Los maestros del crimen perfecto nos han enseñado que, para evadir la justicia, se requiere una planificación meticulosa y una ejecución impecable, diseñada con un único objetivo: borrar todo rastro que pueda incriminar al perpetrador. En contraste, el anuncio de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales está lejos de cumplir con estos estándares. La evidencia apunta a un fraude evidente: resultados matemáticamente imposibles, la negativa a publicar datos desglosados por centros de votación, la omisión de auditorías esenciales estipuladas en la normativa electoral y un supuesto hackeo sin rastro alguno. Pero lo más revelador fueron las pruebas que no previeron: las actas recopiladas por los testigos opositores, que demostraron claramente la victoria del opositor Edmundo González Urrutia.
Esta es la historia.
La jornada electoral había transcurrido en paz ese domingo 28 de julio, con algunos retrasos que se superaron durante la tarde y muy pocos -excepcionalmente pocos- episodios de violencia. Largas filas se extendieron en las afueras de los centros de votación y el ánimo general era optimista. Hasta que comenzó a caer la tarde. A medida que se acercó la hora del cierre de votación comenzaron a rodar los rumores: los testigos electorales eran amedrentados. El personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) se negaba a cerrar los centros sin votantes, no permitirían imprimir copias de las actas, querían impedir la verificación pública ciudadana. Comenzaron los enfrentamientos, y en las redes sociales se difundieron videos de las luchas en los centros. Multitudes enteras gritando para pedir el conteo de votos, grupos armados amedrentando a periodistas y testigos electorales, militares resguardando los centros, pero sin intervenir para evitar los conflictos.
La gente se impuso en los centros y empezaron a circular los videos de testigos electorales leyendo los resultados de sus mesas. González Urrutia ganador, se escuchó en muchos de ellos. No era sorpresa: la alta participación fue notoria en las filas de los centros. María Corina Machado, líder opositora, había confirmado esta percepción con algunos datos. Después de votar en Caracas, declaró a la prensa que su comando -que llevaba varios exit polls y quick counts como estrategia de defensa del voto- estimaba un 42.1% de participación hasta la 1 de la tarde: más de 9.3 millones de votos en todo el país.
La legislación venezolana impide revelar resultados antes del boletín del CNE, pero las declaraciones de Machado asomaban una evidente victoria del abanderado opositor. Coincidía la encuestadora internacional Edison Research, cuyo exit poll publicado desde Estados Unidos estimaba una victoria de González Urrutia con 65% sobre un 31% de votos para Nicolás Maduro. Desde muy temprano todo apuntaba a un resultado claro y bastante holgado.
En la sede del CNE, la ansiedad aumentaba. Sin motivo aparente, la presentación del primer boletín se retrasaba. Los rectores, que usualmente anuncian el cierre de mesas de votación a las 6 de la tarde, desaparecieron de la vista de la prensa. La dirigente Delsa Solórzano, testigo opositora ante el CNE, intentó entrar al proceso de totalización y las autoridades electorales lo impidieron. Aunque insistió, no logró cumplir el rol para el cual estaba acreditada. Más tarde, desde el comando opositor al otro lado de Caracas, Solórzano denunció irregularidades en los centros: el personal del CNE y Plan República impedían el acceso de los testigos opositores a las actas. Poco después, el dirigente Omar Barboza afirmó que los testigos opositores habían recabado 30% de las actas que demuestran los resultados de las mesas y pedía que le permitieran a los testigos terminar de recolectarlas. Se hizo evidente que la victoria opositora, que parecía segura, estaba en peligro.
Y el temor se confirmó con la llegada de la directiva del CNE ante la sala de prensa, cinco horas después de cierre de los centros de votación, a golpe de medianoche. Solo aparecieron cuatro de los cinco rectores principales, dirigidos por el presidente del Poder Electoral, el chavista Elvis Amoroso, el mismo funcionario que firmó la inhabilitación de María Corina Machado en 2023, cuando era contralor.
