Son más de 20 familias. Llegan de a poco a la cita para reunirnos y conocer sus historias en el McDonald’s de la calle New York Ave, a unos pocos metros del refugio Salvation Army Harbor Light Center en el que viven.
Muchos de ellos llevan más de cinco meses allí. Miran al edificio y manifiestan dos cosas. La primera es que no quieren vivir así, que vinieron a EEUU buscando oportunidades y una vida mejor. La otra, y la más importante, es que temen que a sus hijos les pase algo. Aseguran que la capacidad del refugio está desbordada, que la situación sanitaria es crítica y que se vive en medio de un clima de tensión.
Delia, venezolana, sostiene a su hija de 4 años en brazos. La niña no va a la escuela porque en DC la educación a esa edad no es obligatoria. La hija está enferma, tiene fiebre, está desnutrida y necesita asistencia. “Después de siete días con fiebre me ayudaron a ir al Children’s Hospital. Les pedí por favor, tenía miedo de que convulsionara. Lo que está pasando ahí adentro es una bomba de tiempo. Parece que están esperando que un niño muera. Hay días en que ni los medicamentos nos quieren dar”, afirma Delia.
“Estamos presos del sistema. Hasta que nos echen, estamos encerrados acá adentro. Me desespera, cómo vamos a salir del refugio si no podemos trabajar. No recibimos ayuda para hacer nuestros papeles y mi turno para la Corte recién es en 2027. Me fui de Venezuela buscando una vida mejor para mis hijos”, agrega Delia con lágrimas en los ojos.
Omar, colombiano, se acomoda en una esquina y levanta la mano para hablar. Cuenta que vino con su esposa y su hija de 7 años, que es diabético y que está medicado. No toma su medicación, metformina, desde que llegó hace 4 meses. No tiene acceso a ningún plan de salud y en el refugio le exigen certificados para comprobar su diagnóstico. “No se me ocurriría mentir con mi enfermedad. Necesito tomar este medicamento todos los días y sin una orden médica no puedo comprar nada en la farmacia. No tomarlo puede tener consecuencias gravísimas como que mi nivel de azúcar suba muy rápido”, explica angustiado.
Las familias se van sumando de a poco. La noticia de que están reunidos se esparce y quieren que su voz sea escuchada. A las denuncias sobre enfermedades y falta de asistencia médica se suman otras sobre las condiciones de vivienda. Explican que hay hasta tres familias viviendo en la misma habitación, muestran videos de comida en mal estado, fotos de gusanos en los baños y plagas en las habitaciones. Con el poco dinero que tienen deben comprar medicamentos para las picaduras nocturnas.
Las denuncias se multiplican: restricciones horarias para salir de las habitaciones, falta de cuidado infantil y la imposibilidad de acceder a trabajos legales. Los refugios, diseñados para estancias cortas, pasan a ser alojamientos permanentes de meses. Entre los residentes, se comparten oportunidades de trabajo para sobrevivir, enfrentando multas que según ellos reciben porque los mismos empleados del refugio los denuncian.
Los migrantes duermen en catres.
Washington D.C. es una de las llamadas ciudades santuario, ciudades que reciben a las personas migrantes que llegan desde la frontera sur, muchas veces enviados por los propios gobiernos de urbes y estados fronterizos. Una vez aquí, los inmigrantes son recibidos por organizaciones que trabajan con y para el gobierno de la ciudad y derivados a algunos de los refugios destinados a alojar familias, o migrantes que viajan solos.
El Salvation Army Harbor Light Center es uno de ellos. Se trata de un enorme complejo, propiedad del Salvation Army, que hasta hace poco tiempo funcionó como un centro de tratamiento contra adicciones. Allí viven actualmente más de 150 personas. En la misma zona hay otros dos centros con la misma finalidad de alojar a familias para que vivan temporalmente. Pero, según cuentan sus habitantes, aquí las condiciones de vida son preocupantes. Entre otras cosas, denuncian la propagación de epidemias como varicela, Covid y hasta casos de tuberculosis.
