Miedo y Clandestinidad: La Amenaza del ICE para los Migrantes Venezolanos en Florida

La política migratoria de Donald Trump y el despliegue de operativos del ICE han alterado la vida cotidiana de los migrantes venezolanos con distintos estatus migratorios en Estados Unidos, lo que los ha llevado a reducir sus actividades, cambiar sus trabajos y limitar sus desplazamientos. Las decisiones antimigrantes también impactan negativa y directamente en la economía norteamericana

Luna Perdomo | Roison Figuera

En las calles de Florida, Colorado, Minnesota o Texas, la sombra de las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sumido a los venezolanos en una suerte de clandestinidad obligada dentro de los Estados Unidos.

La promesa electoral del presidente Donald Trump de implementar «la operación de deportación más grande en la historia» de ese país dejó de ser una retórica de campaña para materializarse en patrullajes encubiertos, alcabalas improvisadas en semáforos, suspensión de protecciones temporales y una constante estigmatización que no distingue entre el estatus migratorio formal, la búsqueda de asilo o la permanencia irregular.

El despliegue institucional se ha intensificado de forma progresiva. Tras los primeros operativos ejecutados en enero de 2025 en las llamadas «ciudades santuario», como Miami, Nueva York, Atlanta, Denver y Washington D.C., la estrategia federal escaló con intervenciones masivas como la Operación Metro Surge en Minnesota.

A esto se ha sumado la articulación con los cuerpos policiales locales a través del programa 287(g), permitiendo que detenciones por faltas menores de tránsito o revisiones rutinarias de licencias deriven inmediatamente en custodias con fines de deportación.

En medio de esta redada permanente, los venezolanos han pasado de huir del colapso socioeconómico y político de Venezuela a resistir atrincherados en sus hogares en suelo norteamericano. Para muchos, el retorno tampoco es una opción viable: la pérdida de patrimonios tras el doble terremoto que estremeció al país, la falta de redes de apoyo en el territorio nacional o el empobrecimiento estructural que los expulsó originalmente convierten la deportación en la condena definitiva de perderlo todo por segunda vez.

Kelvi Zambrano, abogado-director de la ONG Migration in Action, explica a TalCual que la situación contra los migrantes en EEUU «no solamente es con los venezolanos, sino con la comunidad migrante en general» en distintas ciudades del país. Recuerda que Trump prometió a sus electores que deportaría por día a 1.500 personas y destaca que la cuota «ha aumentado a 2.500 (diariamente)».

Un estudio del Economist/YouGov Tracker de inicios del mes de septiembre encontró que el apoyo a las políticas migratorias del mandatario estadounidense siguen a la baja, con 40% de aprobación y 53% de desaprobación. Concluyeron que «los votantes estadounidense quieren un balance entre las leyes sin los excesos de esta administración».

Confinamiento en Doral y temor más allá

A sus más de 50 años, una venezolana, oriunda de La Guaira, solicita mantener en estricto resguardo su identidad por temor a la persecución. Conocía bien Estados Unidos mucho antes de que la crisis venezolana se profundizara, viajaba con frecuencia, ingresaba de manera legal y contemplaba ese país como el epicentro de la libertad, las oportunidades académicas para sus hijas y el punto de reencuentro con sus afectos. Sin embargo, cuando la debacle de los servicios públicos, la falta constante de agua, luz y la desbordada inseguridad en el país hicieron insostenible la cotidianidad, decidió asentarse junto a su familia en Wellington, en el condado de West Palm Beach, Florida.

Hoy, la tranquilidad de aquel entorno residencial se ha diluido en un estado de alerta continuo. Tras ingresar con Estatus de Protección Temporal (TPS), la familia emprendió la solicitud de una visa de habilidades extraordinarias impulsada por la carrera de su hija, de quien ella es manager. A pesar de estar en regla y a la espera de la resolución formal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), la realidad es la de una condena preventiva.

«Puede ser que tarde una semana, un mes, un año en que nos respondan, aún no lo sabemos», relata.

La mujer subraya la arbitrariedad con la que se percibe el escrutinio oficial en las calles, donde la falta de una residencia definitiva o la ciudadanía coloca a cualquier migrante bajo la misma sospecha criminalizadora, independientemente de su trayectoria de cumplimiento fiscal o legal.