Amoroso leyó frente a los medios de comunicación el primer boletín de resultados de la elección presidencial con 80% de las mesas escrutadas, 59% de participación y una «tendencia irreversible»: Nicolás Maduro reelecto con 5.15 millones de votos, por encima de 4.45 millones obtenidos por González Urrutia. La tendencia conocida y reportada durante el día era totalmente contraria.
Varios detalles del anuncio levantaron sospechas. La primera fue que el CNE no anunció el cierre de mesas de votación, a diferencia de otros procesos electorales previos; y también fue llamativo el retraso para anunciar los resultados, cinco horas después del cierre de las mesas, que la autoridad electoral justificó denunciando un supuesto hackeo al sistema de transmisión de resultados, que habría pospuesto la totalización y la posibilidad de emitir los resultados. El hackeo, afirmó, fue un sabotaje dirigido al Poder Electoral con la intención de sabotear el proceso desde Macedonia del Norte, país que rechazó conocer denuncia alguna sobre este supuesto ataque.
Pero había otros problemas con el boletín. Para empezar, los resultados presentados no reflejaban la tendencia que se reportaba desde la tarde. Además, la cuenta del boletín no cuadraba: la diferencia de apenas 700 mil votos entre los principales candidatos no era suficiente para determinar una tendencia irreversible y los porcentajes anunciados en el boletín -51.2% de votos para Maduro, 44.2% para González Urrutia y 4.6% entre el resto de candidatos- eran una imposibilidad matemática. Un detalle no menor: en la mesa de la directiva electoral faltaba el rector Juan Carlos Delpino, ficha de la oposición, del partido Acción Democrática.
En el palacio presidencial de Miraflores se instaló una tarima para la celebración, donde un grupo de chavistas celebraron -no sin expresiones de sorpresa- tras escuchar los resultados.
Un día después del anuncio del CNE, la vocería la tomaron directamente Machado y González Urrutia. La oposición ya alcanzaba 73.2% de las actas electorales, tenían las pruebas de los resultados de una amplia mayoría de los centros de votación. Los resultados no se correspondían con lo anunciado por el CNE.
«El presidente electo es Edmundo González Urrutia, porque con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanza» declaró Machado en una rueda de prensa.
Mientras el país hizo erupción en una serie de protestas que se propagaron rápidamente en todos los estados, que llevaron a la generalizada destrucción de estatuas del fallecido Hugo Chávez y fueron reprimidas brutalmente, las autoridades del CNE, nuevamente sin el rector Delpino, se apresuraron a proclamar oficialmente a Maduro como el presidente reelecto aunque no había resultados definitivos.
Las actas recabadas por el comando opositor siguieron aumentando en los siguientes días, hasta alcanzar el 83.5% de los centros. La primera semana tras la elección terminó con varias protestas opositoras, una severa represión, más de mil detenidos políticos y 24 muertes en las calles. Pero también terminó con un sitio web de acceso libre donde se podían revisar todas las actas electorales recabadas por la oposición, escaneadas y con los códigos de verificación de su autenticidad. Nunca antes la oposición había podido probar con tanta fuerza su resultado, nunca el Poder Electoral ha alcanzado el nivel de transparencia demostrado por el comando opositor.
Nunca antes se había podido demostrar un fraude. Y esto, además de la recopilación crucial de las actas electorales, se logró gracias a simples matemáticas.
El New York Times reportó tras la elección -citando fuentes internas- que el chavismo no esperaba una derrota, o al menos no una diferencia tan pequeña que se hiciera imposible de superar con el ventajismo electoral habitual en Venezuela. Esta hipótesis podría explicar la superficialidad de los resultados en el primer boletín anunciado por el CNE.
CandidatoCantidad de votosPorcentajeNicolás Maduro Moros5.150.09251.2Edmundo González Urrutia4.445.97844.2Otros462.7044.6Votos totales10.058.774100Boletín oficial del CNE
La cantidad de votos asignados en ese boletín a Maduro, a González Urrutia y a la opción ‘otros’, coincide con los porcentajes anunciados: 51.2%, 44.2% y 4.6%, respectivamente.