Las noticias corren rápido y quienes habitan ahí saben que en los otros dos hoteles se vive mejor. No existen los mismos problemas de salud, allí cada familia tiene una habitación y por lo general reciben asesoramiento legal para dar seguimiento a la situación administrativa, una pieza clave para poder empezar la vida que vinieron a buscar.
“Decidimos hablar porque lo que pasa dentro del refugio es insostenible. Somos presos de un sistema que no tiene salida desde que entramos a EEUU. Tenemos miedo de ser deportados, de que tomen represalias, pero también sabemos que vivir así no es una opción, sobre todo para nuestros niños, nuestra principal preocupación”.
dijeron algunos de los migrantes reunidos.
En una de las mesas contiguas hay tres personas sentadas tomando café. Todos los demás clientes entran a ordenar o buscar pedidos y salen. Solo ellos y nosotros permanecemos en el local. Las familias aseguran que son empleados del refugio, que los siguen y escuchan sus conversaciones. Dicen reconocerlos.
El reclamo es colectivo. Según su denuncia el complejo se encuentra colapsado y las condiciones de vida se deterioran cada día más con la llegada de nuevas familias.
Salvation Army Harbor Light Center es administrado por tres organizaciones: SAMU, Caridades Católicas y CARECEN. Son organizaciones que reciben financiamiento de la Alcaldía del Distrito de Columbia y administran los recursos y servicios que se prestan en los refugios. Consultadas por El Tiempo Latino, ninguna de ellas quiso dar declaraciones oficiales. La respuesta siempre fue la misma: hablar con la Oficina de Servicios al Migrante del Departamento de Servicios Humanos del Distrito de Columbia. La Oficina de Servicios al Migrante tiene como objetivo recibir a las personas, brindar comida, alojamiento temporal, cubrir necesidades médicas urgentes, proveer transporte a destinos finales, conexión a servicios de reasentamiento, servicios de traducción y otras necesidades que puedan surgir. Además de controlar y administrar el trabajo que realizan las organizaciones en estos lugares.
Sin embargo, allí tampoco hubo respuesta a las consultas de El Tiempo Latino sobre la situación de los refugios, el presupuesto destinado y los costos de la respuesta oficial a la llegada de migrantes a la ciudad.
Ante los contactos de este medio todos los empleados de las organizaciones rechazaron dar declaraciones oficiales.
La incomodidad de las familias es notable en el refugio. Cada denuncia es acompañada con evidencia, pero también de aclaraciones sobre su agradecimiento a poder estar en un refugio. Es como si pidieran disculpas por quejarse de la situación, que saben, aún en estas condiciones, es privilegiada respecto de lo que atravesaron para llegar hasta los Estados Unidos.
La mañana afuera está helada y, con cada nueva familia, el local de comida rápida se llena de nuevas historias. Todos quieren contar la propia. Juan, venezolano, suma su testimonio. Llegó hace 5 meses y es quien los alentó a denunciar. Dice que habla para que las familias tengan acceso a la salud. Como los demás, lo primero que hace es aclarar que agradece tener un techo, pero que lo que en verdad quiere es trabajar y no vivir de la ayuda de los otros.
Cuenta que salió de Venezuela empujado por la crisis y que no vino a EE.UU. a vivir de la ayuda gubernamental. Según dice, se siente en un espiral sin salida. Le preocupa seguir ahí adentro, pero el panorama es tan desalentador que no sabe cuándo podrá salir.
Juan llegó a Estados Unidos después de 30 días caminando, en bus y tren junto a su mujer y su hija. Para lograrlo atravesó a pié, durante 4 días, el Tapón del Darién, la selva que conecta Colombia con Panamá. Habla de niños ahogados y se le cierra la garganta. A pie y en bus, cruzó Centroamérica hasta llegar a México, donde subió al tren de la muerte. Todavía se le eriza la piel al recordar el rayo que mató a una persona en el vagón delante suyo. Asegura haber perdido la cuenta de la gente que vio morir en el recorrido. Para él, ese mes no fue un viaje, fue una manera de llegar a EEUU. Una manera de tener una vida mejor para él y su familia.
