Los bajos salarios, el cansacio tras una carrera de 25 años y la falta de seguridad y asistencia social son algunas de las razones por las cuales los maestros jubilados consultados por TalCual no volverán a las aulas tras el llamado del ministro de Educación. El dirigente sindical José Medina considera que la medida correcta para que los educadores acudan es «a través del pago de las deudas con la base magisterial»
Cuando Ingrid de Barroso se jubiló hace 16 años, recuerda que el sueldo que recibía «era suficiente para vivir», pues le permitía cubrir sus gastos de alimentación, vivienda «y todavía uno quedaba ahorrando».
Actualmente, cobra 500 bolívares quincenales como docente jubilada de nivel IV, lo que equivale a 12,86 dólares de acuerdo con la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) al 15 de octubre.
El monto que recibe tras 28 años de servicio como profesora de Contabilidad y Técnicas Comerciales apenas le alcanza para cubrir 2,38% de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) para el mes de agosto en 539 dólares.
El pasado 8 de octubre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, firmó una resolución para permitir a los maestros jubilados regresar a las aulas de clases si así lo desean «sin perder sus beneficios de jubilación».
«¿Cuáles son los beneficios que tiene el jubilado?», cuestiona Juan Tortolero Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) en Carabobo. «Hoy en día las condiciones de los jubilados son muy deprimentes y las asociaciones tienen años manifestando las condiciones indignas que vive el jubilado del sector público», expresa.
Ingrid indica que no planea volver a dar clases tras este llamado del ministro, puesto que «no ofrecen nada». «Es con el mismo sueldo que estamos ganando, que está bien devaluado, y ellos (el ministerio) no se han dignado a hablar de eso», destaca.
Tortolero, docente retirado de 61 años, también afirma a TalCual que no regresaría a las aulas bajo las condiciones actuales que viven los maestros y que no cree que haya colegas pensando en volver. «Yo no veo muy atractivo para el sector de los jubilados ir a dar clases ganando la misma cantidad de dinero que no alcanza», comenta.
Explica que devenga más por el Bono de Guerra Económica entregado a través del Sistema Patria, cuyo monto es de 90 dólares, que por su jubilación. Por esta última, recibe 20 dólares mensuales como docente de nivel VI, el más alto de la tabla salarial, y tras más de 30 años de ejercicio profesional.
No obstante, el dirigente sindical asegura que los jubilados volverían a prestar servicio si se les ofrecieran ajustes salariales. «Mejore sustancialmente la oferta económica y tenga por seguro que habrá colas de jubilados poniendo el tiempo que les queda de salud a disposición de la educación de este país», exhorta al ministro.
«Convoque a los representantes del sector jubilado y pregúnteles cuál es la realidad que ellos viven porque nosotros también queremos atender el déficit educativo» sostiene.
Agrega que al sector docente le preocupa el nivel de conocimientos que tienen los alumnos al ingresar a la universidad, «pero también nos preocupa nuestra situación económica para poder costear la canasta alimentaria y también las medicinas».
«Si existieran otras circunstancias en el país a nivel económico, no me hubiese jubilado tan joven», dice Mileidy Hernández, de 44 años.
«No estaría dispuesta a volver porque no hay condiciones económicas para los docentes en este momento. Para mí, no era viable económicamente estar en un aula, por mucho amor que uno le tenga a su trabajo», indica.
Sin embargo, los bajos salarios no son el único factor que disuade a los maestros de regresar a las aulas. A sus 71 años, Ingrid sostiene que llegó al final de su carrera. «Cuando yo me jubilé, ya había cumplido 28 años en la educación y esa es la fecha en que la mayoría nos jubilamos. Parece mentira, pero uno queda cansado y las condiciones de salud no son las mismas. Yo no pienso volver a dar clases incluso con una mejora salarial», relata.
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Los docentes, tanto activos como jubilados, coinciden en una cosa: el salario no es suficiente. De acuerdo con el informe de la Red de Observadores Escolares 2023-2024, 51,95% de los maestros encuestados poseían una fuente alternativa de ingreso.
Tortolero estima que al menos 80% de los jubilados desempeñan alguna ocupación para sostenerse, pues el dinero de su pensión no basta para cubrir gastos de alimentación, medicinas, vivienda, ropa, entre otros.