La correspondencia de las proporciones es exacta, advirtieron análisis iniciales publicados en la red social X. Esta precisión en uno de los porcentajes no es imposible, pero es bastante difícil de lograr que coincida en los tres porcentajes fue bastante llamativo pues, entre otras cosas, el cálculo no deja espacio para votos nulos. Las estimaciones amateurs en X señalaban que la probabilidad de esta coincidencia en las cifras era de 1 por cada 10.000 casos. Es decir, muy poco creíble que sucediera. La hipótesis más lógica y probable es que el cálculo haya sido el contrario: en lugar de contar votos y a partir de ellos calcular los porcentajes, el CNE partió de los porcentajes que querían asignar a cada candidato y con una simple regla de tres calcularon los votos que correspondían a cada proporción según el total.
El segundo boletín anunciado por el CNE el 2 de agosto profundizó esta hipótesis. Esta vez, con el 96.87% de las actas transmitidas, sí se incluyeron votos nulos y al menos dos decimales. Pero a partir del tercero nuevamente se veían números redondos. Además, se sumó una nueva coincidencia extraña: el porcentaje de actas transmitidas era exactamente igual al porcentaje de electores -de todo el registro electoral- que estaban contabilizados en esas actas transmitidas. Cada acta representa una mesa de votación, que a su vez pertenece a un centro electoral. Hay mesas de votación con más o menos electores inscritos, hay centros con más o menos mesas de votación, la cantidad de electores varía entre cada uno. Es decir, una vez más, es muy poco probable que el porcentaje de actas refleje exactamente el mismo porcentaje de votos contabilizados.
Pronto, los resultados improbables del CNE y las actas publicadas por la oposición se convirtieron en interés para el mundo académico. Comenzaron a publicarse análisis más profundos y completos, con metodologías académicas, que añadieron nuevos elementos para dudar sobre el resultado anunciado por el CNE.
Las actas son los comprobantes que se imprimen de la máquina de votación durante el escrutinio, el proceso del sistema automatizado en cual se cuentan los votos de cada candidato y se emiten los resultados de la mesa de votación. Este proceso se inicia cuando las mesas de votación cierran y ya no reciben nuevos electores. El primer paso es la impresión del acta principal. Una vez impresa el acta, se inicia el proceso de transmisión automatizado de los resultados de cada máquina a los dos centros nacionales de totalización, ubicados en Caracas. La impresión del acta precede la transmisión. Una vez que los resultados son transmitidos, se procede a imprimir copias del acta para el presidente de la mesa y los testigos acreditados por los partidos políticos.
El comando opositor reunió, escaneó y digitalizó 25.073 de las 30.026 actas electorales, el 83,5% de las mesas de votación. Con base en estos resultados, la participación fue 60,08% con una amplia ventaja a favor de González Urrutia:
Cada acta tiene distintos elementos de seguridad: códigos alfanuméricos, una firma digital, un código QR que incluye la información de cada acta y permiten verificar la información de los documentos. Es lo que el CNE ha llamado «redundancia de sistemas de seguridad», pues cada fase del proceso electoral tiene distintos elementos que se comprueban entre sí. Los testigos y sus firmas en cada acta, los códigos de cada acta, el QR que permite acceder digitalmente a la información, la verificación ciudadana que permite a los votantes ingresar y ver el conteo manual de una muestra de mesas. En este caso, además, muchos testigos tomaron la iniciativa de grabar en video el escrutinio público y divulgarlo en redes sociales. Así, con buscar videos de ese día es fácil verificar los resultados de las actas de cada centro publicadas y escaneadas en el sitio web opositor.
CandidatoCantidad de votos PorcentajeEdmundo González7.303.48067Nicolás Maduro3.316.14230Otros267.6402Total de votos10.888.475Boletín oficial CNE
Dorothy Kronick, profesora de la Universidad de Berkeley, analizó los mecanismos de verificación del voto electrónico, incluyendo los comprobantes de votación individuales, las constancias del proceso de verificación ciudadana y las actas de escrutinio. Evaluando el rol de estos mecanismos en elecciones anteriores, el funcionamiento del sistema electoral y los datos de las actas publicadas por la oposición, Kronick concluyó que estos documentos son legítimos y prueban la victoria de González Urrutia.
