Colombia nunca había invertido tantos recursos en conectividad ni contado con una institucionalidad tan robusta para impulsar la transformación digital. Tampoco había ejecutado tantos proyectos para llevar internet a las regiones. Sin embargo, basta salir de las principales ciudades para descubrir una realidad distinta. Mientras el país habla de inteligencia artificial, miles de hogares todavía esperan una conexión estable para estudiar, trabajar o acceder a un servicio público.
Este panorama hace parte del más reciente análisis de la Contraloría General de la República, que recopiló cifras presupuestales, resultados de auditorías e indicadores oficiales para evaluar el avance de la política pública de conectividad en Colombia.
Las cifras muestran el esfuerzo fiscal realizado por el Estado. El presupuesto anual del sector TIC pasó de $2,78 billones en 2023 a $4,22 billones en 2024, para ubicarse posteriormente en $2,74 billones en 2025 y alrededor de $2,09 billones en 2026. Sin embargo, la Contraloría advirtió que la ejecución presupuestal descendió del 91,4 % en 2023 al 71,2 % en 2024, aumentando al 85 % en 2025. Los datos recopilados por el organismo de control siguen reflejando dificultades en la estructuración, contratación y ejecución oportuna de proyectos estratégicos.
El presupuesto anual del sector solo muestra una parte del esfuerzo fiscal. Detrás de esa cifra existe un conjunto mucho más amplio de recursos públicos destinados a la política digital. De ese total, el (Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) FUTIC concentra cerca de $1,8 billones para financiar programas y proyectos de conectividad e inclusión digital.
Una dimensión menos visible, pero decisiva para entender la capacidad real de ejecución del sector TIC, está en los esquemas fiduciarios que administran recursos públicos mientras los proyectos avanzan o se detienen. En una muestra de contratos fiduciarios revisada por la Contraloría Delegada para el Sector TIC, se identificaron 18 contratos no liquidados, asociados a seis entidades fiduciarias y con un valor contractual agregado de $2,42 billones.
La revisión también evidenció que más de la mitad de los recursos girados a fideicomisos permanecía pendiente por legalizar. No se trata de cuestionar la figura fiduciaria en sí misma, sino de advertir que los recursos de la conectividad no terminen atrapados en patrimonios autónomos sin impacto territorial equivalente.
La pregunta, entonces, no es si el país ha invertido recursos. Los ha invertido. La verdadera discusión consiste en determinar qué impacto han tenido esas inversiones sobre la vida de millones de colombianos que continúan enfrentando barreras para acceder a una conectividad de calidad, un aspecto que el análisis de la Contraloría identifica como uno de los principales desafíos de la política pública.
Hay una paradoja evidente. Mientras el Estado aumenta la inversión y anuncia nuevos proyectos de conectividad, la discusión ya no puede reducirse a instalar infraestructura. Los retos se han trasladado hacia la ejecución de los recursos, la sostenibilidad de los proyectos, la calidad del servicio y la capacidad de las inversiones para reducir efectivamente la brecha digital entre regiones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025 del DANE, el 73,9 % de los hogares cuenta con acceso a internet, el 82,3 % de las personas de cinco años y más utiliza internet y el 91,9 % hace uso de telefonía móvil. No obstante, estos resultados evidencian profundas desigualdades territoriales: el acceso a internet alcanza el 78,8 % en las cabeceras municipales, mientras que en los centros poblados y la ruralidad dispersa apenas llega al 56,9 %, persistiendo rezagos preocupantes, como se evidencia en departamentos como Vaupés (18,6 %) y Vichada (23,3 %).
Este escenario contrasta con los resultados de las auditorías financieras practicadas por la Contraloría durante el primer semestre de 2026, en donde se identificaron 181 hallazgos, entre ellos cinco con presunta incidencia fiscal por cerca de $2.957 millones.
Más preocupante aún, de las ocho principales entidades auditadas, solo una obtuvo el fenecimiento de su cuenta, es decir que la Contraloría aprobó su gestión financiera y legal. No es un resultado marginal, sino una alerta sectorial. El mensaje del organismo de control es claro: además de invertir, el Estado debe fortalecer la capacidad para administrar y controlar esos recursos.
Los megaproyectos del sector muestran con nitidez esa tensión entre ambición pública y capacidad efectiva de ejecución. El Contrato Interadministrativo 1872 de 2024, por $234.399 millones, fue concebido para la planeación, diseño, construcción y dotación de Centros PotencIA en 26 departamentos y 60 cabeceras, con más de siete millones de beneficiarios estimados; sin embargo, la vigilancia especial de la Contraloría reportó una ejecución específica de apenas 2,09 %, recursos mayoritariamente inmovilizados y alertas por retrasos estructurales, fallas de planeación técnica, riesgos en predios y licencias, y posible incumplimiento del contrato principal y sus derivados.
