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Polvo de escombros en La Guaira: Un riesgo sanitario invisible por falta de mediciones de aire y reportes claros

Tos seca, amigdalitis y bronquitis son algunas de las afecciones respiatorias que habitantes de La Guaira aseguran haber sufrido con mayor frecuencia durante los últimos meses. Todos señala como único culpable al polvo que levantan las labores de demolición, remoción y reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio, un desastre que, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dejó en el estado unos 2,1 millones de toneladas de escombros, el equivalente a la carga de 105.000 camiones de 20 toneladas.

El problema de mover semejantes montañas de escombros es su composición. Sin controles de dispersión, como el riego constante de agua o el uso de lonas protectoras, el manejo de estos materiales crea una polvareda de cemento, ladrillo, cal, yeso y sílice que el viento arrastra hacia viviendas, comercios y colegios, afectando directamente a quienes respiran en las zonas intervenidas.

Eso fue lo que vivió Zoraida Ramos en Barrio Aeropuerto. Su hijo se enfermó durante las reparaciones en su edificio, que siguen en ejecución, donde incluso el olor fuerte de la pintura empeoró el cuadro. “El niño mío estaba malito, ronquito y con mucha gripe por el polvo del escombro”, relato a TalCual, asegurando que en su residencia la historia se repite de apartamento en apartamento. “La mayoría está con carraspera y gripe”.

Y aunque estos relatos no permiten establecer por sí solos que el polvo sea la causa de todos los cuadros reportados, si alertan sobre la exposición de las comunidades durante los trabajos. La inhalación de sílice cristalina, presente en algunos materiales de construcción, puede causar silicosis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aumenta el riesgo de cancer de pulmón, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos.

Pero la aparición de enfermedades no se limita únicamente a la inhalación, pues también hay un riesgo de contacto directo con los escombros, llenos de metales oxidados, vidrios rotos y aguas negras o estancadas, que puede provocar heridas e infecciones en la piel. En edificaciones donde se acumula agua por la lluvia, como en las Residencias Caribe, ejemplo citado por una habitante del estado, la humedad puede crear hongos que terminan liberando esporas que se dispersan en el ambiente cuando las maquinarias remueven los materiales.

A este contexto hay que sumarle el riesgo sanitario en las calles. María Bolívar, residente de Catia La Mar, expresó su preocupación por la fetidez que aun se percibe en algunas zonas y por la posibilidad de que el polvo alcance los alimentos que se venden en la calle. Sin embargo, para determinar si el agua de consumo o los alimentos están verdaderamente contaminados por agentes químicos, se necesitan muestreos y análisis de laboratorio oficiales que, hasta el momento, no se han llevado a cabo. «Esto es una continua contaminación que hay», afirmó.

Un problema que no se puede medir

Pese a los reportes de habitantes y personal sanitario, los boletines epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud no permiten establecer si las afecciones respiratorias han aumentado en La Guaira durante las labores de remoción. En las semanas epidemiológicas 35 a 38 de 2026, correspondientes al mes de septiembre, se notificaron 2.225, 2.341, 2.286 y 2.485 casos de neumonía, respectivamente, a nivel nacional. En la semana 38 hubo un aumento de 8,46% respecto de la semana anterior. Pero en esos totales La Guaira no figura entre las entidades con reporte específico de neumonía en la información consultada.

Además, la cobertura de notificación de la entidad ronda el 55%, según los informes revisados. Entonces, si este indicador corresponde a la cantidad de centros hospitalarios que enviaron sus datos, implica un déficit de notificación de 45%. Es decir, una parte importante de la red sanitaria quedó fuera de los registros disponibles y, por tanto, el boletín podría no reflejar todos los casos atendidos.

Han pasado casi cuatro meses desde el doble evento sísmico y los residentes continúan reportando enfermedades que ellos mismos asocian con el polvo. En un contexto de este tipo, un seguimiento epidemiológico específico permitiría ver posibles picos de consultas por afecciones respiratorias y comparar su evolución con los períodos de mayor actividad de demolición. Pero, de nuevo, sin información completa, no se puede determinar si esas denuncias corresponden con un aumento de casos ni conocer la dimensión real del problema.