Por su parte, un modelo de análisis de fraudes del profesor Walter Mebane Jr., de la Universidad de Michigan, concluyó que solo 2 de las 24.532 mesas sobre las cuales se tienen actas de votación públicas muestran algún indicio de fraude. El análisis concluye descartando la posibilidad de un fraude opositor y, de hecho, afirma que elecciones anteriores venezolanas presentan más indicios de fraudes que la presidencial.
José Morales-Arilla, profesor venezolano en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, publicó un análisis basado en las horas de impresión de 24.102 de las actas publicadas por la oposición: el análisis demostró que éstas se habían impreso antes de las 7:30pm del día electoral. Como la impresión de las actas de los testigos ocurre después de la transmisión de los resultados, para esa hora -alrededor del horario en que se produjo el supuesto hackeo– ya se había transmitido el 61% de las actas. Los resultados hasta entonces indicaban que González Urrutia tenía 68.1% de los votos y Maduro el 29.6%. Para poder ganar la elección, Maduro debía obtener al menos el 79.3% de los votos en todas las mesas que aún no habían transmitido resultados, explica el análisis. «De acuerdo a nuestro modelo y a la data que se había impreso cada 15 minutos desde las 6pm, estimamos que voltear la elección era esencialmente imposible desde las 6:45 pm. Es decir, los resultados de la elección eran «irreversibles» desde muy temprano», dijo Morales-Arilla.
Una iniciativa espontánea e independiente, liderada por Giuseppe Gangi, descargó todas las actas publicadas por la oposición, las organizó, analizó los resultados y confirmó los datos publicados por el comando opositor. Como verificación extra, recopilaron los videos publicados en redes sociales de las lecturas de las actas en los centros de votación. Verificaron y vincularon cada video encontrado con el acta correspondiente a la misma mesa de votación y demostraron que los resultados se corresponden. Hasta ahora han compartido más de 350 videos, pero siguen aceptando contribuciones públicas. El sitio web se llamó Macedoniadelnorte.com, en un guiño irónico a la denuncia del hackeo del CNE.
Además, cuatro medios internacionales hicieron análisis independientes de las actas publicadas por la oposición. La agencia estadounidense The Associated Press analizó casi 24 mil imágenes de las actas, 10.26 millones de votos. Aunque no pudo verificar de forma independiente el origen de cada acta, la agencia concluyó que los resultados demuestran una victoria de González Urrutia y exponen «serias dudas» sobre los resultados electorales venezolanos. The New York Times recibió las estimaciones de expertos electorales que atribuyeron la victoria a González Urrutia e hizo su propio análisis. Afirmaron que «el Times pudo replicar ampliamente las estimaciones de los investigadores sobre los resultados con una diferencia de dos puntos porcentuales». El análisis de The Washington Post llegó a la misma conclusión: «El candidato de la oposición en Venezuela probablemente recibió más del doble de votos que el presidente Nicolás Maduro». El País de España, por su parte, destacó la opacidad del Poder Electoral: «los datos aportados por los opositores son más profundos y más verificables».
La denuncia del hackeo que hizo el CNE, y que posteriormente repetirían los distintos voceros del gobierno, no se corresponde con el funcionamiento del sistema electoral y sus diversos mecanismos de protección. Es inviable, afirman expertos.
También lo afirmó el propio CNE doce días antes de la elección, cuando el responsable técnico y de seguridad de la institución, Carlos Hernández, declaró que la red de telecomunicaciones estatal de CANTV utilizada para la transmisión estaría «totalmente aislada para evitar acceso externo a los servidores». En la declaración afirmó que era «lejanamente probable» el acceso al sistema de un agente externo. En caso de alguna irregularidad, afirmó, se levantaría una alarma.
