Los testigos clave que podrían comprometer a Ricardo Roa en el caso de violación de topes electorales en la campaña de Petro

Mientras el expresidente planea irse al exterior, el gerente de su campaña tendrá que defenderse de acusaciones que lo tienen buscando un acuerdo con la Fiscalía

Si no prospera un acuerdo de colaboración propuesto por él mismo, Ricardo Roa, gerente de la campa Petro Presidente 2022-2026, deberá comparecer en breve al juicio de responsabilidad penal al que acaba de llamarlo la Fiscalía General de la Nación.

Allí tendrá que responder por una posible superación de los topes legales para la financiación de la causa proselitista fijados por el Consejo Nacional Electoral en $28.536 millones para la primera vuelta y $13.347 millones para la segunda.

La Fiscalía busca demostrar que Roa ocultó aportes que en total llegaron a los $7.675 millones. Los gastos no reportados o reportados parcialmente estarían ligados al uso de una aeronave, realización de ruedas de prensa en hoteles, desayunos, logística, aportes de la Federación Nacional de Educadores, de la Unión Sindical Obrera y con el pago a testigos electorales.

Los testigos que conocen las cuentas y los vuelos de la campaña

Las2Orillas conoció una relación de los testigos que podrían ser citados al juicio dado el nivel y la calificación de la información que pueden manejar.

Jonathan Ricardo Ramírez Nieves, alguien que salió en medio de serios cuestionamientos del cargo secretario del Departamento Administrativo de Prosperidad Social durante el gobierno Petro, podría ofrecer un testimonio útil durante la fase de juicio porque otros testigos han afirmado que él acompañó a Roa a recibir donaciones en efectivo para la campaña que circularon a través de sus cuentas personales.

Juan José Benavides Velasco, capturado en 2025 en Argentina por solicitud de Interpol, en Argentina tendría un conocimiento privilegiado de la compra y el uso de un avión Super King 300 HK-5328, operado por la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) y utilizado por el presidente Petro durante varias de sus giras de campaña. La subfacturación de las horas donadas de vuelo por la compañía a la empresa electoral ofrecería las claves adicionales para que la justicia pueda entender las maniobras empleadas para ocultar la superación de los topes legalmente establecidos.

Tanto Ramírez como Benavides han sido cuestionados en papel de testigos confiables. El primero porque fue removido de un cargo oficial en febrero de 2023, tras la revelación de varios audios que ofrecían evidencias sobre manipulación de millonarias licitaciones en contrato. En concreto está acusado de habilitar una IP para que empresarios contratistas de la entidad pudieran ingresar al sistema y modificar los pliegos “sin dejar rastro”.

Benavides, el segundo, enfrenta una causa legal como estructurados en un modelo ilegal que estafó en el mercado de criptomonedas a más de 200 personas que le confiaron inversiones por $126.000 millones. El esquema fraudulento era operado bajo la razón social Daily Cop.

Omar Hernández Doux-Ruisseau, representante legal de la empresa Spartan Hill S.A.S. e integrante del holding empresarial relacionado con el con el portafolio de clientes de Daily Cop, ha dicho que conoce en detalle las transacciones del blockchain (registro de contabilidad digital) relacionadas con la compra de aeronave Super King 300 HK-5328, a través de la red de Polygon a cargo de Sebastián Betancourth.

Betancourth, segundo de Benavides, estuvo a cargo de una corresponsalía financiera denominada Prisma Light y conoció el detalle el flujo de fondos asociados a la criptomoneda y los utilizados para la adquisición del avión.

Durante la fase del juicio podría ser de interés también la versión de Andrea Maya, contratista encargada de la logística de la flota de SADI a la que pertenece la aeronave. Ella, de acuerdo con varios de sus compañeros, era la encargada de hacer las diligencias necesarias ante el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil para la autorización de los vuelos durante la campaña. También supervisaba las operaciones comerciales y tendría mucho que decir en relación con los subregistros que facilitaron la superación disimulada de los topes. 

 “Yo personalmente la conocí porque tuve la posibilidad de volar con SADI en múltiples ocasiones y puedo dar fe que ellos también recibían la criptomoneda, ellos eran socios fuertes del proyecto y como tal Andrea Maya era la persona encargada de gestionar, ella tenía acceso a todos los vehículos a la flota de SADI y era la persona encargada de realizar todas las diligencias (…) Ella era la persona que cuadraba todos los vuelos, toda la logística del lado de SADI (…)”, ha declarado ante las autoridades Hernández Doux-Ruisseau.

Hernández ha descrito -en tono dubitativo- una reunión en un establecimiento comercial del barrio La Castellana en la que Sebastián Betancourth le habría ofrecido a Ricardo Roa “un aporte de entre mil millones a dos mil millones, tanto en especie como en token, en vuelos privados y en token».

Además de Ricardo Roa y Betancourth habrían estado presentes un asistente del gerente de la campaña presidencial y cinco escoltas, a dos de los cuales el testigo identificó como Alexander Cortés y Rodrigo Neuta. No supo precisar la fecha de la reunión, pero dijo que se dio entre el primero de febrero de 2022 y 20 de febrero de ese año, a las 7:30 de la mañana de un día hábil.

En el acopio probatorio se encuentra un informe de auditoría preparado por la firma privada Nexia Montes & Asociados. Los auditores encontraron la trazabilidad de recursos para la campaña movidos a través de la firma de vigilancia y seguridad privada Olimpo. Los reembolsos de recursos se habrían dado a través de notas crédito. Los señalamientos contra Roa por parte de la Fiscalía están documentados y de allí su eventual interés en colaborar con la justicia. El ex presidente de Ecopetrol está asistido por el abogado Juan David León para quien también lo defiende de la comprea del apartamento en el barrio El Chico de Bogotá.