Y en este punto la falta de registros sanitarios se suma a la falta de información pública sobre los niveles de contaminación del aire en las zonas afectadas, pues el Ministerio de Ecosocialismo no ha divulgado mediciones específicas de material particulado que permitan saber qué concentración de partículas respira la población. Además, que sin estaciones operativas de monitoreo y datos accesibles, tampoco es posible comprobar si las medidas para controlar el polvo, si es que las están implementando, están funcionando.

José Rangel, otro habitante de la entidad, cuestionó la falta de medidas para proteger a la población. Propuso regar agua sobre la tierra y los escombros para reducir el polvo que se levanta durante los trabajos. “Yo creo que una de las opciones para aliviar esto es que, por ejemplo, le echen agua, le rieguen agua a los escombros. Esto evita que haya más personas contaminadas”, señaló.

La recomendación coincide con las prácticas de control de polvo utilizadas en trabajos de demolición y construcción, pero humedecer los materiales no sustituye la protección respiratoria, el control de las partículas durante el traslado ni mucho menos la identificación de residuos que podrían ser clasificados como peligrosos.

El Instituto Multidisciplinario de Suiza recomienda que trabajadores, voluntarios y residentes utilicen equipos de protección personal durante todas las etapas de la gestión de escombros, desde las zonas de derrumbe y demolición hasta el transporte y la disposición final. La recomendación incluye “mascarillas de protección que no solo sirvan contra el polvo y las partículas de mayor tamaño, sino también contra materiales peligrosos, incluidas las fibras de amianto (asbesto), así como vapores y líquidos nocivos”. 

Gladys Rincón Polo, ingeniera química de la Universidad Central de Venezuela también planteó medidas que, a su juicio, deben enfocarse en evitar la «resuspensión de polvo» y el traslado involuntario de sedimentos hacia las comunidades. Para ello, es indispensable controlar la velocidad en los caminos internos de la obra, mantener rutas fijas e incluso lavar las ruedas y la parte inferior de los camiones antes de que ingresen a la vía pública. Esto además de cubrir completamente las cargas y evitar llenarlos demasiado, a fin de evitar que los escombros o la tierra se caigan y vuelen durante el trayecto.

Y aunque se ha sugerido que cuando no se pueda garantizar la protección de los residentes, se evalúe su evacuación temporal hasta que concluyan las labores que generan polvo, para evitar que las personas permanezcan expuestas mientras se manipulan los residuos, hacerlo aquí no parece ser una opción. La propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que las partículas finas PM2.5 pueden penetrar profundamente en los pulmones y pasar al torrente sanguíneo, por lo que la exposición a la contaminación atmosférica está asociada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de cáncer de pulmón. Por eso, medir la calidad del aire permitiría identificar los niveles de exposición y orientar las medidas de protección.

Sin embargo, «es un hecho constatable que en el país no se cuenta con estaciones de monitoreo de la calidad del aire y que la normativa nacional sobre la materia está completamente desactualizada, regulando principalmente partículas totales suspendidas, TSP, y sin establecer umbrales seguros adecuados para partículas finas como lo dictan los estándares internacionales modernos de la Organización Mundial de la Salud», explicó la también coordinadora de la maestría en Cambio Climático de la Escuela Superior Policténica Litoral de Guayaquil.

En Venezuela, la dimensión de este problema ya aparece en las estimaciones de mortalidad atribuible a la contaminación atmosférica. El informe State of Global Air, elaborado por el Health Effects Institute, una organización no gubernamental radicada en Estados Unidos que se especializa en investigaciones del efecto de la contaminación atmosférica en la salud humana, calcula 267.700 fallecimientos atribuibles a la exposición a PM2.5 entre 2016 y 2023. Las estimaciones también atribuyen a la contaminación del aire el 16% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 13% de los fallecimientos por cáncer de pulmón registradas en las últimas tres décadas.

Así, en un país donde la contaminación del aire ya representa una carga importante para la salud pública, las denuncias de La Guaira deberían poder contrastarse con mediciones ambientales y registros epidemiológicos completos. Pero, mientras avanzan las labores de remoción, esa falta de datos también impide dimensionar y atender oportunamente un posible problema de salud pública.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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