Los países de la región enfrentan retos económicos, políticos y sociales en el próximo año. Luchar contra la corrupción, el crimen organizado y recuperar la institucionalidad son algunas de las deudas pendientes
Por DW
América Latina afronta en 2024 retos comunes al resto del mundo y desafíos que ponen en jaque a toda la región, pero además, los diferentes países deberán abordar sus propias problemáticas.
El medio alemán Deutsche Welle entrevistó a analistas políticos y expertos de diferentes países, quienes plantearon los escenarios que se presentan en cada nación y los retos que enfrentarán los mandatarios frente a sus ciudadanos.
De la economía argentina lleva hablándose años y 2024 no será una excepción, tras la reciente asunción como presidente de Javier Milei. «El principal desafío es económico”, confirma a DW el consultor y analista político argentino Facundo Cruz. «Las medidas anunciadas por el reciente gobierno electo parecieran destinadas a generar, al menos en el corto plazo, una mayor inestabilidad en la economía, por lo que hay que ver si esas medidas vienen acompañadas por un plan que logre estabilizarla”.
El impacto de las decisiones del Ejecutivo de Milei sobre una población que se ha visto en los últimos años cada vez más afectada por la pobreza y la desigualdad supone otro reto importante para el país en 2024. En ese sentido, Mariana Llanos, analista del GIGA, prevé una reactivación de las calles: «La pregunta es cuánto tiempo los argentinos, que lo votaron masivamente, tolerarán las duras medidas y se quedarán en casa sin protestar: recordemos que la protesta es un rasgo muy propio de la política argentina”, dice Llanos a DW.
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Una grave crisis institucional aqueja a Bolivia. La politóloga boliviana Vania Sandoval cree que el principal reto político de 2024 es reconstruir la institucionalidad. «El propio Tribunal Constitucional Plurinacional hace dos días se autoprorrogó en sus funciones, vulnerando la Constitución. No existe la debida separación de poderes, se ha judicializado el ejercicio de acción política y, por ello, los temas de corrupción, por ejemplo, no pueden ser esclarecidos como se debiera”, explica Sandoval a DW.
«Las organizaciones de la sociedad civil movilizada deberían tener las garantías necesarias para realizar su protesta, también asumiendo la responsabilidad de respetar al ‘otro’, al adversario político, al que piensa diferente”, prosigue la experta.
Desde diciembre de 2023 y durante un año, Brasil preside el G20, un foro que cuenta entre sus miembros a otros dos países latinoamericanos: Argentina y México. Lula gozará así de visibilidad internacional para dar a conocer su propia política, a la vez que tendrá la oportunidad de impulsar el papel de la región latinoamericana en la agenda del grupo.
En ese sentido, Brasil ha invitado a Paraguay y Uruguay a participar en los debates del G20 en 2024, lo que garantiza que todos los miembros activos del Mercosur formarán parte un año del relevante foro internacional, cuya cumbre final se celebrará durante el mes de noviembre en Brasilia.
En plena Cumbre del Mercosur. Foto: Telemundo Utah
Al margen de los resultados del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, Chile afronta un 2024 marcado por recientes escándalos de corrupción de un Gobierno que está en la mitad de su mandato y que le pueden pasar factura en el futuro. «El Gobierno de Boric tiene que plantearse qué va a hacer tras la catástrofe de corrupción que acaba de experimentar para poder plantear una candidatura de continuidad”, dice a DW el chileno Javier Couso, catedrático de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht.
Para Couso, el principal reto del país en 2024 será económico: sostener el control de la inflación, que ya se ha logrado, pero aún no se ha terminado, y evitar una catástrofe inminente en el sistema privado de salud.
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En el segundo año de presidencia de Gustavo Petro, la colombiana Liliana Zambrano-Quintero, profesora de la Universidad de Deusto, destaca para el país tres retos que, de una forma u otra, están relacionados entre sí: «Primero, clarificar y dotar de operatividad la política de Paz Total, de manera que permita ver los avances concretos en materia de paz y seguridad que anhela la sociedad”.
«Segundo, buscar el equilibrio entre la transición energética y la reducción de incertidumbre y generación de confianza que reclama el sector empresarial”, prosigue la experta, en diálogo con DW. El tercer desafío sería lograr un Acuerdo Nacional entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso, en articulación con las regiones, con el fin de «sacar adelante las reformas y favorecer la gobernabilidad”, dice Zambrano-Quintero.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene ante el Congreso, la primera vez que lo hace un mandatario izquierdista, el 20 de julio de 2023 © Juan Pablo Pino / AFP
El país, uno de los más estables de América Latina, celebra unas elecciones municipales el 4 de febrero de 2024 que marcarán un hito, ya que será el primer proceso municipal con total paridad de género. Así lo recalca el Observatorio de Política Nacional, un proyecto de la Universidad de Costa Rica.
