Los 30 acreedores que buscan participar en subasta de Citgo

La lista de empresas y fondos de inversión que hasta ahora buscan participar en la subasta de Citgo Petroleum Corp. han hecho demandas por más de 25.000 millones de dólares. Con el plazo dado por el tribunal para que se sumen otros acreedores se advierte que, ni vendiendo todo el complejo refinador alcanzaría para honrar la deuda total. El proceso de subasta es consecuencia de la expropiación sin la indemnización correspondiente de activos a multinacionales, empresas mineras, de servicios petroleros durante la presidencia de Hugo Chávez; así como del default de la deuda externa por parte del gobierno de Nicolás Maduro    

El proceso para iniciar la venta de acciones de Citgo Petroleum Corp. está cada vez más cerca. El circuito de refinería de PDV Holding Inc. en Estados Unidos, deberá subastarse para pagar la deuda de miles de millones de dólares a empresas internacionales que durante el gobierno de Hugo Chávez, se expropiaron y estatizaron sin la correspondiente indemnización por el reconocimiento de sus inversiones y activos.

Varios fondos de inversión también demandaron a Venezuela ante tribunales foráneos por el incumplimiento en el pago de capital e intereses de bonos de deuda externa durante el gobierno de Nicolás Maduro. A partir del año 2017 se inició el período de default o impago de todos los títulos de la República y de Pdvsa.

En consecuencia, decenas de acreedores del país acudieron a tribunales norteamericanos para ir sobre los activos de Citgo para intentar recuperar su dinero y, a pesar de la protección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EEUU sobre el complejo refinador y las contrademandas por parte de sus abogados, los jueces que llevan las causas admitieron las demandas y ordenaron un cronograma de subasta.

Es así que la lista de acreedores de Citgo y los cuales piden se les admita su querella suman hasta ahora 30 entre multinacionales, empresas mineras, de servicios petroleros y fondos de inversión que agrupan las demandas de los bonistas. La primera en la lista a cobrar es la canadiense Crystallex.

El juez de circuito de EEUU, Leonard Stark, a cargo del proceso de venta de Citgo, estableció el lunes 8 de enero un calendario que incluye que los acreedores completen los pasos para ser elegibles para ofertar antes del 12 de enero, y fijó la primera ronda de ofertas para el 22 de este mismo mes. La agencia Bloomberg indicó que una segunda ronda está por determinarse y la audiencia final para aprobar la venta está prevista tentativamente para el próximo 15 de julio.

Con posterioridad, la Corte determinará cuáles de esos acreedores con embargos condicionados podrán ser beneficiados con un embargo definitivo, y poder participar en la distribución de los recursos producto de la venta de las acciones.

Es muy probable que el monto de la venta sea insuficiente para pagar a todos los acreedores, advirtieron analistas financieros. De acuerdo a la lista, los montos que aspiran las empresas y los fondos de inversión llegan a 25.800 millones de dólares, una cifra significativa si se toma en cuenta que el valor de Citgo Petroleum Corp. es de 14.000 millones de dólares, aproximadamente.

Por otra parte, según refirió una información de Bloomberg, los acreedores que pretendan obtener un pago de la venta de las acciones de Citgo deben seguir una serie de pasos exigidos por el juez Leonard Stark. El magistrado favorece un proceso por orden de llegada para que las empresas participen en la subasta. Es posible, entonces, que varias de la lista queden por fuera si no completan los pasos exigidos o no se acepten más demandantes.

Lo que sí se espera aún es que los representantes de Citgo lleguen a un acuerdo con los acreedores y, los venezolanos puedan seguir contando con el único activo que les queda en el exterior, luego de que decenas de empresas que Venezuela tenía en distintas partes del mundo fueran vendidas en 20 años de chavismo.

Hasta ahora, estos son los acreedores que intentan participar en el embargo de Citgo y el por qué:

Crystallex International Corp.: La empresa minera canadiense cuyos derechos sobre el yacimiento de oro de Las Cristinas fueron confiscados por el gobierno de Hugo Chávez, es la primera en la fila para recibir una buena parte de los fondos de la subasta de Citgo.

Un panel de arbitraje del Banco Mundial determinó en 2016 que Venezuela debía a Crystallex 1.400 millones de dólares. Venezuela ha pagado una parte, pero la empresa sigue intentando recuperar unos 1.000 millones de dólares.

