Por una institucionalidad fuerte y competitiva

Aquí usaremos un ejemplo histórico que no está en las páginas de “El pasillo estrecho” de Acemoglu y Robinson, aunque sí en su anterior libro “¿Por qué fracasan los países?” (2012). La Revolución Gloriosa fue un proceso revolucionario ocurrido en Inglaterra entre 1688 y 1689, que derrocó al rey Jacobo II Estuardo y llevó al poder a su hija María II y a su esposo, Guillermo III de Orange. La Revolución fue propiciada por el Parlamento inglés, que veía con gran preocupación los intentos absolutistas del rey y sus intentos de reimplantar el catolicismo en una sociedad mayoritariamente protestante. En este ejemplo histórico podemos ver dos elementos: La necesidad de una institucionalidad fuerte para conservar la libertad política, civil y económica del individuo; y la necesidad que el conflicto entre Estado y sociedad se sostenga a través de una institucionalidad fuerte y competitiva.

Desde antes de su coronación, en 1685, los nobles protestantes del Parlamento veían con recelo a Jacobo Estuardo, que era católico. La situación de tensión se hizo insostenible cuando se produjo el nacimiento del heredero varón del rey, el 10 de junio de 1688. La perspectiva del inicio de una dinastía católica en las islas británicas unió a la mayoría de los integrantes del Parlamento, que comenzaron a conspirar contra el rey. Un grupo de nobles se pusieron en contacto con Guillermo de Orange, estatúder de las Provincias Unidas y yerno del rey, debido a su casamiento con su hija María. Ambos eran protestantes y nietos del ejecutado Carlos I. Los nobles le ofrecieron la corona de Inglaterra, con la condición de que hiciera un uso limitado del poder real.

“Al llegar el chavismo al poder, él mismo terminó el trabajo de estas élites, demoliendo toda institucionalidad en el Estado y liberando el poder político en su sentido más brutal”

Las principales causas de la Revolución Gloriosa fueron las siguientes: La voluntad del rey Jacobo II Estuardo de imponer un estilo de gobierno absolutista; el intento del rey de reimplantar el catolicismo en Inglaterra; y la voluntad de la mayoría de los integrantes del Parlamento de imponer límites al poder real y de defender la Iglesia anglicana. Guillermo alquiló una flota de 400 naves de transporte y contrató unos 15 mil mercenarios holandeses. En octubre de 1688 se embarcó hacia Inglaterra, escoltado por la flota de guerra de las Provincias Unidas y con el apoyo de sus Estados Generales. Desembarcó su ejército en Devon y avanzó lentamente hacia Londres, esperando que sus aliados ingleses tomasen la iniciativa. Luego de que las tropas de Guillermo derrotaran a las del rey en una escaramuza, Jacobo huyó antes de la Navidad y se exilió en la corte de Luis XIV de Francia. En febrero de 1689 el Parlamento declaró que la huida de Jacobo significaba una abdicación y se procedió a la coronación de Guillermo y María como gobernantes conjuntos.

Poco después, el Parlamento aprobó el “Acta de Tolerancia” y la “Declaración de Derechos”. El Acta garantizó tolerancia a todos los protestantes no anglicanos, pero no así a los católicos. La Declaración restringió los poderes del rey, al quitarle las facultades para suspender leyes, crear impuestos o mantener un ejército permanente sin el permiso del Parlamento. De esta manera, protegió a los súbditos de posibles abusos del poder real. La Revolución Gloriosa logró el derrocamiento de Jacobo II y los nuevos monarcas debieron comprometerse a mantener el protestantismo y a dar plenos derechos legislativos al Parlamento. Se eliminó definitivamente de la monarquía absolutista en Inglaterra, que fue reemplazada por una monarquía parlamentaria.

Se hizo la proclamación de la “Declaración de los Derechos”, documento que hoy en día es uno de los pilares de la sociedad británica. Y se inició un período de libertades, equilibrio de poderes y fomento del comercio y la industria, creando así las condiciones para el inicio de la Revolución Industrial.

