Presencia de observadores electorales evitará violentar la norma

Los especialistas en temas electorales José Domingo Mujica y Jesús Castellanos consideran que es necesaria la participación de observadores electorales independientes para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones presidenciales en un contexto político complejo como el venezolano. Advierten que Ceela y Opeir son organismos afines a la administración de Nicolás Maduro

Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha reunido con cinco misiones internacionales con el fin de evaluar su presencia como observadores en las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 28 de julio. Estas son el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), el Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional (Opeir), la Misión Exploratoria de la Unión Europea (UE), Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas. 

Los Observadores Electorales Internacionales (OEI) tienen como tarea garantizar que el proceso electoral sea transparente, justo y democrático. José Domingo Mujica, director de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, y el politólogo Jesús Castellanos coinciden en que la presencia de algunos de estos organismos fortalecerá el proceso electoral y evitará que se practiquen algunos vicios por parte de quienes detentan el poder. 

La observación electoral en el país es crucial para las elecciones presidenciales para asegurar la legitimidad del proceso en el contexto político complejo que vive el país.

«Indudablemente, la presencia de los observadores internacionales significa un vocero de peso que hace que al gobierno le cueste más, si es que está en disposición, violentar las normas», expone José Domingo Mujica. 

En este mismo sentido, Jesús Castellanos suma que la asistencia como observadores del Centro Carter, la Misión Exploratoria de la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas «contribuye a la evaluación exhaustiva e imparcial del proceso electoral y limita o disuade, con su sola presencia, al régimen de prácticas viciadas o fraudulentas y ayuda al fortalecimiento de los procesos electorales siguientes al generar recomendaciones». 

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Pese a que los representantes de la Unión Europea, Centro Carter y de la ONU se reunieron con autoridades del Consejo Nacional Electoral para evaluar el cronograma electoral y valorar el envío de una misión de observación para los comicios, la decisión de participar como observadores no ha sido confirmada.

Según comentó el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, se espera que en mayo se concrete la participación de estas misiones, pues hasta la fecha no se ha firmado ningún convenio con estos organismos.

Los únicos organismos que han confirmado su participación como veedores en las elecciones presidenciales son el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional (Opeir). 

No obstante, los especialistas electorales alertan que las organizaciones que han confirmado su participación como veedores son afines a la administración de Nicolás Maduro. 

El término veeduría está vigente desde 2020 y esta figura conlleva algunas limitaciones. El artículo 484 del Reglamento de Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que los veedores no pueden emitir declaraciones ni opinión sobre los asuntos internos del país hasta que culmine el proceso electoral y se dé la proclamación del ganador. 

El director de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación añade que los veedores solo hacen declaraciones públicas de reconocimiento al proceso electoral y los comentarios que existan solo se les hacen al gobierno y bajo ninguna circunstancia se hacen públicos.

El politólogo Castellanos agrega que «la presencia de Ceela y Opeir únicamente busca crear una matriz de opinión positiva de los procesos electorales con gobiernos amigos». Afirma que la presencia de veedores «refuerza autoritarismos y procesos electorales con déficit de integridad».

Para Castellanos, el origen del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y del Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional (Opeir) «no es tan claro, sino turbio».

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación y otras organizaciones electorales se reunieron con los representantes de la Misión Exploratoria de la Unión Europea (UE) y del Centro Carter y los alertaron sobre una serie de situaciones «preocupantes» —a juicio de José Domingo Mujica— «porque hay un grado de inobservancia de las normas, superior al que se ha dado en otras elecciones».

Mujica dice que con Ceela y Opeir no han conversado porque no han sido convocados, pero insiste que ambos organismos «han dejado claro (por adelantado) que confían que las elecciones serán acorde con las normas».

Tras la reunión con los representantes del CNE, Nicanor Moscoso, presidente del Ceela, felicitó al ente rector y afirmó que su labor será únicamente de observación y que no se inmiscuirán en funciones del sistema electoral. Ceela ha realizado observación en más de 140 elecciones en todo el mundo.

Para los dos expertos electorales, en los comicios presidenciales es necesaria la observación internacional calificada, por eso esperan que se concrete la participación de la Unión Europea, Centro Carter y Naciones Unidas; ya que consideran que son organismos que generan confianza al proporcionar una evaluación imparcial de las elecciones. Jesús Castellanos indica que con esta se haría una «evaluación importante de la condición democrática de una elección». 

La última misión de observación electoral de la Unión Europea fue en el año 2021 para los comicios regionales, luego de 15 años de ausencia de procesos electorales venezolanos. Meses más tarde se presentó un informe final con 23 recomendaciones al Consejo Nacional Electoral que «apunta a las mejoras del proceso y al fortalecimiento de instituciones»; entre ellas, la separación de poderes del Estado, particularmente el poder Judicial, reforzar la capacidad sancionatoria del organismo y la derogación de la llamada Ley contra el Odio.

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