En el caso de que María Corina Machado no sea habilitada y Estados Unidos cumpla con su promesa de no renovar las licencias que alivian las sanciones a la industria petrolera, el Estado tendrá que sopesar un año electoral con menores ingresos por los descuentos en el precio del petróleo que tendrá que aplicar Pdvsa al reinsertarse al mercado negro
Las celebraciones del chavismo por la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana duraron poco, pues apenas tres meses después de su implementación, Washington parece estar decidido a retirar las licencias que permiten a empresas internacionales hacer negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De acuerdo con una declaración del Departamento de Estado, Estados Unidos no renovará la Licencia General Nº 44 otorgada el pasado 18 de octubre, que vence el 18 de abril de 2024, debido a «la falta de avances» en los compromisos adquiridos por el chavismo y la oposición en el Acuerdo de Barbados. Concretamente, hacen alusión a «lo relativo a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones», pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió mantener la inhabilitación de la candidata unitaria, María Corina Machado.
Esto quiere decir que la libertad que tiene Pdvsa para negociar con empresas internacionales acabaría en abril de no haber cambios con respecto a la posibilidad de que Machado participe en las elecciones, y que se respeten los otros compromisos estipulados en Barbados. Además, sin esperar este plazo, Washington derogó la Licencia General Nº 43, que permitía operaciones con la estatal Minerven para operar en campos mineros.
Estas nuevas limitantes cambian, una vez más, el panorama para la economía de Venezuela. El sector empresarial, las empresas consultoras, los inversionistas extranjeros y la comunidad internacional esperaban un crecimiento para Venezuela, apalancado en una actividad petrolera con mayor libertad, que se traduce en mayor renta petrolera para el Estado y, por lo tanto, un mejor flujo de caja para incrementar el gasto público en un año electoral. Muchos analistas coincidían en que estos elementos permitirían un impulso para la economía del país en 2024.
Bajo la premisa de que la flexibilización se mantendría durante todo 2024, Ecoanalítica proyectaba un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en torno a 9,7%, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) hasta 5,1%, Oikos Research un máximo de 6,8%, por mencionar algunas estimaciones de cara a este año.
Sin embargo, la amenaza de Estados Unidos pone en tela de juicio estas estimaciones y somete a los analistas a tener expectativas mucho más conservadoras, incluso pesimistas, sobre el crecimiento económico en 2024.
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Si bien es cierto que las condiciones de la economía podrían cambiar para peor, paradójicamente la flexibilización de sanciones durante los últimos tres meses no ha generado un cambio demasiado pronunciado en las condiciones de la industria petrolera venezolana. Entonces ¿Realmente qué cambiará?
Las licencias de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ampliaron el margen de acción de la industria petrolera venezolana al reinsertar a Venezuela al mercado internacional.
En los últimos años, el problema fundamental de las sanciones es que Pdvsa no tenía acceso a mercados para exportar su crudo. Perdiendo a Estados Unidos y a Europa como compradores, Venezuela tuvo que acudir al mercado asiático y vender su petróleo con fuertes descuentos y tácticas para esconder las transacciones, en aras de no ser detectadas por Washington.
En consecuencia, el crudo venezolano se llegó a comercializar con descuentos de hasta 50%. A esto se sumó la brutal contracción de la producción por las deficiencias y desinversión de la industria nacional. Con mínimos históricos de productividad y vendiendo crudo a mitad de precio, los ingresos del Estado por renta petrolera se redujeron como nunca antes.
Las licencias de octubre permitieron una ligera mejora en este sentido y Venezuela dejó de vender con descuentos sustanciales, además de reconectar con algunos socios más naturales. El economista Francisco Monaldi, especialista en economía energética, explicó que el principal impacto del alivio de las sanciones fue permitir la reinserción de Venezuela en el mercado formal.
«Lo que tuvo impacto importante fue la capacidad de Pdvsa de vender fuera del mercado negro, en los mercados formales. Eso permitió que empresas como Reliance Industries, de India, y la China National Petroleum Corporation (CNPC) empezaran a comprar crudo sin tener que acudir al mercado negro. Eso ha reducido significativamente los descuentos y ha mejorado el flujo de caja de Pdvsa», analizó en conversación con TalCual.