Si bien en la Revolución de 1688 hubo violencia y batallas, comparadas con sus homónimas, fue bastante incruenta y poco represiva. Fue fruto del entendimiento y la colaboración entre las distintas fuerzas políticas británicas, y no una imposición unilateral de una minoría revolucionaria. Y fue una revolución que no aspiró a destruir el orden social y jurídico establecido, sino, paradójicamente, a preservarlo y a reformarlo positivamente: movida por los impulsos como la mesura, el consenso, el pragmatismo, la prudencia y la ecuanimidad.

La Revolución Gloriosa concedió la libertad religiosa (aunque no la completa igualdad política: la minoría católica, y por tanto los irlandeses, quedaron privados de ciertos derechos). Reforzó la independencia judicial. Purificó la administración de justicia. Abolió prácticamente los delitos de naturaleza política, garantía esencial de la libertad. Estableció un nuevo equilibrio de poder entre el rey y el Parlamento. Sometió a la autoridad de éste la fijación anual de los gastos militares y la aprobación de los impuestos: hizo de la Cámara de los Comunes la primera institución del Estado. Abolió la censura y estableció la libertad de imprenta (expresión).

Como vemos aquí, la necesidad de Jacobo II de implantar orden en Inglaterra estaba llevando a Inglaterra al absolutismo político que se iba a expresar en restricciones en las libertades personales, políticas y económicas de los ingleses. Con el derrocamiento del intento absolutista se creó una monarquía parlamentaria, en la que tanto el Estado como la sociedad entraban en constante conflicto regulado para garantizar la libertad de los habitantes británicos. No era la democracia liberal como la conocemos hoy en el siglo XXI, pero era un régimen mucho más avanzado de la que la mayoría de los países occidentales en ese entonces conocían. La libertad política de ese sistema, en un lento proceso, dio camino a una constante reforma de las instituciones para los nuevos tiempos,  y para desembocar en una democracia como la conocemos actualmente. Y no sólo eso, esa apertura política derivó en nuevas libertades en materia de autonomía personal y económica.

La Revolución Gloriosa limitó el poder del rey y del ejecutivo, y devolvió al Parlamento el poder para determinar las instituciones económicas. Al mismo tiempo, abrió el sistema político a una amplia muestra representativa de la sociedad, que fue capaz de ejercer una influencia considerable sobre la manera de funcionar del Estado. La Revolución Gloriosa fue la base para la creación de una sociedad plural, que se desarrolló a partir de un proceso de centralización político que también la aceleró.

En el Absolutismo, el Estado recaudaba impuestos de forma arbitraria y manipulaba el sistema jurídico (Acemoglu y Robinson, 2012). La mayor parte de la tierra estaba sujeta a formas arcaicas de derechos de propiedad que hacían que fuera imposible de vender y muy arriesgado invertir en ella. Tras la Revolución Gloriosa, el gobierno adoptó una serie de instituciones económicas que proporcionaron incentivos para la inversión, el comercio y la innovación. Garantizó firmemente derechos de propiedad, lo que incluía las patentes que concedían derechos de propiedad a las ideas. La nueva institucionalidad parlamentaria permitía mayor libertad del individuo no sólo en lo político y civil, sino en lo económico.

El Estado inglés fomentaba intensamente las actividades mercantiles y procuraba impulsar la industria nacional. Al racionalizar los derechos de propiedad, facilitó la construcción de infraestructuras, sobre todo de carreteras, canales y, más adelante, vías férreas. Estas bases cambiaron decididamente los incentivos para todas las personas e impulsaron los motores de la prosperidad, allanando el camino para la Revolución Industrial. La Revolución Industrial dependía de que los grandes avances tecnológicos explotaran la base de conocimiento que había acumulado Europa durante los siglos pasados. Era una ruptura radical con el pasado, posibilitada por la investigación científica y el talento de individuos únicos.

Toda la fuerza de esta revolución procedía del mercado que creó oportunidades rentables para que se desarrollaran y aplicaran las tecnologías. No es casualidad que la Revolución Industrial empezara en Inglaterra unas cuantas décadas después de la Revolución Gloriosa. Grandes inventores como James Watt (perfeccionador de la máquina de vapor); Richard Trevithick (constructor de la primera locomotora de vapor); Richard Arkwright (inventor del torno de hilar de agua), o Isambard Kingdom Brunel (creador de varios barcos de vapor revolucionarios) entre otros, fueron capaces de aprovechar las oportunidades generadas por sus ideas (Acemoglu y Robinson, 2012).