«Conozco muchísima gente de bien. Te puedo decir, 100% de los conocidos míos, venezolanos, entramos de manera legal. Y cuando digo personas de bien es porque han declarado sus taxes desde el primer momento, no tienen tickets de tránsito, no tienen antecedentes penales, no tienen ningún tipo de multa, nada. Conozco alrededor de unas 10 personas (que han sido arrestadas)», detalla la migrante venezolana.

La mujer agrega que dos conocidos, también de La Guaira, están detenidos esperando la aprobación de la fianza, a ver si se la aprueban.

El deterioro de la salud mental y la parálisis de la vida comunitaria se han convertido en la tónica dominante en su hogar. Las caminatas, las reuniones de fin de semana o los traslados cotidianos en vehículo propio han sido eliminados por completo para minimizar el contacto con las patrullas. La guaireña insiste: «Para Trump todos son ilegales mientras no sean residentes o ciudadanos».

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es uno de los líderes políticos con las posturas más restrictivas y severas contra la migración irregular en Estados Unidos. Busca desincentivar la llegada de indocumentados y colabora con la deportaciones.

En ese sentido, Zambrano dice que por estas razones, la policía del estado de Florida colabora con los agentes del ICE y afirma que «va a seguir colaborando» porque «se está gobernando sobre la base del temor» con el objetivo, dice, de que muchos migrantes se autodeporten por miedo. Incluso, la administración de Donald Trump incrementó a $2.000 el incentivo otorgado a quienes soliciten abandonar el país por su propia voluntad.

«¿Cómo te puedes sentir sabiendo que tú sales a trabajar o que sales a hacer un mercado, cualquier diligencia y en la esquina está el ICE, que ha detenido a alguien? Ahora no sabemos ni siquiera (cuáles son) los carros porque vienen encubiertos. Si antes manejábamos bien, ahora manejamos mucho mejor para evitar que un policía normal, que no sea ICE, te pare, porque al pararte y vean que tu licencia dice ‘temporal’, porque no tienes un estatus de residencia o menos de ciudadanía, pues van a llamar al ICE», describe la venezolana.

El impacto psicológico evoca de forma directa las etapas más oscuras del conflicto social en Venezuela, con la diferencia de que la amenaza de detención ocurre en el país donde esperaban encontrar refugio y un lugar seguro. La hija de la entrevistada ha sufrido ataques de pánico y de ansiedad: «Yo, en cambio, he tenido de ansiedad, molestias estomacales, he tenido noches sin dormir, una sueña que la está persiguiendo el ICE«, confiesa.

A más de 2.500 kilómetros de Florida, en Denver, Colorado, los venezolanos califican la situación migratoria como una auténtica cacería humana. La venezolana Claudia*, nombre ficticio para protger su identidad, y quien llegó a EEUU por un cruce fronterizo no autorizado, y que obtuvo un número de seguro social, permiso de trabajo y un asilo en curso, afirma que estos documentos no la protegen ante agentes federales.

«Nos tienen al borde de la locura, de verdad», expone. Dice que la situación los tiene mal psicológicamente hablando porque están traumatizados, «como si uno fuera un criminal».

La mujer denuncia casos en los que funcionarios del ICE han «botado» la documentación de los migrantes: «En Denver la situación lleva rato, ya tiene tiempo fea. Por favor no vayas a poner mi nombre ahí porque tú sabes cómo es esta gente aquí», solicita.

Un familia de venezolanos en Arizona cuenta que desde hace muchos meses han limitado sus salidas por temor a las redadas del ICE. «Mi esposo sale a trabajar temprano, confiando en Jehová en que el ICE no llegue a hacer una requisa. Yo renuncié al trabajo porque me daba miedo ir en autobús y que me detengan», detalla.

La persecución contra migrantes venezolanos también ha sido noticia en Texas, Salt Lake City (Utah) y Nueva York.

Pérdidas económicas

El temor al ICE deja pérdidas económicas no solo para los migrantes, sino también se convierte en merma para los ingresos del país.

El cerco policial no solo alteró la movilidad de esta guaireña que vive en Florida, sino que la dejó sin su empleo formal de lunes a viernes, lo que la obligó a reconfigurar su economía, debido al confinamiento estricto del que ahora es víctima: trabaja de domingos a martes y se queda a dormir en el lugar donde labora; los otros días vende comida casera.

