(EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo este domingo que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) deja en situación de «enorme vulnerabilidad» a los venezolanos que, sostuvo, «se vieron obligados» a dejar el país suramericano.
«El TPS no ha sido un privilegio, sino una herramienta que permitió a miles de familias vivir con estabilidad, trabajar de manera regular y rehacer sus vidas mientras Venezuela lucha por recuperar su democracia», señaló la PUD en un comunicado publicado en X.
A su juicio, la suspensión de esta figura, sin ofrecer alternativa que garantice protección a quienes han cumplido con sus obligaciones, «genera una incertidumbre injusta e innecesaria».
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«Por respeto a la realidad que vive nuestro país y a la comunidad venezolana en los Estados Unidos, exhortamos a las autoridades estadounidenses a revisar esta medida y a establecer, quanto antes, un mecanismo que garantice la permanencia legal de quienes han demostrado ser ciudadanos ejemplares en las comunidades donde residen», añadió.
El bloque opositor reiteró que los venezolanos no emigraron por elección, «lo hicieron -sostuvo- porque fue la única forma de salvaguardar la vida, la integridad y el futuro de sus familias».
«Reiteramos nuestro compromiso con la diáspora venezolana y nuestra determinación de defender sus derechos en todas las instancias donde tengamos voz», subrayó.
En total son 600.000 venezolanos que desde la medianoche del viernes quedaron en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS en la historia del amparo.
En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Donald Trump y permitió, de nuevo, revocar el TPS. Esa decisión dejó a 350.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250.000 venezolanos quedaron desprotegidos desde el viernes 7 de noviembre, fecha en que expiró el amparo para ese grupo.
La decisión de la Corte es parte de una disputa legal que el Gobierno de Trump inició contra el amparo concedido por el entonces presidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un mayor número de inmigrantes, que ingresaron a EE.UU. de forma irregular.
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