ConocoPhillips: En 2007, el gobierno de Hugo Chávez expropió los activos y las inversiones de la petrolera estadounidense ConocoPhillips sin pagar contraprestación. Luego de una larga querella, en 2019, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial y en el cual se resuelven controversias internacionales, falló que Venezuela debía pagar 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar la expoliación de tres de sus proyectos petroleros en el país.

Venezuela se apoderó de los activos de Conoco, durante los procesos de nacionalizaciones y expropiaciones de la industria petrolera. Los activos de la estadounidense eran Proyectos Hamaca, Petrozuata y Corocoro, que involucraban la extracción, refinamiento parcial y comercialización de crudo extra pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Gold Reserves Inc.: La minera canadiense Gold Reserve Inc. demandó a Venezuela ante el Ciadi por la expropiación de su participación en dos grandes proyectos de oro, cobre y otros minerales ocurrida en 2008.

En el gobierno de Hugo Chávez se revocó la concesión sobre el proyecto Las Brisas-Las Cristinas. En consecuencia, la empresa demandó a la nación ante el tribunal del Banco Mundial para obtener una compensación, que el Ciadi estimó en 746 millones de dólares en septiembre de 2014, sentencia que en noviembre de 2015 fue ratificada por la Corte de Distrito del Distrito de Columbia, en Estados Unidos.

En el año 2016, durante el gobierno de Nicolás Maduro, se llegó a un acuerdo con Gold Reserve para comenzar a cancelar esta acreencia y en 2017 se hizo efectivo un primer pago por $40 millones. El resto de los recursos serían pagados en cuotas en los dos años siguientes, por lo que en 2018 le otorgaron a la empresa canadiense $88,5 millones en bonos de deuda soberana. Mientras que el resto de la deuda quedó en veremos.

Siemens Energy Inc.: La inclusión de la empresa en la lista de acreedores de Citgo obedece al impago por parte de Petróleos de Venezuela de lo correspondiente a intereses y capital de bonos de deuda externa. El incumplimiento data desde 2017. Esta empresa conjuntamente con el fondo de inversión Red Tree Investments acudieron a un Tribunal federal de apelaciones en Nueva York, EEUU, y dictaminó en septiembre de 2023 un pago por 348 millones.

Exxon Mobil: Exxon fue la primera petrolera internacional en abandonar Venezuela después de que el presidente Hugo Chávez nacionalizara los activos petroleros. La compañía presentó una demanda por 1.400 millones de dólares ante el Ciadi por la nacionalización en 2007 de los proyectos petroleros Cerro Negro y La Ceiba.

No obstante, el ente arbitral decidió en julio de 2023, que la mayor parte de la indemnización de $984,5 millones otorgada a Exxon ya había sido pagada en una reclamación separada ante la Cámara de Comercio Internacional, que dio lugar a que Exxon recibiera $907,5 millones en 2011. Eso dejaría $76,9 millones a favor de la empresa con sede en Texas, EEUU, y poco más de $1 millón para cubrir parte de los gastos legales, según reportó Bloomberg.

El laudo no es público porque requiere el consentimiento de ambas partes para ser publicado, dijo un funcionario de prensa del Ciadi citado por la agencia de noticias.

Rusoro Mining Ltd.: En 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones otorgó a la minera canadiense la suma de 966,5 millones de dólares, luego de la expropiación de su mina Choco 10, donde poseía el 95%, y la mina Isidora, propiedad del 50%. Según el tribunal del Banco Mundial, el país había incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones Canadá-Venezuela.

Pero Venezuela presentó un recurso de anulación de la sentencia ante la Corte de Apelaciones de París, alegando que el Ciadi se extralimitó en el alcance de su autoridad al otorgar daños a Rusoro Mining. En 2019, la corte anuló parcialmente el laudo arbitral, a pesar de que confirmó la conclusión del tribunal sobre el fondo de que Venezuela es responsable de la expropiación ilegal de las inversiones de Rusoro.

