Óscar Pérez: la ejecución de un sublevado

Las últimas imágenes de Óscar Pérez en vida lo muestran ensangrentado, pidiendo a gritos que dejen de disparar porque se va a entregar. Está sentado en el piso de la casa donde se refugia, que ingenuamente llama “la fortaleza”, intenta grabar un video y la cámara capta la mirada perdida de un hombre que sabe que lo van a matar. Lo dice: “nos quieren asesinar”. Antes, o quizás un poco después, aún tiene tiempo para mandar un mensaje a su esposa Danahis y a sus hijos Sebastián, Santiago y Derek. “Esto lo hago por ustedes. Los amo”. El cerco comenzó alrededor de las cuatro de la madrugada de aquel lunes 15 de enero de 2018. Al mediodía todo había acabado: los siete emboscados -seis hombres y una mujer- yacen muertos. Todos menos uno con tiros en la cabeza.

La vivienda que ocupaban Pérez y su reducido grupo -“una célula terrorista”, esgrimen los voceros del Gobierno- queda absolutamente destruida, como consecuencia de la explosión de varias granadas disparadas por un lanzacohetes antitanque RPG, de factoría soviética para más señas. La foto de la casa con un boquete enorme y los techos caídos, los videos de las explosiones que hacen retumbar las paredes y levantan una humareda densa y blanca, aún pueden verse en Youtube. Al fondo se oyen las voces de soldados y policías sorprendidos celebrando los impactos. “Mamhu…”, y sigue una risotada.

“¿Qué ocurre en medio del amplio despliegue militar y policial que lo cerca?, ¿se conocerá la verdad algún día?”

Pérez y sus hombres -aún no estaba con el grupo Lisbeth Adreína Ramírez Mantilla– ocupan la vivienda, en la que morirán, en algún momento antes de la Navidad de 2017. Una imagen -todo se cuenta por las redes, aún tratándose de un grupo perseguido- de la Nochebuena los muestra reunidos en torno a una mesa en la sala de la casa. Es un selfie grupal que toma Daniel Enrique Soto Torres -un recién graduado de un programa de comunicación social de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, que tenía planes de irse de Venezuela-, y que va acompañada de una  leyenda trágicamente profética: “la última cena de Navidad (pan, queso y jugo de melón) de nuestros guerreros”, según consta en un amplio y documentado informe de Bellingcat, un colectivo (pacífico, no de los otros) internacional independiente de investigadores y periodistas ciudadanos.

Cómo llegó Pérez y su grupo hasta esa vivienda, donde acabará a sangre y fuego la aventura iniciada seis meses atrás, es un misterio, aún cuando en el transcurso de la persecución al inspector policial sublevado se detuvo a un hombre en Caricuao que aparentemente era el dueño del inmueble. La “fortaleza” era en verdad una casa como cualquier otra del sector Araguaney, que se abre a la izquierda en el kilómetro 16 después de pasar El Junquito, y unos kilómetros antes del Junko Country Club. Es una ladera con casas desparramadas que miran hacia Caracas y hasta donde llega el rumor monótono, como un eco permanente, del tráfico capitalino.

Desde principios de enero, de acuerdo al informe citado y a comentarios de vecinos posteriores a los hechos, había un inusual movimiento de seguridad en la zona. ¿Lo captó Pérez y su gente?, ¿tenían algún apoyo en el lugar, previeron rutas de evacuación? No hay pistas al respecto y lo más cierto es pensar que fueron sorprendidos por el gigantesco despliegue militar y policial que los acorraló. El reto lanzado el 27 de junio de 2017 -ya abordaremos el episodio- los sobrepasó, quizás por una mezcla de sobreestimación de su fuerza y del impacto de sus acciones y una subestimación del contrario, dispuesto a aprovechar la ocasión para mandar un mensaje inequívoco de amedrentamiento y ferocidad disuasiva.

La rebelión

La esposa de Óscar Pérez, Danahis Vivas, entrevistada en Univisión por el periodista Jorge Ramos, vestida de riguroso luto, cuenta que lo último que supo de su marido fue el audio de despedida que le envió desde la casa de El Junquito minutos antes de ser abatido por el ataque y asalto de las fuerzas militares oficialistas. Nunca, ni ella ni la madre de Pérez, Aminta Pérez, tuvieron la oportunidad de ver el cadáver del inspector policial, y dudan que alguien lo haya visto. Recuerda también que su marido la consolaba durante las protestas públicas de 2014 cuando la veía llorar por lo que estaba pasando en las calles, muy similar a lo que ocurriría durante el año 2017. “Me calmaba y me decía que pronto todo se iba a solucionar”, contó.