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El experto acota que los descuentos más importantes que llegó a negociar Venezuela se fijaron en 50% del valor del barril de Brent, referente para el marcador de precios en el mercado internacional. Con la flexibilización, la diferencia con el precio del Brent se redujo a 20%. Esto se traduce en más dinero para el Estado.
Según estimaciones de Ecoanalítica, a raíz de esta mejora en los descuentos, se puede calcular un incremento de ingresos de $3.800 millones durante la vigencia de la licencia, entre octubre de 2023 y abril de 2024.
En el caso de que las licencias no sean renovadas en abril, Ecoanalítica calcula que el Estado podría dejar de ingresar entre $5.000 millones y $6.000 millones como consecuencia de volver a vender petróleo en el mercado negro.
Más allá de esa libertad para negociar el petróleo más abiertamente, las licencias no han tenido mayores implicaciones en las dinámicas de la industria nacional. En teoría, estas condiciones permitirían captar inversiones extranjeras, pero no parece haber interés más allá de las transnacionales que ya poseen activos en el país, como la estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom, cuyas condiciones no cambiarían demasiado.
Chevron opera en Venezuela en cinco campos, incluyendo el campo Boscán (Petroboscán), donde la empresa estadounidense posee 39,2% de participación
Estas empresas internacionales insistieron durante años a la OFAC para la emisión de licencias particulares que les permitieran continuar sus operaciones en Venezuela. En el transcurso de los años, se les han otorgado permisos para ampliar cada vez más sus actividades en campos venezolanos, a pesar de las sanciones. En 2022, todas recibieron la autorización para exportar crudo a sus respectivos países de origen, siempre y cuando esas operaciones no generasen dividendos para el Estado.
En este sentido, Monaldi desestima que Estados Unidos retire las licencias particulares para estas empresas, que son las que tienen mayor posibilidad de invertir en Venezuela e incrementar la producción de crudo de la industria nacional. En su lugar, espera que Washington solo revierta la Licencia General N° 44 otorgada en octubre, tal y como dijo el Departamento de Estado.
«¿Van a revocar las comfort letter (a Eni, Repsol y Maurel & Prom) y la licencia particular a Chevron? Lo veo improbable, pero si eso ocurriera, se secaría la inversión en las empresas mixtas y tendríamos una caída de producción eventualmente hacia finales de año. No es mi escenario base que suspendan estas licencias», destacó.
Bajo esta premisa, el economista petrolero, Rafael Quiroz, matiza que las licencias no son determinantes para atraer inversión extranjera, ya que impiden la planificación a largo plazo y mantienen el escenario de incertidumbre que caracteriza a la economía venezolana.
«Varios dijimos que eso no sería determinante y que, al final del día, las empresas petroleras no iban a sentir mayor atracción porque era una flexibilización sometida a una evaluación permanente y a una renovación cada seis meses, que además no dependía de ellos, sino del comportamiento del Gobierno», opinó en una entrevista para Unión Radio.
No en vano, la producción petrolera apenas incrementó en 2023. De acuerdo con la información obtenida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por fuentes secundarias, Venezuela produjo un promedio de 749.000 barriles por día (b/d) durante todo 2023, apenas 9,34% más que los 685.000 b/d promediados en 2022.
Este crecimiento, inferior a 10% y que somete a Venezuela a un estancamiento por debajo de los 800.000 b/d, fue impulsado principalmente por una mayor actividad de Chevron, que logró incrementar su cuota a unos 150.000 b/d.
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El problema radica en que no parece que la petrolera estadounidense aumente mucho más, mientras que Pdvsa no logra superar los problemas estructurales de la empresa y parece incapaz de expandir su producción.
«Chevron no va a hacer mayores esfuerzos o inversiones en lo que respecta a Venezuela. Escasamente lo hará para sacar sus 150.000 barriles diarios este año. Hablamos de unas inversiones muy modestas. Sacan ese petróleo, se lo llevan a refinerías y no pagan regalías ni Impuesto Sobre la Renta (ISLR) o dividendos para Pdvsa», detalló Quiroz.