Los avances tecnológicos, el impulso de los negocios para ampliar e invertir y el uso eficiente de habilidades y talento fueron posibles gracias a las instituciones económicas inclusivas que desarrolló Inglaterra. Éstas, a su vez, se fundaron en sus instituciones políticas inclusivas (Acemoglu y Robinson, 2012). Inglaterra desarrolló esas instituciones políticas inclusivas a causa de dos factores. El primer factor: tenía instituciones políticas que incluían a un Estado centralizado, que le permitieron dar el siguiente paso radical.

El segundo factor: revestía mayor importancia. Los acontecimientos que condujeron a la Revolución Gloriosa forjaron una coalición amplia y poderosa capaz de imponer limitaciones duraderas al poder de la monarquía y al ejecutivo, que se vieron obligados a permanecer abiertos a las demandas de esta coalición, y por ende la sociedad británica. De este modo, se sentaron las bases para las instituciones políticas plurales, que entonces permitieron el desarrollo de instituciones económicas que respaldarían la primera Revolución Industrial, y por lo tanto la prosperidad del Reino Unido.

3. Quebrando la tiranía

Y hemos dado una muy larga marcha para volver a nuestro punto de partida: Venezuela. La democracia en Venezuela no murió porque los venezolanos no estuvieran culturalmente preparados para ella sino porque sus élites tanto políticas como de otras esferas de la sociedad no procedieron a actualizar las instituciones políticas y económicas para los nuevos tiempos del país y, en unos casos, entorpecieron las reformas ya que en su modalidad extractiva les eran útiles. No hay pueblos o ciudadanos tarados, pero sí élites taradas y Venezuela fue ejemplo de eso. Al llegar el chavismo al poder, él mismo terminó el trabajo de estas élites, demoliendo toda institucionalidad en el Estado y liberando el poder político en su sentido más brutal. Toda revolución que se precie destruye las instituciones del antiguo orden para reemplazarlas por otras instituciones, las revolucionarias. Pero en Venezuela no. No hay institucionalidad y la élite gobernante reina a través del caos; y en este caso no se puede construir libertad alguna sin institucionalidad, solamente tiranía del más fuerte sobre el más débil.

El caso de la autocracia venezolana ha generado una inmensa producción en materia de las ciencias sociales y políticas, tanto a nivel local como internacional. Pero sus aportes suelen ser más ideográficos y descriptivos de lo que pasa en el país, con muy poco avance en la aplicación y desarrollo susceptibles de encontrar patrones generalizables (Alarcón y Álvarez en Alarcón, 2017). Se usan viejas categorías, en dicotomías excluyentes como democracia-dictadura para el estudio del caso venezolano, porque es más sencillo errar desde lo conocido que tratar de acertar por medio de conceptos desconocidos.

La publicación inglesa The Economist ha desarrollado un índice de democracia comparada en 165 países, tomando en consideración 5 indicadores: procesos electorales y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política y cultura política. Su combinación de indicadores clasifica los gobiernos de los países evaluados en cuatro categorías (Alarcón y Álvarez, en Alarcón, 2017):

Democracias plenas: Países en los cuales no sólo las libertades políticas y civiles son respetadas, sino que adicionalmente se caracterizan por una cultura política que conduce hacia la estabilidad de la democracia.Democracias débiles: Países que tienen elecciones justas y libres, y donde las libertades son respetadas, pero sufren problemas de gobernabilidad democrática, cultura democrática y bajos niveles de participación política.Regímenes híbridos: Sistemas donde los procesos electorales se desarrollan con irregularidades de gran envergadura que impiden clasificárseles como libres. Son aún más débiles en materia en aspectos de cultura política, funcionamiento del gobierno y participación política. Sufren de corrupción generalizada junto con un Estado de Derecho débil. Es común la represión a los medios y opositores, el sistema judicial tiende a no ser independiente.Regímenes autoritarios: Es donde el pluralismo político está ausente o al menos seriamente limitado. Las dictaduras suelen estar englobadas en esta clasificación. En algunos casos las instituciones formales de la democracia existen, pero están vaciadas de su contenido real. Las elecciones no son libres ni justas; la represión a los derechos civiles es frecuente; los medios de comunicación están cooptados por el Estado o empresarios afines al régimen; es constante la censura y la represión a la oposición política; y naturalmente el poder judicial no es independiente.