Cuando cruzó la frontera, en sus bolsillos solo llevaba la licencia de conducir. Había extraviado su pasaporte al cruzar el río. Estuvo detenido 7 días en la frontera en un centro de inmigrantes. Solo, sin su mujer y su hija por no estar casados legalmente. Durante ese tiempo sufrió frío, miedo y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con él y, sobre todo, qué estaba pasando con su familia.
Cuando los liberaron, emprendieron una nueva odisea hacia DC. En el camino pidieron plata en la calle para desplazarse. Optaron por DC porque era la única ciudad en la que conocían a alguien. Cuando llegaron, un amigo les dio la dirección del refugio para pedir asistencia.
Entre todas las adversidades que describe, hay una que lo desconcierta: el maltrato de parte de otros latinos. “No puedo entender la discriminación y los malos tratos de parte de los propios latinos que trabajan ahí adentro. Nos echan en cara la ayuda social que estamos recibiendo, nos cuestionan por querer vivir mejor. Nos dicen que ellos cuando llegaron hace años no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros”, dice Teresa, también venezolana.
La situación migratoria en la capital de los Estados Unidos es delicada desde hace tiempo. En 2022, y frente al aumento en la cantidad de migrantes que llegaban desde la Frontera Sur, la alcaldesa Muriel Bowser declaró la emergencia pública y anunció la creación de la Oficina de Servicios para Migrantes, asignándole un presupuesto inicial de $10 millones. Con el tiempo, la llegada constante de migrantes sobrepasó la capacidad de respuesta oficial y los refugios parecieran no dar abasto. Sin embargo, según relevamientos oficiales cada migrante le costó a Washington D.C. alrededor de $44 mil 500 (en el año 2023).
La ciudad sigue recibiendo migrantes que llegan de distintas maneras a buscar refugio. Según los datos oficiales de 2023 cerca de 3 mil personas recibieron o están recibiendo asistencia temporal en DC. El Departamento de Servicios Humanos de la ciudad dice que la cifra incluye a 516 niños. Se calcula también que la duración promedio de una estadía en el alojamiento temporal es de 212 días, cuando el sistema está pensado solo como una primera atención, lo que significa que una familia debería pasar no más de un par de días allí.
Los refugios se asignan según disponibilidad y no hay mucho para hacer. “Sabemos que en Maryland las cosas son distintas y las personas viven de otra manera. También en los otros refugios de DC. Dependiendo de lo que te toque en suerte uno está más protegido, cuidado y tiene otras oportunidades. A veces, cuando se liberan espacios trasladan a las familias, pero últimamente vemos que ellos miran con muy mala cara nuestros reclamos, que no están de acuerdo en que critiquemos la manera en la que vivimos y solo consideran a familias que les caen bien”, agrega Teresa.
Pero la situación no es igual para todos. “Nosotros no nos podemos quejar de nada”, dice Jesús en la puerta del Days Inn, cerca del refugio. Otro de los establecimientos que se acondicionó para recibir a migrantes. “Cada una de las familias tenemos una habitación, las cosas acá adentro funcionan bien, solo puedo decir que hace un par de meses hubo un brote grande de varicela que controlaron bastante bien”, agrega.
Los datos oficiales de 2023 dan cuenta de una asignación de $15,1 millones en mayo y $36,4 millones hasta finales de agosto de 2023. Adicionalmente, se esperaba superar los $52,5 millones de dólares en financiamiento para el programa en octubre. Por su parte la Alcaldía de D.C. informó haber solicitado $5,5 millones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que ofrece reembolsos por 30 días de alojamiento temporal para inmigrantes.
El Tiempo Latino realizó dos pedidos de información utilizando la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act o FOIA), la cual permite a los ciudadanos solicitar el acceso a registros del gobierno federal. Uno de ellos acerca de la situación actual en el refugio en cuestión, que fue denegado y el otro acerca del presupuesto que destinó el Distrito de Columbia al tema en 2023. Según los datos oficiales en el año fiscal 2023, la Oficina de Servicio al Migrante destinó un total de $52,4 millones en gastos, con una variedad de fuentes de financiamiento que incluyen subvenciones privadas, fondos federales y locales. Estos recursos se utilizaron para brindar servicios y asistencia a 8 mil 667 personas .
