Ofensiva judicial contra bienes de jefes de bandas exhibidos en el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín

La Fiscalía está detrás de fincas, negocios y casonas, mientras que el Consejo de Estado estudia demandas contra Isabel Zuleta por promover el evento en La Alpujarra

En sus escrituras, la finca de la vereda San Esteban, en Girardota (Antioquia), aparece descrita de manera sencilla como una “casa de habitación de tapia y teja en buen estado”. Sin embargo, al visitarla, la realidad es distinta: una amplia casa principal, una casa para el mayordomo, pesebrera, cancha de fútbol, kiosco, zonas de juegos, piscina, espacios húmedos, vías internas y varios parqueadeross.

Pese a lo hallado por la Fiscalía, los supuestos dueños declararon haberla comprao por $310 millones de contado. El avalúo catastral posterior la tasó en $597 millones, pero este seguía siendo un valor inferior al real. Durante un allanamiento, no lejos de allí, el día que fue capturado Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “el doctor”, las autoridades hallaron en su poder un avalúo del año 2008 de aquella finca, que ubicaba el precio en más de $3.500 millones. A ese avalúo decidieron creerle.

El juez del caso concluyó que allí no había simples propietarios de fachada, sino testaferros al servicio de Vallejo, jefe financiero de la organización criminal “Los Mesa”, con presencia en Medellín y Bogotá, y enfrentada en ocasiones con el Tren de Aragua. Fiscalía ordenó la ocupación del bien y el juez autorizó las medidas cautelares.

La finca adquirió relevancia adicional porque Jorge de Jesús Vallejo fue uno de los reclusos que, el pasado 21 de junio, aparecieron en una tarima en La Alpujarra, Medellín, junto al presidente Gustavo Petro. Ese episodio, bautizado como el “tarimazo”, marcó la irrupción pública de jefes de bandas que buscaban un tratamiento jurídico especial en el marco de la “paz total”.

Tras ese acto, varios miembros de “Los Mesa” cayeron en operativos policiales. Entre ellos, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias “Teta”, capturado por el homicidio de una mujer trans en Bello, y Camilo Sierra Jaramillo, alias “Gordo Sierra”, jefe de sicarios de la organización.

Aunque algunos integrantes obtuvieron beneficios temporales, como excarcelaciones para asistir al evento, la Fiscalía y la justicia especializada han continuado una ofensiva para golpear sus finanzas y frenar el lavado de activos.

Un juez que tramita las medidas cautelares contra la finca de Girardota advirtió que la investigación cuenta con “un amplio caudal probatorio” que demuestra cómo la organización funciona como una “empresa criminal” desde los años noventa, alimentada por delitos como narcotráfico, homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados, ajustes de cuentas y hurtos.

En paralelo, la Fiscalía avanza en procesos de extinción de dominio contra 31 posibles testaferros de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, otro de los capos asociados a ese entramado. Entre los bienes intervenidos figuran negocios con nombres como Universobebe Store, Crea Casa Je, Ferretería C10, Gascopa, Secret Site, Industrias JF, Lavautos La Sirena, Moda y Estilo San Ángel y Redes Cam.

Más procesos contra la promotora del tarimazo de Petro

Mientras las investigaciones contra los bienes avanzan en la justicia ordinaria, el Consejo de Estado estudia nuevas demandas de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta, reconocida como promotora del “tarimazo”.

Ante la acumulación de demandas, la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón decidió remitir los procesos al magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, en aplicación de principios de economía procesal y para evitar múltiples juicios sobre los mismos hechos.

La estrategia contra los jefes de bandas que estuvieron en la tarima de La Alpujarra se mueve en dos direcciones: por un lado, la judicialización y extinción de dominio contra los bienes que sirven de fachada a sus fortunas; por otro, el escenario político, en el que se debate la responsabilidad de quienes promovieron su exposición pública en busca de beneficios bajo el discurso de la “paz total”.