¿Por qué la FANB no actuó? La realidad detrás de la parálisis militar en Venezuela

Imagina a un teniente coronel del Ejército en una unidad fronteriza. Recibe dos llamadas. La primera viene de su comandante de brigada: una orden operativa, con cadena de mando clara, para movilizar el batallón. La segunda llega minutos después, desde un número sin identificar, con instrucciones opuestas: no moverse, esperar y reportar quién obedeció y quién no. El teniente coronel sabe cuál llamada trae consecuencias. No es la del comandante de brigada.

Esa escena no es ficción. Durante más de dos décadas, muchos oficiales vivieron bajo una doble autoridad: la formal, visible y reglamentaria; y otra, informal, opaca y decisiva. Por eso, cuando desde las redes se pregunta “si la mayoría de la Fuerza Armada quería un cambio, ¿por qué no lo hicieron?”, la respuesta exige mirar lo que casi nunca se ve desde afuera. El obstáculo a la acción coordinada no era la cadena de mando regular sino otra oculta y subrepticia.

La arquitectura invisible

Lo que el chavismo construyó no fue solamente una Fuerza Armada politizada. Levantó un Estado paralelo dentro del Estado: un entramado de órganos coercitivos cuyo propósito no era defender al país, sino vigilar y neutralizar a la propia institución militar.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) dejó de ser un organismo de contrainteligencia y se convirtió, con asesoría directa cubana, en un aparato de control interno dirigido contra los propios oficiales. El memorándum de entendimiento de 2008 entre La Habana y Caracas reformuló su misión: de espiar adversarios externos pasó a espiar a sus propios soldados, oficiales y comandantes. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó 122 casos de víctimas detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esas fueron solo las que pudieron documentarse.

A la DGCIM hay que sumar el SEBIN, convertido en policía política con centros de detención como El Helicoide y La Tumba, usados como instrumentos de intimidación. La Milicia Bolivariana, un cuerpo civil armado bajo mando presidencial directo y con cifras de integrantes infladas, funcionó en la práctica como red de vigilancia territorial, control comunitario y contención de disidencias. Los colectivos armados —grupos paramilitares con cobertura partidista— consolidaron extorsión, narcomenudeo y control territorial en zonas urbanas. Y unidades como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) operaron como brazos represivos con mandato difuso y lealtades directas al poder político.

Cada uno de estos órganos opera con presupuesto, mando y armamento independientes. Pero lo decisivo es que opera también con inmunidad propia. Juntos conformaban un ecosistema que no existía para complementar a la Fuerza Armada regular, sino para contenerla. No defendían a Venezuela de amenazas externas; garantizaban que ningún oficial, ninguna unidad y ningún componente pudiera articular una respuesta contra el régimen. La literatura sobre autoritarismo lo llama coup-proofing: blindaje contra golpes de Estado.

El caso de Óscar Pérez lo ilustra con brutal claridad. En 2017, un inspector del CICPC con más de quince años de servicio decidió romper con el sistema: sobrevoló Caracas en un helicóptero y desafió públicamente al régimen invocando el artículo 350 de la Constitución. La respuesta fue inequívoca. El 15 de enero de 2018, fuerzas combinadas de la DGCIM, el SEBIN, el CONAS, la GNB, las FAES y la PNB ejecutaron a Pérez y a seis de sus compañeros en El Junquito, a pesar de que los videos transmitidos en vivo mostraban su intención de rendirse. La Misión de la ONU documentó el operativo y Amnistía Internacional lo calificó como ejecución extrajudicial. El mensaje al resto de la institución fue calculado: quien se rebele, muere. No en combate, no en un proceso judicial. Muere ejecutado.

Pérez no fue el único. Decenas de oficiales que expresaron descontento o se negaron a participar en la represión terminaron en las mazmorras de la DGCIM. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte bajo custodia en 2019. El teniente coronel Igbert Marín Chaparro fue detenido en 2018 tras reclamar mejoras condiciones para su tropa; permanece preso, acusado de traición a la patria. La lista es larga y describe un patrón: cada acto individual de disidencia fue reprimido con una brutalidad proporcional a su visibilidad, para que el siguiente oficial pensara dos veces antes de hablar.

La trampa del teniente coronel

Regresemos al teniente coronel. No actuó. ¿Por cobardía? Piénselo con más cuidado. Para que una respuesta militar conjunta prospere se necesitan tres condiciones: comunicación horizontal entre unidades, confianza en que otros actuarán al mismo tiempo y certeza de que el mando formal al final respaldará la decisión. El sistema paralelo destruyó las tres.

La DGCIM infiltraba unidades con informantes e interceptaba comunicaciones telefónicas entre oficiales. Cualquier conversación sobre la situación del país podía ser reportada, con consecuencias que iban del arresto a la tortura. Un oficial nunca estaba seguro de si hablaba con un compañero o con un delator, ni de si la línea estaba intervenida. El efecto más paralizante no era el castigo: era que dos oficiales podían pensar exactamente lo mismo y aun así no atreverse a decírselo. La comunicación horizontal murió.

La Milicia y los colectivos rodeaban cuarteles. En escenarios de tensión política, esos grupos se desplegaban alrededor de instalaciones militares, no para protegerlas, sino para monitorear movimientos. Un comandante que decidiera movilizar su unidad debía calcular si los milicianos reportarían antes de que pudiera coordinar con otras unidades. La simultaneidad se volvió casi imposible.

Y el mando formal estaba penetrado desde arriba. Los ascensos obedecían a la lealtad política verificada y no a la competencia profesional. Un general que debía su posición al padrinazgo no iba a respaldar una iniciativa que pusiera en riesgo su lugar en el sistema. La cadena formal se convirtió en extensión de la cadena paralela, no en contrapeso.