Tras 15 años de servicios sin falta en el CICPC, donde llegó al grado de inspector y lideró la División Aérea de la Brigada de Acciones Especial (BAE), Pérez tomó la decisión que lo enfrentaría hasta su muerte con el régimen de Nicolás Maduro. El 27 de junio de 2017 a bordo del helicóptero Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) Bo 105CBS del CICPC, en el que solía hacer prácticas, sobrevoló Caracas junto con cuatro hombres desde la zona de La Trinidad, en el sureste de la ciudad, para atacar los edificios del Ministerio de Interior y Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia, sin causar ninguna víctima. La versión oficial dice que hizo ráfagas de disparos y lanzó algún artefacto explosivo.

De la unidad aérea colgaba una pancarta con la frase “350, Libertad”, en alusión al artículo constitucional que establece que el pueblo venezolano desconocerá “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”, que inspiraba también las protestas continuas que marcaron, con numerosas bajas civiles, el año 2017. Pérez publicó un video en simultáneo con su operación en el que decía ser parte de una coalición de fuerzas, en nombre de las cuales, y de la restauración democrática pedía la renuncia de Nicolás Maduro.

Tras el ataque, el helicóptero se desplaza hacia el estado Vargas y es hallado abandonado en una zona de montaña de la población de Osma. Pérez no volverá a aparecer hasta principios de julio cuando publica otro video, él solo, con la bandera de Venezuela y las ocho estrellas a su espalda. Cuenta que él y los hombres que lo acompañaron cruzaron El Ávila, que ya se encuentra en Caracas y dispuesto a emprender la segunda fase de su operación. Llama a la gente a salir a las calles porque de lo contrario con la constituyente que el Gobierno anuncia “se le regalará el país a los cubanos”.

Viste uniforme de servicio, un pasamontañas le tapa la cabeza y del pecho le cuelga su carnet del CICPC. Habla con el rostro contraído y anuncia que estará en las marchas al lado del pueblo. Y efectivamente el 13 de julio participa en la Marcha por los Caídos y declara a los medios que se tiene que convocar una huelga general.

Aún cuando pudiera ser el hombre más buscado del país, Pérez seguirá emitiendo videos durante los meses siguientes y burlando la persecución a la que estaría sometido.

El 18 de diciembre de 2017 Pérez junto a un grupo de hombres que portaban uniformes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General  de Contrainteligencia Militar (DGCIM) asalta el cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana en Laguneta de la Montaña en San Pedro de Los Altos y se apodera de rifles AK-103, pistolas de 9 mm y municiones para ambas armas. No olvida grabar un video en el que se dirige a los soldados del cuartel, aún confundidos por lo que estaba ocurriendo, para exigirles compromiso cívico y sentido ético. Antes de irse pintan en el cuartel y en una unidad de la GNB el número 350. Nadie resulta herido en lo que Pérez denominó la Operación Génesis.

Las siguientes apariciones de Pérez serán en las horas tensas y dramáticas del ataque a su escondite en El Junquito. Los videos de ese 15 de enero lo muestran primero tranquilo, dispuesto a negociar su rendición, y luego en medio de una situación incontrolable, mientras no cesan los disparos y los lanzamientos de granadas.

¿Qué ocurre en medio del amplio despliegue militar y policial que lo cerca? El informe de Bellingcat, por medio de intercepción de mensajes, da cuenta de una operación de escasa coordinación y falta generalizada de disciplina entre las distintas fuerzas de seguridad, que a punto estuvieron incluso de erróneamente atacar unidades propias. Los audios revelan voces de oficiales llamando a detener el fuego e, incluso, hay un momento durante el largo cerco en que efectivamente los disparos cesan porque se entiende que quienes están dentro de la casa se van a entregar a Alfa 6, que es nada menos que el líder de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), mayor Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que comandaba la denominada Operación Gedeón.

“Hay una negociación con Alfa 6. Hay una negociación con Alfa 6. Nadie dispare. Alfa 6, se están entregando a Alfa 6”, recoge el informe. ¿La hubo, al menos en sus inicios? Y si no la hubo, ¿a qué se debió? El Gobierno insistió en su momento que los alzados nunca tuvieron intención de entregarse. ¿Es esa una razón suficiente? El grupo comandado por Pérez estaba totalmente acorralado, sin ninguna ayuda externa en el lugar y sus alrededores, y sin representar en ese momento un peligro para la comunidad aledaña. Son preguntas nunca explicadas y que comprometen por el uso desmedido de la fuerza la actuación de los altos mandos militares, policiales y políticos.

Son las explicaciones que exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 11 de octubre de 2023 presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 1.478 por las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otras seis personas -además de la enfermera Ramírez Mantilla y Daniel Enrique Soto, ya mencionados, también José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini Agostini y los hermanos Abraham y Jairo Lugo Ramos– en lo que llaman “la masacre de El Junquito”.

“La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales, y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”, indica un comunicado de prensa de la Organización de los Estados Americanos.

La Comisión recomendó al Estado de Venezuela las siguientes medidas de reparación:

Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial.Realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a las personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes.Disponer mecanismos de no repetición.

¿Se conocerá la verdad algún día? La voz de Pérez aún suena pidiendo clemencia sin nombrarla. Basta con detenerse en sus ojos y ver la muerte cruel y artera aproximarse.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.