(EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sorprendió el domingo al visitar las ruinas de El Frontón, la cárcel peruana comparada con Alcatraz al encontrarse en una isla frente a la capital Lima, y anunciar que reconstruirá esa prisión destruida en 1986, cuando fue bombardeada para aplacar un motín de miembros de Sendero Luminoso condenados por terrorismo.
Desde que Boluarte anunciase de manera imprevista este plan para volver a hacer una nueva cárcel en la isla de El Frontón se ha generado una nueva controversia en el país, entre quienes quieren a toda costa una prisión de condiciones feroces para los criminales más peligrosos y quienes advierten del alto coste que supone tener un penal en una isla desierta.
La cárcel original de El Frontón funcionó desde 1917, cuando fue construida como una prisión para delincuentes de alta peligrosidad en esta isla de aproximadamente un kilómetro cuadrado situada a 7 kilómetros de las costas de Lima y Callao.
En varios episodios albergó a presos políticos y desde el inicio del conflicto armado interno (1980-2000) sirvió para recluir a integrantes de la organización subversiva Sendero Luminoso condenados por terrorismo, quienes en 1986 protagonizaron un gran motín en esta y otras cárceles que acabó con la matanza de más de doscientos prisioneros.
En El Frontón, donde murieron 118 presos y tres militares, la Armada demolió el pabellón con explosivos y posteriormente, ya una vez rendidos los presos, fueron llevados a una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos, fueron asesinados con disparos y bayonetas, en un caso de ejecuciones extrajudiciales que todavía está en manos de la Justicia.
Posteriormente la prisión fue demolida y olvidada, usada como refugio de pescadores artesanales que navegan por la zona, hasta ahora, cuando Boluarte volvió a pisar de la isla el domingo.
EFE/ Presidencia de Perú
El anuncio de la nueva cárcel se hizo tras la llegada a la cartera de Justicia y Derechos Humanos de Juan José Santiváñez, uno de los ministros de mayor confianza de la presidenta Boluarte, pese a haber sido censurado hace pocos meses como titular del Interior por «incompetencia» para combatir a las organizaciones criminales y enfrentar varias investigaciones en la Fiscalía.
Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que dentro del Gobierno defiende la postura de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que la cárcel en El Frontón costará 174 millones de dólares (149 millones de euros).
En un acto público el lunes, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos detalló que la nueva prisión proyectada en esa isla tendrá una capacidad para 2.000 presos y aseguró que el viernes de esta semana firmarán un convenio con el Ministerio de Defensa para que los ingenieros del Ejército comiencen con el movimiento de tierras y «empezar la construcción».
«Va a ser un centro de reclusión absolutamente cerrado, sin visitas. Ahí irán los sicarios, los asesinos y los extorsionadores…», dijo Santiváñez.
Sin embargo, un informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de 2023 difundido por el medio digital Epicentro TV advertía que una nueva cárcel en la isla de El Frontón apenas podría albergar en el mejor de los casos a 108 reos y recordaba que el Alcatraz de Estados Unidos tuvo que cerrar por los altos costos de mantenimiento.
La autoridad penitenciaria recomendaba en ese entonces abordar otros proyectos de construcción de nuevas prisiones con mayor capacidad que permitiesen en mayor medida reducir el hacinamiento, pues la población penitenciaria acoge actualmente a más de 100.000 reclusos cuando la capacidad en conjunto de las cárceles no sobrepasa los 42.000.
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La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, señaló al Canal N que espera que esta cárcel anunciada por el Gobierno no siga el modelo instaurado en El Salvador por su presidente Nayib Bukele, donde «se violan los derechos humanos» al estar «seres humanos enjaulados sin ningún tipo de intimidad».
«Es absurdo», aseveró el exministro del Interior y el expresidente del Inpe Luis Pérez Guadalupe, para quien «esta no es una propuesta técnica en lo absoluto, es política». «Este penal no se va a construir para 1.200 personas. No saben lo que cuesta construir un penal y alimentar a todas esas personas todos los días», apuntó.
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