Desde que el índice de The Economist salió en el año 2006, Venezuela se situó en los regímenes híbridos que año tras año deterioraban sus índices democráticos. Eso fue hasta que, en 2017, cuando el Ejecutivo anuló las potestades del Poder Legislativo dominado por la oposición política y reprimió salvajemente las protestas en contra de esa medida, The Economist clasificó a Venezuela como un régimen autoritario, que igualmente año tras año erosiona cada vez más su puntuación entorno a los indicadores de democracia.

Definir a Venezuela como un régimen autoritario es útil pero no suficiente. Toda dictadura es un régimen autoritario, pero no todo régimen autoritario es una dictadura abierta a la vieja usanza. Las categorías puras no son útiles en las ciencias sociales y políticas. Larry Diamond (2004), usando la tipología de Roessler y Howard (2006) clasifica a los sistemas políticos en cinco categorías de acuerdo a las posibilidades de los ciudadanos de participar en la elección de sus gobernantes, y de los aspirantes a alcanzar el poder en elecciones libres y competitivas. Esta clasificación de mayor a menor competencia y participación engloba:

1. Democracias liberales.

2. Democracias electorales.

3. Autoritarismos competitivos.

4. Autoritarismos hegemónicos.

5. Autoritarismos cerrados.

Un autoritarismo hegemónico tiene como principal rasgo el ser un régimen donde no existen elecciones multipartidistas o de existir no son competitivas. Ocasionalmente se permite la existencia de un número limitado de partidos, por consustanciales restricciones para su creación y existencia legal, así como su financiamiento y el ejercicio de las actividades que son propias a la competencia por el poder. Los procesos electorales no son competitivos en el sentido de quienes ocupan el poder, que suprimen toda incertidumbre en los resultados cuando a los candidatos de mayor oportunidad se les bloquea para competir en el proceso mediante la aplicación de alguna restricción formal. Existe un nivel de fraude tal que no hay relación entre lo expresado por los votantes a través del acto comicial y los resultados oficiales. Existe un poderoso control sobre los medios de comunicación, que están estatizados o son controlados por actores afines al régimen. Dichas condiciones hacen que regímenes recurran constantemente a su capacidad de opresión para asegurar su control político y su estabilidad en el poder. Existe un mínimo de competencia electoral, pero limitada a términos y condiciones que garanticen resultados predecibles para la permanencia del régimen en el poder, por lo cual no existe incertidumbre sobre los resultados electorales (Alarcón y Álvarez, en Alarcón, 2017).

Por los indicadores tanto de libertades civiles como electorales, podemos decir que el régimen que sostiene actualmente a Nicolás Maduro es un autoritarismo hegemónico (luego de años de ser él y su predecesor, Hugo Chávez, definidos como autoritarismos electorales). Hay una constante represión policial y penal contra la oposición política; se dan procesos electorales llenos de irregularidades y muchas veces cuando el candidato opositor logra imponerse a pesar de las mismas, su elección es invalidada; se les anulan las atribuciones a los puestos de gobierno ganados por la disidencia política; los medios de comunicación o están estatizados o comprados por empresarios afines del gobierno actual; y el sistema judicial claramente no es independiente.

