Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva , como medida de coerción, contra diez personas implicadas en una estructura de corrupción administrativa , formada por militares y civiles, enfrentada mediante la Operación Lobo . La red se aprovechaba de la distribución de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz , titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) , lideró el equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional .
“Es importante resaltar que esta operación apenas comienza y, como en todas nuestras investigaciones, podrían ocurrir más arrestos y sometimientos en este proceso” , declaró Ortiz.
La funcionaria detalló que hasta el momento se ha identificado una suma superior a los 100 millones de pesos pagados en sobornos , y que el Ministerio Público cuenta con más de 500 pruebas para respaldar las acusaciones en esta primera fase del proceso.
La solicitud de prisión preventiva incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz , así como a los coroneles Andrés Pacheco Varela , Luis Ernesto Vicioso Bocio , Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez ; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar , al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos , al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González , al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal .
El Ministerio Público pidió, además, que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud de la estafa y la afectación a varias instituciones públicas, incluidas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) , el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) , y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte , EdeEste y EdeSur .
El titular de la Pepca destacó que todo individuo implicado en esta red será llevado ante la justicia: «Esto apenas comienza. Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más» , afirmó.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental , que alertó al Ministerio Público sobre las irregularidades en procesos de contratación de seguridad en instituciones estatales.
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