El resultado fue parálisis institucional por diseño. No hace falta que cada soldado sea leal al régimen. Basta con que ninguno pueda confiar en los demás para actuar. Eso explica, con mayor precisión que cualquier acusación genérica, por qué la Fuerza Armada no se pronunció colectivamente a pesar de que muchos de sus integrantes, como ciudadanos, compartían el deseo de cambio expresado el 28 de julio de 2024.

Y también explica lo contrario: cuando los militares venezolanos sintieron un margen de acción, actuaron. El 28 de julio, decenas de miles de efectivos votaron por el cambio. En los centros electorales cercanos a las unidades militares, donde vota mayoritariamente personal castrense, la oposición ganó de forma contundente. Muchos participaron en la recolección y custodia de actas electorales, asumiendo un riesgo personal enorme dentro de un sistema hecho para penalizar exactamente esa conducta. La respuesta fue previsible: detenciones arbitrarias, traslados punitivos y procesos ante tribunales militares sin garantías. Oficiales que cumplieron con su deber constitucional durante el Plan República permanecen hoy presos por haber hecho lo correcto.

Hay otro indicador del que poco se habla: la cantidad de deserciones y solicitudes de baja del personal profesional en los últimos años. Cuando el movimiento colectivo es imposible y la disidencia se paga caro, queda una tercera vía: irse. Miles de oficiales y suboficiales la tomaron, drenando de competencia técnica a una institución que ya no tenía rumbo. Esa hemorragia silenciosa es, en sí misma, una forma de protesta y una de las razones por las cuales la capacidad operativa de la Fuerza Armada se desplomó hasta el punto que quedó expuesto el 3 de enero.

Todo prueba que la voluntad de cambio dentro de la institución era real. Lo que faltaba no era coraje individual. Faltaba la posibilidad de convertirlo en una respuesta conjunta. Para eso, precisamente, se construyó el Estado paralelo.

Por qué la sombra sobrevive al cambio

El 3 de enero de 2026 cambió el tablero político, pero no ha desarmado el engranaje paralelo. Es un error peligroso asumir que la caída de un líder equivale a la desaparición de un sistema. La DGCIM cambió de director (Gustavo Enrique González López, exdirector del SEBIN, reemplazó a Javier Marcano Tábata a los pocos días), pero no cambió de personal operativo ni de método. Los colectivos no entregaron armas. La Milicia no fue desactivada. Los archivos de la DGCIM, con información comprometedora sobre miles de oficiales, siguen siendo un instrumento de chantaje en manos de quienes los custodian.

En las transiciones, estos aparatos no desaparecen por decreto. Se adaptan. Quienes los operaron suelen ofrecer sus servicios al nuevo poder con el mismo argumento: “somos los únicos que conocemos el terreno, que tenemos la inteligencia, que podemos garantizar estabilidad”. Es la oferta que al entrar de lleno en la transición no se debería aceptar, bien sea por urgencia o cálculo. Aceptarla equivale a conservar, con otro nombre, el mismo mecanismo de veto.

Si ese engranaje sobrevive  (con otra fachada, bajo otra dirección, pero con la misma lógica operativa), el efecto sobre la reconstrucción de la Fuerza Armada será letal. De nada servirá reformar academias mientras un oficial sepa que existe un ente externo capaz de arruinar su carrera o su vida. No funcionará un sistema de ascensos por mérito si la evaluación real sigue ocurriendo fuera de los canales institucionales. No habrá subordinación genuina al poder civil si ese mismo poder subcontrata el control militar a agencias fuera del marco constitucional. La sombra seguirá dictando la conducta del teniente coronel, diga lo que diga el reglamento.

Desactivar sin dejar vacío

La única opción compatible con una transición real es la desactivación dirigida con sustitución simultánea. No es una disolución total sin reemplazo, que fue el error en Irak. Es neutralización metódica de cada órgano del sistema, acompañada por la construcción inmediata de la capacidad legítima que debe existir.

Venezuela necesita organismos de inteligencia, pero operados bajo supervisión judicial y parlamentaria, con personal verificado y doctrina profesional. Necesita reservas, pero organizadas por ley y subordinadas al mando constitucional, no al partido. Necesita seguridad comunitaria, pero ejercida por policías profesionales bajo control civil, no por paramilitares con armas largas y agenda política.

Mientras tanto, toda reforma que no toque esta maquinaria será cosmética. Se puede cambiar el currículo, redactar manuales, anunciar cooperación con ejércitos profesionales del hemisferio; nada de eso funcionará si la sombra sigue ahí. La Fuerza Armada no puede reconstruirse mientras exista el sistema creado para impedirlo. Desmontarlo no es un asunto accesorio de la transición. Es la condición sin la cual todo lo demás es decorado.

Los venezolanos han preguntado durante años por qué la Fuerza Armada no actuó y merecen una respuesta honesta. No fue porque todos fueran cómplices. Fue porque un sistema planificado con precisión logró que la complicidad de pocos bastara para paralizar a muchos. Entender ese mecanismo no excusa a nadie (y menos al alto mando, gran responsable de esta tragedia), pero sí identifica lo que hay que destruir para que no se repita. Y destruirlo es urgente, porque el sistema que sostuvo una dictadura puede, con mínimas adaptaciones, condicionar una democracia.

La pregunta ya no es si la mayoría de los oficiales quiere cambio. La pregunta es si quienes conducen la transición tendrán la voluntad de desmontar la maquinaria que convirtió esa mayoría en irrelevante.

José Gustavo Arocha es teniente coronel retirado, máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard y senior fellow del Centro para una Sociedad Libre y Segura.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.