El centro de investigación Brookings estimó en enero de este año que los cambios en la política migratoria estadounidense; es decir, menos migración, más deportaciones y el temor, provocaron entre $40 mil millones y $60 mil millones menos de gasto de los migrantes en 2025 con respecto a 2024. Para 2026, proyectaron una reducción adicional de entre $10 mil millones y $40 mil millones.

Una investigación publicada el pasado mes de mayo halló que en las ciudades donde aumentaron considerablemente los arrestos por parte del ICE, el empleo cayó 668.000 puestos por debajo de lo que habría sido ese aumento sin la aplicación de las leyes de inmigración.

El impacto de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas también impactó a trabajadores que aunque no fueron detenidos, dejaron de asistir a sus puestos de trabajo por temor.

Un estudio de la University of Illinois Chicago calculó que el temor generado por las redadas y la posibilidad de encontrarse con ICE provocó $1.260 millones en pérdidas para comercios de Chicago/Cook County.

Para evitar las detenciones, la comunidad venezolana recurre al aislamiento casi total y a mecanismos de auxilio colectivo mediante el uso de tecnología y redes de mensajería: salen exclusivamente para trabajar. El mercado y las cosas urgentes lo hacen por uber o de forma online.

«Esto ha sido lo peor que yo nunca imaginé que podía pasar. La vida nos cambió. Hay un pasado donde éramos felices y ahora un presente que nos hace sentir que estamos en Venezuela cuando tenías miedo de salir, cuando estaba en el año 2017, 2018, que estuvieron bien fuertes los atracos, los secuestros. Es lo mismo y no sé qué es peor, la verdad. Ha sido como recordar aquella época que vivimos en Venezuela y que nos vinimos para acá para buscar un bienestar, para buscar una calidad de vida y no hemos podido lograrla. Nos cambió la vida», expresa la mujer.

Además de la difícil situación que enfrenta en EEUU, la ciudadana expone que ante una eventual deportación llegaría a Venezuela a la nada absoluta, pues el doble terremoto del 24 de junio la dejó sin su vivienda y sin ningún bien.

La mujer pide a las autoridades estadounidense «que sean justos y que se pongan la mano en el corazón y sepan que las personas que venimos del bien, que somos la mayoría, venimos a trabajar; trabajos que, tal vez, las personas de este país no lo harían. Venimos a pagar nuestros impuestos, pagar seguro de salud. Que si ellos quieren, hagan una lista de los requisitos que quieran pedir para que las personas puedan estar aquí legalmente y que podamos cumplir con todos los requisitos (…) que te sientas en un país libre como es los Estados Unidos», clama.

Qué hacer ante el ICE

Ante una eventual visita de agentes de ICE, el abogado Kelvi Zambrano recomienda a los migrantes no abrir la puerta si los funcionarios no presentan una orden que autorice el ingreso. En caso de que muestren un documento, aconseja verificar que tenga la firma, el sello y el membrete correspondientes y, cuando sea posible, corroborar su autenticidad directamente con el tribunal o la institución que la emitió.

También sugiere contactar a un abogado. El director de la ONG Migration in Action advierte que los migrantes deben tener sus documentos y expediente migratorio digitalizados y, si es posible, también en físico, para poder acreditar ante las autoridades y el juez su situación migratoria y las solicitudes o protecciones que tengan pendientes.

Por otra parte, el abogado aconseja no limitar las opciones migratorias al asilo y buscar asesoría legal para determinar si existen otras vías de protección o regularización que puedan aplicar a cada caso. Mencionó, entre otras, las visas T (para víctimas de trata de personas) y U (destinadas a víctimas de determinados delitos que hayan sufrido abuso y colaboren con las autoridades) y algunas alternativas vinculadas al empleo, como la certificación laboral o la visa por interés nacional para determinados profesionales.

Kelvi Zambrano alertó además sobre posibles estafas y recomendó verificar que el abogado que lleve el caso esté debidamente habilitado para ejercer y que efectivamente presente las solicitudes ante las autoridades. Ante una orden de deportación, señaló que es necesario revisar las condiciones específicas de cada caso, pues algunas decisiones pueden ser apeladas.

Hasta la fecha no existen datos oficiales públicos que permitan determinar con precisión cuántos migrantes han sido deportados desde Estados Unidos y desagregar esa cifra por nacionalidad. Zambrano señaló que las autoridades han sido herméticas con la información.