En el Convenio Interadministrativo 1211 de 2025, por $47.000 millones, orientado a fortalecer la conectividad en hogares, juntas de internet e instituciones educativas del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta, los avances físicos reportados son más visibles: 56 comunidades instaladas, 3.443 hogares conectados y 110 sedes educativas instaladas.
Aun así, las alertas de control recuerdan que la medición no puede agotarse en la instalación: debe contrastarse con continuidad, calidad, uso efectivo del servicio, apropiación digital y costos adicionales de seguimiento.
A esa agenda se suma la iniciativa de fibra óptica para la Amazonía, inicialmente estructurada en el CONPES 4167 y actualizada mediante el Documento CONPES 4195, aprobado el 19 de mayo de 2026, que ajustó el valor total del proyecto a $1.141.744.618.674 y aseguró vigencias futuras hasta 2035.
La apuesta busca conectar a cerca de 100.000 hogares y beneficiar alrededor de 227.000 personas en Amazonas y Putumayo mediante una red de fibra óptica de alcance nacional e internacional. Según la Contraloría, precisamente por su escala y complejidad territorial, este proyecto exige un control fiscal preventivo y permanente para verificar que los recursos se traduzcan en infraestructura operativa y servicios efectivos.
Millones de colombianos siguen enfrentando brechas de acceso que limitan su derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación ciudadana y a las oportunidades que hoy dependen de la conectividad digital. El reto consiste en demostrar que cada peso invertido llega efectivamente a los municipios donde la exclusión digital sigue siendo una realidad cotidiana.
Existen diferencias profundas entre departamentos, entre cabeceras municipales y zonas rurales dispersas, así como entre regiones con distintos niveles de desarrollo económico.
Estas desigualdades implican que la política pública no puede distribuir los recursos bajo criterios uniformes. La focalización se convierte entonces en un elemento central, debe priorizarse donde la exclusión digital es más severa y donde el impacto social puede ser mayor.
Las auditorías adelantadas por la Contraloría también han puesto de presente la importancia de fortalecer la gestión financiera y los mecanismos de control en las entidades responsables del sector. Más allá del número de hallazgos, el organismo insiste en que la calidad de la ejecución presupuestal y la transparencia en el uso de los recursos son condiciones indispensables para que las inversiones públicas produzcan resultados sostenibles.
El debate no puede concentrarse únicamente en cómo conectar más personas. De acuerdo con el análisis del organismo de control fiscal, la discusión también debe orientarse a garantizar que la inversión pública llegue primero a quienes más la necesitan.
Para la entidad, conectar no equivale necesariamente a incluir. Una política pública puede ampliar la cobertura de infraestructura y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades territoriales si las inversiones no responden a criterios de focalización, equidad y sostenibilidad.
Para la Contraloría General de la República, Colombia ya aprendió a construir institucionalidad, movilizar recursos y ejecutar grandes proyectos de conectividad.
«La problemática es mucho más compleja: el reto es aprender a convertir esa infraestructura en oportunidades para las personas. Los billones destinados a la conectividad ya no deberán medirse por la cantidad de proyectos adjudicados o de recursos ejecutados. Su verdadera medida será la capacidad de transformar las oportunidades de quienes viven en los territorios históricamente excluidos del desarrollo digital«, explican.
En la misma línea, el organismo concluye: «debemos dejar de ser el país donde el lugar en el que se nace sigue determinando las posibilidades de conectarse, estudiar, emprender, acceder a los servicios del Estado y participar plenamente en la sociedad digital. El próximo gobierno heredará un sector con una institucionalidad más sólida, mayores instrumentos de financiación y una experiencia acumalada en la ejecución de proyectos de gran escala. Pero también recibirá la responsabilidad de demostrar que cada peso invertido reduce efectivamente la brecha digital en los territorios donde esa brecha sigue condenando a millones de colombianos».
La mayoría de los integrantes de la comición designada por la Asamblea Nacional electa en…
Los venezolanos tenemos muchas aprensiones respecto a las conversaciones que se están llevando a cabo…
A un mes del terremoto, la emergencia se mantiene en los pasillos de traumatología de…
“En mi trayectoria dentro de la política venezolana he sido abusada de distintas formas. En…
A una disputa atravesada por el caso de Saab cuando su abogado defensor era De…
Los desastres naturales suelen revelar mucho más que las vulneravilidades físicas de un país. También…