Política de represión en Venezuela: Amnistía Internacional exige acceso a la Misión de Determinación de los Hechos

Amnistía Internacional hace un llamado para que se permita el acceso a la Misión de Determinación de los Hechos a Venezuela «para que los expertos puedan llevar a cabo el mandato que otorgó el Consejo de Derechos Humanos y puedan constatar en terreno, desde cosas básicas como liberaciones hasta hacer una investigación más amplia»

Ciudad de Panamá.– La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó que los cambios ocurridos en Venezuela tras el 3 de enero no significan una solución a la crisis estrutural de derechos humanos ni el desmantelamiento de la política de represión impulsada por Nicolás Maduro.

Durante el foro «Espacio cívico, participación democrática y derechos humanos en Venezuela», realizado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado lunes 22 de junio y donde TalCual está presente, Piquer indicó que aunque en el contexto venezolano se ha dado una «mutación», la situación de fondo no ha experimentado cambios.

«Compartimos el análisi de que este cambio no está resolviendo en lo absoluto lo más estructural de la crisis de DDHH y no está desmantelando la política de represión que estaba instalada desde el gobierno de Nicolás Maduro y que ahora, en definitiva, está intacta», aseguró.

La representante de Amnistía Internacional expuso que, pese a las liberaciones de cientos de presos políticos, aún hay ciudadanos sometidos a procesos judiciales e inclusos más de 400 detenidos por razones políticas. Señaló que los anuncios de reforma judicial tampoco han modificado el entramado legal que, desde su perspectiva, se ha usado para perseguir a la disidencia.

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«Todo el entramado legislativo e institucional que se utilizó para perseguir a la disidencia sigue intacto», afirmó Ana Piquer, quien puso como ejemplo Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, mejor conocida como Ley contra las ONG.

También destacó que aunque en Venezuela se han realizado cambios en algunas autoridades, estos no se han traducido en transformaciones profundas: «No ha habido un cambio de gobierno real y no se ha sancionado a nadie. No hay no un atisbo de conseguir justicia por los crímenes de lesa humanidad que viene ocurriendo desde hace más de una década».

Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional es fundamental la continuidad de los mecanismos internacionales de monitoreo sobre Venezuela. Detalló que con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas se han documentado patrones de violaciones de DDHH, se han recopilado testimonios y se han preservado pruebas «que pueden ser fundamentales para posibles procesos de justicia en el futuro».

En ese mismo sentido, Piquer insistió en denunciar que el espacio cívico está restringido y que persisten las limitaciones para denunciar abusos dentro del país.

El llamado de Amnistía Internacional es a que se permita el acceso a la Misisón de Determinación de los Hechos a Venezuela «para que los expertos puedan llevar a cabo el mandato que otorgó el Consejo de Derechos Humanos y puedan constatar en terreno, desde cosas básicas como liberaciones hasta hacer una investigación más amplia».

También solicitan que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos que termina este año: «Este no es el momento de detener el proceso», insistió, al tiempo que dijo: «No podemos caer en el error o en la ingenuidad de decir que ahora las cosas están yendo mejor y, por tanto, el proceso ya no es necesario».

Ana Piquer reiteró que mecanismos internacionales de monitoreo y escrutinio como la Misión de Determinación de los Hechos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas son fundamentales en Venezuela para documentar lo que ocurre, exigir rendición de cuentas y sentar las bases para buscar la verdad, la justicia y para que haya reparación y garantías de no repetición.

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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