La historia de Plus Ultra nunca fue solo la de una aerolínea pequeña con problemas financieros. Fue, desde el inicio, un caso político. Y hoy, casi cinco años después del rescate público que la sostuvo, esa historia regresa con un giro mayor: registros policiales, detenciones e investigación por presunto blanqueo de capitales, con una hipótesis que conecta dinero del Estado español con fondos ilícitos de origen venezolano.
En ese regreso, hay un nombre que reaparece como sombra persistente: José Luis Rodríguez Zapatero. No porque hoy esté imputado (no lo está), sino porque su rol como presunto facilitador político del rescate vuelve a ser señalado, y porque su historial de cercanía con el régimen chavista convierte el caso Plus Ultra en algo más que una controversia administrativa: lo transforma en una cuestión de Estado.
La fase actual del caso es cualitativamente distinta a todo lo anterior. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra utilizó parte de los 53 millones de euros del rescate público aprobado en marzo de 2021 para blanquear capitales, presuntamente vinculados a redes de corrupción venezolanas.
Según informaron El País y Cadena SER, la investigación se apoya en indicios sólidos de desvío de fondos hacia cuentas y sociedades en España, Francia y Suiza, y en solicitudes de cooperación judicial internacional que permitieron registros y actuaciones coordinadas. La sospecha central es grave: que la aerolínea haya funcionado como vehículo financiero para mover dinero de origen ilícito, utilizando el rescate público como cobertura.
Más inquietante aún es el origen que manejan los investigadores: fondos vinculados al expolio del Estado venezolano, con referencias directas a tramas asociadas al programa CLAP y a operaciones de venta de oro. De confirmarse, el caso dejaría de ser un escándalo doméstico para convertirse en una pieza europea del engranaje financiero del chavismo.
El 11 y 12 de diciembre de 2025 marcaron un antes y un después. La UDEF registró la sede de Plus Ultra en Madrid y fueron detenidos su presidente, Julio Martínez, y su CEO, Roberto Roselli, por orden del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid.
No se trata de una causa política ni de una polémica parlamentaria: es una investigación penal en curso, con secreto de sumario y con responsables empresariales privados de libertad. El rescate de 2021, que durante años fue defendido como una decisión “técnica” y “estratégica”, hoy está siendo examinado como posible pieza de un esquema de blanqueo.
Conviene volver al origen. El 9 de marzo de 2021, en plena pandemia, el Gobierno español aprobó un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra: 34 millones como préstamo participativo y 19 millones como préstamo ordinario, con cargo al fondo para empresas estratégicas.
Desde el primer día, la decisión generó polémica por dos razones claras. La primera, económica: el tamaño real de la aerolínea, su peso en el mercado y su viabilidad. La segunda, política y geopolítica: la presencia de accionistas venezolanos y la sospecha de que España estaba funcionando como puerta de entrada de capitales opacos procedentes del entorno chavista.
El caso judicial sobre el rescate llegó a abrirse y fue archivado en 2023 por una cuestión procesal, no por inexistencia de dudas de fondo. Hoy, con nuevos indicios y hechos, esa puerta se reabrió. Y lo hizo de la peor manera posible para quienes defendieron la operación.
En este escenario, José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido con una negativa seca: sostiene que el caso no lo afecta. Sin embargo, su nombre aparece una y otra vez, no por casualidad, sino por relatos coincidentes que apuntan a presiones políticas.
El dato clave lo aportó el exministro José Luis Ábalos, quien afirmó que Zapatero lo presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra. Es una afirmación de enorme gravedad política, aún no judicializada, pero imposible de ignorar en un contexto donde el rescate es hoy objeto de una investigación penal por blanqueo.
Aquí el periodismo serio debe ser claro: Zapatero no está imputado. Pero sí está políticamente señalado. Y su nombre pesa porque no es un actor neutro: es uno de los principales aliados internacionales del régimen de Nicolás Maduro, un defensor sistemático del chavismo y un intermediario recurrente en escenarios donde España y Venezuela se cruzan.
Plus Ultra no surge en el vacío. Surge en un ecosistema de relaciones, favores, silencios y afinidades políticas que Zapatero encarna como nadie.
En marzo de 2021, cuando el rescate aún estaba fresco, La Gran Aldea publicó el artículo “Todo sea por Camilo”, firmado por Sebastián de la Nuez. No era una investigación judicial ni pretendía serlo. Era algo distinto y hoy valioso: una advertencia política y moral.
Ese texto señalaba tempranamente las conexiones venezolanas detrás de Plus Ultra, citaba investigaciones previas de medios españoles y venezolanos, y ponía el foco en nombres que orbitaban el poder económico del chavismo, como Camilo Ibrahim Issa, figura recurrente en reportajes sobre redes empresariales ligadas al régimen.
El artículo no probaba delitos. Pero hacía algo que el Estado español no hizo entonces: formular las preguntas incómodas. Hoy, cuando hay detenidos y una causa penal en marcha, ese texto funciona como documento de época: muestra que las alertas existían y fueron ignoradas.
El caso Plus Ultra ya no admite eufemismos. Las preguntas centrales son claras:
– ¿Cuál fue el recorrido exacto del dinero del rescate, euro por euro?
– ¿Qué sociedades y personas resultaron realmente beneficiadas?
– ¿Qué controles aplicó el Estado español antes y después de entregar los fondos?
– ¿Hubo presiones políticas externas al procedimiento técnico?
– ¿Quién abrió la puerta y quién decidió no mirar?
Si la hipótesis de Anticorrupción se confirma, Plus Ultra pasará a la historia como el caso en el que el dinero público español ayudó —directa o indirectamente— a lubricar circuitos de lavado vinculados a una de las peores cleptocracias del hemisferio.
Y si además se prueba que hubo intervención política deliberada, entonces el problema dejará de ser solo penal: será institucional y moral.
Zapatero insiste en que esto no lo toca. La justicia dirá si tiene razón. Pero el periodismo no está para creer, sino para preguntar, documentar y no soltar.
La historia de Plus Ultra, definitivamente, no terminó.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromiso la línea editorial de La Gran Aldea.
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