“Lo único que queremos es salir de acá, no vinimos a vivir del Estado, queremos trabajar y tener oportunidades pero este es un sistema perverso. ¿Cómo vamos a poder alquilar algo si no podemos trabajar de manera legal?”
denuncia Gabriel, de unos 30 años, quien llegó por tierra desde Venezuela hace 5 meses.
Con el aumento de personas en el lugar se fueron estableciendo nuevos protocolos. Por ejemplo, inicialmente las familias nuevas eran ubicadas en un piso aparte para evitar la propagación de enfermedades. Pero ante la falta de espacio, esto dejó de suceder y cuando hay una enfermedad se propaga al instante. Otra consecuencia del hacinamiento es la restricción de acceso a las habitaciones. Según explican, entre las 10 am y las 4 pm, las habitaciones permanecen cerradas y el único lugar accesible es el comedor. “Pasamos horas ahí con nuestros hijos pequeños sin ventilación, sentados esperando algo que no sabemos si llegará”, agrega Delia.
La situación laboral de todos es similar. No pueden trabajar de manera legal porque no tienen permisos de trabajo. Algunos están tramitando sus asilos y los turnos en la corte muchas veces demoran hasta tres años. Mientras tanto esperan y trabajan de lo que pueden.
Mariano acomoda el casco de la moto que tiene apoyado en el cuerpo. Lo coloca lentamente sobre la mesa. Lleva doble abrigo y tiene las manos rojas del frío por las temperaturas bajo cero que atraviesa la ciudad. Tiene los ojos clavados en el exterior, sobre las rejas del refugio donde está estacionada su moto. Dice que en la madrugada le pusieron una multa, la segunda de la semana: “La policía llega en medio de la noche y nos multa. Los llama el personal del refugio. Nos dicen que tenemos que trabajar para salir de ahí y, cuando lo hacemos, toman este tipo de represalias. Muchos trabajamos con cuentas de Uber que sacamos por 15 días, o usamos cuentas de otros y pagamos una comisión”, dice Nicolás.
Las elecciones presidenciales de 2024 se cuela en los refugios y agregan incertidumbre sobre el futuro. La inmigración, los pasos fronterizos y las leyes migratorias son por estos días armas de campaña para los dos partidos.
En el Congreso y en las oficinas del Gobierno existen diferentes iniciativas para cambiar la forma en que se procesan los casos de asilo. En la actualidad, un caso de asilo puede demorar hasta tres años en resolverse. Mientras tanto miles de migrantes esperan presos del sistema. Pueden permanecer en el país, pero no cuentan con permiso para trabajar.
Con el objetivo de reducir los tiempos de resolución de estos casos a 6 meses, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) estableció una nueva meta para los tiempos internos y anunció que aumentará la capacidad, mejorará la tecnología y ampliará el personal para lograr estos nuevos objetivos para fines del año fiscal 2023. Los migrantes siguen las noticias en detalle. Saben que esas elecciones pueden definir si su sacrificio cruzando la frontera valió la pena o fue un riesgo sin beneficio.
Mariano agarra el casco para volver a trabajar, dice que tiene mucho miedo de que gane Trump, que leyó en las noticias que piensa hacer una deportación masiva y él recién tiene su turno de Corte para 2027. Camina hacia la puerta, se gira y lanza al aire una pregunta: “¿Qué pasará con nosotros?”.
Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para salvaguardar sus identidades.
Al momento de la publicación de esta nota el Tiempo Latino se comunicó con:
Personal de SAMU, CARECEN y Caridades Católicas.
Nos contactamos con la Oficina del Migrante de la ciudad de DC.
Realizamos dos pedidos de información pública a FOIA.
Uno de ellos por la situación de salud en el refugio en el que pedíamos además la comunicación entre partes. Este pedido fue denegado con la sugerencia de que contactemos al Departamento de Servicios Humanos.
El otro pedido fue para solicitar números generales de costos de migrantes en el municipio.
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