Esto se debe a una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de aplicar la paridad de género en cargos de postulación única. La medida supondrá un cambio drástico en la representación de las mujeres en puestos que, hasta ahora, son ocupados en su mayoría por hombres.
Cuba lleva años inmersa en una profunda crisis económica, social, política y de derechos humanos, que ha llevado a miles de cubanos a emigrar de la isla.
«El Gobierno tendrá que actuar con osadía y coherencia para contrarrestar y remediar los efectos negativos combinados del bloqueo norteamericano y sus propios errores y falencias en implementar la reforma económica diseñada en el 2011, en un contexto económico internacional adverso”, dice a DW, sobre la cuestión económica, el analista político Carlos Alzugaray.
Daniel Noboa acaba de asumir la presidencia de Ecuador para sacar adelante una legislatura corta, ya que en 2024 vuelve el período preelectoral y en 2025 habrá nuevamente elecciones. Poco tiempo para abordar los enormes desafíos de un país sumido en la violencia. «El principal reto es recomponer el Estado en materia de seguridad y tratar de tener el control en todo el territorio”, dice a DW Jacques Ramírez, profesor de la Universidad de Cuenca (Ecuador).
Por otro lado, está el tema económico: Noboa ha dicho que recibe un país en bancarrota, con problemas incluso, durante el último mes, para pagar sueldos a la administración pública. A ello debe añadirse la crisis energética: «Ecuador volvió a tener apagones que no habíamos tenido en mucho tiempo, estamos con cortes de luz entre dos y tres horas diarias”, explica Ramírez a DW.
El país decide su futuro político en las elecciones del 4 de febrero, que pueden suponer la reelección del muy popular presidente Bukele. Si esto ocurre y su partido mantiene la mayoría absoluta en el legislativo, «el país se estará alejando de la vida democrática”, sentencia a DW José Marinero, abogado salvadoreño y analista de políticas públicas.
«Aunque todo apunta en esa dirección, hay un creciente descontento ciudadano hacia su gobierno, que podría expresarse en las urnas y eso ralentizaría el declive democrático”, puntualiza Marinero, quien enumera las posibles amenazas que enfrenta El Salvador en caso de materializarse la reelección de Bukele: «Ausencia de contrapesos institucionales, severas restricciones al espacio cívico y a la competencia electoral, más seguridad sin derechos, reelección indefinida y la permanente impronta de su figura en todas las áreas de la vida estatal y social”.
Guatemala ha vivido momentos de incertidumbre política ante la posibilidad de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, no pueda tomar posesión el próximo 14 de enero. Si finalmente Arévalo logra acceder al sillón presidencial, «el reto será el nivel de gobernanza que pueda tener la nueva administración, tomando en consideración que es un sistema que suele describirse como ‘cooptado’”, dice a DW Pamela Ruiz, analista para Centroamérica del International Crisis Group.
Ruiz apunta que el presupuesto nacional del período 2020-2024 también limitará el radio de acción del nuevo Gobierno. Además, la experta dice que habrá que observar si las futuras acciones del Ministerio Público continúan la línea de atacar al Movimiento Semilla, el partido de Arévalo.
La situación actual en el Congreso de Honduras es compleja y muchas decisiones son tomadas por un Comité Permanente, debido a la falta de diálogo y consenso entre los partidos, sobre todo en la cuestión del nombramiento de un nuevo fiscal general permanente. «La administración de (la presidenta Xiomara) Castro está en un momento en el que vamos a ver si lo que quiere es venganza o justicia para su país”, dice Pamela Ruiz, analista para Centroamérica del International Crisis Group.
En el primer supuesto, comenzaría una persecución política contra la oposición, que estuvo en el gobierno anterior. Si bien hubo casos de corrupción y existe impunidad en Honduras, Ruiz señala que, si de verdad se busca la justicia, la administración de Castro tendría que abrir también casos de corrupción e impunidad contra personas de su propio partido y de otros partidos políticos.
México pondrá a prueba la fortaleza de su democracia con la celebración el 2 de junio de unos comicios para renovar la Presidencia, el Congreso y las gobernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por otro lado, la encuesta más reciente realizada el 13 de diciembre de 2023, revela que 6 de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad es el principal problema del país. Después le sigue la economía, con apenas 19 por ciento. En el tema de la reforma judicial que busca impulsar López Obrador para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 86 por ciento de los mexicanos considera que la Corte debe ser independiente del presidente.
