María Corina y la autocracia electoral

Las elecciones autocráticas pertenecen a una categoría de juegos asimétricos en los que una parte substancial de los participantes que compiten en el juego electoral se ven obligados simultáneamente a luchar por redefinir y estabilizar las reglas arbitrarias con las que son obligados a jugar.

A través del manejo arbitrario de las leyes y las instituciones, la asimetría de poder genera altos niveles de injusticia procedimentalpara victimizar y criminalizar a los opositores.

El diseño de las reglas tiene como objetivo principal producir resultados sesgados y predeterminados, que pongan al régimen en capacidad de establecer la identidad de los ganadores y de los perdedores, e incluso, como estamos viendo en el caso venezolano, hasta de escoger y fabricar a sus contrincantes. 

Es una ilusión creer que un régimen que se puede dar el lujo de escoger o vetar a los participantes en un proceso electoral no esté en total capacidad de controlar los resultados cuando compita con los participantes que el mismo escogió. Si no se lucha por evitar esta totalitaria violación de los derechos humanos, no habrá manera de luchar luego contra el resto de los abusos.

Como veremos, no se trata de un asunto maniqueo entre participación y abstención. Las elecciones autocráticas son solo un instrumento más en el repertorio de dominación del régimen para forjar su legitimidad ficticia.

El juego a dos niveles

Debido a estas profundas asimetrías de poder entre los actores, en una autocracia electoral el juego está distribuido en dos niveles intrínsecamente entrelazados. En un primer nivel está el juego dentro de “las reglas del ámbito electoral”. En un segundo nivel se encuentra el meta-juego, es decir, el juego de la lucha estratégica por contrarrestar y redefinir las reglas arbitrarias impuestas por la asimetría de poder. 

La interacción de estos dos niveles transforma el juego en una arena movediza, mutante y sin certezas. La competencia política por seducir los corazones y las mentes de los votantes en el ámbito electoral se desarrolla en simultánea con una encarnizada confrontación por el funcionamiento de las instituciones y las prácticas fundamentales que deberían dar forma al proceso electoral.

No se puede vencer a una autocracia electoral sin comprometerse a fondo en la lucha en ambos niveles. Es decir, hay que integrar la lucha por unir las mentes y los corazones de los ciudadanos con la lucha por el establecimiento de las reglas que permitan transformar lo que se perfila como unas elecciones autocráticas en unas elecciones transicionales. Esto solo es posible cuando el liderazgo opositor, apoyado por la presión de los ciudadanos organizados y la comunidad internacional, persiste en el meta-juego de las reglas para exponer las contradicciones internas del régimen y hacerlo ceder ante las demandas irrenunciables de democratización. Sin esta persistencia, no es posible ninguna transición. 

Violación de los derechos políticos de los ciudadanos

Una autocracia muestra su disposición a la transición y a la alternancia en el poder cuando acepta el diseño de un conjunto de reglas que garanticen niveles tolerables de “seguridad mutua” para ambas partes (tanto en las elecciones como en la transición). Esto usualmente se logra proporcionando garantías y salvaguardias institucionales específicas para la salida de los representantes del régimen, y en esa dirección iba el Acuerdo de Barbados. Sin embargo, luego de los sabidos beneficios que obtuvo en ese escenario, el régimen venezolano hizo explícita su verdadera intención de ir, una vez más, a unas elecciones autocráticas. Los ciudadanos venezolanos, curtidos en las artimañas del régimen, podían predecir que no cumpliría con esos acuerdos, y que continuaría profundizando en sus violaciones a los derechos humanos fundamentales de los venezolanos. Pero lo que a estas alturas los ciudadanos venezolanos ya no logran digerir es que algunos opinadores y lideres de oposición se hagan cómplices de dichas violaciones a los derechos humanos, aceptando lo inaceptable. Basados además en la falacia de que cualquier “perro callejero” derrotaría al régimen en las actuales condiciones del juego electoral, obviando el nivel del meta-juego, que requiere organizar y articular a la ciudadanía para transformar una elección autocrática en una elección genuinamente transicional. 