En este proceso, la oposición nuevamente muestra inmensa torpeza en los procesos políticos para lograr una transición hacia la democracia. Compite en procesos electorales que previamente no reúnen las condiciones mínimas para aglutinar y alcanzar el poder político. Negocia con la cúpula del régimen mejores condiciones electorales, libertad de presos políticos y ayuda humanitaria, cuando en dicha cúpula no existe incentivo alguno para dar esas concesiones. Intenta agitar la calle y crear fracturas en la cúpula del régimen, cuando los cuerpos de inteligencia del Estado tienen plenamente controlados los cuerpos policiales y militares del país, junto con los potenciales disidentes en las altas esferas del régimen. La oposición, ya sea porque no sabe o no quiere saber qué estrategia puede ser exitosa para lograr sus objetivos, juega en cada uno de los campos en que el Gobierno tiene todos los factores a su favor. Y como apuntamos, el Gobierno ha anulado cualquier mecanismo institucional de resolución de conflictos políticos que haga que cualquiera de estas tres vías pueda ser un camino viable hacia la democratización del país.

Toda la literatura de transiciones de la dictadura hacia la democracia, apunta hacia la necesidad de generar un quiebre en las fuerzas que sostienen a un régimen autocrático. La oposición de manera errática ha apuntado hacia la cúpula del régimen para generar ese quiebre, siendo este un acto estéril ya cuando cualquiera de los miembros de la cúpula verse a sí mismo fuera del poder es como una pérdida y no una ganancia; y tampoco la élite gobernante pueda sentirse acorralada para dar concesiones a la oposición que posibiliten su eyección del poder. Con el empeoramiento de los recursos monetarios del Estado debido al colapso de la industria petrolera (por la fatal política económica durante 24 años) y las sanciones internacionales, hay menos recursos en el Gobierno para comprar lealtades dentro de la coalición que lo apoya. Son los suficientes para garantizar la cohesión de la cúpula gobernante… pero no de sus cuadros medios y bajos, que ya no perciben sus recompensas utilitarias por su fidelidad al régimen. Allí es donde debe apuntar la oposición, de manera arriesgada, con negociaciones estratégicas y al uso inteligente del apoyo de la comunidad internacional, materializado en las sanciones, para generar ese quiebre, captando a los elementos oficialistas menos beneficiados del saqueo y destrucción del país.

Un quiebre puede ocurrir tanto que la cúpula para evitar la implosión de su propia coalición gobernante haga sustantivas concesiones a la oposición en materia electoral, derechos humanos y ayuda humanitaria. Concesiones electorales que posibiliten eventos comiciales libres y competitivos que puedan desplazar pacíficamente a los miembros del régimen del poder, y garantizar un espacio político en una transición democrática. Y de fallar todo lo anterior, un quiebre que pueda generar dentro de las filas medias y bajas del chavismo un proceso insurreccional contra sus propios líderes, a cambio del cese de las sanciones contra el país, la retención de bienes utilitarios obtenidos por medio de la corrupción y el asegurar su existencia política en un gobierno democrático post-autoritario. Seguir jugando en los campos en los que el régimen domina todo es perpetuar a una autocracia que ha destruido toda institucionalidad del país que garantiza libertad civil, política y económica a los venezolanos.

Para reforzar lo dicho anteriormente, es necesario repasar dos párrafos de obras distintas sobre transiciones políticas de la democracia hacia la dictadura. Primeramente, nos aventuraremos a citar la obra “Transiciones políticas en América Latina” escrita dentro de la Universidad Metropolitana, en Caracas, teniendo como coordinadores a los profesores Miguel Ángel Martínez Meucciy José Alberto Olivar. Este texto describe de forma muy pedagógica y exacta los esquemas con que se logra el quiebre de una autocracia, y la posterior transición política que debería llevar a una democracia. En segundo lugar, citaremos la excelente obra de Sergio Bitar y Abraham F. Lowenthal, “Transiciones democráticas: Enseñanzas de líderes políticos”, donde en el caso sudafricano se ejemplifica como una oposición combina diferentes recursos, entre ellos las sanciones internacionales para generar el quiebre de un autoritarismo y hacer una transición hacia un régimen más democrático.

