El revuelo que ha causado su postulación al cargo de Fiscal General de la República la «tomó por sorpresa» confiesa Magaly Vásquez, secretaria de la UCAB, aunque asegura que esa decisión la calibró muy bien porque considera que tiene la seguridad y la experticia suficiente para dar el paso adelante y liderar este organismo que enfrenta uno de sus peores momentos de confianza y reputación, a pesar de que el nuevo momento político ha calificado este proceso como «de reconciliación».
Desde la ventana de su oficina en la Secretaría de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vásquez observa con tranquilidad un escenario más que familiar en el que ya lleva 29 años: el campus universitario al cual llama «un oasis». Su voz, sus gestos, su disposición así lo revelan: está tranquila.
Pero un revuelo gira en torno a su figura, después de manifestar una decisión que concretó el miércoles 11 de marzo cuando se presentó ante el Comité de postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) para presentar sus credenciales como postulante al cargo vacante desde el 25 de febrero para Fiscal General de la República, luego de la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupó ese puesto durante nueve años, y por los momentos fue designado como fiscal general encargado Larry Devoe.
Magaly Vásquez, abogada, primera mujer penalista en llegar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (1998), docente universitaria, secretaria de la UCAB, cofundadora de la Cátedra Teresa de la Parra, llegó puntual a la hora citada, llevó sus títulos originales y copias, documentos y todas sus acreditaciones académicas y profesionales. Se sentó, hizo su cola en el orden en el que fueron convocados los demás aspirantes y después de dos horas de espera, se presentó ante el comité que la recibió con aires de celebridad. Un miembro del comité, cuando ella intentó desplegar sus documentos para que fueran revisados, le dijo «su fama la precede» y alguien más hizo una acotación; «su fama no, su trayectoria».
Vásquez confiesa que tanta atención por parte de diferentes sectores de la sociedad la tomó por sorpresa. Gente que la conoce y gente que no. Exalumnos, colegas, amigos y desconocidos. Su postulación no ha pasado desapercibida y aunque está acostumbrada a los ritmos pausados de la vida académica, no la asustan los retos que conlleva la función pública.
Un reto no como cualquier funcionaria sino como la posible Fiscal General, que si llegara a ser designada, sería la segunda mujer en la historia del Ministerio Público -luego de Luisa Ortega Díaz- que ocupara ese cargo. Pero en realidad sería la primera en medir la temperatura de lo que han llamado «el nuevo momento político», porque tendría que asumir el liderazgo de una institución que enfrenta uno de sus puntos más bajos de confianza y reputación en la sociedad venezolana.
Por falta de credenciales no será. Pero Vásquez sabe que en un momento como este, la experticia no es suficiente. «Tengo algunas otras competencias que también son necesarias, como habilidades gerenciales porque (el Ministerio Público) es una institución que tiene que gestionar el funcionamiento de una serie de órganos adscritos y eso es lo que he hecho en los últimos 29 años de mi vida».
Y luego, sin ingenuidad, saca su carta más sólida, la que se está jugando en el terreno simbólico mientras todos están viendo:
la Constitución dice que quien aspire este cargo debe ser una persona de reconocida honorabilidad y yo he tenido una conducta pública y privada de acuerdo a lo que se exige».
-Precisamente eso va a poner en evidencia si efectivamente en Venezuela esa tan cacareada convivencia democrática a la que aspiramos es una realidad. La única manera en la que esto puede evolucionar hacia una situación en la que los diferentes órganos se sienten en una mesa pensando en el país y no en intereses particulares, tiene un momento estelar para que se demuestre si es así o no. Yo tengo la mejor disposición de poner mi actividad al servicio de un trabajo articulado con el poder judicial, con las policías y con el sistema penitenciario porque a fin de cuentas es un sistema integrado. Eso sí, exigiendo el respeto que corresponde, entendiendo que estamos hablando de funciones de coordinación y no de subordinación.
-Objetividad, autonomía e independencia. Y no basta con una mera declaración de lo que dice la ley porque se requiere una acción, es lo que yo aspiro: devolverle al Ministerio Público la autonomía, la independencia.
Una acción para lograrlo, según Vásquez es devolver la carrera a los fiscales, no solo para demostrar las competencias y la formación de los cargos que ocupan, sino para revisar todos aquellos casos en los que el propio sistema de justicia ha sido usado para perseguir a las víctimas.
-Indudablemente cuando corresponda hacer el diagnóstico habrá que establecer un criterio de si las cosas se han venido haciendo como se debe. Eso no quiere decir que vamos a llegar sacando a todo el mundo porque esa no debe ser la política, pero sí de revisar de manera objetiva y garante cuál ha sido la gestión de cada uno de esos despachos fiscales. Y si estos fiscales se han apartado de su función, pues lastimosamente no podrán continuar en la institución. No se trata de perseguir por perseguir, pero si hay que investigar a quienes hasta ahora han investigado, habrá que hacerlo.
Entre ellos podrían aparecer nombres relevantes, como el del fiscal saliente Tarek William Saab, que presentó su carta de renuncia casi una década después de estar en funciones en un período que acumuló una alta cifra de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y vulneraciones en el derecho a la defensa; aunque en pocas horas haya sido designado como encargado de la Defensoría del Pueblo donde sigue ejerciendo como parte del Poder Moral.
-Al Ministerio Público le corresponde investigar tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos comunes, independientemente de quien los haya perpetrado, pero sería muy irresponsable que yo dijera: voy a abrir una investigación sin que se puedan identificar elementos que permitan de manera exitosa llevar adelante una investigación. Lo que sí digo es que aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, quien haya cometido delitos sea un funcionario público o un particular tiene que ser sujeto de investigación, eso si con la garantía del debido proceso.
-Por supuesto. Ese es uno de los mayores retos del Ministerio Público: que pueda mandar ese mensaje de garante de la legalidad y los mensajes se envían no por una declaración, sino por las ejecutorias. Uno tiene que ser coherente. Yo he insistido en la necesidad de que se garanticen los derechos que establece la legislación venezolana. Si alguien delinquió y hay que condenarlo, de lo que se priva es del derecho a la libertad, pero no de sus otros derechos como nombrar un abogado de confianza, el derecho a comunicarse con sus familiares, a recibir un trato digno. Aquí hay que lograr que se investigue para detener y no se detenga para investigar.
-Lo veo como un compromiso. Para mí ha sido una sorpresa porque yo tomé esta decisión tan personal de manera reposada, lo calibré bien porque no era una decisión fácil. La vida universitaria es relativamente cómoda para pasar a las exigencias de un cargo como este, pero de nuevo tengo que ser coherente: yo digo que apuesto por el país y entonces ¿no voy a dar el paso para que se recupere una institución tan importante? Estamos en un momento de reconciliación, de recomponer y si hay una posibilidad de colaborar de alguna manera en eso ¿por qué no lo voy a hacer?
-Es que la reconciliación pasa por el reconocimiento a la verdad. Por ejemplo, la Ley de amnistía es un olvido, un olvido del hecho, pero ¿Cómo olvida la victima lo que le tocó padecer? No puede haber reconciliación sin derecho a la verdad. Hay que darle a las victimas las garantías de no repetición, y para eso hay unos mecanismos de que esto que se ha venido haciendo, no se puede continuar haciendo.
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