No es un dilema entre participar o no participar: es una lucha por participar

En las elecciones autocráticas, las fuerzas opositoras enfrentan decisiones críticas, siendo la más fundamental decidir entre participar en el proceso electoral o boicotear lo que se perfila como una farsa. Sin embargo, en Venezuela, la situación es diferente. El régimen excluye a la oposición, convirtiendo la contienda en una mera lucha por la participación. No es una cuestión de abstención, sino de luchar por el derecho a participar. Esto afecta no solo a los candidatos, sino también a millones de ciudadanos excluidos por diversos mecanismos. Solo aquellos que el régimen permite pueden registrarse en el proceso. Por lo tanto, no son los candidatos y los electores quienes boicotean el proceso al abstenerse, sino el régimen al impedir la participación de candidatos y millones de electores.

El dilema de la autocracia electoral

Las autocracias electorales no están exentas de dilemas al tomar decisiones estratégicas con respecto a su comportamiento en el ámbito electoral. Principalmente tienen que decidir cómo combinar dos variables cruciales que se presentan en abierta contradicción: por un lado, el nivel de fuerza bruta, represión e ilegalidad que necesitan para imponer el fraude, y por el otro, el nivel de legitimidad que pretenden conseguir y ostentar. Estos dos objetivos de control y legitimidad se convierten en “imperativos contradictorios” que el régimen tiene que ponderar en un óptimo de Pareto. 

El dilema les surge por los “costos de legitimidad” que sus esquemas de control y manipulación generan entre la mayoría de los ciudadanos y ante la comunidad internacional que eventualmente no reconocerá los resultados de una farsa evidente, afectando su funcionamiento diplomático y comercial a escala global. A medida que el régimen pierde apoyo popular y control sobre el juego de ilusiones que utiliza para distorsionar la voluntad de los ciudadanos, se ve obligado a intensificar la represión, deslizándose hacia una autocracia “no electoral”, sin posibilidad de usar la farsa como mecanismo de legitimación. Este costo puede incluso esparcirse en la vasta estructura de empleados del Estado, ante el riesgo de una “deslegitimación irreversible” con serias implicaciones para nuevas imputaciones por violaciones a los derechos humanos.

El fenómeno de los alacranes

El fenómeno de los “alacranes” no es un fenómeno original venezolano. Es una práctica común en las autocracias electorales, muy bien documentada en las ciencias sociales. La participación de figuras políticas para hacer de esquiroles o de comparsa de candidatos opositores se puede dar por diversos mecanismos. La participación puede ser coaccionada o se puede incentivar a través de beneficios extrínsecos que no tienen nada que ver con la posibilidad de ganar el juego. 

«Con las inhabilitaciones inconstitucionales el artificio evolucionó hacia la “tesis del sustituto”, la cual no tardó en transmutar en la igualmente perversa idea del “sustituto impotable”.

En la ingeniería electoral de la autocracia, la abstención debe ubicarse ligeramente por debajo de un umbral óptimo, proporcional a las diferentes oportunidades de fraude que esta presenta. Por ejemplo, tiene que haber suficiente abstención como para poder accionar el robo de identidad de electores. Al mismo tiempo, la abstención no puede ser tan alta como para evidenciar que los centros de votación están vacíos, deslegitimando cualquier intento de inflar los resultados. En este juego óptico los alacranes juegan un rol fundamental. Sin embargo, como los ciudadanos venezolanos ya están clarísimos en estas dinámicas, y de hecho, le pueden dictar cátedra al resto del mundo en esta materia, el régimen no puede contar exclusivamente con alacranes explícitos. De estas consideraciones nació la idea perversa del “candidato potable”, surgida antes de las primarias, pero que después de estas quedó momentáneamente de lado.

Con las inhabilitaciones inconstitucionales el artificio evolucionó hacia la “tesis del sustituto”, la cual no tardó en transmutar en la igualmente perversa idea del “sustituto impotable”. En relación con esta surgió también la tesis del “perro callejero”, que sostiene que no importa quien sea el candidato, este resultará ganador y garantizará la transición, como si el juego fuese solo electoral.