“La coalición contendiente, integrada por quienes enfrentan la autocracia, por lo general será más eficaz en su lucha política en la medida en que tienda a mantenerse unida en torno a objetivos estratégicos asertivos y claramente definidos. En virtud de lo anterior, la relación dentro de cada coalición entre sectores radicales y moderados suele influir ostensiblemente en el rumbo político hacia una eventual transición. El hecho de que las transiciones (según la acepción restringida del término, y a diferencia de las demás modalidades de cambio de régimen político) sean consideradas como procesos fundamentalmente pacíficos y consensuados, no quiere decir que se encuentren absolutamente exentos de tensiones y de eventuales episodios de violencia. De ahí que quienes estudian la transición democrática contemplen que ésta pueda producirse a través de varias vías, desde las más violentas hasta las más negociadas. Linz, por ejemplo, distingue tres cursos de acción principales dentro del ámbito de las transiciones: reformas, rupturas y ruptformas. Huntington, por su parte, denomina respectivamente a estos procesos como transformation, replacement y transplacement. Mientras las transiciones por vía de la reforma (transformation) son esencialmente tuteladas por la coalición autocrática, garantizándose así sus líderes condiciones ventajosas en el marco del período democrático al que abren las puertas, en las rupturas (replacement) se produce un progresivo aumento de las tensiones (fruto de la presión creciente que los demócratas y sus aliados externos logran aplicar mediante movilizaciones populares, acciones de fuerza, tácticas de desobediencia civil, bloqueos y sanciones, entre otros medios) que fractura y finalmente termina por quebrar a la coalición autocrática. Por su parte, las ruptformas (transplacement) se desarrollan como resultado de la combinación de las dos modalidades anteriores, mediante largos y complejos procesos de presión y negociación que finalmente tienden a desembocar en acuerdos negociados. Casos de reforma serían, entre otros, los de Chile y Taiwán; mientras que constituirían ejemplos de ruptura los de Portugal o la República Democrática Alemania; y de ruptforma los de España y Polonia” (Martínez Meucci y Olivar, “Transiciones políticas en América Latina”, 2020, Págs. 34-35).

“El CNA fue ilegalizado en 1960. Poco tiempo después, se envió algunos dirigentes al extranjero, pues la dirección tenía claro que para poner fin al apartheid era necesario recabar apoyos en el ámbito internacional y, por lo tanto, había que desarrollar un movimiento internacional contrario a dicho sistema. A partir de 1960 la contribución de la comunidad internacional a la lucha contra el apartheid adquirió mayor notoriedad. Nuestra intención era que todo el mundo (gobiernos, ciudadanos, personas religiosas, sindicatos, partidos políticos) rechazaran el apartheid. El apoyo directo, de formas diversas, de países como la Unión Soviética y Cuba nos permitió plantear esa lucha incluso en términos militares. La causa recibió también el apoyo de países como Suecia, sobre todo con Olof Palme de primer ministro que apoyaron a grupos opositores del país. Dejando a un lado el apoyo directo al CNA, el segundo elemento importante fue el boicot a la Sudáfrica del apartheid y la imposición de sanciones. El ciudadano corriente se negó a comprar productos sudafricanos, los gobiernos impusieron sanciones y las empresas manifestaron que ya no estaban dispuestas a invertir en Sudáfrica. El tercer elemento fue el apoyo humanitario. Las organizaciones internacionales brindaron asistencia humanitaria a los refugiados. El apoyo internacional fue importante para nuestra lucha. Explicamos posteriormente que la lucha sudafricana se asentaba en 4 pilares. Uno de ellos era la movilización popular en el país. El segundo pilar la lucha militar; en nuestro caso con el ala militar del CNA, Umkhonto we Sizwe, que llevaba a cabo operaciones armadas. El tercer elemento fue la reconstitución del CNA (un partido ilegal), la creación de delegaciones y la organización específica de la entidad más allá de la lucha política de masas. En esa tarea participaban numerosos elementos, específicamente la maquinaria clandestina del CNA, a fin de proseguir la lucha por diversos medios. El cuarto pilar era la solidaridad internacional, que se manifestaba de modos diversos, como ya lo he señalado. La activación de esos 4 pilares propició la derrota del sistema del apartheid” Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica (1999-2008), entrevistado por Sergio Bitar y Abraham F. Lowenthal en “Transiciones democráticas: Enseñanzas de líderes políticos”.

