EEUU se enfrenta a un alarmante aumento de crímenes, en los que están implicados un alto número de migrantes venezolanos.
Al mismo tiempo, se enfrenta a un punto muerto en los procedimientos de deportación, ya que Venezuela se niega a aceptar a los ciudadanos repatriados.
En un suceso inquietante, José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano de 26 años, fue acusado del brutal asesinato de la estudiante de enfermería de Georgia Laken Riley en el campus de la Universidad de Georgia.
Ibarra fue admitido en EEUU mediante libertad condicional, según confirmaron tres fuentes del ICE y el DHS.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) también está lidiando con una banda venezolana, llamada “Tren de Aragua“, acusada de llevar a cabo una serie de robos, causando angustia a las comunidades locales.
Dos miembros de esta banda fueron detenidos tras un ataque mafioso contra agentes de policía de Nueva York.
En otro caso ocurrido en Nueva York, un inmigrante venezolano de 15 años fue detenido por disparar contra agentes de la ley mientras escapaba de una tienda de ropa deportiva de Times Square.
En Chicago, se presentaron cargos por robo y agresión contra cuatro inmigrantes venezolanos tras un incidente en un tren de la CTA.
Algunos inmigrantes de Chicago admitieron a la policía que cometen delitos con el propósito expreso de ser deportados a Venezuela.
Sin embargo, Venezuela, bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro, incumplió un acuerdo para aceptar a los inmigrantes deportados de EEUU y México.
Esta negativa se produce tras la decisión de Estados Unidos de volver a imponer ciertas sanciones económicas a Venezuela.
En octubre, EEUU y Venezuela acordaron repatriar a los inmigrantes ilegales venezolanos en una medida que fue considerada como el compromiso de la Casa Blanca de abordar los problemas migratorios en medio de las críticas.
Este acuerdo permitió a Estados Unidos repatriar a unos 1.800 venezolanos a través de 15 vuelos. Sin embargo, esta operación se interrumpió el mes pasado.
Anteriormente, Estados Unidos levantó las sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela, entre otros sectores.
A cambio, el régimen de Maduro aceptó celebrar elecciones a finales de este año. Sin embargo, la decisión estadounidense de cesar todas las transacciones comerciales con la minera estatal venezolana Minerven provocó un aumento de las tensiones.
Como resultado del incumplimiento por parte de Venezuela del acuerdo y de las condiciones para unas elecciones presidenciales justas, Estados Unidos volvió a imponer sanciones al sector del oro de Venezuela el 13 de febrero.
Esto provocó que la administración de Maduro se niegue a aceptar las deportaciones, dejando a EEUU en una posición difícil para expulsar a algunos de los delincuentes violentos de Venezuela.
A pesar de estos obstáculos, la administración de Biden sólo consiguió deportar a un pequeño porcentaje de los inmigrantes venezolanos que residen ilegalmente en el país.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el año fiscal 2023 se denunciaron poco más de 830 inmigrantes venezolanos, a pesar de que las autoridades fronterizas se toparon con 335.000 venezolanos.
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