Luego de esta decisión, la empresa minera continuó buscando recursos y, a fines de marzo de 2021, pudo obtener una reinstalación del laudo arbitral en su totalidad. En 2018, llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro con el cual se comprometió pagar a Rusoro más de 1.280 millones de dólares para adquirir los datos mineros de la empresa y para la liberación total del laudo arbitral.

A pesar de que se envió un pago inicial de $100 millones el 18 de diciembre de 2018, y después de este pago se suspendió la ejecución legal del laudo, Rusoro no ha informado pagos adicionales. Por lo tanto, y según el acuerdo conciliatorio, la empresa canadiense tiene derecho a reanudar los procedimientos legales para cobrar el laudo del Ciadi.

Ol Euopean Group B.V.: En 2011, el Ciadi recibió una solicitud de arbitraje de la empresa holandesa por la expropiación en octubre de 2010 de Owens-Illinois de Venezuela C.A. y Fábrica de Vidrios los Andes C.A. (Favianca) que poseía la mayor planta industrial de producción, procesamiento y distribución de contenedores de vidrio en el país.

El gobierno de Hugo Chávez nunca pagó indemnización, por lo que luego de dirimirse el caso, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial ordenó un pago de 372,4 millones de dólares. El laudo arbitral concluyó que «la expropiación no había sido conducida conforme al debido proceso, ya que los bienes a ser expropiados no fueron precisamente identificados, y que Venezuela había demorado el pago de la compensación injustificadamente».

Venezuela también fue responsabilizada de haber actuado de manera arbitraria al tomar el control de las plantas de producción de Owen-Illinois a través de actos administrativos infundados, cuyo verdadero fin fue el de evitar la obtención de una orden judicial tal como lo requiere la Ley de Expropiación.

Refinería di Korsou: La petrolera estatal de Curazao demandó a Pdvsa en 2020 ante un tribunal estatal de Delaware, EEUU, por el impago de facturas de electricidad por parte de la empresa venezolana entre inicios de 2018 y diciembre de 2019. En este sentido, la Refinería Di Korsou busca que Pdvsa pague 62,3 millones de dólares que concedió a su favor un tribunal de Nueva York.

En diciembre pasado, Venezuela y Curazao alcanzaron acuerdo en materia petrolera con el que se reanudación de las relaciones comerciales y financieras entre las empresas petroleras estatales. Se planteó la reactivación de la refinería Isla, la posibilidad de que Pdvsa pueda almacenar su crudo en las instalaciones de la la Refinería Di Korsou y el pago de compromisos laborales pendientes. Se desconoce si la deuda de Venezuela formó parte del acuerdo, pero aún la petrolera curazoleña se mantiene como acreedora de Citgo.

Koch Minerals and Nitrogen: En 2011 dos filiales de la compañía estadounidense Koch Industries demandó a Venezuela ante el Ciadi del Banco Mundial por la expropiación de dos plantas de fertilizantes, entre ellas Fertinitro, uno de los principales productores mundiales de fertilizantes de nitrógeno.

El tribunal ordenó a Venezuela -11 años después (mayo 2022)- pagar 409 millones de dólares a las demandantes por la expropiación en 2010 de las plantas de fertilizantes. Antes de la nacionalización, Koch era propietaria del 25%, la petroquímica estatal Pequiven del 35% y Snamprogetti -filial de la italiana ENI- del 20%.

Tidewater Investments and Caribe: Semarca era una empresa venezolana del grupo Tidewater que prestó servicios de transporte marítimo en el país desde 1958. Desde 1975 brindó estos servicios a filiales de Pdvsa.

En febrero de 2010, la empresa presentó una solicitud de arbitraje en el Ciadi contra de la República Bolivariana de Venezuela, por la estatización de Semarca y de todos su activos de su propiedad. La compañía prestaba servicios de soporte marítimo en el lago de Maracaibo (estado Zulia) y en el Golfo de Paria (estado Sucre).

En este caso, el Estado venezolano confiscó tanto las oficinas de su sede central ubicada en Zulia como 15 buques.

En 2015, el Ciadi falló a favor de Semarca (Tidewater Investments and Caribe) y ordenó a Venezuela una indemnización de 46,4 millones de dólares. Vale acotar que el valor de mercado de los bienes expropiados fue significativamente menor al reclamado.

