El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana dos proyectos de ley republicanos que podrían limitar drásticamente la capacidad de Washington DC de gobernarse a sí misma, reavivando el debate sobre la autonomía local y el Home Rule.
La Cámara de Representantes aprobó el House Bill 5214, que restablece la fianza en efectivo en delitos específicos como robo y disturbios, y obliga a la detención preventiva de personas acusadas de crímenes peligrosos mientras esperan juicio.
El representante James Comer (R-Ky.) defendió la medida, asegurando que «los delincuentes peligrosos y violentos han sido permitidos en las calles de Washington, DC, representando una amenaza para el público general».
Sin embargo, la delegada de DC, Eleanor Holmes Norton, criticó el proyecto: «Esta ley exige detención antes del juicio basada únicamente en un cargo, sin audiencia adversarial. Eso es inconstitucional».
Funcionarios locales, como la concejala de Ward 2, Brooke Pinto, también se oponen: «No tenemos este desafío en el Distrito. Cerramos esa brecha de seguridad hace años».
Expertos y activistas alertan que estas medidas podrían aumentar el encarcelamiento de personas que no representan un riesgo real, afectando especialmente a familias con menos recursos. Anthony Petty, miembro de Neighbors for Justice, dijo a WUSA9: «Va a poner mucha presión en familias y amigos para reunir la fianza. No todos tienen $20,000; a veces hay que poner la casa de la abuela o el apartmento de una tía».
El segundo proyecto, House Bill 5107, busca derogar la Comprehensive Policing and Justice Reform Amendment Act de 2022, creada tras el asesinato de George Floyd. Esta legislación había limitado tácticas policiales como el uso de fuerza excesiva, incluyendo la restricción de estrangulamientos y persecuciones, y aumentado la transparencia mediante acceso público a grabaciones de cámaras corporales.
El presidente del sindicato policial, Gregg Pemberton, ha respaldado la derogación, argumentando que la ley ha afectado la moral y provocado la salida de más de 2,000 oficiales del Departamento de Policía Metropolitana, dejando la fuerza con un déficit de más de 800 posiciones.
Por su parte, Holmes Norton defendió la reforma: «La ley dio al jefe de policía más autoridad para disciplinar a los oficiales por mala conducta y delitos».
La alcaldesa Muriel Bowser, el fiscal general Brian Schwalb y el presidente del Concejo Phil Mendelson emitieron un comunicado en conjunto, previo a la aprobación, rechazando los proyectos: «Estas leyes son un ataque al Home Rule y a los principios de democracia y autogobierno local».
El senador sombra de DC, Ankit Jain, señaló que «los miembros del Congreso que no conocen DC y no tienen interés en la ciudad están entrometiéndose en sus asuntos. Están usando a DC como caso de prueba para su agenda MAGA de extrema derecha».
Desde la aprobación del Home Rule Act de 1973, DC tiene un gobierno local elegido por sus residentes, pero con limitaciones:
Toda ley local debe ser aprobada por el Congreso. El presidente controla la Guardia Nacional y puede federalizar la policía. Los residentes no tienen senadores ni representantes con voto pleno en la Cámara.
Con la aprobación de estos proyectos en la Cámara, la autonomía de DC vuelve a estar en riego. La decisión ahora pasa al Senado y, de ser aprobada, al presidente, definiendo no solo la justicia y seguridad en la capital, sino también el futuro del autogobierno local.
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