La oposición al gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a un desafío estratégico a medida que se acerca la fecha de juramentación de un nuevo presidente en Venezuela, el 10 de enero: si seguir pujando por la que considera su victoria en los comicios presidenciales de julio, o si se alista (o no) para participar en la elección de autoridades locales previstas para 2025.
Diversos sectores políticos, analistas y figuras críticas con el chavismo y su oposición han apuntalado en las últimas semanas su idea de que el país debe superar la polémica del sufragio del 28 de julio, aceptar la victoria y juramentación de Maduro y prepararse para las votaciones del próximo año de 335 alcaldes, 23 gobernadores y más de 270 diputados.
María Corina Machado, considerada la gran movilizadora de la oposición y de la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, repudió la semana pasada los llamados a pasar la página de unos comicios que la oposición dice haber ganador con más de 37 puntos de ventaja y que le otorgarían el mayor cargo político del país.
“¡Que le echen bola! No entienden el país. No están escuchando a los venezolanos”, dijo Machado durante una entrevista con el medio digital La Gran Aldea. A su juicio, esas iniciativas “buscan lavarle la cara y normalizar a Maduro o dividir a la oposición”.
Tanto ella como González Urrutia han llamado en entrevistas y foros internacionales a que la comunidad internacional refuerce su presión contra Maduro para “hacer respetar” la soberanía popular expresada el 28 de julio pasado, según las actas de votación.
El oficialismo adelantó en septiembre diálogos con diversos sectores políticos en la Asamblea Nacional, que domina en número, para modificar leyes de cara a próximas elecciones y definir quiénes podrían participar. Según discusiones preliminares, el chavismo impediría participar a “fascistas” y a quienes desconozcan el triunfo de Maduro.
“Esto se contrapone con los parámetros constitucionales sobre el poder de elegir y ser elegido”, con una única excepción para no poder ser candidato si hay sentencia penal firme en su contra, explica el politólogo venezolano Doriam González.
Según González, el chavismo está dispuesto a organizar procesos electorales en Venezuela “si no atentan contra su interés de permanencia en el poder” y con la participación de “quienes tengan la capacidad de sortear estos filtros legales” por aprobarse.
En la práctica, la oposición enfrenta “un dilema” dividida en dos grupos, asegura: el de quienes quieren participar en las votaciones venideras y el de aquellos que cuestionan involucrarse en una nueva elección aún con las heridas abiertas de la elección presidencial.
Víctor Maldonado, politólogo, valora que la idea de una nueva votación en Venezuela “es casi inabordable” debido a “las demostraciones de devastación del estado de derecho” de una gran parte de la comunidad nacional e internacional sobre la presidencial de julio.
Estima que los partidos políticos atraviesan una crisis de “vacío de legitimidad y sensatez” mientras el país se enfrenta al reto de “qué hacer de ahora en adelante y cómo procesar” la controversia por los resultados electorales de hace apenas tres meses.
Ese desafío, opina el experto en ciencias políticas y docente universitario, “no se puede resumir ni concentrar en esa frase de pasar la página”.
“Cuando uno pasa la página, olvida. Hay que tomar debida nota de la circunstancia estructural e institucional que vivimos”, apunta Maldonado, sopesando que los actores políticos deben “reevaluar” si existen las condiciones y garantías democráticas.
“Si en el fondo no hay un compromiso con la justicia y no hay un respeto por los valores democráticos ni un aprecio por la República, todo eso carece de sentido”, señala.
El politólogo Jesús Castillo Molleda da por sentado que la polémica por quién ganó las elecciones en julio “ya está resuelto” institucionalmente, mediante el boletín del Consejo Nacional Electoral y una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
La agenda política local parece encaminada a que Maduro se juramente el 10 de enero para otro mandato presidencial de 6 años, mientras la agenda de la oposición se enfoca en llamados a la comunidad internacional para que reivindique la elección de julio, indica.
Para Castillo Molleda, “es una realidad” que habrá elecciones regionales y parlamentarias en 2025, donde definirán más de 6.300 cargos políticos en toda Venezuela.
A su entender, la oposición tendrá “una gran oportunidad” de no repetir su llamado a la abstención, como en las parlamentarias de 2005 y 2020 y la presidencial de 2018.
“El llamado a la abstención es una debilidad en la oposición, digan lo que digan. Sí es necesario pasar la página en Venezuela”, comenta a la Voz de América.
Jesús Seguías, analista de entorno político y presidente de la firma Datincorp, advierte que la elección del 28 de julio “dejó un sabor muy amargo” en el electorado venezolano.
Sólo una nueva ronda de acuerdos políticos entre el gobierno y su oposición podrá ayudar a “rescatar la confianza de los venezolanos” de cara a los comicios de 2025, interpreta.
“Muchos venezolanos no van a participar en una elección regional mientras existan las dudas sobre las elecciones del 28 de julio”, expresa Seguías, cuya firma publicó encuestas que daban una holgada ventaja a la oposición antes de la elección presidencial.
Venezuela ya no transita un momento de presentación y exigencia de actas de votación de julio, dice. “Está enfocada en un escenario de carácter político”, resalta.
Maduro ha advertido que da por cerrado el capítulo de la elección presidencial y que seguirá en el poder hasta 2031. La oposición sigue exigiendo respeto a su presunta victoria, mientras sus dirigentes, activistas y manifestantes son encarcelados y reprimidos.
“El escenario electoral del 28 de julio ya es prácticamente un factor superado por el tema político”, remata Seguías. “Mientras no se defina el vacío político que hay en este momento, la desconfianza (para ir a otra elección) va a ser muy grande”, sostiene.
González, por su parte, advierte sobre la “institucionalidad precaria” que se denuncia en Venezuela desde años antes de la elección presidencial de julio.
A la luz de la controversia del resultado anunciado por el CNE, se pregunta si el chavismo institucional estará dispuesto a “entregar” a una oposición que duda de su legitimidad decenas de gobernaciones, alcaldías y diputaciones clave en una próxima elección.
Según su análisis, ese futuro electoral estará influido por dos fechas determinantes para la política nacional e internacional: el 5 de noviembre, con la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, y el 10 de enero, cuando se debe juramentar el mandatario venezolano.
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