El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la reactivación del programa de parole humanitario este jueves, luego de que fuera suspendido en julio para investigar denuncias de fraude masivo.
El programa seguirá beneficiando hasta a 360.000 personas anuales provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El DHS emitió un comunicado en el que aseguró que como parte de una “revisión interna”, ha implementado diversas medidas para reforzar la “integridad” del programa y reanudar la “expedición de nuevos permisos de viaje” para los migrantes que sean admitidos.
Entre las mejoras resaltadas, se incluyen nuevos controles sobre los antecedentes penales de los patrocinadores en Estados Unidos, que ahora incluirán la toma de huellas dactilares, así como estrategias diseñadas para prevenir la presentación de solicitudes «en serie».
Un análisis interno del Departamento de Seguridad Nacional, al que NBC News tuvo acceso, reveló que alrededor de 101.000 solicitudes fueron realizadas por 3.218 patrocinadores.
Este informe, preparado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), no especificó cuántos de esos solicitantes lograron ingresar al país.
Los patrocinadores son individuos que residen legalmente en Estados Unidos y tienen la obligación de ofrecer apoyo financiero a los inmigrantes que buscan beneficiarse del programa, en caso de que sea necesario, con el fin de prevenir que se conviertan en carga pública.
Los investigadores que elaboraron el informe sobre el presunto fraude encontraron numerosos casos en los que patrocinadores compartían direcciones postales, direcciones IP o números de teléfono. Un ejemplo notable fue la identificación de cerca de 600 solicitudes que parecían estar vinculadas a la misma dirección de un almacén en Orlando, Florida.
Además, se detectó un uso repetido de ciertos números de la Seguridad Social, incluyendo los de individuos que ya habían fallecido.
La existencia de un número limitado de patrocinadores que respaldan a grupos grandes de personas podría generar inquietudes sobre la posibilidad de tráfico humano en los programas de inmigración, aunque no se ha confirmado si este tema era el foco de la investigación federal en esta ocasión.
“El DHS se compromete a exigir responsabilidades a las personas que cometan fraude o intenten explotar a otros para su beneficio. Cualquier persona que cometa fraude u otros abusos será remitida a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”, dice el comunicado publicado el jueves.
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