De hecho, el propio sitio web del CNE -al que no se tiene acceso desde el 29 de julio- señalaba en su sección sobre tecnología electoral que el sistema usa «redes privadas, sin acceso externo» y recalcaba que «se imprime el Acta de Escrutinio antes de transmitir» como mecanismo de seguridad y auditoría.
Desde la elección, las autoridades no han mostrado ninguna prueba del ataque cibernético, tampoco del supuesto fraude cometido por la oposición, cuyo liderazgo ha sido acusado de forjar las actas y usurpar las funciones del CNE al anunciar resultados paralelos y distintos a los del ente electoral.
El CNE suspendió tres auditorías previstas en el calendario electoral después de la elección. La auditoría de Telecomunicaciones estaba prevista para el 29 de julio, un día después de la elección, y permitía verificar las líneas de transmisión de los resultados. Era un proceso crucial para detectar e identificar algún ataque a la transmisión y encontrar pruebas para demostrar la denuncia de sabotaje del CNE.
El 2 de agosto, cinco días después de la elección, estaba prevista la auditoría de Verificación Ciudadana, en la cual se revisan los resultados del 1% de las mesas de votación: se examinan sus actas, el número de electores de cada una, se compara la cantidad de comprobantes de voto con votantes totales de cada mesa y se comprueba la transmisión de estos resultados.
La auditoría de Datos Electorales debió hacerse entre el 5 y el 8 de agosto, una semana después de la elección. En esta auditoría se verifican las huellas dactilares registradas por la máquina captahuellas, que se usa durante la elección para comprobar la identidad de cada elector y activar la máquina de votación.
No hay explicaciones para la suspensión de estos hitos electorales. En una entrevista con CNN, el periodista Eugenio Martínez, del portal Votoscopio, explicó que estas auditorías tienen períodos específicos para garantizar la integridad de los datos de la elección. Si se hicieran fuera de este período, el CNE tendría que hacer una auditoría forense: «certificar que las bases de datos y el material electoral que presenta el CNE se corresponde con el generado el 28 de julio y no es un material electoral que se generó con posterioridad», declaró a CNN.
Estas acusaciones -y el resultado anunciado por el CNE- fueron «convalidados» por una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras un supuesto peritaje realizado a petición de un recurso contencioso introducido por Maduro.
El proceso, que se hizo de forma privada y sin publicación de actas, respaldó a Maduro como presidente reelecto. No fue sorpresa: por años se ha documentado la parcialidad del Poder Judicial a favor del gobierno chavista, tras un desmantelamiento general de su institucionalidad. La Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que investiga violaciones de derechos humanos desde 2014 en el país, advirtió que el TSJ «no tiene independencia ni imparcialidad», tampoco el CNE. «El gobierno ejercitó influencia indebida en las decisiones del TSJ, incluyendo a través de mensajes directos a jueces y comunicados públicos», afirmó la jefa de la misión, Martha Valiñas.
La Academia Nacional de Ciencias Políticas denunció varias irregularidades en el procedimiento del peritaje del TSJ, incluyendo su falta de transparencia, el hecho de que la Sala Electoral no tiene competencia para certificar resultados electorales. Hacerlo, afirmó la academia en un comunicado, implica que la Sala «ha incurrido en usurpación de funciones», también una violación de la autonomía del Poder Electoral, y tendría como consecuencia «la nulidad de la sentencia».
Las sospechas sobre el proceso fueron confirmadas por el medio de investigación Armando.info, que reveló en un reportaje cómo el supuesto peritaje fue en realidad un «simulacro de revisión pericial», que llevó a la ya previsible ratificación de Maduro como presidente reelecto. Las tomas del proceso de revisión que transmitió VTV fueron, en realidad, una puesta en escena. Entre otras revelaciones, la investigación expuso que el peritaje no tuvo protocolos y que los encargados de hacer la supuesta auditoría no eran especialistas independientes sino funcionarios del CNE disfrazados para ocultar su verdadera identidad; los únicos dos especialistas externos, tienen vínculos previos con el chavismo. De hecho, uno de ellos fue candidato parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela en 2010.