Daniel Ortega y Rosario Murillo han profundizado en 2023 su estrategia de asedio a quienes consideran sus adversarios. Pamela Ruiz, analista para Centroamérica del International Crisis Group, cree que, en 2024, el régimen seguirá con el cierre de los espacios cívicos. «Además, están haciendo limpieza dentro de las instituciones: personas que antes ellos consideraban sus aliados, ahora pareciera que no es tanto el caso”, destaca Ruiz.
Diez candidatos aspiran a la presidencia de Panamá en los comicios del 5 de mayo de 2024. Serán las séptimas elecciones tras la invasión estadounidense que puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega en 1989.
En una sola vuelta, el proceso electoral culminará con un sucesor para el actual gobernante, Laurentino Cortizo. El país no permite la reelección presidencial inmediata. El expresidente Ricardo Martinelli, que ha cumplido condena en Estados Unidos por blanqueo de capitales y tiene juicios pendientes en su propio país, aspira a ganar las elecciones, aunque es una incógnita si podrá finalmente presentarse a la cita electoral.
Es otro de los países de la región que padecen de manera cada vez más acusada el crimen organizado, uno de los grandes retos del Gobierno paraguayo, además de «la corrupción y los abusos de poder desde la gestión estatal”, dice a DW Rocío Duarte, politóloga de la Universidad Católica de Asunción. Todo ello, en un contexto de «creciente concentración del poder político”, agrega la experta.
Por otro lado, Duarte señala los desafíos que plantea la crisis climática en el país y la necesidad de responder implementando políticas de salud efectivas, que garanticen, por ejemplo, la continuidad de los servicios sanitarios ante los cortes eléctricos que se producen durante las olas de calor extremo.
El colapso político será, según el politólogo peruano Alonso Cárdenas, uno de los principales retos de Perú en 2024. «Las instituciones en el Perú, desde el Congreso, la presidencia, el poder judicial, los gobiernos regionales y locales, la Fiscalía de la nación, han implosionado, son las más desprestigiadas de América Latina, no tienen legitimidad ante la gente”, dice Cárdenas a DW.
A ello se suma la lucha contra el crimen organizado: ”La minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de terrenos, el sicariato, la trata de personas, el narcotráfico avanzan de manera incontenible en el país”, enumera Cárdenas, quien agrega que, por su propia debilidad, el Gobierno no tiene una estrategia clara ni definida ante este desafío.
El país celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 19 de mayo de 2024. En total, nueve candidatos presidenciales ya han sido proclamados en los procesos internos de sus respectivos partidos. Las encuestas apuntan a una posible reelección del actual primer mandatario, Luis Abinader.
Uruguay es otro de los países latinoamericanos que inicia en 2024 un largo proceso electoral, que comienza con elecciones internas en los partidos en el mes de junio y culmina con el balotaje en noviembre. «Se prevé una elección pareja entre el Frente Amplio y la actual coalición de gobierno, con un desempate difícilmente predecible”, dice a DW la exsenadora y politóloga uruguaya Constanza Moreira. Una segunda etapa tendrá lugar en 2025, con las elecciones departamentales.
Para Moreira, parte de lo que suceda en Uruguay en 2024 estará relacionado con los acontecimientos de Argentina, y considera que la crisis del país vecino «tendrá impactos sobre el comercio exterior uruguayo, sobre el turismo y sobre la situación del Mercosur en general”.
Por otro lado, la experta cree que la influencia de Milei se dejará sentir en la campaña electoral uruguaya, que ya registra iniciativas de partidos libertarios que se han inscrito para competir en las elecciones».
Al contrario del resto de países latinoamericanos con elecciones en 2024, la fecha de los comicios en Venezuela aún no se conoce. Las condiciones de la cita electoral venezolana son objeto de negociación internacional y su celebración revelará si el país se sumerge aún más en el autoritarismo o si se empieza a roturar el camino para una redemocratización del país.
«El chavismo tomará una elección de largo plazo entre si accede a que haya unas condiciones electorales que permitan una participación opositora medianamente libre, con lo cual podría encaminarse a perder las elecciones y se abriría camino hacia una transición, una redemocratización o si, por el contrario, el Gobierno de Maduro juega más a la carta de Nicaragua, ilegalizando candidaturas o incluso llegando a los extremos de detener a los candidatos”, dice a DW el doctor en ciencia política venezolano Andrés Cañizález, quien señala a EE. UU. como actor determinante por su capacidad para presionar por esas elecciones.
En ese contexto electoral, habrá que observar la evolución de las aspiraciones de Venezuela sobre el Esequibo y cómo el Ejecutivo de Maduro utiliza el conflicto en clave de política interna.
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