Él trabaja como supervisor de vigilancia y allí gana 160 dólares mensuales. Cuenta que otros colegas son cajeros en panaderías y supermercados o se dedican al comercio informal. Agrega que esta es otra razón por la cual los maestros no se reintegrarían a las aulas.
«¿Cuáles son los beneficios que le traería al jubilado ir a clase?, ¿yo voy a dejar de ganar 160 dólares para dar clases?», inquiere.
Algunos educadores optan por mantenerse en la profesión, pero en colegios privados, donde pueden obtener mejores salarios.
Este es el caso de Angélica Da Silva, quien se retiró en enero de 2024 tras 25 años de servicio. Cuenta que decidió jubilarse porque no ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos. «Yo tenía que trabajar en un privado para luego irme a un público. Con lo que ganaba en el privado, era que podía subsanar los gastos del público», relata.
Actualmente, mantiene su trabajo como coordinadora en el Colegio Internacional de Maracay y explica que no consideraría volver a trabajar para el Ministerio de Educación «porque los beneficios no lo ayudan económicamente a uno», opina Angélica.
Mientras tanto, otros docentes retirados de mayor edad cuentan que viven de los aportes económicos de sus hijos o familiares.
Para Hilda Mariño, de 75 años, su jubilación por 25 años de servicio es de 800 bolívares (20 dólares aproximadamente, según la tasa del BCV), lo que apenas le sirve para pagar su factura de condominio, «incluso poniendo un poquito más».
Agrega que sus hijos se encargan de cubrir sus gastos y que acude a centros privados para la salud, pues uno de sus hijos la tiene asegurada. Recuerda que anteriormente el Ministerio de Educación les garantizaba la atención médica, «pero todo eso se perdió», lamenta.
En su anuncio, Héctor Rodríguez reconoció que existe un déficit de docentes en áreas clave como física, química y matemática. «Tenemos que lograr que nuestros muchachos y muchachas tengan todos sus profesores y todo su horario completo», sostuvo el ministro.
Asimismo, suspendió las comisiones de servicio, para que los maestros que trabajan en entes de la administración pública regresen a dar clases. También ordenó que el personal administrativo de las escuelas debe cumplir con al menos tres horas académicas semanalmente.
Estas acciones responden a una realidad: el déficit de docentes en el país, que según la Federación Venezolana de Maestros (FVM) se ubica entre 50% y 60%.
En enero de 2024, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Calatrava, informó que se necesitaban 255.374 nuevos educadores en el país y que había una plantilla activa aproximada de 350.000 docentes en ejercicio.
los dirigentes sindicales consideran que esta resolución no resuelve el problema. «Es una medida desesperada. La medida correcta para hacer que los maestros vuelvan al aula es a través del pago de las deudas que tiene el Ministerio de Educación con la base magisterial», comenta José Gregorio Medina, presidente del Sindicato de Educadores Regionales de Carabobo.
Por ello, exige que se dé la discusión y reactivación de la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria, que tiene «más de un año y medio sin discusión» por parte del Ministerio del Trabajo. «Ese es el camino más viable para recuperar la dignidad docente y hacer que vuelvan a ver en la carrera para la cual se formaron una forma de vida y de sustento para su familia», resalta.
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Con la discusión de esta convención, el gremio educativo busca la recuperación de los salarios, la restitución de las pólizas de seguro médico y los beneficios «castrados» por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que incluye la eliminación o disminución de las primas por concepto de antigüedad, del hogar o por profesionalización. Asimismo, exigen la indexación salarial, que está establecida en el artículo 91 de la Constitución.
José Rivero, representante del Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Carabobo, rechaza «categóricamente» la resolución del ministro. Afirma que «no hay las condiciones para que ningún jubilado del país pueda volver a dar clases».
Sostiene que para que esto se dé, se debe garantizar la asistencia social. «Los maestros no tienen un HCM. Aquí se acabó el
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme). Muchos jubilados no tienen vivienda propia, no tienen para comprar las medicinas, no tienen para el pasaje. No hay la motivación necesaria para volver a dar clases», argumenta.
Medina asegura que ninguno de los docentes afiliados a su organización sindical ha expresado la voluntad de volver a las actividades académicas. No obstante, enfatiza que «es una decisión personal de cada quien» y reitera su llamado a que «vengan otras medidas de carácter salarial para recuperar la afluencia de los docentes dentro del aula».
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