Lograr el crimen perfecto también requiere un factor importante: que todos los cómplices mantengan la misma versión de los hechos. Cuando uno de los participantes cambia la seña, toda su narrativa pierde credibilidad. Y esto es lo que ha pasado una y otra vez desde la noche de la elección.
De hecho, las contradicciones iniciaron con el mismo anuncio de los resultados. Cuando anunció el primer boletín y la denuncia del supuesto hackeo al sistema de transmisión, Amoroso dijo que «en las próximas horas» se publicarían los resultados electorales en el sitio web del CNE y se entregarían los resultados en un CD a todos los partidos políticos. Si el CNE pudo dar los resultados con el 80% de las actas escrutadas, ¿quiere decir que el hackeo había sido superado? ¿Cómo podían tener acceso a los resultados si el hackeo seguía e desarrollo? Y si así fue, ¿en qué afectaba el hackeo si podían ver los resultados pese al supuesto sabotaje?
Durante la noche de la jornada electoral, después de las 8 de la noche, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que la jornada electoral había transcurrido en paz, con solo «incidencias menores y minúsculas». Su declaración ocurrió dos horas después del cierre de mesas de votación, cuando ya debía estar la transmisión en desarrollo y, por lo tanto, el supuesto hackeo. ¿Cómo el ministro declaró «incidencias menores» si el sistema estaba bajo ataque?
El 31 de julio, dos días después de la elección, Nicolás Maduro declaró ante el TSJ que el PSUV tenía en sus manos el 100% de las actas electorales y estaban «listos para presentarlas». Como la oposición, el PSUV tenía testigos en las mesas de votación y ellos también recibieron sus copias de actas. El CNE no había presentado aún los resultados totales de la elección y, de hecho, pasarían dos días más antes de que Amoroso presentara el segundo boletín con 96% de las actas escrutadas… ¿Por qué ni el PSUV ni el CNE hicieron públicas las actas de votación para probar sus resultados?
Recurrir al TSJ planteaba otro problema, incluso conceptual. Si la elección ocurrió en calma, el CNE pudo resolver el supuesto hackeo y los resultados anunciados eran reales, ¿por qué era necesaria una legitimación del TSJ? El solo hecho de acudir al Poder Judicial era una especie de reconocimiento de que el Poder Electoral —que se supone autónomo— no cumplió sus funciones.
Durante el proceso de supuesta investigación del TSJ, la Sala Electoral citó a los diez candidatos presidenciales. No compareció el opositor González Urrutia. En la primera citación, cuando apenas se iniciaba el proceso de averiguación, el tribunal declaró que los resultados del CNE eran irreversibles. ¿Qué se investigaría entonces, si la decisión ya estaba tomada? ¿Por qué no exigir al CNE hacer sus propias auditorías para investigar el sistema?
El propio «peritaje» del TSJ mostró supuestamente el material electoral de la elección, cajas llenas de actas y comprobantes de votación para la revisión de los supuestos peritos. Si el CNE tenía todo el material electoral a su disposición, ¿por qué no publicó los resultados por mesas de votación?
Una semana después, cuando se suponía ya el TSJ estaba investigando el caso, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó ante el cuerpo diplomático del país que el CNE no había publicado resultados «por el ataque cibernético masivo». El mismo día de la declaración de la vicepresidenta, Diosdado Cabello afirmó en su programa televisivo que todos los testigos del PSUV entregaron sus actas electorales y estaban en manos de la dirigencia del partido. Si el CNE había podido anunciar dos boletines electorales, ¿qué tenía que ver el hackeo con la falta de publicación de los resultados que ya existían? ¿Por qué Maduro afirmó una semana antes que ya tenían todas las actas? ¿Cómo podía el PSUV y el comando opositor tener sus actas —incluso si afirmaban que eran distintas— y el CNE no era capaz de publicar resultados?
