Megacolegio de Taganga: Un Elefante Blanco que Perdió $10 Mil Millones y la Batalla Política entre Alcalde y Gobernadora del Magdalena

El alcalde Pinedo propone demoler y reconstruir, mientras la gobernadora Margarita Guerra quiere recuperarla, una pelea con tinte político que poco sirbe a los niños.

Barras de acero expuesto, corrosión, deterioro de las cubiertas, hormigueros en los muros, agua empozada, vegetación tomándose el edificio, columnas desviadas, muros desplomados y salidos de nivel… “una obra en estado ruinoso”, es la descripción que hace el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, del megacolegio de Taganta en la comunicación que le envió a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, elegida para reemplazar a Rafael Martínez, del mismo grupo político Fuerza Ciudadano, quien fue suspendido por doble militancia.

La carta que le envió Carlos Pinedo, el alcalde de Santa Marta, a Margarita Guerra, la gobernadora del Magdalena, argumenta su propuesta: demoler lo que queda de la edificación y levantar una nueva obra. Es decir, no seguir invirtiendo ni un peso más.

La obra fue iniciada por dos exalcaldes de Fuerza Ciudadana, el mismo partido de la actual gobernadora, y ambos están investigados por la Contraloría para que respondan por los millonarios contratos que firmaron. La Fiscalía acaba de tomar cartas en el asunto y ya está indagando sobre la espuria contratación.

La posición de la gobernadora Guerra es distinta y no está de acuerdo en empezar de cero; ha pedido tomar control de la obra y dice estar dispuesta a invertir recursos para salvarla.

Historia de una obra inconclusa

El corregimiento de Taganga, ubicado a 20 minutos de Santa Marta en carro o moto, no tiene colegio propio, por eso, los niños y jóvenes del lugar deben desplazarse a la ciudad para recibir clases. En respuesta a esta situación, en 2018 se concibió y asignó la construcción de un megacolegio: el Instituto Educativo de Taganga (IED), que debía entregarse en 12 meses y beneficiaría a más de 1.300 estudiantes.

La licitación la ganó la Unión Temporal Taganga, en su momento representada por Allison Fernández Castro. Estaba conformada por la Fundación para el Ingreso Integral Comunitario (Fundacom) y el empresario Carlos Arturo Camargo Moreno. El contrato para la obra se firmó el 16 de julio de 2018 por $9.400 millones, con un anticipo de $2.800 millones; sin embargo, no se avanzó más allá del 72 %. En esa época, el alcalde del Distrito de Santa Marta era Rafael Martínez, quien llegó al cargo como continuidad del proyecto político de Carlos Caicedo.

Cuando comenzó la pandemia en 2020, los obreros dejaron de trabajar debido a las restricciones y después de eso nunca se retomaron los trabajos. La construcción quedó abandonada e inconclusa. La interventoría, en apariencia insuficiente, estuvo a cargo del Consorcio Interventoría IED Santa Marta 2018, conformado por Constructora Tito Velásquez S. A. S. y Conin Consultores, cuya representante legal en ese momento era Jennifer Paola Fontalvo Meza.

De Tito Velásquez se conoce que es un viejo conocido de importantes contratos en el Magdalena. Su nombre también aparece en la interventoría de otro “elefante blanco”: el Centro de Desarrollo Infantil Ciudad Bonda (CDI), una obra del período de Carlos Caicedo en la Alcaldía de Santa Marta. Por este caso, Caicedo fue llamado a juicio por la Fiscalía por su presunta participación en las irregularidades.

En la lupa dos alcaldes y varios funcionarios por los desfalcos del megacolegio

Una vez se levantaron las restricciones de la pandemia, varias entidades de control notaron que el colegio no estaba terminado. Un informe de la Contraloría determinó que hubo fallas en la supervisión del proyecto, deficiencias en la planeación y ejecución, falta de acción frente a irregularidades y aprobación de pagos sin un avance visible en la construcción, entre otros problemas. No solo la administración de Rafael Martínez quedó bajo cuestionamientos.

La administración de Virna Johnson también generó dudas en relación con el claustro educativo. La política, cercana al movimiento de Caicedo, no retomó las obras durante su mandato ni logró concluir una nueva licitación. Aunque en 2023 se abrió un nuevo proceso, este tampoco se concrertó.

El resultado final fue una inversión millonaria en un colegio que nunca ha funcionado y una infraestructura abandonada. Para dimensionar la situación: hay deterioro en la pintura, falta de servicio de agua en los baños, enchapes sin instalar, desgaste general de la infraestructura, hundimientos y fallas en el área de laboratorios. En resumen, Taganga quedó con un problema sin resolver.

Este contrapunteo entre los dos gobernantes pone de manifiesto la tensión política que sigue existiendo en Santa Marta. Carlos Pinedo terminó derrotando a Fuerza Ciudadana en la pugna por la Alcaldía, y a pesar de los múltiples recursos su elección quedó validada.

En las mismas elecciones de octubre del 2023, el grupo de Carlos Caicedo pudo poner gobernador con holgura y logró llevar al exalcalde Rafael Martínez, uno de los incondicionales de Caicedo. Sin embargo, la elección quedó invalidada por doble militancia y en las elecciones atípicas se impuso Margarita Guerra, quien se desempeñaba como diputada de Fuerza Ciudadana, rol al que renunció para aspirar a la gobernación.

Sin embargo, no pudo presentarse por su partido porque este había perdido la personería jurídica, por lo que se inscribió con el Partido Ecologista. Su intención es no demoler la obra, sino que el departamento culmine la construcción y dote la infraestructura, lo que implicaría asignar nuevos recursos. En todo el pleito, los únicos perjudicados son los niños y jóvenes de Taganga, vecino de Santa Marta que llevan décadas esperando un colegio para no tener que desplazarse a recibir clases, como era la promesa de Fuerza Ciudadana.