Finalmente, terminamos regresando mágicamente al punto de inicio antes de las primarias: de nuevo al “candidato potable”, que no solo tiene que ser potable para el régimen, sino también para un suficiente número de ciudadanos opositores de manera que asegure, sin rebasarlo, el óptimo de Pareto en la variable de la abstención.

En fin, toda esta lógica del “perro callejero potable” se basa en que la lucha se da exclusivamente en el plano electoral, prácticamente abandonando la lucha en el meta-juego. 

Controversias y divisiones 

Los altos niveles de opacidad que la autocracia insufla en el sistema electoral están optimizados para generar todo tipo de controversias y divisiones en la oposición. En buena medida, el fraude electoral sistémico es una actividad encubierta. Algunas cosas las podemos ver, como por ejemplo la promulgación de leyes y procedimientos electorales arbitrarios y discriminatorios, la represión e impedimentos de las marchas y concentraciones, o lo que es más evidente en este momento: la exclusión de candidatos por vías administrativas forjadas, y a veces hasta inexistentes. Esta parte del fraude (por si alguien no se ha dado cuenta de que ya estamos en medio del fraude) se lleva a cabo a plena luz del día, descaradamente delante de nuestros ojos. Para ello, se movilizan agentes estatales y paraestatales que invocan el lenguaje de la legalidad y la razón pública en su escenificación. Pero muchas de las estrategias del fraude sistémico, como el saboteo a las actualizaciones del registro electoral, las alteraciones del padrón, la intimidación o el chantaje a los votantes, la obstaculización de la observación internacional, la falsificación de votos electrónicos el día de las elecciones, o la manipulación de los escrutinios, son actividades descentralizadas y ocultas que involucran a innumerables agentes públicos y privados que generalmente logran hacer su trabajo en silencio y sin dejar rastros.

Por más información que podamos recabar sobre el lado oculto de la ingeniería electoral autocrática, esta sigue constituyendo una caja negra impenetrable y difícil de elucidar, especialmente, si encima de todo el régimen arrolla con el factor tiempo. 

En la medida en que los partidos y candidatos difieren en sus creencias sobre los orígenes, la sistematicidad, la magnitud o la realidad misma del fraude, también varían en sus posiciones sobre la necesidad o eficacia de estrategias alternativas, e incluso en sus motivaciones para dar la lucha en el meta-juego. Si, por el motivo que sea, de buena fe o no, abandonan el meta-juego, acabarán aceptando cualquier arbitrariedad y violación de derechos humanos en el camino. Por esa vía, todo se reduce a una meticulosa puesta en escena del régimen y un ejercicio quimérico para la oposición. Quizá, como ninguna otra ciudadanía en el mundo, los ciudadanos venezolanos son, a este punto de la historia, avezados expertos en los códigos de las elecciones autocráticas. Han aprendido por las malas que deben evaluar sus preferencias políticas no solo a través de las diferentes ofertas y programas de gobierno en la arena electoral, sino también, y, sobre todo, a través de sus evaluaciones de las actitudes del liderazgo con respecto a las estrategias en el meta-juego. 

María Corina 

Lo que produjo la popularidad y legitimidad del liderazgo de María Corina Machado fue su compromiso de no abandonar en ningún momento la lucha en el meta-juego. 

Su determinación en este sentido quedó demostrada en la construcción del gran movimiento que hoy lidera. Ella y la plataforma que la acompaña han logrado creativamente cohesionar a la ciudadanía en todos los rincones de la geografía nacional en torno a un proyecto visionario, contrarrestando las manipulaciones multifactoriales, uniendo el fragmentado campo de la mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria, midiendo el sentir de la opinión pública nacional, diseñando plataformas electorales antifraude, y organizando y vinculando a los activistas de base y a los electores en diferentes instancias.

Simultáneamente, en el meta-juego, mantiene una lucha inquebrantable nacional e internacionalmente por establecer las reglas y las negociaciones necesarias para transformar unas elecciones, por definición autocráticas, en unas elecciones transicionales, con todo lo que eso implica desde el punto de vista político, jurídico, constitucional e internacional.

Ninguno de los trece candidatos “potables” inscritos en el CNE anda en eso. 

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.