Y un día después, el propio Cabello declaró en la Asamblea Nacional que en Venezuela nunca se han publicado las actas electorales, sino los resultados. Tampoco explicó por que no había resultados y olvidó un detalle importante: en el año 2013, el propio PSUV publicó un sitio web con todas las actas electorales para probar la victoria de Maduro en las presidenciales, en las cuales enfrentó como candidato al exgobernador Henrique Capriles Radonski. Es decir, el PSUV hizo lo mismo —aunque con menos sofisticación— que el comando de González Urrutia. Sin embargo, el 19 de agosto el Ministerio Público anunció una investigación contra los líderes opositores por publicar las actas electorales, el argumento es que son falsas, aunque todos los elementos de seguridad permiten verificar públicamente su veracidad.
Las contradicciones se extendieron a las reacciones ante los acompañantes electorales. Una semana antes de las elecciones Padrino López se reunió con los representantes del Centro Carter y destacó «la seriedad que representa» en materia electoral. Tras la elección, los voceros oficiales han atacado a la organización, incluyendo Maduro; también pusieron en duda la legitimidad y validez del Panel de Expertos electorales de la ONU, cuando ambas organizaciones fueron las únicas con cierta credibilidad e independencia invitadas a participar en la elección venezolana. Esa autorización solo la podía otorgar el chavismo: sus propios acompañantes invitados fueron los que denunciaron las irregularidades del proceso.
Pero todas estas irregularidades iniciaron, de hecho, mucho tiempo atrás. El uso de recursos públicos para campaña electoral, la ausencia de voceros opositores en medios estatales, la censura a medios privados para evitar difusión a líderes de la oposición son prácticas ya muy ejercidas en eventos electorales anteriores.
Este ventajismo se profundizó con medidas más severas, como la judicialización de partidos opositores -cuyas tarjetas electorales fueron arrebatadas a sus dirigencias tradicionales-, la persecución del equipo cercano de María Corina Machado y la inhabilitación de diversos dirigentes políticos, incluyendo a la propia líder opositora.Todas estas medidas violaron los Acuerdos de Barbados, firmados por gobierno y oposición, con los cuales se esperaba sentar las bases de una elección con garantías democráticas.
Otras medidas del CNE afectaron el desarrollo democrático del proceso. No solo se impidió la postulación de Machado, electa candidata en las primarias opositoras realizadas en octubre de 2023, tampoco se permitió inscribir a la filósofa Corina Yoris, designada por Machado como su representante en la elección. Las trabas del sistema, sin más justificación que fallas técnicas, llevaron a la postulación del gobernador Manuel Rosales y de Edmundo González Urrutia, directivo de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y quien fundiría como «tapa» o representante temporal para mantener el espacio en el tarjetón de votación mientras los partidos opositores definían un candidato definitivo.
Cuando terminaba el período de postulaciones electorales, finalmente se decidió la candidatura de González Urrutia como definitiva y Rosales declinó en su favor. Así, el candidato opositor fue, hasta cierto punto, elegido o autorizado por las autoridades electorales.
El CNE también obstaculizó el proceso con otras medidas, como la falta de campañas institucionales para promover el voto y las trabas para la inscripción y actualización de votantes en el Registro Electoral. La jornada de registro de nuevos votantes en 2024 es la más limitada de la última década, con apenas 315 puntos de inscripción en todo el país, en comparación con los 1300 puntos instalados para las presidenciales de 2012 y mil para las elecciones de autoridades regionales en 2021. Además, solo hubo 30 días de registro, mientras que en 2012 hubo 88 días y 155 para las legislativas de 2015. La anterior elección presidencial en 2018, tuvo 531 puntos de inscripción de votantes en apenas 10 días de jornada.
Esta situación fue aún más limitada para los votantes en el extranjero. Venezuela tiene alrededor de 7.77 millones de emigrantes, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de los cuales se estima que hay alrededor de 4 millones de personas mayores de edad que pueden votar. Pero el registro electoral en el extranjero incluye apenas a 69.211 venezolanos. Sin embargo, requisitos complejos -como la residencia legal permanente- y el cierre de sedes diplomáticas venezolanas en países como Estados Unidos y Canadá, así como retrasos inexplicables de más de diez días en la apertura del Registro Electoral en países como Argentina, España y Chile, limitaron la posibilidad de voto de los venezolanos en el extranjero.