Hungtinton Ingalls Inc.: En 2020, la contratista de defensa estadounidense se sumó a la larga lista de acreedores para exigir que se cumpla con un fallo contra Venezuela. La unidad de construcción naval de Huntington Ingalls Industries recibió a principios de ese año una sentencia por 138 millones de dólares de un tribunal de Misisipi, EEUU, contra el Ministerio de Defensa venezolano por no cumplir con el pago de unas reparaciones a dos buques de la Armada.

El Tribunal del Distrito Sur de Mississippi dictó un fallo final para ejecutar un laudo arbitral internacional dictado contra la cartera de Defensa, en consecuencia, Huntington Ingalls registró la sentencia en la Corte de Delaware el 31 de julio de 2020 en virtud de que Venezuela continuaba sin pagar el monto adeudado.

Tenaris and Talta: Un tribunal arbitral dispuso en 2012 que Venezuela debe pagar a la compañía y a su subsidiaria Talta Lda. 161,6 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en el país.

Las compañías acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el 2012 por la expropiación de sus inversiones en Tubos de Acero de Venezuela S.A. (Tavsa) y Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua).

Banco San Juan Puerto Rico: Esta entidad financiera ganó en noviembre de 2020 una sentencia por casi 83,9 millones de dólares, tras demandar en Gran Bretaña a Pdvsa. El Tribunal Comercial de Inglaterra decidió a favor del banco que buscaba recuperar pagos en virtud de contratos de crédito realizados con la empresa estatal venezolana de petróleo y gas.

Entre 2016 y 2017, Pdvsa firmó dos contratos de crédito que realizó con el banco puertorriqueño Banco San Juan Internacional Inc. La petrolera no cumplió con estos compromisos que contenían cláusulas de jurisdicción exclusiva y la ley inglesa a favor de los tribunales de Inglaterra y Gales.

El banco presentó dos reclamos en deuda contra Pdvsa en esa jurisdicción: una por un contrato de crédito de 2016 por 48 millones de dólares (vencimiento, intereses y costos de demora acumulados) y, un contrato de 2017 por 38 millones de dólares que comprendía la pérdida de ganancias anticipadas bajo el acuerdo, intereses de demora acumulados y costos.

Bonistas del Pdvsa 2020: Este título de deuda externa fue emitido por la petrolera estatal en octubre de 2016. Fue prácticamente la última emisión de Venezuela en los mercados internacionales. Entre las condiciones de esta colocación se puso como garantía al 50,1% de Citgo, esto significó que en caso de incumplimiento por parte de Pdvsa, los tenedores de bonos podrían demandar sobre las acciones de la refinería.

La Asamblea Nacional electa en 2015 cuestionó la operación debido a que el colateral establecía que todos los contratos del bono Pdvsa 2020 eran de interés público nacional, y por lo tanto debía aprobarse por el parlamento. Sin embargo, en las demandas de los bonistas en tribunales norteamericanos se hizo caso omiso a esta advertencia y siguieron adelante.

En octubre de 2020, la jueza del caso determinó que los bonos de deuda eran «válidos y exigibles».

Red Tree Investments: La inclusión de la empresa en la lista de acreedores de Citgo obedece al impago por parte de Petróleos de Venezuela de lo correspondiente a intereses y capital de bonos de deuda externa. El incumplimiento data desde 2017. Esta fondo de inversión conjuntamente con Siemens acudieron a un Tribunal federal de apelaciones en Nueva York, EEUU, y dictaminó en septiembre de 2023 un pago por 348 millones.

ACL1 Investments: Este fondo de inversión junto con Owen-Illinois Glass, Huntington Ingalls Industries y Rusoro Mining interpuso una demanda por 1.600 millones de dólares en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EEUU.

Lovati et al.: Empresa fiduciaria que demandó a Pdvsa por no ejecutar los pagos adeudados (55 millones de dólares) por bonos emitidos en 2011 por la industria estatal venezolana.

El resto de los fondos de inversión que agrupan a bonistas a los cuales se les adeuda el pago de capital e intereses de 15 títulos de deuda venezolana son: Union Glory Limited, UML Blandford Limited, Clion Limited, Ostrider Limited, Contrarian Capital, Andino, Pharo Gaia, Europe, G&A Strategic Advisors, Girard Street Investments y Altana Credit Oppoortunities Fund.

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