalado el régimen desde que decidieron robarse la elección presidencial del 28 de julio. La opinión de unos economistas no amenaza la permanencia de Maduro en el poder, pero aun así prefieren silenciarlos, que no haya opiniones independientes y que los medios repitan la propaganda oficial. En vez de apresar a los economistas, Delcy Rodríguez debería responder en cuánto se ha depreciado el bolívar desde que ejecutaron el fraude electoral o cuál es el peso de la corrupción en el alto gobierno en las distorsiones económicas.

Pero la persecución contra los economistas derrumba la ficción del “diálogo económico” que han querido vender desde gremios como Fedecámaras. No hay tal diálogo económico, ha habido ciertas concesiones a cambio del silencio, de no incomodar a los jerarcas del régimen, pero a la hora de la verdad o cuando el régimen lo crea necesario también irá contra los empresarios para justificar su nuevo fracaso económico.

Desde el 28 de julio en Venezuela manda la represión, las capuchas negras de los organismos de seguridad del régimen y todos estamos expuestos. Nada indica que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.