Más de un mes después de la elección presidencial, el CNE no ha mostrado los resultados definitivos y completos de la elección, desagregados por mesa de votación. Con este retraso, se ha incumplido la normativa electoral, que estipula la publicación de resultados a los actores políticos en las primeras 48 horas tras la elección y la publicación completa de resultados en la Gaceta Electoral hasta 30 días después de la elección. También ha violado la sentencia de la Sala Electoral que convalidó los resultados, pues en ella se exhortó al CNE a cumplir con la publicación en la Gaceta Electoral.
A las denuncias opositoras, las excusas de las autoridades, el hackeo no comprobado y las actas electorales publicadas se sumó un nuevo argumento en contra de los resultados oficiales anunciados por el CNE: las denuncias de los acompañantes internacionales invitados por el Poder Electoral, el Centro Carter y el Panel de Expertos electorales de la ONU.
La representación del Centro Carter salió del país tras la contienda y en un comunicado enumeró todas las irregularidades del proceso, para concluir que la elección «no puede ser considerada como democrática» y que «ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional». El Panel de Expertos de la ONU dijo en su informe preliminar que la gestión de resultados del CNE «no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles».
Semanas después de la elección, el rector electoral Juan Carlos Delpino finalmente declaró públicamente en un comunicado para denunciar «falta de transparencia y veracidad» en los resultados del CNE. El rector afirmó que no estuvo en la sala de totalización, debido a las irregularidades observadas durante el proceso electoral y por eso dijo que carece «de la evidencia que respalda los resultados anunciados».
La reacción internacional fue clara: excepto países como Rusia, Cuba y Nicaragua, la gran mayoría de los gobiernos ha rechazado el reconocimiento de Maduro como presidente electo. La Unión Europea, Estados Unidos y países latinoamericanos han pedido que se publiquen las actas electorales y se permita una verificación independiente, de preferencia internacional, para reconocer los resultados.
Los gobiernos de México, Colombia y Brasil también han evitado el reconocimiento e iniciaron gestiones diplomáticas con las autoridades venezolanas, no han tenido resultados. Las relaciones con estos gobiernos, particularmente con Colombia y Brasil, están marcadas por tensiones. Aunque sus cancillerías han anunciado intentos para reunirse con Maduro, no han podido concretar un encuentro. La decisión del gobierno venezolano de revocar la autorización a Brasil para proteger y representar las sedes diplomáticas argentinas en Caracas profundizó la división. En la residencia diplomática argentina se encuentran refugiados seis integrantes del equipo cercano de Machado, quienes pidieron asilo en marzo tras ser acusados por conspiración, traición a la patria, y recientemente por supuestos planes terroristas y magnicidas.
La organización Foro Penal ha registrado casi 1800 detenciones por motivos políticos desde el 29 de julio, incluyendo dirigentes opositores, dirigentes regionales del comando opositor, testigos de mesa y más de cien adolescentes, de los cuales han sido liberados unos 80; se han denunciado 24 muertes durante las protestas postelectorales y violaciones de derechos humanos y procesales, incluyendo la imputación de terrorismo en audiencias con defensores públicos impuestos a los acusados y traslados irregulares a dos grandes cárceles a las que han llamado «centros de reeducación».
No hay explicaciones del ente electoral, tampoco pruebas públicas sobre las acusaciones. Machado y González Urrutia permanecieron resguardados desde la elección. Solo se ha visto a la líder política en las manifestaciones organizadas por la oposición en Caracas y en entrevistas virtuales concedidas desde su clandestinidad. Ambos rechazaron públicamente ofertas de asilo político y salida del país, pero la primera semana de septiembre González Urrutia llegó a Madrid tras solicitar asilo en España y recibir un salvoconducto para viajar.
El sitio web del CNE permanece desconectado. El país todavía no tiene acceso a sus resultados.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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