Misión de Defensa en Panamá: Colombia se une al Escudo de las Américas y acepta tropas estadounidenses

Firmó el acuerdo con el ministro de Guerra Pete Hegseth y oficializó la entrada al Escudo de Las Américas, la coalición de 18 países para combatir el crimen

El general (r.)  Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, fue el único de los integrantes del gabinete del presidente De La Espriella que el lunes 12 de agosto no participó de los febriles esfuerzos por paliar los efectos del terremoto de comienzos de semana que golpeó al país porque lo aguardaba en Panamá una misión especial.

En el istmo lo esperaban el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, con quienes firmaría la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (AC3).

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Con el cumplimiento de su misión, se cumplía el anuncio hecho cinco días atrás, durante su posesión, por el presidente de la República en el sentido de que se sumaría a la iniciativa Escudo de Américas, una coalición de 19 países del continente, liderada por Estados Unidos, para coordinar la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Los presidentes que integran el Escudo de las Américas, la unión de 19 países liderada por Estados Unidos, para coordinar la lucha conjunta contra el narcotráfico.

Pese a su carácter de seguridad nacional para los dos países, el foro durante el cual fue firmado la adhesión no estuvo rodeado por el sigilo. El secretario Hegseth, quien prefiere que su cartera sea denominada “Secretaría de Guerra”, anunció que la administración De La Espriella acababa de pedir el acompañamiento de Washington y autorizó el desarrollo de operaciones coordinadas en suelo colombiano.

#Mundo | El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó a Estados Unidos a lanzar operaciones conjuntas en suelo colombiano «para combatir el terrorismo».

Vía: @EddyMosquera0https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/zBQb6lK7h0

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2026

Mientras transcurría el encuentro, en Colombia se presentaba una nueva ofensiva de grupos armados ilegales. Las disidencias de las Farc asesinaban a dos militares e hirieron a quince durante una emboscada en Algeciras, Huila, mientras que el Eln atacó con explosivos dispuestos en drones a unidades militares en Norte de Santander. En desarrollo de combates en Cajibío, Cauca, era abatido ‘Max Max’, experto en explosivos de una facción extremista.

El general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa de Colombia, firmando la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas

Aunque coyuntura no le faltaba al acuerdo, algunos expertos consideran que la posible presencia en Colombia de militares enviados por el Pentágono supondría desarrollos legislativos y controles políticos y jurisdiccionales, por parte del Congreso y la Justicia colombiana.

La presencia militar de Estados Unidos en Colombia, pero siempre tiene que pasar el filtro constitucional

Más allá de los debates sobre la conveniencia de la cooperación militar, sobre la cual no parece haber discusión, varios especialistas recordaron que en 2009 un acuerdo de rango similar que el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe firmó con Estados Unidos se cayó durante su exámen en el Consejo de Estado.

Se trataba del Acuerdo Complementario en Defensa, Asistencia Técnica y Seguridad (SACTA por sus siglas en inglés), que autorizaba el uso de siete bases militares colombianas, algunas de ellas dispuestas estratégicamente sobre los dos litorales.

El 13 de octubre de 2009, el Consejo de Estado emitió un concepto negativo para la firma del Acuerdo. Para el alto tribunal, el Acuerdo establecía nuevas obligaciones para el Estado colombiano, tenía un carácter asimétrico, desbalanceado para Colombia, entre otras cosas porque no señalaba limites para las acciones militares. En consecuencia, para esa corte el acuerdo debió haber sido negociado como tratado público y quedar sometido a controles políticos y jurisdiccionales.

Con argumentos similares a los del Consejo de Estado, la Corte Constitucional declaró inexequible el acuerdo.

De acuerdo con estudios académicos, en 1952, 1961 y 1974 Colombia y Estados Unidos suscribieron acuerdos de asistencia militar técnica y para el establecimiento de misiones militares de Estados Unidos en oficinas del Ministerio de Defensa, pero ninguno de ellos contemplaba el uso de bases militares ni la presencia de hombres y equipos en tareas operacionales transfronterizas.

El presidente De La Espriella no ha dicho todavía si su gobierno enviará al Congreso el acuerdo para darle mayor sustento constitucional o legal y tampoco ha hecho anuncios en el sentido de que elevará una consulta previa al Consejo de Estado.

El Escudo de las Américas, la liga a la que entra Colombia por decisión del Tigre

De la liga de los 19 países hacen parte gobiernos afines en sus políticas de derecho y declarados partidarios de darle un fuerte enfoque de seguridad a sus relaciones internacionales. Entre ellos está Ecuador, país que en 2009 -bajo un designio ideológico distinto al de hoy- puso fin a un acuerdo que le permitía a Estados Unidos operar la base militar de Manta.

Ese año, una Asamblea Nacional Constituyente prohibió en el país vecino el establecimiento de bases o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y eso implicaba el fin del contrato suscrito entre Washington y Quito para la operación de aquel Puesto de Operaciones Militares (FOL, por sus siglas en inglés).

Rafael Correa, exiliado luego en Bélgica tras ser sindicado de corrupción, decidió anticipar el fin del contrato aduciendo que desde las instalaciones de Manta habría despegado un avión de Estados Unidos que, durante la Operación Fénix, apoyó el bombardeo que tropas colombianas lanzaron contra el campamento de ‘Raúl Reyes’, jefe de las Farc que se movía libremente en territorio ecuatoriano.

La alianza con Estados Unidos y otros dieciocho países para combatir factores de inseguridad conocido como el Escudo de las Américas transfronteriza puede ser altamente beneficioso para Colombia, pero harían falta acciones adicionales para blindarla jurídica y políticamente.