Estimaciones de producción petrolera de Ecoanalítica para 2024 y las respectivas cuotas de Chevron desde que recibieron su licencia particular
El panorama del país no ha cambiado demasiado incluso con la operatividad de Chevron durante todo 2023 y la flexibilización de sanciones en el último trimestre de ese año. De hecho, distintas organizaciones afirman que la economía cayó en 2023.
Una semana después de la emisión de las licencias de Estados Unidos, TalCual publicó un trabajo titulado Alivio de sanciones otorgará al Estado más dinero, pero no «arreglará» la economía. Como su nombre lo indica, el reportaje advertía que el impacto de una mayor libertad en la industria petrolera no se traduciría en un inmediato cambio de la dinámica económica.
De igual manera, la derogación de estas licencias no cambiará demasiado la cotidianidad de los venezolanos, pero a un nivel macroeconómico tendrá un impacto relevante. Las perspectivas de Ecoanalítica cambian según la duración del alivio sancionatorio. Si permanece el levantamiento todo el año, los resultados son considerablemente mejores a una derogación en abril:
Licencia hasta diciembre: Crecimiento económico de 9,7%, aumento del consumo de 15% y expansión del gasto público de 45%.
Licencia hasta abril: Crecimiento económico de 4,4%, aumento del consumo de 5% y expansión del gasto público de 30%.
Para poner en contexto estas cifras, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, razonó que en un escenario de interrupción del alivio sancionatorio, el Estado tendrá que trabajar con menos dinero, lo que reducirá el dinamismo que la economía podría tener este año.
«Si no hay capacidad de expansión y gasto, es difícil que recuperes el consumo o la capacidad de venta en las empresas. El sector público no va poder dar mejores ingresos, lo que repercute en la capacidad de compra de los trabajadores públicos y los pensionados. Eso tendrá un efecto en términos de calidad de vida, influye en la dinámica de inversión y la capacidad de mejora de los servicios públicos», apuntó Oliveros en entrevista con TalCual.
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El analista resalta que, para la administración de Nicolás Maduro, es más conveniente ver una reducción en sus ingresos por las sanciones que someterse a unas elecciones competitivas en las que se arriesguen a perder el poder.
«Es importante entender el contexto político. Probablemente para el Gobierno sea mucho más cómodo evitar una negociación que lo comprometa a una elección competitiva, donde las probabilidades de perder son muy altas, así que prefiere sacrificar un mejor flujo de ingresos con las consecuencias que tiene en la economía», opinó.
A diferencia del impacto que puede llegar a generar la interrupción de las sanciones en la industria petrolera, la Licencia General N° 43, que limita las operaciones con la estatal Minerven, parece que tendrá un efecto irrisorio.
Oliveros recordó que la mayor parte de la industria se maneja a través de los «caminos verdes», es decir, los mercados informales, por lo que el alivio de las sanciones a la estatal minera apenas afecta algunas operaciones. Ecoanalítica calcula que la pérdida sin esta licencia puede ser de unos $500 millones.
«Esta licencia de Minerven tiene un alcance muy limitado. No había muchos cambios, la mayoría del oro se comercializa por caminos verdes, pero no tanto por las sanciones sino por los acuerdos que existen con los grupos que operan en el Arco Minero y que están explotando el oro. Es un impacto bastante limitado, en torno a unos $500 millones», indicó.
El negocio del oro en Venezuela es uno de los menos transparentes en toda la economía nacional. Transparencia Venezuela ha denunciado en distintos trabajos cómo se ejecuta un ecocidio en el Arco Minero del Orinoco para generar unos ingresos que no pasan por ningún tipo de control o auditoría.
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Periodistas que hacen seguimiento al tema en Transparencia Venezuela dijeron a TalCual que Minerven pasó a ser un actor secundario en el Arco Petrolífero del Orinoco, y que el verdadero peso de las operaciones lo tiene actualmente la Corporación Venezolana de Minería, que entabla negocios con privados para procesar el oro.
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