Epílogo

Cuando se terminan las últimas palabras de este ensayo, hemos visto los resultados del Acuerdo de Barbados. Dentro de esos acuerdos se había logrado establecer el levantamiento parcial de las sanciones de la comunidad internacional al gobierno venezolano, a cambio de medidas democratizadoras en el país: como liberación de presos políticos, habilitación de personalidades políticas (inhabilitadas ilegalmente) y la construcción de condiciones electorales mínimas para celebrar elecciones presidenciales en el año 2024.

Por eso, siendo muy coherente al espíritu autocrático del régimen venezolano, el Gobierno no ha cumplido con su parte del Acuerdo de Barbados. Hubo una liberación mínima de presos políticos, que fueron reemplazados por nuevas detenciones de personas por razones políticas. Las inhabilitaciones políticas no han sido revertidas, y no se han hecho acciones para garantizar una institucionalidad electoral mínima para celebrar elecciones libres y justas.

La comunidad internacional inesperadamente no ha actuado coherentemente al incumplimiento de los acuerdos de Barbados, retomando las sanciones contra el gobierno venezolano. Quizás por el complejo escenario internacional (guerra en Ucrania, conflicto Israel-Hamás), unido de la urgente necesidad de países como Estados Unidos y la Unión Europea de controlar a la diáspora venezolana a través de la deportación masiva de venezolanos en situación ilegal en el exterior. En esto último, es posible la necesidad de mantener buenas relaciones con el gobierno venezolano para que dicha deportación no se interrumpa, generando que, ante el incumplimiento de los acuerdos de Barbados, no se haya procedido a sancionar a la parte que no ha cumplido.

Dentro de la sociedad venezolana han saltado de un tiempo para acá una serie autoproclamados representantes de la sociedad civil, ya sea de partidos políticos “opositores” afines al Gobierno; federación de empresarios; intelectuales y demás actores sociales. Algunos personajes son fáciles de identificar como personas afines al Gobierno o al menos beneficiados del statu quo que actualmente vive el país, por lo cual abogan que ante el incumplimiento de los acuerdos, se suplique a la comunidad internacional el no volver a implementar las sanciones contra el Gobierno. Según su argumentación, ayudar al sostenimiento del Gobierno ayudaría a la democratización del país. Tanta supuesta ingenuidad no puede ser otra cosa que cinismo.

Pero en otro lado del espectro de los que defienden no sancionar al Gobierno por su incumplimiento de lo acordado en Barbados, se pueden identificar sujetos que durante décadas han presumido de una alta superioridad moral. Muchos de ellos por décadas han luchado por la democracia del país y los derechos de los venezolanos. Pero la calidad de su discurso deja algo en claro: están rotos. Han perdido la esperanza en un cambio democrático en el país. Han perdido la esperanza en que los venezolanos dejen de vivir en una tiranía que los hambrea y mata. Han perdido la fe en un futuro mejor, en democracia y en libertad. Están rotos, mutilados. Desesperanzados de forma absoluta pero aun conservando (en apariencia) la mayor parte de sus valores morales, abogan que las sanciones internacionales no vuelvan a ser implementadas sin recibir nada a cambio, para que de una manera u otra llene las arcas del Estado y reactive la economía del país y de esa forma, aunque sea aliviar una pizca de la pobreza que ocupa más del 90% de los hogares venezolanos. Todo eso obviando (a propósito) que, en casi dos décadas de precios petroleros exorbitantes en el mercado, el Gobierno nunca invirtió en el país, pero sí en la fidelidad de la coalición de facciones que los mantienen en el poder. Omitiendo el hecho que, incluso levantando las sanciones, la infraestructura física e institucional destruida del país hace imposible cualquier mejora de la economía venezolana. Porque sin cambio político no habrá reconstrucción institucional de Venezuela y, por lo tanto, despegue político y económico. Estos sujetos blindados con su superioridad moral, juegan a sacrificar la libertad de todos para que al menos un puñado de venezolanos tenga una mínima probabilidad de mejor vida.

Es sencillamente la capitulación de los autoproclamados decentes.

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Bibliografía impresa:

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